tag:blogger.com,1999:blog-88477629697790105622024-02-18T17:39:42.082-08:00CÁTEDRA RIQUERTEl blog de la cátedra ofrece material legislativo, doctrina y jurisprudencia vinculada al programa de estudios. A su vez, se interrelaciona con otros blogs sobre derecho procesal penal, delincuencia informática, derecho penal tributario, cine y derecho penal, derecho penal económico.marcelo riquerthttp://www.blogger.com/profile/01710761252058632337noreply@blogger.comBlogger138125tag:blogger.com,1999:blog-8847762969779010562.post-57936728197554580852023-11-15T09:59:00.000-08:002023-11-15T09:59:14.842-08:00CONDUCTAS COMUNICATIVAS ODIOSAS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL: ¿UN PROBLEMA PENAL?<p><span style="font-size: medium;"> </span><b style="text-align: center;"><span lang="ES"><span style="font-size: medium;">Conductas comunicativas odiosas e
inteligencia artificial: ¿un problema penal?</span><a href="file:///H:/INTELIGENCIA%20ARTIFICIAL/Conductas%20comunicativas%20odiosas%20e%20IA%20Encuentro%20Profesores.docx#_ftn1" name="_ftnref1" style="font-size: 12pt;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span class="MsoFootnoteReference"><b><span lang="ES" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[1]</span></b></span></span></a></span></b></p>
<p align="right" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: right;"><span lang="ES" style="font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES;"><o:p> </o:p></span></p>
<p align="right" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: right;"><span lang="ES" style="font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES;">Por Marcelo Alfredo Riquert<a href="file:///H:/INTELIGENCIA%20ARTIFICIAL/Conductas%20comunicativas%20odiosas%20e%20IA%20Encuentro%20Profesores.docx#_ftn2" name="_ftnref2" style="mso-footnote-id: ftn2;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[2]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt;"><span lang="ES" style="font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES" style="font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>En el marco de un Encuentro cuyo
tema es <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“Aportaciones del derecho penal
para la consolidación democrática”</i>, en medio de un proceso electoral que se
ha visto en que los discursos han estado teñidos de expresiones odiosas, donde
se ha hecho un lugar común decir que vivimos atravesados por “una grieta” que
nos divide, me pareció oportuno ocuparme de estas conductas comunicativas
odiosas, cuya facilidad de difusión se ha potenciado por el uso de herramientas
de inteligencia artificial (IA) y las tecnologías de la información y
comunicación (TICs), tratando de ensayar una respuesta a la pregunta sobre si
allí hay un problema, una conflictividad, que deba ser considerado por el
derecho penal.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES" style="font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Cuando se habla de la vinculación
entre el odio y el derecho penal es usual presentar la que se conoce como
pirámide del odio, en la que se ofrece una imagen secuenciada de lo más leve a
lo más grave, extremos que no ofrecen ninguna duda. En el primer caso, cuando
sencillamente nos referimos a los estereotipos y prejuicios, o manifestaciones
de deshumanización como los comentarios negativos e insensibles, los apodos o
motes, reproducción de expresiones prejuiciosas, etc., estamos en una zona, la
de los escalones inferiores, donde el derecho penal no tiene nada que hacer. En
el segundo, en los escalones superiores, donde hallamos conductas que alcanzan
la violencia física contra propiedad y símbolos (vandalismo) o contra las
personas (agresiones contra la integridad física o sexual), que culminan en
delitos de lesa humanidad cuya triste cúspide es el genocidio, tampoco median
dudas, en este caso, sobre la absoluta legitimidad del recurso del derecho
penal. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES" style="font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Es la franja intermedia aquella que
ofrece una complejidad que impide llegar a una respuesta contundente en
cualquier sentido ex ante. En efecto el segmento que conocemos como “discursos
de odio” (o “ciberodio” en la versión tecnológica) comprende varias conductas
comunicativas de diversa intensidad, incluyendo rumores para provocar actitudes
o conductas discriminatorias contra colectivos minorizados; mientras que en el
escalón que corresponde a la “discriminación”, también con marcada gradualidad,
hay conductas de tal tenor vinculada a los más diversos aspectos, como el
empleo, la vivienda, la educación, la sanidad, los espacios públicos, los
locales comerciales, etc. Respecto del último, tenemos una vieja regulación, la
Ley 23592, de agosto de 1988, en los comienzos del retorno a la vida
democrática, durante el gobierno del Presidente Alfonsín. La conocida como “Ley
Antidiscriminatoria” incluye un par de normas penales que establecen entonces
cuáles son los casos de interés penal (los arts. 2 y 3). No serán objeto de
nuestra atención aquí, que estará dirigida al restante, es decir, a los
“discursos de odio”, respecto de cuya interferencia penal aparece como un
primer y no menor obstáculo el reconocido constitucionalmente derecho a la
libertad de expresión.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES" style="font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Cuando se la relaciona con Internet,
se advierte que este medio expande la libertad de expresión en su doble
dimensión: tanto como el derecho de todas las personas a difundir e
intercambiar ideas, como el derecho a buscar y recibir información de todo tipo.
Desde la mirada dominante del mundo occidental, la libertad de expresión es
considerada un instrumento indispensable para el ejercicio pleno de los
derechos humanos y la vida democrática. Y, justamente, Internet es presentada
como un espacio en que aquella se maximiza, lo que tradujo en la famosa frase
que se resume en que Internet es libre, es libertad, es libertad de expresión o
discurso. En un mundo que ciertamente ha cambiado en las últimas décadas, la
pregunta sobre la vigencia de la frase se impone.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES" style="font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>En efecto, los penalistas nos
encontramos con los desafíos que para nuestra área significa el impacto del
avance tecnológico, en particular en estos tiempos de la IA, en que se anuncia
que la digitalización ha provocado una crisis en la democracia que lleva a que
autores como Byung-Chul Han, en una de sus obras más recientes, habla de la
vigencia de una “infocracia”<a href="file:///H:/INTELIGENCIA%20ARTIFICIAL/Conductas%20comunicativas%20odiosas%20e%20IA%20Encuentro%20Profesores.docx#_ftn3" name="_ftnref3" style="mso-footnote-id: ftn3;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[3]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.
Para llegar a la democracia, la imprenta y la popularización del libro y la
lectura jugaron un rol central que permitió la construcción de discursos
apoyados en la argumentación racional. De esto se nutrió nuestra democracia
occidental. Pero, aceleradamente, en las últimas décadas varios fenómenos la
han impactado. El libro y la lectura fueron reemplazados por los medios
audiovisuales y en infoentretenimiento. Una población entretenida y adicta a la
pantalla catódica cuestiona la necesidad de seguir adelante con las pautas de
vigilancia y represión propios del momento del capitalismo industrial. Reina la
“telecracia”. A su vez, el discurso y la racionalidad son dejados de lado a
favor de la performance y comunicación afectiva o emocional, dando paso a una
“teatrocracia” en que las “fake news” (noticias falsas) y “deep fakes”
(contracto de aprendizaje profundo –deep learning- y falso) son mucho más
efectivas que un argumento bien fundado. Una imagen falsa de un candidato que
alega fraude (Trump) provoca que en EEUU se ingrese al Capitolio ilegalmente
por una masa de fanáticos que ponen en vilo a la democracia misma; en Brasil
otro tanto sucedió en su capital cuando se intentó tomar el Planalto por los
partidarios de Bolsonaro. De allí que surja la pregunta sobre si la Deep fakes
están contra la democracia o, sencillamente, son el resultado de la infocracia.
Paso final en este proceso, surge la pantalla táctil, proliferan los
smartphones o teléfonos inteligentes (que se transforman en una verdadera
extensión de nuestro cuerpo, pegados a nuestras manos en forma constante y
focalizando casi toda nuestra capacidad de atención), la información se multiplica
y viraliza en los medios digitales y se vive una real “infodemia”. Herramientas
como el microtargetting, los bots, las mencionadas fake news, facilitan una
guerra informativa que nos traslada en forma directa a esta degradada versión
de la vida democrática<a href="file:///H:/INTELIGENCIA%20ARTIFICIAL/Conductas%20comunicativas%20odiosas%20e%20IA%20Encuentro%20Profesores.docx#_ftn4" name="_ftnref4" style="mso-footnote-id: ftn4;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[4]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES" style="font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>En función de esta nueva etapa
social que no pudo por razones temporales ser conocida por Foucault, plantea
Byung-Chul Han que aquella mirada basada en el capitalismo industrial, en cuyo
contexto se vivía un “régimen de la disciplina” en que las personas éramos
simple ganado laboral, un engranaje en la máquina del poder, debe reemplazarse
por otra que se corresponda con el tiempo del capitalismo de la información,
para el que las personas son datos y ganado consumidor. Entonces, mientras el
capitalismo industrial explotaba cuerpos y energías en un mundo en que el
factor de poder era la posesión de los medios de producción, y el poder
disciplinario se ejercía para obtener cuerpo débiles mediante el aislamiento y
la sumisión (el mecanismo propio del Panóptico), obteniendo lo que llamó
Foucault el “poder disciplinario biopolítico”, en que la visibilidad constante
se garantiza por el “Gran Hermano”; nos encontramos ahora con ese capitalismo
de la información que explota información y datos en un mundo en que el factor
de poder es justamente la información que permite concretar una vigilancia
psicopolítica en que prima el control y pronóstico de comportamientos; así, el
poder se basa en la comunicación y la/ creación de redes (no en el aislamiento)
y arribamos a lo que se denomina el “poder de la psicopolítica”, donde la
tecnología de la información digital hace de la comunicación el medio de
vigilancia<a href="file:///H:/INTELIGENCIA%20ARTIFICIAL/Conductas%20comunicativas%20odiosas%20e%20IA%20Encuentro%20Profesores.docx#_ftn5" name="_ftnref5" style="mso-footnote-id: ftn5;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[5]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES" style="font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>En el “régimen de la información”,
nos dice Byung-Chul Han, el sujeto se cree libre, auténtico, creativo, cree que
se produce y realiza a sí mismo, mientras que lo que está sucediendo es su
perfilamiento: se siente libre mientras está siendo vigilado en las redes. Si
hay una libertad es la de hacer click, dar likes y postear contenidos que,
sencillamente, facilitan aún más el perfilamiento que permite mejorar el efecto
burbuja o cámara de eco, ofreciendo a cada búsqueda aquello funcional a nuestro
sesgo de confirmación y mejorando la capacidad de predicción sobre aquello que
vamos a hacer o querer. Las técnicas de poder propias del neoliberalismo como
son la libertad y la comunicación son aprovechadas y transforman a nuestro
celular en un instrumento de vigilancia y sometimiento. Se da un efecto
paradojal en que la sensación de libertad es la que garantiza la dominación,
que se consuma cuando se aúna con la información que es, en realidad, lo único
transparente en cuanto circula libremente. Así, la libre no son las personas
sino la información. Puede decirse entonces que la “prisión digital” es
transparente. Lo que no lo es su “sala de máquinas”: la caja negra algorítmica<a href="file:///H:/INTELIGENCIA%20ARTIFICIAL/Conductas%20comunicativas%20odiosas%20e%20IA%20Encuentro%20Profesores.docx#_ftn6" name="_ftnref6" style="mso-footnote-id: ftn6;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[6]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES" style="font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Este es el escenario en que nos
encontramos, en el que debemos comenzar a pensar nuevamente los problemas que
nos atañen. Este es el medio en que se desarrolla hoy esa libertad de expresión
que debemos contrastar con las conductas comunicativas odiosas. Son numerosos
los fallos en que la CSJN ha abordado el tema de la libertad de expresión en
nuestro orden constitucional, reconociéndola tanto en su faceta emisora
(derecho a expresarse) como receptiva (derecho de informarse)<a href="file:///H:/INTELIGENCIA%20ARTIFICIAL/Conductas%20comunicativas%20odiosas%20e%20IA%20Encuentro%20Profesores.docx#_ftn7" name="_ftnref7" style="mso-footnote-id: ftn7;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[7]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.
Se ha referido asimismo a la incidencia de la IA, advirtiendo su posible
colisión con derechos fundamentales, diciendo <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“…el creciente uso de herramientas de tecnología informática y, en
particular, de sistemas que podrían incluirse dentro de la categoría
“Inteligencia Artificial” (IA), suscita numerosos interrogantes respecto de su
campo de aplicación a la luz de los derechos fundamentales reconocidos en la
Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos, así como respecto
de su incidencia en la ordenación del debate público…”</i><a href="file:///H:/INTELIGENCIA%20ARTIFICIAL/Conductas%20comunicativas%20odiosas%20e%20IA%20Encuentro%20Profesores.docx#_ftn8" name="_ftnref8" style="mso-footnote-id: ftn8;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[8]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.
Esta preocupación también ha comprendido a la oscuridad de los algoritmos
usados por los motores de búsqueda de información, respecto de lo que dijo: <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“En base a la forma en que Google manifestó
que aparecen los resultados, se podría generar un cierto perfil de las personas
que podría condicionar la composición de lugar que el internauta se hará de la
identidad de la persona auscultada. De ahí la necesidad de asumir hacia el
futuro la problemática de ciertos aspectos del funcionamiento de los algoritmos
de los que se sirven los motores de búsqueda, para que resulten más entendibles
y transparentes para los usuarios, hoy sujetos a la decisión de aquellos”</i><a href="file:///H:/INTELIGENCIA%20ARTIFICIAL/Conductas%20comunicativas%20odiosas%20e%20IA%20Encuentro%20Profesores.docx#_ftn9" name="_ftnref9" style="mso-footnote-id: ftn9;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[9]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES" style="font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Lo señalado pone en evidencia que la
construcción de perfiles mediante herramientas de “big data” e IA, así como el
ofrecimiento de información por los buscadores siguiendo pautas ocultas en los
algoritmos que deciden el orden en que se mostrará, no ha escapado a la
consideración reciente de nuestro máximo Tribunal.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES" style="font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Tendientes a garantizar la libertad
de expresión en Internet se han elaborado una serie de principios, a saber: 1)
acceso universal; 2) pluralismo y diversidad; 3) igualdad y no discriminación;
4) privacidad; 5) libre y abierta, es decir, rigen la transparencia y
neutralidad en la red; 6) gobernanza multisectorial. No obstante, es claro, hay
límites generales, siendo el más trascendente el de la prohibición de
propaganda a favor de la guerra o la apología del odio nacional, racial o
religioso, reconocido en varios de los instrumentos que constituyen el sistema
internacional tutelar de los derechos humanos (así, arts. 20 del PIDCyP, 4 de
la Convención Internacional sobre la Eliminación de toda forma de
Discriminación Racial, 3 de la Convención para la Prevención y la Sanción del
delito de Genocidio; 13 inc. 5 de la CADH y numerosas normas constituyentes de
lo que conocemos como “soft law”).<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES" style="font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Queda claro entonces que la libertad
de expresión tiene allí un límite, que es al que ha de atenderse cuando nos
encontramos ante las conductas comunicativas odiosas. Y, como se comenzó
señalando, es importante deslindar lo que llamamos discursos de odio de los
delitos de odio. Los primeros son palabras o expresiones que difunden ideas de
superioridad e inferioridad de “casta” o que intentan justificar la violencia,
el odio o la discriminación contra personas, comunidades o grupos de personas
basada en las características personales que las identifican, así como la
incitación a actos de violencia material concretos; mientras que los segundos implican
actos materiales concretos como lesiones, asesinato, incendio premeditado o
vandalismo, es decir, ofensas o actos que están tipificados como delitos en
contra de personas o la propiedad en los que priman los sentimientos de
hostilidad, rechazo y animadversión. En estos últimos, claro, no hay espacio a
la duda y el derecho penal legítimamente interviene. En los primeros, como
enfatiza Anna Richter, es central que no cualquier comunicación odiosa es un “discurso
de odio”. Se necesita que se refiera a una característica especial de la
víctima del discurso, a algún elemento de su identidad. Es esta referencia
identitaria la que hace que el odio se dirija también a todas las personas que
comparten tal rasgo constituyente. Por eso, si falta, no habría discurso de
odio. Es lo que hace que una afirmación que expresa odio personal entre
familiares, parejas o amigos, en el marco de una discusión, por cuestiones
personalísimas, no lo sea. Se necesita que medie aquella cuestión de identidad
o no hay discurso de odio<a href="file:///H:/INTELIGENCIA%20ARTIFICIAL/Conductas%20comunicativas%20odiosas%20e%20IA%20Encuentro%20Profesores.docx#_ftn10" name="_ftnref10" style="mso-footnote-id: ftn10;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[10]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES" style="font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Estas conductas comunicativas
odiosas, por cierto, no son nuevas aunque sí lo sea, relativamente, la expresión
“discursos de odio”, acuñada en la década del sesenta del siglo pasado en los
EEUU por el FBI ante la proliferación de expresiones de racismo como las del
Ku-Klux-Klan y de negacionismo del genocidio de los nazis. En la actualidad,
pueden agregarse muchas otras como las vinculadas con cuestiones de género,
libertad sexual e identidad, la radicalización de los discursos políticos
(Trump o Bolsonaro), la exaltación del terrorismo, la también radicalización de
la violencia o extremismo violento, la información falsa o desinformación con
fines discriminatorios, el negacionismo en un sentido amplio y apología de los
delitos de lesa humanidad. Entre las expresiones odiosas más habituales suele
mencionarse las siguientes: homofobia, transfobia, discriminación sexista o de
género, xenofobia derivada de los movimientos migratorios, intolerancia
religiosa, romafobia (odio a la etnia gitana), mesofobia (odio a la mezcla o
interculturalidad), aporafobia (odio al pobre o persona sin recursos o en
riesgo de exclusión social) y gerontofobia (odio a las personas mayores).<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES" style="font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Dentro de este vasto universo de manifestaciones
odiosas hay que buscar criterios que permitan deslindar aquellas respecto de
las que puede ser limitada la “libertad de expresión”, lo que no necesariamente
quiere decir que debe habilitarse una actuación penal. El Alto Comisionado de
Naciones Unidad para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha establecido con las
llamadas “Reglas de Rabat” o “Plan de Acción de Rabat”<a href="file:///H:/INTELIGENCIA%20ARTIFICIAL/Conductas%20comunicativas%20odiosas%20e%20IA%20Encuentro%20Profesores.docx#_ftn11" name="_ftnref11" style="mso-footnote-id: ftn11;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[11]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
un estándar o umbral para distinguir: 1) las expresiones que constituyen
delito; 2) las que no son sancionables penalmente pero que podrían justificar
un proceso civil o sanciones administrativas; 3) las que no son legalmente
sancionables pero generan preocupación en términos de tolerancia, el civismo y
el respeto de los derechos de los demás.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>En
concreto, el “Plan de Acción de Rabat” establece un análisis en seis partes que
debe ser satisfecho, vinculado al contexto (permite valorar la probabilidad
conforme la situación social y política de que la incitación prospere), el/la
orador/a (la reputación individual u organización de pertenencia del orador
permiten valorar el impacto en la audiencia), la intención (no basta la
imprudencia o negligencia, debe buscarse activar una relación triangular entre
objeto, sujeto y audiencia del discurso), el contenido y la forma (enfoque
central para la apreciación judicial: dirección y grado de provocación del
discurso, así como forma, estilo y naturaleza de la argumentación usada), la
extensión del discurso (si es público, su magnitud, el tamaño de la audiencia,
los medios de difusión empleados, etc.) y la probabilidad, incluyendo la
inminencia (la razonable probabilidad de que el discurso logre incitar una
acción real contra el colectivo objetivo, reconociendo que dicha causación debe
ser bastante directa). Se trata, entre otras cosas, de evitar las persecuciones
a las minorías mediante el abuso de leyes, jurisprudencia y políticas poco
claras. Así, se llama a los líderes políticos y religiosos a abstenerse de usar
la incitación al odio, pero recordando a la vez que tienen un papel crucial en
denunciar con firmeza y rapidez las expresiones de odio, dejando en claro que
la violencia nunca será tolerada como respuesta a la incitación al odio.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Un
problema adicional importante es la existencia en el mundo occidental de dos
modelos para regular los discursos de odio que podrían sintetizarse como el “americano”
y el “europeo”. En el primero se procura dar la mayor amplitud a la libertad de
expresión evitando la censura previa y habilitando una responsabilidad
posterior por daño (así, por ejemplo, en los EEUU y nuestro país). En el
segundo, en casos excepcionales (como la inminencia de un proceso electoral) se
procura evitar el daño y, en consecuencia, se habilita la censura previa (por
ejemplo, en Alemania y Francia). Esta diferencia es una explicación plausible a
que el Protocolo Adicional al Ciberconvenio de Budapest (Estrasburgo,
28/01/03), relativo a la penalización de actos de índole racista y xenófoba
cometidos por medio de sistemas informáticos, no haya aun reunido las firmas
suficientes para ser operativo.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Sentadas
estas pautas generales en trazo grueso atendiendo al espacio disponible para la
ponencia, se impone referirnos al estrecho espacio en que hemos fijado nuestro
objeto, que es el corresponde a la intervención de las diversas TICs como
factor potenciador, lo que se ha reconocido acuñando incluso una designación
específica: “ciberodio”. En efecto, haters (odiadores), flamers (incendiarios),
trolls (provocadores anónimos), influencers (influyentes en redes sociales),
cibertropas, intervienen en el proceso comunicativo que, según se vio, tiene
por nota distintiva en la actualidad, en la “sociedad de la información”, que
esta se ofrece mediante filtros burbuja, conformándose las denominadas “cámaras
de eco” que incrementan la natural tendencia al “sesgo de confirmación”.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span><i style="mso-bidi-font-style: normal;">¿Y qué papel puede jugar la IA en todo esto?</i>
Si le preguntamos a cualquiera de los sistemas de procesamiento de lenguaje
natural que se han popularizado en los últimos meses, por nombrar sólo algunos,
el famoso ChatGPT de la empresa OpenIA o Bing de Microsoft en occidente (en
China está el chatbot “Ernie”, creado por el equivalente de Google: Baidú), las
respuestas son bastante similares. Admiten que la IA puede ser útil para
cometer delitos, en concreto, también discursos de odio. Inmediatamente,
aclaran que también sirve para prevenirlos. Para esto, aclaran, se necesita un
enfoque multidisplinario, que conjuge la tecnología con la educación y
políticas públicas (así, ChatGPT), o llamar a un uso ético y responsable de la
tecnología y adoptar medidas de alfabetización digital para prevenir y
enfrentar el fenómeno (así, Bing). Al individualizar posibles acciones útiles
para incurrir en conductas comunicativas odiosos, Bing apunta que la IA sirve
para: a) amplificarlos en redes sociales; b) generarlos, producir Deep fakes;
c) personalizarlos conforme a sesgos; d) facilitar el anonimato y la impunidad
de los autores. En cuanto a la utilidad preventiva, Bing enumera que la IA
permite: a) la detección automática y su eliminación en las plataformas; b)
alertar a las autoridades o víctimas; c) proporcionar contra-narrativas, es
decir, generar contenidos alternativos contra aquellos discursos,
reemplazándolos en las redes; d) usar modelos de análisis de sentimientos e
identificarlos en tiempo real.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>En
síntesis, por diversos factores culturales, sociales y tecnológicos, los
discursos de odio proliferan y, en los últimos meses, el proceso electoral ha
reactualizado una de sus modalidades más discutidas: el negacionismo o
minimización de los delitos de lesa humanidad, en concreto, los realizados
durante la última dictadura cívico-militar. Valga aclarar que la tipificación
de la “negación, minimización burda, aprobación o justificación del genocidio o
de crímenes contra la humanidad” es reclamada por el art. 6 del mencionado
Protocolo Adicional de Estrasburgo, junto a otras figuras que, entre nosotros,
tendrían parcial recepción por vía de la citada vieja Ley 23592/1988 de “Actos
Discriminatorias”, sancionada durante el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín, con
la vuelta a la democracia. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Se
trata de una tipificación polémica, nuevamente, de extendido uso en Europa (la
tienen dos decenas de países con diversa intensidad) pero no en América. No
faltan ejemplos curiosos como la tipificación en sentido contrario de Turquía,
donde lo que es delito no es negar un genocidio sino afirmar que existió el
realizado sobre el pueblo armenio a comienzos del siglo pasado. Fronza recuerda
que la voz “negacionismo” se debe a Henry Rousso en su obra “Vichy Sindrome”,
en relación con afirmaciones que negaban la existencia de cámaras de gas en los
campos de exterminio nazis. <span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Hoy
día alude al fenómeno de la negación de hechos históricos e incluye al
genocidio, a los crímenes contra la humanidad y de guerra. Ha dado lugar a la
tipificación del “negacionismo histórico o restringido” (solo el Holocausto, x
ej. Francia) o del “negacionismo amplio” (incluye otros delitos de lesa
humanidad, x ej. España). Cuando se focaliza en lo que sucede en medios
informáticos, se advierte que se propaga y contribuye a la ampliación de la
desinformación o de información falsa, incluyendo cosas como el terraplanismo,
la negación del cambio climático, el aterrizaje en la luna, los orígenes del
virus del HIV-SIDA y la eficacia de la vacunación, las teorías de Darwin, los
ataques del 11 de septiembre y otros asuntos menos significativos, como el
lugar de nacimiento de Barack Obama<a href="file:///H:/INTELIGENCIA%20ARTIFICIAL/Conductas%20comunicativas%20odiosas%20e%20IA%20Encuentro%20Profesores.docx#_ftn12" name="_ftnref12" style="mso-footnote-id: ftn12;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[12]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Quisiera
aclarar que mi primera aproximación intuitiva a esta singular temática fue
favorable al uso del derecho penal en este campo. Sin embargo, a medida que he
ido avanzando en una investigación que aun considero en curso, me he ido
orientando en sentido contrario, es decir, me parece que no es conveniente
habilitar el recurso al derecho penal salvo algún caso muy particular, como
podría ser que el negacionista fuere un funcionario público, sobre lo que se ha
ensayado alguna propuesta de legislación.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>En
los últimos años se han sucedido muchos proyectos de ley para tipificar el
negacionismo y la apología del genocidio y los delitos de lesa humanidad.
Pueden contarse desde 2016 un total de nueve (9) en la H. Cámara de Diputados y
dos (2) en la H. Cámara de Senadores. En la actualidad, hay seis (6) que
mantienen estado parlamentario, tres (3) de ellos presentados en julio pasado
(el de la diputada Moisés que es general, amplio y local; el de la diputada
Marziotta que es local –referido solo a la dictadura-; y el de la senadora
Pilatti Vergara, que es general y amplio). Podría decirse que como telón de
fondo de todo esto opera que, lejos de propiciarse el olvido, tanto en nuestro
país como en occidente en general, como afirma Fronza, lo que ha primado es el “culto
a la memoria” (Todorov) o la “voluntad de memoria” (Rousso). Sin ir más lejos,
el 24 de marzo lo que celebramos es el “Día Nacional de la Memoria por la Verdad
y la Justicia”. Este es un postulado irrenunciable de nuestra joven democracia
cuando hemos alcanzado las cuatro décadas sin interrupción institucional. No
queremos olvidar lo que pasó durante la dictadura. Lo que queremos es
recordarlo y evitar que se repita. <span style="mso-tab-count: 1;"> </span>La
pregunta espinosa frente al negacionismo es: <i style="mso-bidi-font-style: normal;">¿el derecho penal, puede no ser la respuesta adecuada?<o:p></o:p></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span lang="ES"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Fronza
señala que si queremos llevar al derecho penal a esta conflictividad habría que
responder varios interrogantes: ¿Cómo podemos evitar que se desate una guerra
de memorias?; ¿Cómo debemos prevenir un exceso de crímenes de opinión?; ¿Cómo
no poner en discusión esos mismos derechos fundamentales en los que se funda
una sociedad abierta?; ¿Cómo podemos mantener esos principios de legalidad y
lesividad que deben ser la base y el límite de todo derecho penal liberal?. Por
último, al que asigno singular relevancia: <i style="mso-bidi-font-style: normal;">¿Por
qué introducir otro delito cuando la instigación y la apología ya son punibles?
</i>(arts. 209<a href="file:///H:/INTELIGENCIA%20ARTIFICIAL/Conductas%20comunicativas%20odiosas%20e%20IA%20Encuentro%20Profesores.docx#_ftn13" name="_ftnref13" style="mso-footnote-id: ftn13;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[13]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> y 213<a href="file:///H:/INTELIGENCIA%20ARTIFICIAL/Conductas%20comunicativas%20odiosas%20e%20IA%20Encuentro%20Profesores.docx#_ftn14" name="_ftnref14" style="mso-footnote-id: ftn14;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[14]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
del CP). Es decir, el código vigente tiene un espacio de posible intervención
penal fijado con figuras no exentas de polémica. Pero, en definitiva, si el
discurso de odio en concreto, si la expresión negacionista, asumen la modalidad
de la instigación o de la apología, las figuras ya existen. Si no tienen esa
dimensión, <i style="mso-bidi-font-style: normal;">¿por qué crear un tipo más
amplio?</i><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES" style="font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Richter recuerda la opinión de
Roxin, para quien el negacionismo es la mera negación de un hecho histórico
(comprobado y ampliamente reconocido) que no incita a los terceros a la acción.
Su falsedad, en definitiva, provocaría que el público rechace al negacionista
en lugar de aceptarlo y aplaudirlo. No es entonces un tema para el derecho
penal<a href="file:///H:/INTELIGENCIA%20ARTIFICIAL/Conductas%20comunicativas%20odiosas%20e%20IA%20Encuentro%20Profesores.docx#_ftn15" name="_ftnref15" style="mso-footnote-id: ftn15;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[15]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.
En nuestro país, entre otros autores, Daniel Rafecas apunta, con razón, que los
discursos de odio son una condición necesaria para la consumación de un
genocidio, lo que se ha visto tanto en el caso del genocidio armenio como en el
perpetrado por los nazis. En efecto, en nota publicada un par de días luego de
nuestro Encuentro de Profesores pero reiterando ideas previas, señaló que ambos
genocidios fueron el producto de la cotidiana siembra por largos períodos de
años y décadas de discursos de odio. Esto también ocurrió en lo que fue el
terrorismo de Estado, no solamente en la Argentina, sino en otras dictaduras
latinoamericanas. De allí que recuerde la necesidad de estar muy atentos y
sensibles a la aparición, irrupción, promoción, surgimiento o multiplicación de
estos discursos que, casi siempre, circulan en forma muy encapsulada, en grupos
cerrados, de redes sociales y, de repente, empiezan a cobrar mayor
protagonismo, a salir y circular de un modo más abierto. Acerca de la
intervención penal en este campo, afirma <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“no
estoy para nada seguro, y no creo, sinceramente, que la represión —es decir, la
utilización de delitos penales para castigar actitudes como el negacionismo o
el relativismo u otras formas agraviantes a la memoria de los sobrevinientes,
de las víctimas y de los familiares de procesos genocidas o de crímenes
masivos—, sea el camino”</i>.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES" style="font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Sostiene que es una respuesta
avalada por la experiencia en casos concretos, que le lleva a entender que criminalizar
con pena de prisión, a quienes agravian a través de la negación o la
relativización de procesos genocidas, va a facilitarles a estos sectores para
llegar con su discurso de odio al corazón del sistema mediático en nuestro
país. La judicialización va a ser usada para alegar que se atenta contra
derechos constitucionales como la libertad de expresión y de prensa. Concuerdo.
Creo lleva razón la corriente de pensamiento que resalta la inconveniencia de
permitir la “martirización” y el efecto amplificador comunicacional. También
coincido en cuanto postula que el camino en que hay que redoblar los esfuerzos
es el de la educación. Estimo que la contradicción con la narrativa establecida
u oficial debe tener por respuesta el reafirmarla. Insistir con las políticas
de Memoria, Verdad y Justicia<a href="file:///H:/INTELIGENCIA%20ARTIFICIAL/Conductas%20comunicativas%20odiosas%20e%20IA%20Encuentro%20Profesores.docx#_ftn16" name="_ftnref16" style="mso-footnote-id: ftn16;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[16]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.
<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES" style="font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Apunta Rafecas que otra estrategia a
propiciar es presionar a las grandes corporaciones trasnacionales propietarias
de las redes sociales masivas, por donde fluyen casi sin límites discursos de
odio, para que establezcan criterios restrictivos y sanciones a usuarios
responsables de estos comportamientos. Valga aclarar, de nuestra parte, que
sobre esto hay numerosos antecedentes.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES" style="font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>En cuanto a la posible intervención
penal razonable en este campo, coincidente con lo antes expuesto, Rafecas la
encuentra en el caso en que quien profiere discursos negacionistas es un
funcionario público —electo o designado—, en el ejercicio de sus funciones. La
razón: resulta evidente e ineludible considerar afectadas las expectativas
ciudadanas en el correcto desempeño de los servidores públicos y, por ende,
sería perfectamente viable castigar a ese agente negador del terrorismo de
Estado, con una pena de inhabilitación para ejercer la función pública<a href="file:///H:/INTELIGENCIA%20ARTIFICIAL/Conductas%20comunicativas%20odiosas%20e%20IA%20Encuentro%20Profesores.docx#_ftn17" name="_ftnref17" style="mso-footnote-id: ftn17;" title=""><sup><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><sup><span lang="ES" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[17]</span></sup><!--[endif]--></span></sup></a>. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES" style="font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Cerrando, quisiera insistir en que
se debe maximizar la paciencia y la tolerancia ante narrativas alternativas,
paralelas y contradictorias. Si de verdad postulamos un derecho penal de mínima
intervención debemos ser coherentes con esa idea, debemos propiciar la más
amplia libertad de expresión y solo restringirla cuando se provoquen daños concretos,
lo que sí será objeto de atención penal. Mientras tanto, la herramienta
primordial es la educación y la memoria.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES" style="font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES;"><o:p> </o:p></span></p>
<div style="mso-element: footnote-list;"><!--[if !supportFootnotes]--><br clear="all" />
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<!--[endif]-->
<div id="ftn1" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///H:/INTELIGENCIA%20ARTIFICIAL/Conductas%20comunicativas%20odiosas%20e%20IA%20Encuentro%20Profesores.docx#_ftnref1" name="_ftn1" style="mso-footnote-id: ftn1;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[1]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
El texto corresponde a la p<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">onencia
presentada en XXII Encuentro de la Asociación Argentina de Profesores de
Derecho Penal, realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
de La Plata, los días 2 y 3 de noviembre de 2023, panel que integraron además la
Profa. Nadia Espina y el Prof. Javier A. De Luca. Se ha mantenido el formato
coloquial prescindiendo de la cita de todo el aparato dogmático, limitándome a <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>incluir algunas referencias bibliográficas
mencionadas durante la exposición.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn2" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///H:/INTELIGENCIA%20ARTIFICIAL/Conductas%20comunicativas%20odiosas%20e%20IA%20Encuentro%20Profesores.docx#_ftnref2" name="_ftn2" style="mso-footnote-id: ftn2;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[2]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Director del Área Departamental
Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ex
Presidente de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn3" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///H:/INTELIGENCIA%20ARTIFICIAL/Conductas%20comunicativas%20odiosas%20e%20IA%20Encuentro%20Profesores.docx#_ftnref3" name="_ftn3" style="mso-footnote-id: ftn3;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[3]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Me refiero al texto “Infocracia”, ed. Taurus, Bs.As., 2022.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn4" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///H:/INTELIGENCIA%20ARTIFICIAL/Conductas%20comunicativas%20odiosas%20e%20IA%20Encuentro%20Profesores.docx#_ftnref4" name="_ftn4" style="mso-footnote-id: ftn4;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[4]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Puede profundizarse sobre esto en dos primeros capítulos de la obra del
filósofo surcoreano antes individualizada (págs. 9/42).<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn5" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText"><a href="file:///H:/INTELIGENCIA%20ARTIFICIAL/Conductas%20comunicativas%20odiosas%20e%20IA%20Encuentro%20Profesores.docx#_ftnref5" name="_ftn5" style="mso-footnote-id: ftn5;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[5]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> Byung-Chul
Han, ya citado, págs. 9/11.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn6" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///H:/INTELIGENCIA%20ARTIFICIAL/Conductas%20comunicativas%20odiosas%20e%20IA%20Encuentro%20Profesores.docx#_ftnref6" name="_ftn6" style="mso-footnote-id: ftn6;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[6]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Valga insistir, lo expuesto es una versión muy simplificada -en el marco de una
ponencia acotada- de lo que expone Byung-Chul Han en la citada obra.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn7" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///H:/INTELIGENCIA%20ARTIFICIAL/Conductas%20comunicativas%20odiosas%20e%20IA%20Encuentro%20Profesores.docx#_ftnref7" name="_ftn7" style="mso-footnote-id: ftn7;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[7]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
En efecto, en causa “Denegri” señaló: <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“…esta
libertad comprende el derecho de transmitir ideas, hechos y opiniones a través
de internet, herramienta que se ha convertido en un gran foro público por las
facilidades que brinda para acceder a información y para expresar datos, ideas
y opiniones. Así ha sido reconocido por el legislador nacional al establecer en
el artículo 1° de la ley 26.032 que “la búsqueda, recepción y difusión de
información e ideas de toda índole, a través del servicio de Internet, se
considera comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la
libertad de expresión”…”</i> (Considerando 8°, causa CIV 50016/2016/CS1, <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“Denegri, Natalia Ruth c/Google Inc.
s/derechos personalísimos: Acciones relacionadas”</i>, rta. el 28/06/2022).
Agrega en el siguiente considerando (9°), que se refirió antes a la importancia
de esta herramienta por su alcance global en los precedentes “Rodríguez, María
Belén” (Fallos: 337:1174), “Gimbutas, Carolina Valeria” (Fallos: 340:1236) y
“Paquez, José” (Fallos: 342:2187).<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn8" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///H:/INTELIGENCIA%20ARTIFICIAL/Conductas%20comunicativas%20odiosas%20e%20IA%20Encuentro%20Profesores.docx#_ftnref8" name="_ftn8" style="mso-footnote-id: ftn8;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[8]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Cf. causa “Denegri”, antes citada.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn9" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///H:/INTELIGENCIA%20ARTIFICIAL/Conductas%20comunicativas%20odiosas%20e%20IA%20Encuentro%20Profesores.docx#_ftnref9" name="_ftn9" style="mso-footnote-id: ftn9;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[9]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Causa “Denegri”, considerando 23.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn10" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///H:/INTELIGENCIA%20ARTIFICIAL/Conductas%20comunicativas%20odiosas%20e%20IA%20Encuentro%20Profesores.docx#_ftnref10" name="_ftn10" style="mso-footnote-id: ftn10;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[10]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Richter, en su trabajo titulado <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“El
discurso del odio en clave penal – Un primer acercamiento”</i>, pub. en la
revista “En Letra: Derecho Penal”, UBA, Año VI, número 11, Bs.As., 2021, pág.
52.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn11" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///H:/INTELIGENCIA%20ARTIFICIAL/Conductas%20comunicativas%20odiosas%20e%20IA%20Encuentro%20Profesores.docx#_ftnref11" name="_ftn11" style="mso-footnote-id: ftn11;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[11]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Las reglas agrupan las conclusiones y recomendaciones de varios talleres de
expertos del ACNUDH, que se celebraron en Ginebra, Viena, Nairobi, Bangkok y
Santiago de Chile. El Plan fue aprobado en la reunión de recapitulación que
tuvo lugar en la capital de Marruecos, Rabat, los días 4 y 5 de octubre de 2012.<span style="font-size: 11.0pt;"> </span>Puede consultarse en <a href="https://www.ohchr.org/es/freedom-of-expression">https://www.ohchr.org/es/freedom-of-expression</a><o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn12" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///H:/INTELIGENCIA%20ARTIFICIAL/Conductas%20comunicativas%20odiosas%20e%20IA%20Encuentro%20Profesores.docx#_ftnref12" name="_ftn12" style="mso-footnote-id: ftn12;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[12]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>Cf.
Emanuela Fronza, en su obra <i style="mso-bidi-font-style: normal;">"El
delito de negacionismo en Europa. Análisis comparado de la legislación y la
jurisprudencia”</i>, trad. por Juan Pablo Castillo Morales, prólogo de Daniel
Pastor, ed. Hammurabi, Bs. As., 2018.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn13" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///H:/INTELIGENCIA%20ARTIFICIAL/Conductas%20comunicativas%20odiosas%20e%20IA%20Encuentro%20Profesores.docx#_ftnref13" name="_ftn13" style="mso-footnote-id: ftn13;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[13]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Su texto: <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“El que públicamente instigare
a cometer un delito determinado contra una persona o institución, será
reprimido, por la sola instigación, con prisión de dos a seis años, según la
gravedad del delito y las demás circunstancias establecidas en el artículo 41”</i>.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn14" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///H:/INTELIGENCIA%20ARTIFICIAL/Conductas%20comunicativas%20odiosas%20e%20IA%20Encuentro%20Profesores.docx#_ftnref14" name="_ftn14" style="mso-footnote-id: ftn14;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[14]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Su texto: <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“Será reprimido con prisión de
un mes a un año, el que hiciere públicamente y por cualquier medio la apología
de un delito o de un condenado por delito”</i>.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn15" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText"><a href="file:///H:/INTELIGENCIA%20ARTIFICIAL/Conductas%20comunicativas%20odiosas%20e%20IA%20Encuentro%20Profesores.docx#_ftnref15" name="_ftn15" style="mso-footnote-id: ftn15;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[15]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Richter, antes citada, pág. 61.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn16" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///H:/INTELIGENCIA%20ARTIFICIAL/Conductas%20comunicativas%20odiosas%20e%20IA%20Encuentro%20Profesores.docx#_ftnref16" name="_ftn16" style="mso-footnote-id: ftn16;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[16]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Un par de semanas después del Encuentro en que se expuso esta ponencia, días
antes del balotaje, la candidata a vicepresidenta por LLA, en nueva expresión
de su mirada minimizadora de los delitos de lesa humanidad de la dictadura, ha
declarado públicamente que el Sitio de la Memoria de la ESMA (declarado por la
Unesco como Patrimonio de la Humanidad) podría ser destinado a actividades de
mayor utilidad para la comunidad. Evidentemente, media incapacidad de captar o
percibir que no hay una utilidad mayor que ser el “Museo Sitio de la Memoria
ESMA”, que ser un espacio promotor y para la defensa de los derechos humanos.
Justamente, no se trata de crear un espacio de recreación para olvidar, sino de
mantener uno que preserve la memoria y contribuya con sus muestras y
exposiciones a la educación en los valores democráticos.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn17" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///H:/INTELIGENCIA%20ARTIFICIAL/Conductas%20comunicativas%20odiosas%20e%20IA%20Encuentro%20Profesores.docx#_ftnref17" name="_ftn17" style="mso-footnote-id: ftn17;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[17]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Rafecas, <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“Más vale educar que castigar”</i>,
artículo publicado en el semanario "El cohete a la Luna”, edición del
domingo 5/11/2023, disponible en <a href="https://www.elcohetealaluna.com/mas-vale-educar-que-castigar/">https://www.elcohetealaluna.com/mas-vale-educar-que-castigar/</a>
<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></p>
</div>
</div>marcelo riquerthttp://www.blogger.com/profile/01710761252058632337noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8847762969779010562.post-11881449370125167532023-10-23T08:51:00.002-07:002023-10-23T08:51:27.113-07:00LEY OLIMPIA (27736) DE VIOLENCIA DIGITAL CONTRA LA MUJER<p> </p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><u>LEY OLIMPIA - Ley 27736<o:p></o:p></u></b></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">Ley Nº 26.485. Modificación. El Senado y Cámara de Diputados de la
Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">LEY OLIMPIA<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">MODIFICACIONES A LA LEY 26.485<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">VIOLENCIA DIGITAL<o:p></o:p></b></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">Artículo 1°- Incorpórase como inciso h) del artículo 2° de la ley
26.485, el siguiente texto:<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">h) Los derechos y bienes
digitales de las mujeres, así como su desenvolvimiento y permanencia en el
espacio digital.<o:p></o:p></b></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">Artículo 2°- Modifícase el inciso d) del artículo 3° de la ley 26.485,
el cual queda redactado de la siguiente forma:<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">d) Que se respete su dignidad,
reputación e identidad, incluso en los espacios digitales.<o:p></o:p></b></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">Artículo 3°- Modifícase el artículo 4° de la ley 26.485, el cual queda
redactado de la siguiente forma:<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Artículo 4°: Definición. Se
entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, por acción u omisión,
basada en razones de género, que, de manera directa o indirecta, tanto en el
ámbito público como en el privado, en el espacio analógico digital, basada en
una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad
física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, participación política,
como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas
desde el Estado o por sus agentes.<o:p></o:p></b></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Se considera violencia
indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción, omisión,
disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en
desventaja con respecto al varón.<o:p></o:p></b></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">Artículo 4°- Incorpórase como inciso i) del artículo 6° de la ley
26.485, el siguiente texto:<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">i) Violencia digital o
telemática: toda conducta, acción u omisión en contra de las mujeres basada en
su género que sea cometida, instigada o agravada, en parte o en su totalidad,
con la asistencia, utilización y/o apropiación de las tecnologías de la
información y la comunicación, con el objeto de causar daños físicos,
psicológicos, económicos, sexuales o morales tanto en el ámbito privado como en
el público a ellas o su grupo familiar.<o:p></o:p></b></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">En especial conductas que atenten
contra su integridad, dignidad, identidad, reputación, libertad, y contra el
acceso, permanencia y desenvolvimiento en el espacio digital o que impliquen la
obtención, reproducción y difusión, sin consentimiento de material digital real
o editado, intimo o de desnudez, que se le atribuya a las mujeres, o la
reproducción en el espacio digital de discursos de odio misóginos y patrones
estereotipados sexistas o situaciones de acoso, amenaza, extorsión, control o
espionaje de la actividad virtual, accesos no autorizados a dispositivos
electrónicos o cuentas en línea, robo y difusión no consentida de datos
personales en la medida en que no sean conductas permitidas por la ley 25.326
y/o la que en el futuro la reemplace, o acciones que atenten contra la integridad
sexual de las mujeres a través de las tecnologías de la información y la
comunicación, o cualquier ciberataque que pueda surgir a futuro y que afecte
los derechos protegidos en la presente ley.<o:p></o:p></b></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">Artículo 5°- Modifícase el inciso o) del artículo 9° de la ley 26.485,
el cual queda redactado de la siguiente forma:<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">o) Implementar un servicio
multisoporte, telefónico y digital gratuito y accesible, en forma articulada
con las provincias, a través de organismos gubernamentales pertinentes,
destinada a dar contención, información y brindar asesoramiento sobre recursos
existentes en materia de prevención de la violencia contra las mujeres y
asistencia a quienes la padecen, incluida la modalidad de ‘violencia contra las
mujeres en el espacio público’ conocida como ‘acoso callejero’.<o:p></o:p></b></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">La información recabada por las
denuncias efectuadas a este servicio debe ser recopilada y sistematizada por la
autoridad de aplicación a fin de elaborar estadísticas confiables para la
prevención y erradicación de las diversas modalidades de violencia contra las
mujeres.<o:p></o:p></b></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">Artículo 6°- Modifícase el inciso f) del punto 3 del artículo 11 de la
ley 26.485, el cual queda redactado de la siguiente forma:<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">f) Promover programas de
alfabetización digital, buenas prácticas en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación y de identificación de las violencias digitales,
en las clases de educación sexual integral como en el resto de los contenidos
en el ámbito educativo y en la formación docente.<o:p></o:p></b></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">Artículo 7°- Incorpórase como inciso g) del punto 3 del artículo 11 de
la ley 26.485, el siguiente texto:<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">g) Las medidas anteriormente
propuestas se promoverán en el ámbito del Consejo Federal de Educación.<o:p></o:p></b></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">Artículo 8°- Modifícase el inciso a) del artículo 16 de la ley 26.485,
el cual queda redactado de la siguiente forma:<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">a) A la gratuidad de toda
diligencia e instancia en el curso de las actuaciones judiciales, y al acceso a
los recursos públicos disponibles para la producción de prueba, en particular
para la realización de pericias informáticas y al patrocinio jurídico
preferentemente especializado.<o:p></o:p></b></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">Artículo 9°- Incorpórase como inciso l) del artículo 16 de la ley
26.485, el siguiente texto:<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">l) Al resguardo diligente y
expeditivo de la evidencia en soportes digitales por cuerpos de investigación
especializados u organismos públicos correspondientes.<o:p></o:p></b></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">Artículo 10.- Modifícase el apartado a.2. del artículo 26 de la ley
26.485, por el siguiente texto:<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">a.2. Ordenar al presunto agresor
que cese en los actos de perturbación o intimidación que, directa o
indirectamente, realice hacia la mujer, tanto en el espacio analógico como en
el digital.<o:p></o:p></b></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">Artículo 11.- Incorpórase como apartado a.8. del artículo 26 de la ley
26.485, el siguiente texto:<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">a.8. Ordenar la prohibición de
contacto del presunto agresor hacia la mujer que padece violencia por
intermedio de cualquier tecnología de la información y la comunicación,
aplicación de mensajería instantánea o canal de comunicación digital.<o:p></o:p></b></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">Artículo 12.- Incorpórase como apartado a.9. del artículo 26 de la ley 26.485,
el siguiente texto:<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">a.9. Ordenar por auto fundado, a
las empresas de plataformas digitales, redes sociales, o páginas electrónicas,
de manera escrita o electrónica la supresión de contenidos que constituyan un
ejercicio de la violencia digital o telemática definida en la presente ley,
debiendo identificarse en la orden la URL específica del contenido cuya
remoción se ordena. A los fines de notificación de la medida del presente
inciso se podrá aplicar el artículo 122 de la ley 19.550.<o:p></o:p></b></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">La autoridad interviniente en el
caso deberá solicitar a las empresas de plataformas digitales, redes sociales,
o páginas electrónicas, el aseguramiento de los datos informáticos relativos al
tráfico, a los abonados y contenido del material suprimido, que obren en su poder
o estén bajo su control, para las acciones de fondo que correspondan, durante
un plazo de noventa (90) días que podrá renovarse una única vez por idéntico
plazo a pedido de la parte interesada. Se deberá ordenar mantener en secreto la
ejecución de dicho procedimiento mientras dure la orden de aseguramiento.<o:p></o:p></b></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">La autoridad podrá, a
requerimiento de parte y únicamente para la investigación de las acciones de
fondo que correspondan, solicitar a las requeridas que revelen los datos
informáticos de abonados que obren en su poder o estén bajo su control e
igualmente los relativos al tráfico y al contenido del material suprimido
mediante auto fundado de acuerdo a los mecanismos de cooperación interna y/o
procedimientos previstos en el marco de las normas y tratados sobre cooperación
internacional vigentes.<o:p></o:p></b></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">Artículo 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A
LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">CLAUDIA LEDESMA ABDALA DE ZAMORA - CECILIA MOREAU - Marcelo Jorge
Fuentes - Eduardo Cergnul<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">e. 23/10/2023 N° 85200/23 v. 23/10/2023<o:p></o:p></p>marcelo riquerthttp://www.blogger.com/profile/01710761252058632337noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8847762969779010562.post-47225612008813523422023-05-15T06:48:00.005-07:002023-05-15T06:48:45.575-07:00NUEVO LIBRO: DELINCUENCIA INFORMÁTICA PATRIMONIAL<p> <b><span style="color: #800180;">AAVV DELINCUENCIA INFORMÁTICA PATRIMONIAL, Ediar, Bs.As., 2023, 452 páginas</span></b></p><p>Autores: Nora A. CHEÑAVSKY, María Belén LINARES, Carlos Ch. SUEIRO y Marcelo A. RIQUERT</p><p>Temas tratados:</p><p><span style="color: #990000;">PROPIEDAD INTELECTUAL</span></p><p><span style="color: #990000;">BIENES INTANGIBLES NO FUNGIBLES</span></p><p><span style="color: #990000;">CRIPTOARTE E INTELIGENCIA ARTIFICIAL</span></p><p><span style="color: #990000;">CRIPTOCRIMINALIDAD ECONÓMICA</span></p><p><span style="color: #990000;">LAVADO DE ACTIVOS Y CRIPTOACTIVOS</span></p><p><span style="color: #990000;">DEFRAUDACIONES INFORMÁTICAS</span></p><p><span style="color: #990000;">PROBLEMAS DE COMPETENCIA</span></p><p><span style="color: #990000;">DAÑOS INFORMÁTICOS</span></p><p><span style="color: #990000;">CIBERTERRORISMO Y CIBERGUERRA</span></p><p><span style="color: #990000;"><br /></span></p><p><span style="color: #990000;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="color: #990000;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhuhhtrXbcASVjmLQCq77keZWRloxq4nliS6Os92DXAKYLKV8M0SeuQ9MwDc3kGbPdnWuQkHUW1PFjGv1wZbKlpRFnGYsvO88x7YsGhCudsrA3BRkxtD_oCicWZEcnXp2RjEX_t9G2HXBDVyOWOjgzHcd4pM6GZHmufdoKIu205xsq7ERb3tn5fNsM0zg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="" data-original-height="225" data-original-width="225" height="349" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhuhhtrXbcASVjmLQCq77keZWRloxq4nliS6Os92DXAKYLKV8M0SeuQ9MwDc3kGbPdnWuQkHUW1PFjGv1wZbKlpRFnGYsvO88x7YsGhCudsrA3BRkxtD_oCicWZEcnXp2RjEX_t9G2HXBDVyOWOjgzHcd4pM6GZHmufdoKIu205xsq7ERb3tn5fNsM0zg=w375-h349" width="375" /></a></span></div><span style="color: #990000;"><br /><br /></span><p></p>marcelo riquerthttp://www.blogger.com/profile/01710761252058632337noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8847762969779010562.post-46969839486354744792023-03-27T05:37:00.001-07:002023-03-27T05:37:37.043-07:00DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES EN ARGENTINA<p> </p><p align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: center;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">DELITOS CONTRA LOS
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES EN ARGENTINA</b><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn1" name="_ftnref1" style="mso-footnote-id: ftn1;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[1]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><o:p></o:p></b></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><o:p> </o:p></p>
<p align="right" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: right;">Por Marcelo Alfredo Riquert<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn2" name="_ftnref2" style="mso-footnote-id: ftn2;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[2]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Sumario: </b>1. Introducción. <span style="mso-bidi-font-weight: bold;">2. Breve referencia comparativa. 3. Los
“Delitos contra la libertad de trabajo y asociación” en el CPA: 3.1. El bien
jurídico; 3.2. El artículo 158; 3.3. El artículo 159. 4. Los recientes intentos
reformistas en Argentina: 4.A. El anteproyecto de 2006; 4.B. El anteproyecto de
2014; 4.C. El proyecto de Nuevo Código Penal de 2019. 5. Colofón.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><o:p> </o:p></b></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">1. Introducción<o:p></o:p></b></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">En la Argentina, la Constitución Nacional reconoce a todos los
ciudadanos, entre otros derechos, el de trabajar y ejercer toda industria
lícita (art. 14), lo que se ha entendido como una prescripción genérica a
partir de la que todos los habitantes de la república pueden entrar en el mercado
de trabajo sin proscripción alguna<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn3" name="_ftnref3" style="mso-footnote-id: ftn3;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[3]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.
Seguido, el art. 14 bis<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn4" name="_ftnref4" style="mso-footnote-id: ftn4;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[4]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
provee de contenido material al aserto consagrando los llamados “derechos
sociales”, entre los que a la tutela del trabajo, se agrega la sindical y de la
seguridad social. En concreto, instaura un orden público laboral con la
aplicación del principio de irrenunciabilidad respecto de los beneficios
mínimos establecidos por la ley a favor de los trabajadores<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn5" name="_ftnref5" style="mso-footnote-id: ftn5;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[5]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.
En el plano de la seguridad social no puede pasar por alto que comprende la
obligación estatal de afrontar un amplio espectro de situaciones que incluyen
enfermedad, accidentes, invalidez, vejez, nacimiento, muerte, casamiento,
protección de la infancia, de la minoridad, formación cultural, desempleo
forzoso y jubilación<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn6" name="_ftnref6" style="mso-footnote-id: ftn6;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[6]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.
Anticipo que la tutela penal de los recursos de la seguridad social se
encuentra reglada en ley especial por fuera del CP (en la actualidad la Ley
27430<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn7" name="_ftnref7" style="mso-footnote-id: ftn7;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[7]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>),
que no se abordará en este trabajo. <o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">Puntualizo que aquel encomillado en el párrafo que precede (“derechos
sociales”) se impone ya que, como bien apunta Eduardo P. Jiménez, en puridad,
todo derecho es social, circunstancia que abre hacia una concepción más
solidaria y menos individualista del derecho (constitucionalismo social), una
que tiende a su realización colectiva (bienestar para la mayoría) y no a su
concentración individual ilimitada<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn8" name="_ftnref8" style="mso-footnote-id: ftn8;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[8]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.
Podría afirmarse que una característica central de estos derechos sociales es
la de resaltar las desigualdades (en particular, de los más pobres), para
intentar a partir de la consagración de reglas tuitivas -dirigidas a los
poderes públicos y particulares- la superación de tal situación<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn9" name="_ftnref9" style="mso-footnote-id: ftn9;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[9]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.
En este sentido, no está demás resaltar que el trabajo es una función social:
no es una mercancía ni el trabajador una máquina. Esto es lo que deja en claro
el constituyente cuando lo instituyó en el mencionado art. 14bis<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn10" name="_ftnref10" style="mso-footnote-id: ftn10;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[10]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">Por supuesto, aquellos artículos de nuestra Carta Magna hayan
complemento por vía de su art. 75 inc. 22, en el sistema internacional tutelar
de los derechos humanos que tiene su misma jerarquía<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn11" name="_ftnref11" style="mso-footnote-id: ftn11;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[11]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.
Podría pensarse que el amplio reconocimiento constitucional de derechos
vinculados al trabajo, sea tanto a las condiciones específicas en que debe
desarrollarse como otros aspectos intrínsecamente vinculados como la
organización gremial o la seguridad social, habrá provocado con similar
extensión su tutela en sede del ya centenario Código Penal. La realidad en este
último ofrece una imagen muy alejada de la presunción. Dentro del Título V
“Delitos contra la libertad”, se dedica el Capítulo IV a los “Delitos contra la
libertad de trabajo y asociación”, con solo dos artículos, el 158<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn12" name="_ftnref12" style="mso-footnote-id: ftn12;" title=""><sup><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><sup><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[12]</span></sup><!--[endif]--></span></sup></a> que
prevé las figuras de c<span style="mso-bidi-font-weight: bold;">ompulsión a la
huelga o boicot, compulsión al lock-out y compulsión asociativa; y el 159<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn13" name="_ftnref13" style="mso-footnote-id: ftn13;" title=""><sup><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><sup><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[13]</span></sup><!--[endif]--></span></sup></a>
que tipifica la concurrencia desleal. Ambos mantienen la redacción original,
salvo en la actualización de la pena pecuniaria en el último.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><span style="mso-bidi-font-weight: bold;">No se habrá de detallar los
antecedentes de estas normas del código vigente limitándonos a señalar que, en
todo caso, como apunta Carlos Cruz, fueron reflejo de la preocupación de los
sectores gobernantes por tratar de controlar una enorme conflictividad social
producida por las injustas condiciones laborales y salariales que provocaron el
surgimiento de las primeras organizaciones obreras (como la Unión Tipográfica,
en 1878<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn14" name="_ftnref14" style="mso-footnote-id: ftn14;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[14]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>) y la
realización de huelgas impulsadas por los trabajadores anarquistas y
socialistas<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn15" name="_ftnref15" style="mso-footnote-id: ftn15;" title=""><sup><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><sup><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[15]</span></sup><!--[endif]--></span></sup></a>.
Más allá de su origen en gobiernos conservadores preocupados por controlar y
reprimir más que tutelar los derechos de los trabajadores, lo cierto es que la
regulación codificada es exigua y, se verá, las más recientes iniciativas
reformistas han intentado con diversa intensidad producir su actualización.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><span style="mso-bidi-font-weight: bold;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><b>2. Breve referencia comparativa<o:p></o:p></b></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><span style="mso-bidi-font-weight: bold;">Para justificar la afirmación
del párrafo que precede (la regulación es exigua), teniendo en cuenta el
contexto de esta ponencia, basta mencionar las previsiones del mucho más
moderno CPE, que dedica su Título </span>XV a <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“De los delitos contra los derechos de los trabajadores”</i> (arts.
311/318), destacadas oportunamente por Jorge E. Buompadre en el ámbito del
derecho comparado<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn16" name="_ftnref16" style="mso-footnote-id: ftn16;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[16]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.
Los delitos previstos son:<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">a) Imposición de condiciones de trabajo perjudiciales (art. 311<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn17" name="_ftnref17" style="mso-footnote-id: ftn17;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[17]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">b) Contratación irregular de ciudadanos extranjeros y menores (art.
311bis<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn18" name="_ftnref18" style="mso-footnote-id: ftn18;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[18]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">c) Tráfico ilegal de trabajadores (art. 312<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn19" name="_ftnref19" style="mso-footnote-id: ftn19;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[19]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">d) Favorecimiento fraudulento de emigración (art. 313<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn20" name="_ftnref20" style="mso-footnote-id: ftn20;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[20]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">e) Discriminación (art. 314<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn21" name="_ftnref21" style="mso-footnote-id: ftn21;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[21]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">f) Delitos contra la libertad sindical y el derecho de huelga (art. 315<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn22" name="_ftnref22" style="mso-footnote-id: ftn22;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[22]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">g) Delitos contra la vida y la salud de los trabajadores dolosos (art.
316<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn23" name="_ftnref23" style="mso-footnote-id: ftn23;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[23]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>)
e imprudentes (art. 317<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn24" name="_ftnref24" style="mso-footnote-id: ftn24;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[24]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">h) Responsabilidad de encargados de servicio y de administradores y
sanciones a personas jurídicas (art. 318<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn25" name="_ftnref25" style="mso-footnote-id: ftn25;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[25]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">Comentándolos, Terradillos Basoco apunta que se trata de diversas
figuras delictivas unidas por un denominador común, el bien jurídico,
constituido por los derechos de los trabajadores reconocidos en las condiciones
particulares o generales de trabajo. Enfatiza, la naturaleza colectiva del bien
jurídico importa, como regla general, la irrelevancia del consentimiento de la
víctima y la unidad de infracción cuando un solo comportamiento afecte a una
pluralidad de trabajadores. En cambio, habrá concurso de delitos cuando, además
del bien jurídico colectivo, resulten afectados otros de naturaleza individual<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn26" name="_ftnref26" style="mso-footnote-id: ftn26;" title=""><sup><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><sup><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[26]</span></sup><!--[endif]--></span></sup></a>. <o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">Una rápida mirada permite advertir que la única coincidencia con la
normativa argentina pareciera ser el art. 315. Sin embargo, sin ingresar en un
pormenorizado detalle, debe aclararse que la asimetría no tiene tal entidad ya
que existen numerosas previsiones dispersas, dentro y fuera del código, en
leyes especiales, que complementan la vieja codificación y permiten concluir
que la cobertura de la tutela penal es mucho más amplia de lo que parece.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">Por ejemplo, por Ley 26847 (BO del 12/04/2013), también en sede del Título
V “Delitos contra la libertad”, pero en su Capítulo I “Delitos contra la
libertad individual”, se incorporó al CP el art. 148 bis<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn27" name="_ftnref27" style="mso-footnote-id: ftn27;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[27]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>,
vinculado al quebrantamiento de la prohibición del trabajo infantil que
cubriría parcialmente el caso mencionado de la contratación irregular de
menores del art. 311bis del CPE. Es que, no puede soslayarse, bien destacan
Natalia E. Castro y Lisandro L. Álvarez, durante el transcurso del siglo XX se
toma conciencia real de que el trabajo infantil es un problema con sus propios
riesgos intrínsecos y, en nuestro país, las primeras leyes que se encargaron de
regular el trabajo de las mujeres y los menores de edad, sin prohibir el
trabajo infantil en una explotación familiar y extensivo al ámbito rural,
fueron muy cercanas temporalmente a la sanción del código, tratándose de las
leyes 5291 (1907) y 11317 (1924)<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn28" name="_ftnref28" style="mso-footnote-id: ftn28;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[28]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.<span style="mso-ansi-language: ES; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES; mso-hansi-font-family: Calibri;"> <span lang="ES">La explotación del trabajo infantil
se trata al decir de </span></span><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Buompadre
de un delito pluriofensivo </span><i style="mso-bidi-font-style: normal;">“que
vulnera varios bienes jurídicos, que son prevalentes sobre la libertad
individual del sujeto pasivo: la formación y desarrollo físico, mental,
espiritual, moral y social del niño (art. 27.1, CDN), el derecho a su educación
integral (art. 28.1, CDN) y el derecho a que se respete su dignidad personal
(art. 23.1, CDN)”</i><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn29" name="_ftnref29" style="mso-footnote-id: ftn29;" title=""><sup><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><sup><span lang="ES" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[29]</span></sup><!--[endif]--></span></span></sup></a>.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">Insisto, sin pretensión de exhaustividad, puede aportarse otro ejemplo
“intra” código, vinculado con el tráfico ilegal de trabajadores del art. 312
del CPE. En Argentina, la trata de personas “con fines de explotación” se prevé
en el mismo capítulo de los delitos contra la libertad individual, en el art.
145bis<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn30" name="_ftnref30" style="mso-footnote-id: ftn30;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[30]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>,
y sus circunstancias calificantes en el art. 145ter<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn31" name="_ftnref31" style="mso-footnote-id: ftn31;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[31]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>,
textos con<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>última modificación conforme
la 26842 (2012). Cierto que se trata de una figura de mucha mayor amplitud,
pero no lo es menos que se ajusta perfectamente a la moderna definición de
“trata de personas” que incluye a los trabajos o servicios forzados. Como
destacan Castro y Álvarez, el <i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD;">“Protocolo para Prevenir, Suprimir y Castigar la Trata de Personas,
especialmente de Mujeres y Niños(as)”</span></i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-style: italic;">, complementando
la Convención de las Naciones Unidas en contra de la Delincuencia Organizada
Transnacional (2000), define a la “trata” en el artículo 3 así: <i>“Por ‘trata
de personas’ se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida
o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u
otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o
de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o
beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad
sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá como mínimo, la
explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los
trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la
esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”</i>. Se dejó así de lado
la <i>“Convención para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación
de la Prostitución Ajena”</i> de las Naciones Unidas de 1949, que solamente se
centraba en la explotación sexual, elaborándose la primera definición
internacional de trata de personas extendiendo sus finalidades a, “como mínimo”,
las cuatro mencionadas<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn32" name="_ftnref32" style="mso-footnote-id: ftn32;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-style: italic; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[32]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-style: italic;">Cierro la incompleta comparación con un ejemplo “extra” o por afuera
del código. En el argentino no hay previsión análoga a la tipificación de la
discriminación del art. 314 del CPE, pero sí tiene vigencia desde 1988 la Ley
23592 de “Actos Discriminatorios” que, tras brindar los conceptos básicos en su
art. 1º<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn33" name="_ftnref33" style="mso-footnote-id: ftn33;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-style: italic; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[33]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>, </span>en
el siguiente establece un severizante genérico para cualquier delito previsto
en el CP o sus leyes complementarias cuando fuere cometido con finalidad
discriminatoria, lo que naturalmente aplica a las normas que fueran mencionándose
antes<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn34" name="_ftnref34" style="mso-footnote-id: ftn34;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[34]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">3. Los “Delitos contra la
libertad de trabajo y asociación” en el CPA<o:p></o:p></b></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">3.1. El bien jurídico<o:p></o:p></b></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">En general, se ha entendido que el bien jurídico protegido en este
capítulo es la libertad en una faceta específica como es la facultad de trabajar
o de asociarse de los obreros, patrones, empresarios y empleados<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn35" name="_ftnref35" style="mso-footnote-id: ftn35;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[35]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.
Valga la insistencia, también se ha resaltado que los derechos a trabajar, de
asociarse y de huelga son pilares de nuestro sistema de relaciones sociales con
expreso resguardo no sólo en los arts. 14 y 14bis de la CN, sino también en
diversos tratados como la DUDH (art. 23), el PIDCyP (arts. 6 y 9) y el PIDCyP
(art. 22 inc. 1º)<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn36" name="_ftnref36" style="mso-footnote-id: ftn36;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[36]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">En lo que hace en concreto al art. 158 y sus diversas tipicidades,
Carlos Parma puntualiza que el aspecto protegido por la primera hipótesis es la
libertad de trabajo de los obreros, patrones y empresarios en la modalidad de
decidir libremente su participación en dos aspectos: huelgas o <i style="mso-bidi-font-style: normal;">lock-out</i>”; mientras que en la segunda
parte nos encontramos ante la libertad de adherirse o pertenecer, o no, a
determinadas asociaciones laborales, obreras o patronales<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn37" name="_ftnref37" style="mso-footnote-id: ftn37;" title=""><sup><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><sup><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[37]</span></sup><!--[endif]--></span></sup></a>.
Soler destacaba que en la redacción del artículo influyó el ánimo de reaccionar
contra la situación provocada por la Ley 7029 (la “Mata Huelgas”), rodeándola
de algunos requisitos tal vez excesivos, pero con el propósito expreso de
proceder con imparcialidad, sin que la ley tome partido por el obrero y el
patrón<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn38" name="_ftnref38" style="mso-footnote-id: ftn38;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[38]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">Decía Creus que aun en la llamada concurrencia desleal está en juego la
libertad de trabajo, a través del ordenado ejercicio de la actividad comercial
o industrial, sin interferencias desleales que la modifiquen arbitrariamente<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn39" name="_ftnref39" style="mso-footnote-id: ftn39;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[39]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.
Parma, al referirse al art. 159 indica que se interpreta se trata de la
libertad de trabajo ejerciendo actividades comerciales o de industria, las que
deben darse en un contexto que permita la libre competencia<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn40" name="_ftnref40" style="mso-footnote-id: ftn40;" title=""><sup><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><sup><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[40]</span></sup><!--[endif]--></span></sup></a>.
Esta es la aproximación que, según recuerda Donna, en los años noventa propició
Spolansky, quien sostenía que en el Derecho argentino se garantiza por vía de
la Constitución Nacional la participación en la creación, existencia y
mantenimiento de un mercado competitivo. Y, por tanto, las pujas entre los
contrincantes deben de hacerse dentro de límite, lo que importa que en el
ordenamiento jurídico argentino se puede competir pero no a costa de cualquier
precio<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn41" name="_ftnref41" style="mso-footnote-id: ftn41;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[41]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">Agrega <span lang="ES-MX" style="mso-ansi-language: ES-MX;">Aboso que, en
general, la legislación comercial asume como principio rector la buena fe, que
la actividad económica se desarrolle ordenada y previsiblemente; de allí que el
Estado debe procurar se den y mantengan las condiciones de una sana y necesaria
competencia comercial o industrial (art. 42, CN<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn42" name="_ftnref42" style="mso-footnote-id: ftn42;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-MX" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-MX; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[42]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>),
desalentando y sancionando prácticas que lleven al quebranto del otro o
perjuicio de los consumidores o usuarios. Esto lleva a que se identifique el
bien jurídico protegido por esta figura como la libertad de trabajo como
derecho a la libre y real concurrencia comercial o industrial, o bien el
pacífico disfrute de la libertad de comerciar, contando con el regular
funcionamiento de las condiciones normales de competencia<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn43" name="_ftnref43" style="mso-footnote-id: ftn43;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-MX" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-MX; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[43]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">No obstante, aclara Parma que si se analizan los efectos que provoca el
delito, se evidencia el perjuicio patrimonial que sufre la víctima
–imposibilitada de realizar su actividad laboral por la intervención maliciosa
de terceros-, por lo que la figura se presta a interpretaciones que modifiquen
su ubicación sistemática en el código. Esto sin olvidar que, de acuerdo a la
finalidad que el sujeto activo persigue, es claro el trasfondo económico y la
perturbación patrimonial se hacen presentes en razón a que mediante el fraude
se procura lucrar con clientela ajena<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn44" name="_ftnref44" style="mso-footnote-id: ftn44;" title=""><sup><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><sup><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[44]</span></sup><!--[endif]--></span></sup></a>.
De allí que recuerda en proyectos de reforma o de código posteriores (como los
de 1940 o 1951) se propusiera la inserción de la figura dentro de los delitos
contra el patrimonio o la buena fe en los negocios por afectación de la
confianza pública. Concluye el profesor cuyano que, de acuerdo a la óptica con
la que se lo considere, <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“se lo puede
tomar como un delito que afecta la posibilidad de realizar actividades
productivas, impidiendo así la libertad de trabajo o mejor dicho de ejercer la
industria y el comercio, mientras que por otro lado también, en razón al
perjuicio que se provoca como consecuencia del mencionado impedimento, por ser
una fuente de ingresos económicos para la subsistencia o la satisfacción de
diversas necesidades de quien ejerce dicha actividad, se lo puede comprender
dentro de los delitos que atentan contra el patrimonio de un tercero”</i><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn45" name="_ftnref45" style="mso-footnote-id: ftn45;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[45]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">Más allá de la crítica acerca del carácter lucrativo de la infracción,
también se ha resaltado que, si bien conforme el modo en que está tipificado el
bien jurídico inmediato estaría vinculado a una tutela de carácter individual
(del comerciante o industrial), el despliegue de la conducta prohibida también
tiene repercusiones mediatas en una perspectiva colectiva, recayendo sobre el
libre mercado y los consumidores o usuarios de bienes y servicios<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn46" name="_ftnref46" style="mso-footnote-id: ftn46;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[46]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">3.2. El artículo 158<o:p></o:p></b></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">Retomando el análisis de esta norma, se indicó comprende tres figuras,
a saber: <o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">a) la c<span lang="ES-MX" style="mso-ansi-language: ES-MX;">ompulsión por
un obrero a la huelga o boicot; <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES-MX" style="mso-ansi-language: ES-MX;">b) la coacción al
lock–out patronal; <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES-MX" style="mso-ansi-language: ES-MX;">c) la compulsión a la
afiliación o desafiliación a una sociedad obrera o patronal determinada. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES-MX" style="mso-ansi-language: ES-MX;">Las referencias de las
dos primeras remiten a conceptos que provee el propio derecho laboral de raíz
constitucional. La huelga o boicot y el lock-out se trata de medidas de acción
directa cuyas formalidades deben ser satisfechas para que puedan
considerárselas legítimas. En este sentido, siendo que l</span><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD;">a huelga está garantizada
constitucionalmente (arts. 14 y 14bis, CN), se entiende que se trata de una
facultad reconocida a los sindicatos con personería gremial, para producir la
suspensión o abstención del deber de trabajar de sus afiliados, con carácter
temporal y con abandono del lugar de tareas, que debe tener por base un reclamo
vinculado con la relación laboral o bien con el objeto de obtener el
reconocimiento de prestaciones de política social<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn47" name="_ftnref47" style="mso-footnote-id: ftn47;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[47]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.
Se ha criticado que siendo la disposición constitucional amplia y permite
habilitar el sistema de pluralidad sindical a condición de que la organización
sea libre y democrática, la Ley 20615/73 establece que solo la asociación
gremial más representativa de la actividad de que se trate tendrá derecho a
gozar de la personería gremial, que es entonces la que habilita a declarar la
huelga, concertar las convenciones colectivas de trabajo y recurrir a la
solución de conflictos mediante “concertación y arbitraje” sectoriales<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn48" name="_ftnref48" style="mso-footnote-id: ftn48;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[48]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.
Por otra parte, más allá que el derecho de huelga básicamente titulariza en los
gremios, como postula Camadro, una interpretación que conjugue el art. 14bis
con el 33 (derechos implícitos), ambos de la Constitución, permitiría reconocer
a “otros” titulares en concurrencia con el sindicato investido de personalidad
gremial<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn49" name="_ftnref49" style="mso-footnote-id: ftn49;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[49]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD;">Retomando, queda
manifiesto que aquella forma de resistencia de los obreros nacida al calor de
las injustas condiciones de trabajo en el marco de la revolución industrial de
los siglos XVIII y XIX y su fenómeno de concentración del capital<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn50" name="_ftnref50" style="mso-footnote-id: ftn50;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[50]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>,
tiene hoy una forma y una finalidad que la legitiman desde el plano
constitucional garantizándola desde la reforma de 1957 (la prerrogativa también
se prevé por el art. 8 del PIDESyC, como se explicó, con igual jerarquía desde
la reforma de 1994)<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn51" name="_ftnref51" style="mso-footnote-id: ftn51;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[51]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.
<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD;">En cuanto al
boicot, </span><span lang="ES-MX" style="mso-ansi-language: ES-MX;">es la
concertación voluntaria de los obreros en razón de un conflicto laboral en la
abstención masiva de utilizar los servicios o productos que fabrican o venden
empresas determinadas, o la privación masiva de prestaciones de servicios a
determinadas empresas<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn52" name="_ftnref52" style="mso-footnote-id: ftn52;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-MX" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-MX; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[52]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES-MX" style="mso-ansi-language: ES-MX;">A su vez, la
referencia al “obrero” debe entenderse con remisión, entre otras, a la básica
Ley de Contrato de Trabajo (LCT) Nro. 20744, que permite tomar por tal a todo aquel
se encuentra en una “relación de trabajo”, o sea todo trabajador o sus
auxiliares y a los empleados en relación de dependencia o al servicio de quien
utilice su prestación<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn53" name="_ftnref53" style="mso-footnote-id: ftn53;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-MX" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-MX; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[53]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.
En relación a la primera figura ha sido criticada –con razón- por su estrechez
al fijar el posible sujeto activo (delito especial propio<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn54" name="_ftnref54" style="mso-footnote-id: ftn54;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-MX" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-MX; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[54]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>),
que bien pudiera no ser un “obrero” sino cualquier otra persona que sin
revestir tal calidad, por motivación política o de otra naturaleza (económica,
por ej., por ser un “agitador profesional”), lleve adelante la compulsión<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn55" name="_ftnref55" style="mso-footnote-id: ftn55;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-MX" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-MX; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[55]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.
Por su lado, con nota de actualidad, Camadro reflexiona sobre la posibilidad de
que se admita como sujeto activo a una persona perteneciente al “movimiento
piquetero”, fenómeno social que se integra con individuos que están fuera de
los sindicatos porque son desempleados en un país en que la tasa de
desocupación que ha superado con creces, en algunos períodos, el 20% (con el
40% de la población por debajo de la línea de pobreza). Se ve entonces un
desplazamiento de la huelga como herramienta para la lucha por el salario a
favor de los cortes de rutas y vías públicas, muchas veces además con activa
participación en las manifestaciones huelguistas reivindicando acceso y derecho
al trabajo. Con referencia a un voto del juez Sal Llargués en fallo del
Tribunal de Casación Penal bonaerense, señala la violación a los principios de
proporcionalidad mínima y de interpretación más restrictiva de penalidad, si en
lugar del art. 158 fuere aplicado, por no ser obrero, la figura del art.
149bis, párr. 2º del CP, al piquetero que actúa en un contexto de huelga<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn56" name="_ftnref56" style="mso-footnote-id: ftn56;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-MX" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-MX; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[56]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.
<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES-MX" style="mso-ansi-language: ES-MX;">Terragni destaca que,
conforme las reglas generales de la participación, no hay inconvenientes en
aceptar casos de instigación y colaboración por parte de un tercero que no sea
obrero<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn57" name="_ftnref57" style="mso-footnote-id: ftn57;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-MX" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-MX; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[57]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.
En general, la falta de tal calidad, ante un tipo especial desde la perspectiva
de la autoría, desplazará la conducta hacia otra tipicidad (como podría ser la
coacción del art. 149bis del CP, que es lo criticado por Jorgelina Camadro en
el supuesto referido). También podrían desplazarse hacia otras figuras, dice
Aboso, conductas vandálicas (como el pinchado de cubiertas de los camiones para
impedir el transporte de mercaderías) o el sabotaje sobre la maquinaria de
producción, que podrían ser captadas por el tipo penal de daños (art. 183 y
cctes. del CP)<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn58" name="_ftnref58" style="mso-footnote-id: ftn58;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-MX" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-MX; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[58]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES-MX" style="mso-ansi-language: ES-MX;">No debe olvidarse que
también el sujeto pasivo debe ser un obrero. Es sobre una persona con tal
calidad que debe desplegarse la violencia material (fuerza física<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn59" name="_ftnref59" style="mso-footnote-id: ftn59;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-MX" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-MX; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[59]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>)
dirigida a que forme parte de la huelga o boicot lo que, a su vez, nos indica
con claridad que la conducta típica ha de ser desplegada con dolo directo (lo
que, con distinta finalidad, resulta extensible a las otras dos figuras de
coacción y compulsión, respectivamente). Creus indicaba que la violencia
física, el contacto con la víctima podía darse incluso a través </span>de
terceros inculpables o mediante animales (arrojarle los perros) o cosas
(aparatos mecánicos que detienen el paso con peligro para las personas)<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn60" name="_ftnref60" style="mso-footnote-id: ftn60;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[60]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.<span lang="ES-MX" style="mso-ansi-language: ES-MX;"> Como puntualiza Donna, con la
exclusión de las amenazas, de la violencia moral, e</span>l legislador quiso
evitar que, debido a que en los movimientos obreros y especialmente en los
momentos de huelga, pueden intervenir factores de vehemencia, se reprima a
trabajadores como consecuencia de palabras vertidas en el calor de la lucha y
la propaganda<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn61" name="_ftnref61" style="mso-footnote-id: ftn61;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[61]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.<span style="mso-ansi-language: ES-MX;"> <span lang="ES-MX">Sin embargo, la circunstancia
de que si, con la misma finalidad, en lugar del uso de la fuerza física el
medio empleado fuera una simple intimidación que en el contexto adquiriera
ribetes típicos, la conducta no sería subsumible en el art. 158 primer
supuesto, sino que se desplazaría hacia el art. 149 ter, inc. 2º, letra “b” del
CP, que prevé una pena mayor, nos devuelve a una situación de incongruencia e
injusticia que debiera ser solucionada<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn62" name="_ftnref62" style="mso-footnote-id: ftn62;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-MX" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-MX; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[62]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES-MX" style="mso-ansi-language: ES-MX;">Por el tipo de
violencia que exige el tipo en este primer segmento, no puede descartarse la
posible concurrencia con otras tipicidades (por ej., lesiones de los arts. 89 o
90 del CP). Debe señalarse que en la compulsión al lock-out<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn63" name="_ftnref63" style="mso-footnote-id: ftn63;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-MX" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-MX; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[63]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
o “cierre/huelga patronal” y en la compulsión asociativa, en las que el posible
sujeto activo es ampliado con la incorporación al empleado del “patrón” o
“empresario” (que pueden actuar por sí o por cuenta de un tercero), la
referencia a ejercer coacción ofrece mayor amplitud y permite considerar
incluida la violencia moral o psíquica<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn64" name="_ftnref64" style="mso-footnote-id: ftn64;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-MX" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-MX; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[64]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.
Conforme la LCT, empresario es el encargado de la dirección de una empresa y
quien se relaciona jerárquicamente con los trabajadores (art. 5), en tanto que
“patrón” es asimilable a empresario en la misma normativa<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn65" name="_ftnref65" style="mso-footnote-id: ftn65;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-MX" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-MX; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[65]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.
Resalta Soler que en la compulsión al lock-out el sujeto pasivo debe ser la
persona dotada de poder para cerrar que no necesariamente debe ser el
propietario, bastando que sea alguien que eficazmente pueda tomar la resolución<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn66" name="_ftnref66" style="mso-footnote-id: ftn66;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-MX" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-MX; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[66]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES-MX" style="mso-ansi-language: ES-MX;">Volviendo a la primera
figura, el legislador ha consagrado un delito de resultado cortado, la conducta
se consuma con el ejercicio de violencia sin que interese si la finalidad se
logra. Esto lleva a considerar a parte de la doctrina que en la compulsión a la
huelga o boicot no es posible la tentativa<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn67" name="_ftnref67" style="mso-footnote-id: ftn67;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-MX" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-MX; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[67]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>,
mientras que algunos autores se pronuncian en sentido contrario<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn68" name="_ftnref68" style="mso-footnote-id: ftn68;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-MX" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-MX; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[68]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.
Sin embargo, aunque en la segunda figura también el delito se perfecciona por
el simple ejercicio, en este caso, de la coacción (se presiona para que se
cierre sin que sea necesario que se lo logre)<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn69" name="_ftnref69" style="mso-footnote-id: ftn69;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-MX" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-MX; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[69]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>,
la diferente admisión de medios empleados lleva a que, en cambio, Parma señale
la admisibilidad de la tentativa en el supuesto de la compulsión al lock-out y
en la compulsión asociativa<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn70" name="_ftnref70" style="mso-footnote-id: ftn70;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-MX" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-MX; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[70]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>,
mientras que Conti también la admite para el segundo supuesto (aunque señala
que es difícil su verificación) y la niega para el tercero<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn71" name="_ftnref71" style="mso-footnote-id: ftn71;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-MX" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-MX; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[71]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES-MX" style="mso-ansi-language: ES-MX;">En cuanto a la última,
el sujeto pasivo debe ser un individuo que pueda pertenecer a la asociación
obrera o patronal determinada que, en el primer caso, resalta Parma se rigen
por la Ley 23551<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn72" name="_ftnref72" style="mso-footnote-id: ftn72;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-MX" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-MX; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[72]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.
Soler alertaba que la figura, moderno producto de la lucha económica, se
consuma por el empleo de la coacción pero que el simple ejercicio de un derecho
no constitutivo de una lesión injusta no perfecciona el delito, dando como ejemplo
el caso de no tomar un obrero nuevo por no estar afiliado<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn73" name="_ftnref73" style="mso-footnote-id: ftn73;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-MX" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-MX; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[73]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES-MX" style="mso-ansi-language: ES-MX;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="ES-MX" style="mso-ansi-language: ES-MX;">3.3. El artículo 159<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES-MX" style="mso-ansi-language: ES-MX;">Si pasamos rápida
mirada a la otra tipicidad prevista en el capítulo, la concurrencia o
competencia desleal, la primera observación evidente es que su pena de multa ($
2.500 a $ 30.000) tuvo por última actualización la Ley 24286 (pub. en el B.O.
del 29/12/1993), por lo que dos décadas después no tiene otro valor que el
meramente simbólico en un país con un índice de inflación que, solo en 2022,
supero el 94% anual. Se verá luego, este problema haya solución en las
propuestas de reforma general del código que se abordarán.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES-MX" style="mso-ansi-language: ES-MX;">La concurrencia
desleal es una conducta cuyo sujeto activo, teniendo en cuenta que se habla de
provecho propio (“su” provecho), ha de ser un comerciante, industrial o alguien
que no lo es pero tiene interés en llevarla adelante porque ha de instalarse
como tal en el futuro<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn74" name="_ftnref74" style="mso-footnote-id: ftn74;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-MX" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-MX; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[74]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.
El sujeto pasivo es quien ejerce la actividad industrial o comercial (el
generador de la clientela), pudiendo ser tanto una persona humana como jurídica.
Se entiende entonces que no será punible la competencia desleal dirigida contra
un establecimiento educativo o un profesional como un médico, dentista o
abogado, quienes para su defensa cuentan con la posibilidad de querellar por
calumnias e injurias<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn75" name="_ftnref75" style="mso-footnote-id: ftn75;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-MX" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-MX; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[75]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.
La clientela, dice Parma, es el grupo de personas que, efectiva y actualmente,
utilizan servicios, consumen o adquieren determinados productos que fabrican,
elaboran o comercializan los establecimientos comerciales o industriales, con
independencia de la habitualidad o periodicidad con que lo hagan<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn76" name="_ftnref76" style="mso-footnote-id: ftn76;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-MX" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-MX; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[76]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><o:p></o:p></b></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES-MX" style="mso-ansi-language: ES-MX;">Es un delito formal,
por lo tanto, de inmediata consumación, que consiste en tratar de desviar por
medios desleales la clientela de un establecimiento total o parcialmente ajeno en
provecho propio o exclusivo (se trata de “substraer el cliente”, decía Soler<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn77" name="_ftnref77" style="mso-footnote-id: ftn77;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-MX" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-MX; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[77]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>),
lo que se procura lograr a partir de cualquier tipo de ardid, engaño o fraude
(“maquinaciones fraudulentas”), insinuación desacreditante a partir de
deformaciones de la realidad, inexactitudes o falsedades (“sospechas
malévolas”) o propaganda que se aparta del canon de rectitud y buena fe que
deben regir la competencia comercial/industrial (por eso, “desleal”). Más allá
de las referencias mencionadas se entiende que los medios son, en realidad,
indefinidos al ser suficiente “cualquier medio” de propaganda desleal<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn78" name="_ftnref78" style="mso-footnote-id: ftn78;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-MX" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-MX; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[78]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.
No ingresan en esta tipicidad los casos de la propaganda que exagera o exalta
en modo desmedido las virtudes propias<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn79" name="_ftnref79" style="mso-footnote-id: ftn79;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-MX" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-MX; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[79]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>,
pero si lo hacen los casos de la publicidad denigratoria y podrían darse casos
en que también abarcase la publicidad comparativa y la parasitaria o adhesiva.
No debe olvidarse que la publicidad desleal puede realizarse por cualquier medio,
lo que incluye a modalidades que se sirven de moderna tecnología, como sería el
uso de correos basuras (spam) para alertar negativamente sobre la calidad de un
producto o consumo<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn80" name="_ftnref80" style="mso-footnote-id: ftn80;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-MX" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-MX; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[80]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.
<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES-MX" style="mso-ansi-language: ES-MX;">En atención a tales
modalidades de actuación y la ultraintención que la preside (desvío en provecho
propio), debe entenderse que la conducta sólo puede llevarse adelante con dolo
directo. No tratándose de un delito de resultado, la doctrina se inclina a
señalar que no se admite la tentativa<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn81" name="_ftnref81" style="mso-footnote-id: ftn81;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-MX" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-MX; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[81]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.
Se trata de un delito cuya acción penal es privada (art. 73 inc. 3º del CP).<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES-MX" style="mso-ansi-language: ES-MX;">En términos de
posibles concursalidades, no pueden descartarse con tipicidades muchas veces
contravencionales previstas por la Ley de Lealtad Comercial Nro. 22802, la Ley
de Marcas Nro. 22362,<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>la Ley de Defensa
del Consumidor Nro. 24240 o la Ley de Defensa de la Competencia Nro. 25156; lo
que provoca discusiones por eventual afectación del principio de “ne bis in
ídem”<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn82" name="_ftnref82" style="mso-footnote-id: ftn82;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-MX" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-MX; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[82]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.
No debe olvidarse que este conjunto de normas lo que buscan es reglar el
mandato constitucional del segundo párrafo del art. 42 en el que, entre otros
derechos, se señala que las</span><span style="mso-bidi-font-style: italic;">
autoridades proveerán a la protección de la defensa de la competencia contra
toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios
naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y
a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.</span><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">4. Los recientes intentos
reformistas en Argentina<o:p></o:p></b></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">Por su nota de actualidad se hará foco en las tres iniciativas
generales más recientes, sin perjuicio de señalar que ha habido muchas otras
propuestas de modificación general y particular desde la sanción del código
vigente.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">4.A. Anteproyecto de 2006<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn83" name="_ftnref83" style="mso-footnote-id: ftn83;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[83]</span></b></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></b></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">Este anteproyecto, que no llegó a tomar estado parlamentario, podría
decirse que sin una renovación sustancial propuso una cierta actualización en
la materia. Dentro del título IV, Delitos contra la libertad, dedica el
capítulo IV a los “Delitos contra la libertad de trabajo y asociación”,
previéndose tres tipos específicos:<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">a) Contratación ilegal (art. 148<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn84" name="_ftnref84" style="mso-footnote-id: ftn84;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[84]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">b) Violencia laboral (art. 149<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn85" name="_ftnref85" style="mso-footnote-id: ftn85;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[85]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">c) Coacción laboral (art. 150<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn86" name="_ftnref86" style="mso-footnote-id: ftn86;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[86]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">Puede advertirse que no hay en este capítulo norma análoga a la vigente
de competencia o concurrencia desleal, pero esto se debe a que haciendo eco de
críticas sistemáticas, la reasignó al Título VII de los “Delitos contra la propiedad
y el orden económico”, capítulo XVII “Delitos contra la competencia”, como
artículo 205, “distorsión de la competencia”, en su último párrafo, precedido
de una redacción que, en cuanto a los supuestos de hecho alcanzados, provoca
-según se aclara en los “Fundamentos”- el ingreso al código de la llamada
“defensa de la competencia” reglada por la Ley 25156, reincorporando al área
penal la concertación monopólica que el legislador nacional ya introdujera en
la Ley 11210 y sus sucesivas<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn87" name="_ftnref87" style="mso-footnote-id: ftn87;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[87]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">También en los “Fundamentos” se noticia como novedad la propuesta de
incorporar una figura con antecedentes en el derecho penal español <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“que procura sancionar aquellas conductas
que, mediante engaño o abuso de una situación de necesidad perjudiquen,
supriman o restrinjan los derechos laborales”</i><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn88" name="_ftnref88" style="mso-footnote-id: ftn88;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[88]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><i style="mso-bidi-font-style: normal;">.</i> Carlos Cruz destaca que en tipo
objetivo del art. 149 se reemplazó “obrero” por “trabajador”, fórmula que
entiende amplía el marco de punibilidad incluyendo a las personas que realizan
trabajos remunerados para otros que no implican exclusivamente la realización
de tareas manuales, como los maestros o los empleados públicos<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn89" name="_ftnref89" style="mso-footnote-id: ftn89;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[89]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">4.B. Anteproyecto de 2014 <o:p></o:p></b></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">Este intento de actualización fue el producto de la labor de la
Comisión designada por decreto 678/12 del PEN, cuya presidencia estuvo a cargo
de E. R. Zaffaroni e integró junto a cuatro representantes de los principales
partidos políticos con representación parlamentaria: L.C. Arslanián, R. Gil
Lavedra, F. Pinedo y, única mujer, María Elena Barbagelata. En lo que aquí
interesa, mantuvo dentro del Título IV “Delitos contra la libertad”, como
Capítulo IV a los “Delitos contra la libertad y dignidad del trabajo”, reducido
a un solo artículo, el 124<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn90" name="_ftnref90" style="mso-footnote-id: ftn90;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[90]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>,
con cinco incisos en los que prevén varias tipicidades, aclarando el último que
las personas jurídicas podrán ser sancionadas por los delitos previstos en este
artículo y en los términos del presente Código (el anteproyecto adoptó una
fórmula general para este tipo de responsabilidad con pormenorizada indicación
en la parte especial de los tipos a los que resalta aplicable). Esta propuesta
de actualización se asemeja entonces al art. 318 del CPE, que fuera referido al
comienzo.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">En la “Exposición de motivos”, Zaffaroni aclara que en este artículo se
tipifican conductas que afectan la libertad de trabajo y, en alguna medida, la
libertad personal, sin llegar al extremo de la reducción a una condición
análoga a la servidumbre, tratándose de contratación nula realizada
clandestinamente y al margen de los dispositivos de las leyes laborales y
previsionales, viciada por engaño, abuso de una situación de vulnerabilidad o
actos simulados. No se trata de la simple contratación en negro, sino del
sometimiento del sujeto pasivo a condiciones de trabajo que afecten gravemente
su dignidad (horarios, cargas, alojamiento, alimentación, etc., indignos)<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn91" name="_ftnref91" style="mso-footnote-id: ftn91;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[91]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">En concreto, se propuso tipificar: 1) la contratación clandestina con
condiciones que afectan la dignidad del trabajador; 2) el aprovechamiento del
trabajo infantil (reubicando lo que sería el vigente art. 148bis<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn92" name="_ftnref92" style="mso-footnote-id: ftn92;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[92]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>);
3) la omisión de proveer adecuadas condiciones de seguridad y salud laborales;
4) el incumplimiento de deberes de control y vigilancia de las normas relativas
a los incisos precedentes<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn93" name="_ftnref93" style="mso-footnote-id: ftn93;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[93]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">El tipo omisivo del apartado 3 es resaltado como novedad por Roberto M.
Carlés, en materia de protección de los trabajadores<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn94" name="_ftnref94" style="mso-footnote-id: ftn94;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[94]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.
Podría decirse, en efecto, que la previsión apunta a reparar la ausencia en
nuestro código de un tipo vinculado a los riesgos laborales. En esta dirección,
como destaca Patricia Gallo, la siniestralidad laboral <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“es un problema mundial que afecta no solo a los países
industrializados, sino también a los que se encuentran en vías de desarrollo y
a los “subdesarrollados”. En efecto, la existencia de relaciones laborales, y,
junto con ello, el desempeño de actividades productivas generadoras de riesgos,
es una característica ineludible del progreso económico de las sociedades.
Fenómenos como la globalización, tecnificación, informatización, outsourcing,
la reestructuración organizacional y el downsizing, han posibilitado un cambio
en las reglas del mercado y, por tanto, la incorporación de nuevas formas de
producción y riesgos que suelen afectar los bienes jurídicos esenciales de los
trabajadores”</i><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn95" name="_ftnref95" style="mso-footnote-id: ftn95;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[95]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.
Se verá, una norma de similar texto se propondría un lustro después en el
siguiente proyecto que analizaremos, criticado dentro de la misma comisión
redactora por adoptar una redacción demasiado abierta y, por lo tanto, en
conflicto con el principio de legalidad.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">Puede agregarse que, en línea con la moderna concepción del delito de
“Trata de Personas”, este anteproyecto, en su art. 111 reproduce el texto del
art. 145 vigente y hace referencia a “cualquier forma de explotación sexual o
laboral”<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn96" name="_ftnref96" style="mso-footnote-id: ftn96;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[96]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.
Por otra parte, destaca la ausencia de una figura equivalente al actual art.
158 que, en todo caso, pasaría no a ser despenalizada sino considerada una
modalidad agravada de coacciones en el art. 116, ap. 2), letra “c” (coacciones
con el propósito de compeler a hacer abandono del trabajo). Esta última
solución es criticada por <span lang="ES-MX" style="mso-ansi-language: ES-MX;">Carlos
Parma, quien en relación al art. 158 vigente, indica que la huelga, el <i style="mso-bidi-font-style: normal;">boicot</i> y el <i style="mso-bidi-font-style: normal;">lock-out</i>, son elementos valorativos del tipo cuya interpretación
provee el Derecho Laboral y Constitucional Laboral, donde “prima facie” son
considerados como <i style="mso-bidi-font-style: normal;">medidas de acción
directa</i> que deben cumplir pautas formales y sustanciales para ser
legitimadas (huelga). El tipo penal indica una forma de obrar violento que
afecta áreas laborales</span><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">. Por
eso, no coincide con la propuesta de este anteproyecto que deja sin efecto este
tipo penal por resultar comprendidas o abarcadas estas conductas, según se
indicó, en el delito de coacciones<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn97" name="_ftnref97" style="mso-footnote-id: ftn97;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[97]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.
La crítica luce plausible porque parece que la simple referencia al abandono
del trabajo no tiene verdadera correspondencia con las distintas modalidades de
compulsión que están regentes.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Sin embargo, no se trata de
una discusión nueva. Carlos Cruz recuerda que los autores del Proyecto de 1891,
al fundar la norma equivalente al art. 158 (art. 187 en esa propuesta),
dijeron: <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“Pudimos haber dejado
comprendido el caso entre las amenazas y coacciones que constituyen delitos
contra la libertad individual, pero estando la libertad de trabajo
especialmente garantida por la Constitución, nos ha parecido propio considerar
como un delito distinto la violación de esta garantía, sobre todo cuando ella
asume los caracteres alarmantes de un delito colectivo”</i><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn98" name="_ftnref98" style="mso-footnote-id: ftn98;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[98]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><i style="mso-bidi-font-style: normal;">.</i> Pero, además, no puede soslayarse el
ya explicado problema de falta de proporción e incongruencia en la respuesta
penal cuando solo media intimidación en lugar de violencia física, quedando el
supuesto de uso de medios más graves, el último, en el art. 158 vigente,
mientras que el más leve se desplaza hacia el 149ter, que tiene pena mayor. Por
eso, Buompadre expresó en su oportunidad que parecía ser un acierto la solución
que impuso la Ley 17567, cuando derogó el art. 158<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn99" name="_ftnref99" style="mso-footnote-id: ftn99;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[99]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>,
que es la que, entonces, retomaría el anteproyecto.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">En cuanto al art. 159 actual,
si bien como el anterior anteproyecto incorpora un capítulo de “Delitos contra
la competencia” con un solo artículo dedicado a la “distorsión de la
competencia” (el 168<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn100" name="_ftnref100" style="mso-footnote-id: ftn100;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[100]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>),
incluyendo algunas de las conductas previstas en el art. 2º de la Ley 25156. Carece
del párrafo final receptando la concurrencia desleal, centrándose en la
tipificación de acciones monopólicas o distorsionadoras de la competencia en el
mercado que pueden afectar no sólo a la libre competencia, el orden económico y
buen funcionamiento de los mercados, sino también los intereses de competidores
y consumidores<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn101" name="_ftnref101" style="mso-footnote-id: ftn101;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[101]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.</span><span lang="ES-MX" style="mso-ansi-language: ES-MX;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">4.C. Proyecto de Nuevo Código
Penal de 2019<o:p></o:p></b></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">Lo concerniente a estos delitos es uno de los casos en que la comisión
redactora designada por decreto del PEN Nro. 103/2017, presidida por el Dr.
Mariano Borinsky, se apartó de su propio canon general, ya que en la
“Exposición de Motivos” se explica que <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“Siguiendo
la propuesta del miembro de la Comisión Dr. Fernando Córdoba, desde el punto de
vista metodológico, para facilitar la tarea de los actores del derecho penal
dentro del propio sistema y en el ámbito universitario, o a quienes de alguna
forma interactúan con el derecho penal, se decidió mantener la estructura del
actual Código Penal, incluso mantener –en la medida de lo posible– la
numeración del actual Código, procurando agregar la mayoría de las leyes
especiales (aquellas que no debían ser incorporadas junto a los delitos ya
presentes en el Código Penal) en nuevos títulos a continuación de los ya
existentes”</i><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn102" name="_ftnref102" style="mso-footnote-id: ftn102;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[102]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">En efecto, en lo particular, se propuso incorporar un nuevo título XXI
“Delitos contra la libertad y la dignidad del trabajo”, dividido en cuatro
capítulos:<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">Capítulo 1: Delitos contra la libertad de trabajo (arts. 420<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn103" name="_ftnref103" style="mso-footnote-id: ftn103;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[103]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
y 421<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn104" name="_ftnref104" style="mso-footnote-id: ftn104;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[104]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>).
Allí se recogen las figuras de compulsión o impedimento a/de huelga o boicot y
la coacción para tomar parte de un lock-out. La diferencia es que dejan de
consagrarse como tipos “especiales” al no reclamarse ninguna calidad singular
para ser su autor que, en esta propuesta, podría ser cualquiera, como
exterioriza la formulación “al que”. Se enfatiza que se trata de tipos
“residuales” con la incorporación de la frase <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“siempre que el hecho no importare un delito más severamente penado”</i><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn105" name="_ftnref105" style="mso-footnote-id: ftn105;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[105]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">Capítulo 2: Contrataciones y condiciones laborales ilegales (arts. 422<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn106" name="_ftnref106" style="mso-footnote-id: ftn106;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[106]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
y 423<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn107" name="_ftnref107" style="mso-footnote-id: ftn107;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[107]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>).
Se tipifica la contratación clandestina y sometimiento a condiciones indignas
de trabajo, así como el aprovechamiento del trabajo de un menor de 16 años. Se
aclara en la “Exposición de motivos” que básicamente se siguió las propuestas
de los anteproyectos de 2006 y 2014 y que se proyectó <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“en consonancia con lo establecido por la Ley 20.744 de Contrato de
Trabajo (BO, 27/09/1974), que establece como regla que la edad mínima para
celebrar un contrato de trabajo es de 16 años (art. 32), con la consiguiente
prohibición de empleo para las personas menores de esa edad (art. 189). Como
excepción, la mencionada ley permite la contratación de una persona de entre 14
y 16 años de edad (art. 189 bis)”</i>, así como la Ley 26930 en cuanto en su
art. 2º establece: “<i style="mso-bidi-font-style: normal;">La presente ley
alcanzará el trabajo de las personas menores de dieciocho (18) años en todas
sus formas. Se eleva la edad mínima de admisión al empleo a dieciséis (16) años
en los términos de la presente. Queda prohibido el trabajo de las personas
menores de dieciséis (16) años en todas sus formas, exista o no relación de
empleo contractual, y sea éste remunerado o no”</i><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn108" name="_ftnref108" style="mso-footnote-id: ftn108;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[108]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.
Se destaca asimismo que se proyectó una exención de punibilidad respecto de las
tareas que tuvieren exclusivamente fines pedagógicos o de capacitación<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn109" name="_ftnref109" style="mso-footnote-id: ftn109;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[109]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">Capítulo 3: Acoso laboral (art. 424<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn110" name="_ftnref110" style="mso-footnote-id: ftn110;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[110]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>).
Se introduce al CP la tipificación de los actos de acoso en el ámbito laboral,
también conocida como “mobbing laboral”. El texto propuesto ha sido objeto de
crítica expresa en las disidencias de los miembros de la comisión Dres.
Patricia Ziffer y Fernando Córdoba, quienes señalaron que <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“…si bien coincidimos en la necesidad de que la redacción no quedara
restringida a una relación estrictamente laboral, entendimos que tampoco podía
alcanzar a cualquier “relación contractual” y propusimos la fórmula “en el
marco de una relación laboral o de otro vínculo que presuponga una relación de
dependencia”. Lamentablemente, el Proyecto parece no haber receptado esa
precisión, lo cual en términos de seguridad jurídica podría resultar
perjudicial”</i><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn111" name="_ftnref111" style="mso-footnote-id: ftn111;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[111]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">Capítulo 4: Delitos cometidos en el marco de la ley de riesgos de
trabajo (arts. 425<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn112" name="_ftnref112" style="mso-footnote-id: ftn112;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[112]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>,
426<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn113" name="_ftnref113" style="mso-footnote-id: ftn113;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[113]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>,
427<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn114" name="_ftnref114" style="mso-footnote-id: ftn114;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[114]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>,
428<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn115" name="_ftnref115" style="mso-footnote-id: ftn115;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[115]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>,
429<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn116" name="_ftnref116" style="mso-footnote-id: ftn116;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[116]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
y 430<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn117" name="_ftnref117" style="mso-footnote-id: ftn117;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[117]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>).
Por intermedio de estos artículos se incorpora al CP nuevos tipos vinculados a
los incumplimientos con la Ley 24557 (1995) y sus modificatorias, que establece
el régimen de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) y la protección de
la salud de los trabajadores en su ámbito de desempeño laboral, que recogen y
mejoran los que se prevé en el art. 32 (Sanciones) de la normativa citada. <o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">En cuanto al art. 430, la “Exposición de motivos” señala en forma
expresa que se establece la pena de días-multa e inhabilitación y <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“…Se redacta en forma similar al art. 316
del Código Penal Español. Se incluye al representante gremial, debido a que
muchas actividades están dentro del ámbito de trabajo y se debe velar por las
condiciones de trabajo, seguridad y salud de los trabajadores”</i><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn118" name="_ftnref118" style="mso-footnote-id: ftn118;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[118]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.
Si se vuelve sobre el texto de la norma española que ya hemos transcripto en la
“Introducción” se advertirán diferencias que ponen en crisis la invocada
similitud con la fuente invocada. Creo, como anticipé, que en realidad guarda
mayor semejanza con la propuesta del art. 124 ap. 3 del anteproyecto de 2014.
Nuevamente, se trata de una redacción que ha sido criticada en la disidencia de
Ziffer y Córdoba, quienes señalan que <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“…convertir
en delito a la mera omisión de “proveer a sus trabajadores de los medios necesarios
para ejercer su actividad en las condiciones de seguridad y salud que
impusieren las leyes o reglamentos” (art. 430) no nos parece una fórmula
adecuada para ser receptada en un código penal”</i><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn119" name="_ftnref119" style="mso-footnote-id: ftn119;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[119]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">Me parece que ayuda a entender el acierto de la crítica recordar la
propuesta de Patricia Gallo de incorporar un tipo penal al código relativo a
los riesgos laborales, consistente en un texto que está integrado por cuatro
apartados, con el siguiente detalle: en el primero y el segundo encontramos los
delitos de peligro, con la distinción del riesgo de accidente laboral o
“enfermedad accidente” y el riesgo de enfermedad laboral a largo plazo. En el
apartado 3° se contempla la agravante de las conductas referidas en esos dos
apartados cuando se trata de trabajadores informales. Finalmente, en el
apartado 4°, se tipifica el delito que ha denominado de “favorecimiento”<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn120" name="_ftnref120" style="mso-footnote-id: ftn120;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[120]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.
Sin abrir juicio sobre los aciertos o posibles mejoras que sobre la propuesta
pudieran hacerse, lo importante es advertir que nos ofrece una base de trabajo
de mayor precisión que las surgidas de las iniciativas de reforma de 2014 y
2019.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">Al igual que los restantes proyectos mencionados, la concurrencia o
competencia desleal del art. 159 es reubicada. En este caso, dentro del Título
XIII “Delitos contra el orden económico y financiero”, cuyo nuevo primer
capítulo se dedica a “De los fraudes al comercio y la industria”, insertando
aquella tipicidad sin modificar su texto como apartado 2 del artículo 300,
salvo lo relativo a la multa, que se adecua al sistema de días-multa que adopta
en general la propuesta de nuevo código<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn121" name="_ftnref121" style="mso-footnote-id: ftn121;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[121]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">En la “Exposición de Motivos” se explica que no se avanzó en incorporar
un Titulo sobre la “Defensa de la Competencia” porque en paralelo a la
elaboración del anteproyecto el Congreso sancionó leyes con las que quiso
evitarse contradicciones legislativas, lo que puntualmente sucedió la reciente
la Ley 25.156 de Defensa de la Competencia –que establece todo un sistema
completo tanto de regulación e infracciones como de sanciones–, por lo que <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“se concluyó que, para evitar
inconsistencias, era conveniente mantenerla fuera del Código Penal, respetado
la voluntad legislativa expresada con la aprobación de aquella ley”</i><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn122" name="_ftnref122" style="mso-footnote-id: ftn122;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[122]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.
<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">5. Colofón<o:p></o:p></b></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">Los derechos de los trabajadores tienen una amplia protección
constitucional en la Argentina que alcanza, respecto de algunos comportamientos
que los afectan, al uso de la intervención penal. Respondiendo al interrogante
que preside estas Jornadas, <i style="mso-bidi-font-style: normal;">¿es necesaria
tal intervención?</i>, se ha brindado una sintética mirada sobre las
previsiones de tal naturaleza que, siendo antiguas, no hay duda que el contexto
histórico en que aparecieron demostró que eran necesarias más allá de que en su
impulso inicial la tutela de los intereses de los trabajadores se entremezclara
con la idea de un obrero sujeto activo postulada desde el sector dominante de
los medios de producción en la revolución industrial de fines del siglo XIX y
principios del siglo XX<a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn123" name="_ftnref123" style="mso-footnote-id: ftn123;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[123]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">Y, agrego, en un mundo globalizado en que la concentración del capital
procura maximizar la ganancia buscando los lugares en que las condiciones de
trabajo se revelen como de mayor debilidad formal o material, con tanta o mayor
razón siguen siéndolo, con claridad, en sentido tuitivo de los derechos del
trabajador. En este sentido luce ineludible, como postula Patricia Gallo, <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“destacar que la situación de desigualdad
estructural de la relación laboral, en la que una parte (trabajador) depende de
la otra (empresario), es una nota clave para configurar a los trabajadores en
relación de dependencia como un colectivo vulnerable que requiere una
protección intensificada de sus derechos fundamentales que pueden verse
afectados en el marco de esa relación “asimétrica” y debe ser reforzada
mediante la intervención del Derecho penal, a fin de nivelar, de proteger, al
más débil frente al más fuerte”</i><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftn124" name="_ftnref124" style="mso-footnote-id: ftn124;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[124]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">Partiendo de su necesidad, el siguiente interrogante sería si los tipos
penales vigentes son suficientes para brindar la que habitualmente llamamos
“tutela penal”. Y creo ha quedado en evidencia que no lo son y que, de mínimo,
más allá del capítulo específico del Código hay otras normas dispersas que
sería necesario reunir y dotar de adecuada unidad, sistematicidad,
proporcionalidad, etc. Es decir, las notas definitorias de una correcta
codificación, perdidas hace mucho en un código centenario que ya ha sido
modificado alrededor de mil veces.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">Se ha centrado la mirada en las tres propuestas de solución integral
más recientes que, en contraste con la situación actual, puede afirmarse que
sin excepción implican un avance deseable en el tópico específico que, es
advertible, se ha ido profundizando en cada iniciativa siguiente a partir del
trabajo plasmado en la anterior. <o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">Una nota en común ha sido que todas proyectaron excluir de su actual
radicación al tipo de competencia o concurrencia desleal (art. 159) lo que, se
vio, es una observación del mayor consenso en la doctrina nacional.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">Dos de ellas han mantenido casi igual (el anteproyecto de 2006, con su
reemplazo de “obrero” por “trabajador”) o con pequeños pero trascedentes cambios
las figuras del art. 158 (el proyecto de 2019, que amplía correctamente los
posibles sujetos activos dejando de ser un delito especial propio y elude la
mención de medios para compeler, con lo que soluciona los dos problemas más
graves denunciados respecto del tipo vigente). <o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">También todas, en mayor o menor medida, han ampliado el elenco de
tipicidades dentro del capítulo pertinente, ya sea por incorporar algunas ya
vigentes con una nueva sistemática (por ejemplo, las contrataciones laborales
ilegales) u otras que responden a los cambios verificados en el propio campo de
lo laboral (así, el “mobbing” o el régimen de las ART, en el proyecto de 2019).<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">Finalmente, haciéndose cargo de la necesidad de que la pena que
pretende repercutir sobre el patrimonio no puede estar fijada lisa y llanamente
en una suma pecuniaria cuando esta se verá de inmediato erosionada en su
significación y proporcionalidad por el proceso inflacionario, todos los
proyectos considerados proponen, con distintas modalidades, adoptar un sistema
de días-multa. Sin dudas, el camino correcto para solucionar un problema que
excede el tópico analizado.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><o:p> </o:p></p>
<div style="mso-element: footnote-list;"><!--[if !supportFootnotes]--><br clear="all" />
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<!--[endif]-->
<div id="ftn1" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref1" name="_ftn1" style="mso-footnote-id: ftn1;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[1]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
E<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">ste</span> trabajo fue preparado en
el marco del Proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación (España) que lleva
por título <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“La tutela penal de las
personas vulnerables: análisis de realidades criminológicas y propuestas
sustantivas de “lege data y de lege ferenda”</i> (REF: PID2020-116407RB-I00),
bajo dirección del Prof. Dr. Norberto de la Mata Barranco y la Profa. Dra. Ana
Isabel Pérez Machío, ambos de la Universidad del País Vasco (UPV). Asimismo, fue
presentado en la Jornada Internacional <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“Tutela
laboral ¿es necesaria la intervención penal?”</i>, el 20/03/2023 en sede de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Rioja
(Logroño, España), coordinada por los Dres. Ma. Concepción Arruga Segura y
Sergio Pérez González.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn2" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref2" name="_ftn2" style="mso-footnote-id: ftn2;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[2]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Abogado y Doctor en Derecho (Universidad Nacional de Mar del Plata). Master en
Derecho Penal (Universidad de Salamanca, España). Director del Área
Departamental Penal de la Facultad de Derecho de la UNMDP. Ex Presidente de la
Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn3" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref3" name="_ftn3" style="mso-footnote-id: ftn3;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[3]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Así, Eduardo P. Jiménez, en su <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“Derecho
Constitucional Argentino”</i>, Ediar, Bs.As., 2000, tomo II, pág. 410.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn4" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref4" name="_ftn4" style="mso-footnote-id: ftn4;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[4]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Su texto: <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“El trabajo en sus diversas
formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador:
condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y
vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual
remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas,
con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra
el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical
libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro
especial. <o:p></o:p></i></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;">Queda garantizado a los gremios: Concertar convenios colectivos de
trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los
representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el
cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su
empleo. <o:p></o:p></i></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;">El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá
carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el
seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o
provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los
interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de
aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la
familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y
el acceso a una vivienda digna”</i>.<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn5" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref5" name="_ftn5" style="mso-footnote-id: ftn5;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[5]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> <span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Jiménez, ya citado, pág. 410.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn6" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref6" name="_ftn6" style="mso-footnote-id: ftn6;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[6]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Cf. Jiménez, ya citado, pág. 437.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn7" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref7" name="_ftn7" style="mso-footnote-id: ftn7;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[7]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Pub. en el BO del 27/12/2017. Su título II se dedica a los “Delitos relativos a
los recursos de la seguridad social” y se prevén los tipos de evasión simple
(art. 5), evasión agravada (art. 6) y apropiación indebida de los recursos de
la seguridad social (art. 7). <span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Me he
ocupado del análisis de esta norma en la obra <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“Régimen Penal Tributario y Previsional. Ley 27430. Comentada. Anotada”</i>,
prologada por el Dr. Juan María Terradillos Basoco (Universidad de Cádiz),
Hammurabi, Bs.As., 2º edición, 2018, 468 págs.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn8" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref8" name="_ftn8" style="mso-footnote-id: ftn8;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[8]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Jiménez, ya citado, pág. 404.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn9" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref9" name="_ftn9" style="mso-footnote-id: ftn9;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[9]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Así, Jiménez, ya citado, pág. 405.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn10" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref10" name="_ftn10" style="mso-footnote-id: ftn10;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[10]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Cf. Jiménez, ya citado, pág. 411.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn11" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref11" name="_ftn11" style="mso-footnote-id: ftn11;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[11]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Entre otras normas de defensa de los derechos del trabajador pueden mencionarse
los arts. 20, 23, 24 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los
arts. 6 a 9 de la parte III del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales o los arts. XIV, XV y XVI de la Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre (cf.: Jorge E. Buompadre, en <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“Delitos contra la libertad”</i>, ed. Mave, Corrientes, 1999, pág.
218). En cuanto a la seguridad social, corresponde mencionar los arts. 22, 23
incs. 3 y 4, 25 inc. 1 y 28 de la DUDH, los arts. 22 y 35 de la DADH, el art.
23 del PIDCyP y el art. 8 del PIDESyC (cf. Jiménez, ya citado, pág. 437).<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn12" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref12" name="_ftn12" style="mso-footnote-id: ftn12;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[12]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
ARTICULO 158. - Será reprimido con prisión de un mes a un año; el obrero que
ejerciere violencia sobre otro para compelerlo a tomar parte en una huelga o
boicot. La misma pena sufrirá el patrón, empresario o empleado que, por sí o
por cuenta de alguien, ejerciere coacción para obligar a otro a tomar parte en
un lock-out y a abandonar o ingresar a una sociedad obrera o patronal
determinada.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn13" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref13" name="_ftn13" style="mso-footnote-id: ftn13;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[13]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
<span lang="ES-MX" style="mso-ansi-language: ES-MX;">ARTICULO 159. Será reprimido
con multa de DOS MIL QUINIENTOS PESOS a TREINTA MIL PESOS, el que, por
maquinaciones fraudulentas, sospechas<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>malévolas o cualquier medio de propaganda desleal, tratare de desviar,
en su provecho, la clientela de un establecimiento comercial o industrial.</span><o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn14" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref14" name="_ftn14" style="mso-footnote-id: ftn14;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[14]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Recuerda Jorgelina Camadro que ese mismo año, la Unión produjo su primera
huelga logrando aumento de jornales y reducción de la jornada laboral (en su
trabajo <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“Delitos contra la libertad de
trabajo y asociación”</i>, pub. en AAVV “Delitos contra la libertad”, Luis F.
Niño y Stella M. Martínez coordinadores, Ad-Hoc, Bs.As., 2º edición, 2010, pág.
385).<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn15" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref15" name="_ftn15" style="mso-footnote-id: ftn15;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[15]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
El interesado puede consultar el detallado trabajo de Carlos Cruz, en su “<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Comentario al Capítulo IV. Delitos contra la
libertad de trabajo y asociación”</i>, pub. en AAVV “Código Penal y normas
complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial”, Baigún-Zaffaroni
directores, Ed. Hammurabi, Bs.As., 2008, Tomo 5, punto II “Evolución
legislativa”, págs. 835/847.<span style="font-size: 11.0pt;"> </span>Aboso concuerda
recordando que un antecedente inmediato fue la Ley 7029 (1910) de Defensa
Social que, en realidad, tuvo por finalidad reprimir los orígenes del
sindicalismo en nuestro país, fuertemente influido a la época de la sanción del
Código por el movimiento anarquista, ferozmente reprimido por el Estado
conservador (en su <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“Código Penal de la
República Argentina. Comentado, concordado con jurisprudencia”</i>, ed. BdeF,
Bs.As./Montevideo, 4º edición, 2017, pág. 852). Cruz recuerda que se la conoció
como “Ley Mata Huelgas” y rigió hasta la sanción del CP en 1921, vigente desde
abril de 1922 (ya citado, pág. 839).<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn16" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref16" name="_ftn16" style="mso-footnote-id: ftn16;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[16]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> <span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Buompadre, ya citado, pág. 218.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn17" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref17" name="_ftn17" style="mso-footnote-id: ftn17;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[17]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Artículo 311. Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a seis
años y multa de seis a doce meses:<o:p></o:p></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;">1.º Los que, mediante
engaño o abuso de situación de necesidad, impongan a los trabajadores a su
servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman
o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales,
convenios colectivos o contrato individual.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;">2.º Los que impongan
condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas
ajenas al contrato de trabajo, o las mantengan en contra de requerimiento o
sanción administrativa.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;">3.º Los que den ocupación
simultáneamente a una pluralidad de trabajadores sin comunicar su alta en el
régimen de la Seguridad Social que corresponda o, en su caso, sin haber
obtenido la correspondiente autorización de trabajo, siempre que el número de
trabajadores afectados sea al menos de:<o:p></o:p></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;">a) el veinticinco por
ciento, en las empresas o centros de trabajo que ocupen a más de cien trabajadores,<o:p></o:p></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;">b) el cincuenta por ciento,
en las empresas o centros de trabajo que ocupen a más de diez trabajadores y no
más de cien, o<o:p></o:p></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;">c) la totalidad de los
mismos, en las empresas o centros de trabajo que ocupen a más de cinco y no más
de diez trabajadores.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;">4.º Los que en el supuesto
de transmisión de empresas, con conocimiento de los procedimientos descritos en
los apartados anteriores, mantengan las referidas condiciones impuestas por
otro.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;">5.º Si las conductas
reseñadas en los apartados anteriores se llevaren a cabo con violencia o
intimidación se impondrán las penas superiores en grado.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn18" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref18" name="_ftn18" style="mso-footnote-id: ftn18;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[18]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Artículo 311 bis. Será castigado con la pena de prisión de tres a dieciocho
meses o multa de doce a treinta meses, salvo que los hechos estén castigados
con una pena más grave en otro precepto de este Código, quien:<o:p></o:p></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;">a) De forma reiterada,
emplee o dé ocupación a ciudadanos extranjeros que carezcan de permiso de
trabajo, o<o:p></o:p></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;">b) emplee o dé ocupación a
un menor de edad que carezca de permiso de trabajo.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn19" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref19" name="_ftn19" style="mso-footnote-id: ftn19;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[19]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Artículo 312. 1. Serán castigados con las penas de prisión de dos a cinco años
y multa de seis a doce meses, los que trafiquen de manera ilegal con mano de
obra.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;">2. En la misma pena
incurrirán quienes recluten personas o las determinen a abandonar su puesto de
trabajo ofreciendo empleo o condiciones de trabajo engañosas o falsas, y
quienes empleen a súbditos extranjeros sin permiso de trabajo en condiciones
que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tuviesen reconocidos
por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn20" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref20" name="_ftn20" style="mso-footnote-id: ftn20;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[20]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Artículo 313. El que determinare o favoreciere la emigración de alguna persona
a otro país simulando contrato o colocación, o usando de otro engaño semejante,
será castigado con la pena prevista en el artículo anterior.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn21" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref21" name="_ftn21" style="mso-footnote-id: ftn21;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[21]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Artículo 314. Quienes produzcan una grave discriminación en el empleo, público
o privado, contra alguna persona por razón de su ideología, religión o
creencias, su situación familiar, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su
origen nacional, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género,
razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que
padezca o su discapacidad, por ostentar la representación legal o sindical de
los trabajadores, por el parentesco con otros trabajadores de la empresa o por
el uso de alguna de las lenguas oficiales dentro del Estado español, y no
restablezcan la situación de igualdad ante la ley tras requerimiento o sanción
administrativa, reparando los daños económicos que se hayan derivado, serán
castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a
veinticuatro meses.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn22" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref22" name="_ftn22" style="mso-footnote-id: ftn22;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[22]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Artículo 315. 1. Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a dos
años o multa de seis a doce meses los que, mediante engaño o abuso de situación
de necesidad, impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el
derecho de huelga.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;">2. Si las conductas
reseñadas en el apartado anterior se llevaren a cabo con coacciones serán
castigadas con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con
la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses.<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn23" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref23" name="_ftn23" style="mso-footnote-id: ftn23;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[23]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Artículo 316. Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos
laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios
para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad
e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o
integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a
tres años y multa de seis a doce meses.<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn24" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref24" name="_ftn24" style="mso-footnote-id: ftn24;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[24]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Artículo 317. Cuando el delito a que se refiere el artículo anterior se cometa
por imprudencia grave, será castigado con la pena inferior en grado.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn25" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref25" name="_ftn25" style="mso-footnote-id: ftn25;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[25]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Artículo 318. Cuando los hechos previstos en los artículos de este título se
atribuyeran a personas jurídicas, se impondrá la pena señalada a los
administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los
mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado
medidas para ello. En estos supuestos la autoridad judicial podrá decretar,
además, alguna o algunas de las medidas previstas en el artículo 129 de este
Código.<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn26" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref26" name="_ftn26" style="mso-footnote-id: ftn26;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[26]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">En AAVV <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“Lecciones y materiales para el estudio del Derecho Penal”</i>, Tomo IV
<i style="mso-bidi-font-style: normal;">“Derecho Penal Parte Especial (Derecho
Penal Económico)”</i>, coordinado por J.M. Terradillos Basoco, Iustel, 2º
edición, Madrid, 2016, Lección 8, págs. 273/300.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn27" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref27" name="_ftn27" style="mso-footnote-id: ftn27;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[27]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Art. 148 bis: <span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Será reprimido con
prisión de 1 (uno) a (cuatro) años el que aprovechare económicamente el trabajo
de un niño o niña en violación de las normas nacionales que prohíben el trabajo
infantil, siempre que el hecho no importare un delito más grave.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Quedan exceptuadas las tareas que tuvieren fines
pedagógicos o de capacitación exclusivamente.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">No será punible el padre, madre, tutor o guardador
del niño o niña que incurriere en la conducta descripta.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn28" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref28" name="_ftn28" style="mso-footnote-id: ftn28;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[28]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Castro-Álvarez, en su comentario <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“Aprovechamiento
del trabajo infantil”</i>, pub. en AAVV “Código Penal de la Nación”,
M.A.Riquert director, Erreius, Bs.As., tomo 2, 2º edición, 2022, págs.
1147/1157.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn29" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref29" name="_ftn29" style="mso-footnote-id: ftn29;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[29]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;"> Cf. Jorge E. Buompadre, en su trabajo <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“Explotación del Trabajo Infantil (Ley Nº 26.847)”</i>, donde recuerda
que la legislación que regula toda la problemática del trabajo infantil en
Argentina, se encuentra diversificada en la Convención sobre los Derechos del
Niño (Ley Nº 23.849/90), la Ley Nº 25.255/00, por la que se aprueba el Convenio
Nº 182/99 sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la
Acción Inmediata para su Eliminación, adoptado en la 87ª Reunión de la
Conferencia Internacional del Trabajo (OIT) y la Ley de Contrato de Trabajo Nº
20.744/76 reformada por la Ley Nº 26.390/08. La visión desde una perspectiva de
género, en cuyo caso, se deriva de la Ley 26.485 de Protección Integral para
Prevenir, Sancionar y Erradicar las Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos
en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales y Ley Nº 24.632 que ratifica
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer, Convención de Belén do Pará<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>(pub. en la revista virtual “Pensamiento Penal”, disponible desde el 06/03/2013
en </span><a href="https://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2013/05/doctrina36126.pdf"><span style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;">https://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2013/05/doctrina36126.pdf</span></a><span style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;">). <o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn30" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref30" name="_ftn30" style="mso-footnote-id: ftn30;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[30]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Art. 145bis: Será reprimido con prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, el que
ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de
explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros
países, aunque mediare el consentimiento de la víctima.<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn31" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref31" name="_ftn31" style="mso-footnote-id: ftn31;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[31]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Art. 145ter:</span><span lang="ES" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;"> </span>En
los supuestos del artículo 145 bis la pena será de cinco (5) a diez (10) años
de prisión, cuando:<o:p></o:p></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;">1. Mediare engaño, fraude,
violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de
autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o concesión o recepción de
pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga
autoridad sobre la víctima.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;">2. La víctima estuviere
embarazada, o fuere mayor de setenta (70) años.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;">3. La víctima fuera una
persona discapacitada, enferma o que no pueda valerse por sí misma.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;">4. Las víctimas fueren tres
(3) o más.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;">5. En la comisión del
delito participaren tres (3) o más personas.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;">6. El autor fuere
ascendiente, descendiente, cónyuge, afín en línea recta, colateral o
conviviente, tutor, curador, autoridad o ministro de cualquier culto reconocido
o no, o encargado de la educación o de la guarda de la víctima.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;">7. El autor fuere
funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad, policial o
penitenciaria.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;">Cuando se lograra consumar
la explotación de la víctima objeto del delito de trata de personas la pena
será de ocho (8) a doce (12) años de prisión.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;">Cuando la víctima fuere
menor de dieciocho (18) años la pena será de diez (10) a quince (15) años de
prisión.<span style="mso-ansi-language: ES;"> <span lang="ES"><o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn32" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref32" name="_ftn32" style="mso-footnote-id: ftn32;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[32]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> <span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Natalia E. Castro y Lisandro L. Álvarez,
en su comentario “Trata de personas”, pub. </span>en AAVV “Código Penal de la
Nación”, M.A.Riquert director, Erreius, Bs.As., tomo 2, 2º edición, 2022, pág.
1085.<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn33" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref33" name="_ftn33" style="mso-footnote-id: ftn33;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[33]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Art. 1º: Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo
menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y
garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado,
a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en
su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados. <o:p></o:p></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;">A los efectos del presente
artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios
determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología,
opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o
caracteres físicos.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn34" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref34" name="_ftn34" style="mso-footnote-id: ftn34;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[34]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
<span style="mso-bidi-font-weight: bold;">Art. 2°:</span> Elévase en un
tercio el mínimo y en un medio el máximo de la escala penal de todo delito
reprimido por el Código Penal o Leyes complementarias cuando sea cometido por
persecución u odio a una raza, religión o nacionalidad, o con el objeto de
destruir en todo o en parte a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. En
ningún caso se podrá exceder del máximo legal de la especie de pena de que se
trate.<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn35" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref35" name="_ftn35" style="mso-footnote-id: ftn35;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[35]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Aboso, ya citado, pág. 852.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn36" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref36" name="_ftn36" style="mso-footnote-id: ftn36;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[36]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Cf. Carlos Cruz, ya citado, pág. 849.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn37" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref37" name="_ftn37" style="mso-footnote-id: ftn37;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[37]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Parma, en su <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“Comentario al Capítulo IV.
Delitos contra la libertad de trabajo y asociación”</i>, pub. en AAVV “Código
Penal de la Nación”, M.A.Riquert director, Erreius, Bs.As., tomo 2, 2º edición,
2022, pág. 1285.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn38" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref38" name="_ftn38" style="mso-footnote-id: ftn38;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[38]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Cf. Sebastián Soler, en su <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“Derecho Penal
Argentino”</i>, Ed. TEA, Bs.As., Tomo IV, 2º edición, 1963, pág. 131.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn39" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref39" name="_ftn39" style="mso-footnote-id: ftn39;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[39]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> <span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Carlos Creus, en su <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“Derecho Penal. Parte Especial”</i>, ed. </span>Astrea, Bs.As., 6º ed.,
1º reimp., 1998, pág. 373. <o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn40" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref40" name="_ftn40" style="mso-footnote-id: ftn40;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[40]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Parma, ob.cit., pág. 1295. Recuerda Carlos Cruz que, en la legislación patria,
la preocupación por garantizar la competencia y prohibir la realización de
actos monopólicos se haya presente desde el Decreto de 30 de marzo de 1828 (ya
citado, pág. 879).<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn41" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref41" name="_ftn41" style="mso-footnote-id: ftn41;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[41]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Donna, en su <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“Derecho Penal. Parte
Especial”</i>, Rubinzal-Culzoni editores, Bs.As./Sta.Fe, 2001, Tomo II-A, pág.
393. Aclara su coincidencia con Creus en cuanto a que este delito no tiene que
ver con los previstos en la ley 22.262, que sí tendrán influencia en el Título
XII, Capítulo V, De los fraudes al comercio y a la industria, y que cree sería
mejor que este estuviera en un solo título, junto con los delitos enumerados en
ese Capítulo V, más los enumerados en la ley 22.262 (ob.cit., pág. 395).<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn42" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref42" name="_ftn42" style="mso-footnote-id: ftn42;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[42]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
<span style="mso-bidi-font-style: italic; mso-bidi-font-weight: bold;">Artículo 42</span>.-<span style="mso-bidi-font-style: italic;"> Los consumidores y usuarios de bienes
y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su
salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a
la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.</span><o:p></o:p></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="mso-bidi-font-style: italic;">Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la
educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de
distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales,
al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de
asociaciones de consumidores y de usuarios.</span><o:p></o:p></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="mso-bidi-font-style: italic;">La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y
solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de
competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones
de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos
de control.</span><o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn43" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref43" name="_ftn43" style="mso-footnote-id: ftn43;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[43]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Ob.cit., pág. 855.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn44" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref44" name="_ftn44" style="mso-footnote-id: ftn44;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[44]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Parma, ob.cit., pág. 1295, con cita a la obra colectiva dirigida por Andrés J. D’alessio,
“<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Código Penal de la Nación. Comentado y
anotado”</i>, Tomo II, 1ra ed., Editorial La Ley, Buenos Aires, 2004, pág. 377.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn45" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref45" name="_ftn45" style="mso-footnote-id: ftn45;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[45]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Ob.cit., pág. 1296.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn46" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref46" name="_ftn46" style="mso-footnote-id: ftn46;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[46]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Cf. Carlos Cruz, ya citado, págs. 887/887.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn47" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref47" name="_ftn47" style="mso-footnote-id: ftn47;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[47]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Cf. Parma, ya citado, págs. 1288.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn48" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref48" name="_ftn48" style="mso-footnote-id: ftn48;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[48]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Cf. Jiménez, ya citado, págs. 428/429.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn49" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref49" name="_ftn49" style="mso-footnote-id: ftn49;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[49]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Camadro, antes citada, pág. 392.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn50" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref50" name="_ftn50" style="mso-footnote-id: ftn50;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[50]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Cf. Cruz, ya citado, pág. 847.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn51" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref51" name="_ftn51" style="mso-footnote-id: ftn51;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[51]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
El interesado en los aspectos reglamentarios que legalizan el ejercicio del
derecho de huelga pueden consultar, entre otros, el citado texto de Jiménez,
pág. 432 y ss.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn52" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref52" name="_ftn52" style="mso-footnote-id: ftn52;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[52]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Cf. Parma, ya citado, págs. 1289.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn53" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref53" name="_ftn53" style="mso-footnote-id: ftn53;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[53]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Cf. Parma, ya citado, págs.
1286/1287; Parma, Mangiafico y Álvarez Doyle, <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“Derecho Penal. Parte Especial”</i>, Hammurabi, Bs.As., 2019, pág. 377,
en ambos casos con recordatorio del texto de los arts. 25, 28 y 29 de la Ley
20744.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn54" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref54" name="_ftn54" style="mso-footnote-id: ftn54;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[54]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Cf. Néstor J. Conti, en AAVV <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“Manual de
Derecho Penal. Parte Especial”</i>, Alexis L. Simaz director, Erreius, Bs.As.,
2020,<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>pág. 183.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn55" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref55" name="_ftn55" style="mso-footnote-id: ftn55;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[55]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> <span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Cf. Buompadre,<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>quien califica la limitación de autoría como
“inaceptable” tanto por ser incompatible con los intereses que se pretende
tutelar, como por su apartamiento del canon contrario que se observa en el
derecho comparado (ya citado, pág. 220).<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn56" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref56" name="_ftn56" style="mso-footnote-id: ftn56;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[56]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Camadro, ya citada, págs. 393/394. La referencia es a las causas Nro. 7086 y
7094, “Alí, Esteban”, rtas. el 4/4/2002.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn57" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref57" name="_ftn57" style="mso-footnote-id: ftn57;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[57]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Marco A. Terragni, en su <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“Tratado de
Derecho Penal”</i>, Ed. La Ley, Bs.As., 2012, Tomo II, Parte Especial I, pág.
557.<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn58" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref58" name="_ftn58" style="mso-footnote-id: ftn58;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[58]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Ob.cit., pág. 853.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn59" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref59" name="_ftn59" style="mso-footnote-id: ftn59;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[59]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Enfatiza Soler que no basta la coacción o la amenaza y que esto quedó muy claro
en el trámite parlamentario porque el Senado proponía la expresión “coacción
física o moral” en lugar de la palabra “violencia”, lo que fue expresamente
rechazado (ob.cit., pág. 131). Cctes.: Aboso, ya citado, pág. 852; Conti, ya
citado, pág. 184; Terragni, ya citado, pág. 556. Recuerdan Parma, Mangiafico y
Álvarez Doyle que, conforme el art. 78 del CP, están comprendidos dentro del
concepto de violencia el empleo de medios hipnóticos o narcóticos (ob.cit.,
pág. 378); cctes.: Camadro, ya citada, pág. 390, Donna, ya citado, pág. 388.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn60" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref60" name="_ftn60" style="mso-footnote-id: ftn60;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[60]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> <span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Creus, ya citado, pág. 374.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn61" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref61" name="_ftn61" style="mso-footnote-id: ftn61;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[61]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Donna, ya citado, pág. 388.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn62" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref62" name="_ftn62" style="mso-footnote-id: ftn62;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[62]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Se verá, uno de los caminos es el que adoptó el Anteproyecto de Reforma
Integral y Actualización del Código Penal de 2014, que excluyó el actual art.
158 y previó la figura de amenazas laborales. Destaca Buompadre que ya fuera
ensayado transitoriamente durante la vigencia de la Ley 17567, que lo había
derogado (ob.cit., pág. 221).<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn63" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref63" name="_ftn63" style="mso-footnote-id: ftn63;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[63]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Como recuerda Parma, el lock-out es el cierre concertado de establecimientos
industriales o comerciales por la patronal, paralizando tareas como medio de
lucha en los conflictos laborales con los obreros. Es una huelga patronal
–carente de regulación legal específica pero entendida como contracara de la
huelga obrera-, con el fin de, a través del cierre, obligar a los trabajadores
a aceptar ciertas condiciones (ob.cit., pág. 1292). El lock-out puede ser tanto
ofensivo –cuando se usa para presionar a los trabajadores-, como defensivo
–cuando el cierre se dispone para asegurar personas y bienes ante medidas de
los trabajadores- (cf. Camadro, ob.cit., pág. 396).<o:p></o:p></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;">Resalta Carlos Cruz que el
lock-out fue una de varias medidas adoptadas por los titulares de los medios de
producción en respuesta a los reclamos obreros, como por ejemplo la
contratación de desocupados o el impedimento de incorporación a organizaciones
gremiales (ya citado, pág. 848).<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn64" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref64" name="_ftn64" style="mso-footnote-id: ftn64;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[64]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> Cf.
Soler, ya citado, pág. 134. Ccte.: Parma, ya citado, pág. 1291.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn65" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref65" name="_ftn65" style="mso-footnote-id: ftn65;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[65]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> <span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Cf. Parma, Mangiafico y Álvarez Doyle, ya
citados, pág. 379.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn66" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref66" name="_ftn66" style="mso-footnote-id: ftn66;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[66]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Soler, ob.cit., pág. 136.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn67" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref67" name="_ftn67" style="mso-footnote-id: ftn67;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[67]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> <span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Ccte.: Parma, ya citado, pág. 1291;
Camadro, ya citada, pág. 395.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn68" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref68" name="_ftn68" style="mso-footnote-id: ftn68;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[68]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Admitiendo la tentativa se expiden
Creus, ya citado, pág. 374; y Aboso, con cita concordante a González Roura (ob.
cit., pág. 853).<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn69" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref69" name="_ftn69" style="mso-footnote-id: ftn69;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[69]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> <span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Cf. Soler, ya citado, pág. 136.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn70" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref70" name="_ftn70" style="mso-footnote-id: ftn70;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[70]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Ob.cit., págs. 1293 y 1294, respectivamente. Cctes.: Creus, ya citado, pág. 374
(indica que es admisible en todos los mismos casos en que lo es el delito de
coacciones); Aboso, ya citado, pág. 854. Creus la admite también en el tercer
supuesto (pág. 376). En contra: Camadro, quien afirma la imposibilidad de
tentativa en las tres figuras del art. 158 (ya citada, págs. 397 y 399).<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn71" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref71" name="_ftn71" style="mso-footnote-id: ftn71;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[71]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> <span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Conti, ya citado, págs. 184 y 185,
respectivamente.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn72" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref72" name="_ftn72" style="mso-footnote-id: ftn72;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[72]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Ob.cit., pág. 1293.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn73" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref73" name="_ftn73" style="mso-footnote-id: ftn73;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[73]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Ob.cit., pág. 137.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn74" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref74" name="_ftn74" style="mso-footnote-id: ftn74;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[74]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Advierto que este punto divide a la doctrina nacional. Para algunos solo puede
ser sujeto activo un comerciante o un industrial, que son quienes pueden
desviar la clientela ajena en provecho propio; para otros, como se afirma en el
texto principal, puede serlo también quien realiza la actividad típica para
instalar o usufructuar un comercio o industria. Buompadre individualiza en el
primer grupo las opiniones de Fontán Balestra, Soler, Gómez, Di Renzi y
Estrella-Godoy Lemos; y en el segundo las de Creus, Núñez y Breglia Arias-Gauna
(ob.cit., pág. 223).<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn75" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref75" name="_ftn75" style="mso-footnote-id: ftn75;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[75]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> <span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Cf. Terragni, ya citado, pág. 560.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn76" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref76" name="_ftn76" style="mso-footnote-id: ftn76;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[76]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Ob.cit., pág. 1296.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn77" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref77" name="_ftn77" style="mso-footnote-id: ftn77;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[77]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Ob.cit., pág. 139.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn78" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref78" name="_ftn78" style="mso-footnote-id: ftn78;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[78]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Así, Soler, ya citado, pág. 139.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn79" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref79" name="_ftn79" style="mso-footnote-id: ftn79;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[79]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Ccte.: Conti, ya citado, pág. 185. Ccte.: Donna, en cuanto enfatiza que la mera
exaltación o bondad de un producto, aun con el fin de desviar la clientela, no
tipifica el delito, ni tampoco el afirmar que su producto es mejor que el otro.
En su parecer el núcleo del tipo penal está en que lo que se trata de atraer es
al público que compra y no a la clientela del negocio, con lo cual la
deslealtad no se refiere a la clientela sino al negocio (ob.cit., pág. 397).<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn80" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref80" name="_ftn80" style="mso-footnote-id: ftn80;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[80]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Cf. Aboso, ya citado, págs. 856/857.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn81" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref81" name="_ftn81" style="mso-footnote-id: ftn81;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[81]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Cf. Soler, ya citado, pág. 140; Aboso, ya citado, pág. 857. Cctes.: lo
caracterizan como delito de peligro Carlos Cruz (ya citado, pág. 889) y
Jorgelina Camadro (ya citada, pág. 402). Buompadre recuerda la opinión en
contrario de Creus, que critica por entender que el ejemplo (imprimir
propaganda desleal que no llega a difundirse porque se accidenta el rodado que
la distribuía) sería un caso de delito consumado (ob.cit., pág. 224).<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn82" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref82" name="_ftn82" style="mso-footnote-id: ftn82;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[82]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Cf. Aboso, ya citado, pág. 856.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn83" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref83" name="_ftn83" style="mso-footnote-id: ftn83;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[83]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
La Comisión Redactora fue designada por Res. 303/04 del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de la Nación y su trabajo presentado en 2006.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn84" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref84" name="_ftn84" style="mso-footnote-id: ftn84;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[84]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Art. 148: Será reprimido con prisión
de seis (6) meses a tres (3) años y multa de diez (10) a cuatrocientos (400)
días-multa, siempre que no se tratare de un delito más severamente penado, el
que mediante engaño, abuso de una situación de necesidad o actos simulados,
contrate trabajadores en forma clandestina o en condiciones que perjudiquen,
supriman o restrinjan sus derechos.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn85" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref85" name="_ftn85" style="mso-footnote-id: ftn85;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[85]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Art. 149: Será reprimido con prisión
de un (1) mes a un (1) año el trabajador que ejerciere violencia sobre otro
para compelerlo a tomar parte en una huelga o boycott.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn86" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref86" name="_ftn86" style="mso-footnote-id: ftn86;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[86]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Art. 150: La misma pena sufrirá el
patrón, empresario o empleado que, por sí o por cuenta de alguien, ejerciere
coacción para obligar a otro a tomar en un lock-out y a abandonar o ingresar a
una sociedad obrera o patronal determinada.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn87" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref87" name="_ftn87" style="mso-footnote-id: ftn87;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[87]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Cf. <span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">AAVV <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“Anteproyecto de ley de reforma y actualización integral del Código
Penal de la Nación”</i>, ed. Ediar/AAPDP, presentado por Luigi Ferrajoli,
Bs.As., 2007,</span><span lang="ES"> </span>pág. 96.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;">El art. 205 dice: Será
reprimido con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años y de treinta (30) a
quinientos (500) días-multa, el que, abusando de una posición de dominio total
o parcial del mercado, o mediante acuerdos con otras personas o empresas,
dificultare, impidiere o distorsionare la competencia, mediante alguna de las
modalidades siguientes:<o:p></o:p></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;">a) La imposición en forma
directa o indirecta del precio de venta de bienes o servicios;<o:p></o:p></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;">b) La imposición de
condiciones especiales para las transacciones, o la subordinación de las
conclusiones de los contratos a la aceptación de prestaciones, o de operaciones
comerciales suplementarias, que por su naturaleza y según las prácticas
usuales, no guarden relación con el objeto de los contratos;<o:p></o:p></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;">c) La imposición de obligaciones
de producir, distribuir o comercializar una cantidad limitada de bienes, o la
prestación de un número restringido de servicios o la imposición de
limitaciones al desarrollo técnico o las inversiones;<o:p></o:p></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;">d) El reparto de los
mercados o de las áreas de suministro o de aprovisionamiento;<o:p></o:p></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;">e) La imposición de
condiciones discriminatorias injustificadas para la enajenación de bienes o
servicios.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;">Se aplicará de diez (10) a
ciento veinte (120) días-multa al que, por maquinaciones fraudulentas,
sospechas malévolas o cualquier medio de propaganda desleal, tratare de
desviar, en su provecho, la clientela de un establecimiento comercial o
industrial.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn88" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref88" name="_ftn88" style="mso-footnote-id: ftn88;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[88]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Cf. </span>“Anteproyecto…”, ya
citado, <span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">pág. 84.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn89" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref89" name="_ftn89" style="mso-footnote-id: ftn89;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[89]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> <span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Cruz, ya citado, pág. 845.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn90" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref90" name="_ftn90" style="mso-footnote-id: ftn90;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[90]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Art. 124. Contrataciones y condiciones laborales ilegales.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;">1. Será reprimido con
prisión de seis (6) meses a tres (3) años y multa de diez (10) a doscientos
(200) días, el que mediante engaño, abuso de una situación de vulnerabilidad o
actos simulados, contratare a una o más personas en forma clandestina,
imponiéndoles condiciones de trabajo que afectaren gravemente su dignidad. <o:p></o:p></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;">2. En la misma pena
incurrirá el que aprovechare económicamente el trabajo de un menor de diez y
seis años, en violación de las normas que prohíben el trabajo infantil. No será
punible el padre, madre, tutor o guardador del menor.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;">3. Será penado con pena de
multa de quince (15) a ciento ochenta (180) días, el que omitiere proveer a sus
trabajadores de los medios necesarios para ejercer su actividad en las
condiciones de seguridad y salud que impusieren las leyes o reglamentos.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;">4. Será penado con multa de
treinta (30) a ciento ochenta (180) días e inhabilitación de uno (1) a cinco
(5) años, el funcionario, profesional o cualquier otro que tuviere el deber
legal de control y vigilancia del cumplimiento de las normas a que se refieren
los tres incisos precedentes, y que hubieren ocultado o tolerado los hechos
allí descriptos.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;">5. Las personas jurídicas
podrán ser sancionadas por los delitos previstos en este artículo, en los
términos del presente Código.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn91" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref91" name="_ftn91" style="mso-footnote-id: ftn91;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[91]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Cf. AAVV <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“Anteproyecto de Código Penal de
la Nación”</i>, Infojus, Bs.As., 2014, pág. 195. Julio Castro destaca este
aspecto: no se trata de penalizar el derecho laboral, sino de proteger la
dignidad de la persona cuando la contratación la ofende, frente a sus
necesidades (en su trabajo <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“Delitos
contra la libertad”</i>, pub. en “Revista de Derecho Penal”, E.A. Donna director,
Rubinzal-Culzoni editores, Bs.As./Sta.Fe, número extraordinario 2014 “El
Anteproyecto de Código Penal de 2013”, pág. 367).<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn92" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref92" name="_ftn92" style="mso-footnote-id: ftn92;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[92]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Resalta Zaffaroni que se mantuvo la exclusión de responsabilidad de padre,
madre, tutor o guardador para evitar se desvirtúe el sentido de la prohibición
y se termine criminalizando la pobreza (texto citado, pág. 195).<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn93" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref93" name="_ftn93" style="mso-footnote-id: ftn93;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[93]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
La delimitación de sujetos activos es amplia, va más allá del funcionario e
incluye profesionales u otros con deber legal de control y vigilancia.
Zaffaroni ejemplifica con el caso del médico de la empresa o de una<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>ART (ob.cit., pág. 196).<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn94" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref94" name="_ftn94" style="mso-footnote-id: ftn94;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[94]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Carlés fue Secretario de la Comisión Redactora. La cita corresponde a su
trabajo <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“Presentación de la obra”</i>,
pub. en AAVV “Anteproyecto de Código Penal de la Nación. Aportes para un debate
necesario”, Zaffaroni-Carlés directores, Bailone coordinador, ed. La Ley,
Bs.As. 2014, pág. XXVIII.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn95" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref95" name="_ftn95" style="mso-footnote-id: ftn95;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[95]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Gallo, en su trabajo <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“Necesidad de un
tipo penal de riesgos laborales en el Código Penal Argentino”</i>, pág. 3, pub.
en la revista digital “Pensamiento Penal”, disponible desde febrero de
2018<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>en: <a href="https://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2018/02/doctrina46259.pdf">https://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2018/02/doctrina46259.pdf</a>
<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn96" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref96" name="_ftn96" style="mso-footnote-id: ftn96;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[96]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Puede consultarse el texto en AAVV “Anteproyecto…”, <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>ed. La Ley, ya citado, pág. 1602.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn97" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref97" name="_ftn97" style="mso-footnote-id: ftn97;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[97]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Ob.cit., pág. 1286.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn98" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref98" name="_ftn98" style="mso-footnote-id: ftn98;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[98]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Cf. Carlos Cruz, ya citado, pág. 850.<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn99" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref99" name="_ftn99" style="mso-footnote-id: ftn99;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[99]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Buompadre, ya citado, pág. 221.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn100" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref100" name="_ftn100" style="mso-footnote-id: ftn100;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[100]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Art. 168: Distorsión de la
competencia. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">1. Será penado con prisión de seis (6) meses a
tres (3) años y de treinta (30) a trescientos sesenta (360) días de multa, el
que abusando de una posición de dominio, o mediante acciones concertadas entre
competidores, impidiere o distorsionare la competencia en un mercado, de modo
que pueda resultar perjuicio para el interés económico general, con acciones
dirigidas a:<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">a) Fijar precios de bienes o servicios.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">b) Restringir la oferta o la demanda de bienes o
servicios.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">c) Repartir mercados o áreas de suministro o de
aprovisionamiento de bienes o servicios.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">d) Imponer condiciones diferenciales no habituales
para la enajenación de bienes o la prestación de servicios.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">2. Las mismas penas se impondrán al que concertare
o coordinare posturas en licitaciones o concursos.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn101" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref101" name="_ftn101" style="mso-footnote-id: ftn101;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[101]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Cf. Zaffaroni, antes citado, pág.
224.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn102" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref102" name="_ftn102" style="mso-footnote-id: ftn102;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[102]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Cf. AAVV <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“Proyecto de Código Penal de la
Nación 2019”</i>, edición digital del SAIJ, Bs.As., 2019, pág. 3. Disponible en
<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><a href="http://www.germangaravano.com/2020/publicaciones/proyecto_codigo-penal.pdf">http://www.germangaravano.com/2020/publicaciones/proyecto_codigo-penal.pdf</a>
<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn103" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref103" name="_ftn103" style="mso-footnote-id: ftn103;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[103]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
ARTÍCULO 420.- Se impondrá prisión de UN (1) mes a UN (1) año, al que
compeliere a otro a tomar parte en una huelga o boicot, o impidiere el
ejercicio de ese derecho, siempre que el hecho no importare un delito más
severamente penado.<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn104" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref104" name="_ftn104" style="mso-footnote-id: ftn104;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[104]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
ARTÍCULO 421.- Se impondrá prisión de UN (1) mes a UN (1) año, al que, por sí o
por cuenta de otra persona, ejerciere coacción para obligar a otro a tomar
parte de un lock-out, o, a abandonar o ingresar a una sociedad obrera o
patronal determinada, siempre que el hecho no importare un delito más
severamente penado.<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn105" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref105" name="_ftn105" style="mso-footnote-id: ftn105;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[105]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Cf. “Exposición de motivos”, ya citada, pág. 172.<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn106" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref106" name="_ftn106" style="mso-footnote-id: ftn106;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[106]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
ARTÍCULO 422.- Se impondrá prisión de SEIS (6) meses a TRES (3) años y SEIS (6)
a TREINTA Y SEIS (36) días-multa, siempre que no importe un delito más
severamente penado, al que contratare a una persona en forma clandestina y lo
sometiere a condiciones de trabajo que afectaren gravemente su dignidad.<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn107" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref107" name="_ftn107" style="mso-footnote-id: ftn107;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[107]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
ARTÍCULO 423.- Se impondrá prisión de 1 (UNO) a CUATRO (4) años y DOCE (12) a
CUARENTA Y OCHO (48) días-multa, al que aprovechare económicamente el trabajo
de una persona menor de DIECISÉIS (16) años, en violación de las normas que
prohíben el trabajo infantil, siempre que el hecho no importe un delito más
severamente penado.<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn108" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref108" name="_ftn108" style="mso-footnote-id: ftn108;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[108]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Ya citada, págs. 172/173. <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Se agrega que
por art. 17 de la última ley mencionada se sustituyó el art. 107 de la Ley
22.248, que dice: <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“Queda prohibido el
trabajo de las personas menores de dieciséis (16) años, cualquiera fuere la
índole de las tareas que se pretendiere asignarles. Las personas mayores de
catorce (14) años y menores a la edad indicada en el artículo anterior podrán
ser ocupados en explotaciones cuyo titular sea su padre, madre o tutor, en
jornadas que no podrán superar las 3 horas diarias, y las quince (15) horas
semanales, siempre que no se trate de tareas penosas, peligrosas y/o
insalubres, y que cumplan con la asistencia escolar. La explotación cuyo
titular sea el padre, la madre o el tutor del trabajador menor que pretenda
acogerse a esta excepción a la edad mínima de admisión al empleo, deberá
obtener autorización de la autoridad administrativa laboral de cada
jurisdicción. Cuando, por cualquier vínculo o acto, o mediante cualquiera de
las formas de descentralización productiva, la explotación cuyo titular sea del
padre, la madre o del tutor se encuentre subordinada económicamente o fuere
contratista o proveedora de otra empresa, no podrá obtener la autorización
establecida en esta norma</i>”.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn109" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref109" name="_ftn109" style="mso-footnote-id: ftn109;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[109]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Ya citada, pág. 174.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn110" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref110" name="_ftn110" style="mso-footnote-id: ftn110;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[110]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
ARTÍCULO 424.- Se impondrá prisión de SEIS (6) meses a DOS (2) años o SEIS (6)
a VEINTICUATRO (24) días-multa, siempre que el hecho no importare un delito más
severamente penado, al que en el ámbito de una relación laboral o contractual,
y prevaliéndose de su situación de superioridad, realizare contra otra persona,
en forma reiterada, actos hostiles o humillantes orientados a que deje su
puesto de trabajo, renuncie a condiciones o pretensiones laborales legítimas o
deba realizar o tolerar conductas indeseadas.<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn111" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref111" name="_ftn111" style="mso-footnote-id: ftn111;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[111]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Cf. AAVV <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“Proyecto…”</i>, ya citado, pág. 243.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn112" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref112" name="_ftn112" style="mso-footnote-id: ftn112;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[112]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
ARTÍCULO 425.- Se impondrá la pena establecida en el artículo 106, al empleador
autoasegurado o al integrante de una A.R.T. o compañía de seguros de retiro que
incumpliere las prestaciones de asistencia médica y farmacéutica a su cargo.<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn113" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref113" name="_ftn113" style="mso-footnote-id: ftn113;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[113]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
ARTÍCULO 426.- Se impondrá prisión de SEIS (6) meses a CUATRO (4) años, al
empleador que omitiere abonar o declarar el pago de las cuotas correspondientes
al régimen de la Ley N° 24.557.<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn114" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref114" name="_ftn114" style="mso-footnote-id: ftn114;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[114]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
ARTÍCULO 427.- Se impondrá prisión de DOS (2) a SEIS (6) años, al empleador
autoasegurado o el integrante de una Aseguradora de Riesgo de Trabajo o
compañía de seguros de retiro que incumpliere las prestaciones dinerarias a su
cargo, o los aportes a fondos creados por la Ley N° 24.557.<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn115" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref115" name="_ftn115" style="mso-footnote-id: ftn115;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[115]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
ARTÍCULO 428.- Los delitos tipificados en los artículos 426 y 427 se
configurarán cuando el obligado no diere cumplimiento a los deberes aludidos
dentro de los QUINCE (15) días corridos de intimado a ello en su domicilio
legal.<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn116" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref116" name="_ftn116" style="mso-footnote-id: ftn116;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[116]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
ARTÍCULO 429.- Se aplicará multa de UNO (1) a QUINCE (15) días-multa, al que
omitiere proveer a sus trabajadores de los medios necesarios para ejercer su
actividad en las condiciones de seguridad y salud que impusieren las leyes o
reglamentos.<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn117" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref117" name="_ftn117" style="mso-footnote-id: ftn117;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[117]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
ARTÍCULO 430.- Se impondrá de DOS (2) a TREINTA (30) días-multa e
inhabilitación especial de UNO (1) a TRES (3) años, al funcionario,
profesional, representante gremial o cualquier otra persona que tuviere el
deber legal de control y vigilancia del cumplimiento de las normas a que se
refieren los artículos 422, 423 y 429, y que hubieren ocultado o tolerado los
hechos allí descriptos.<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn118" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref118" name="_ftn118" style="mso-footnote-id: ftn118;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[118]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Texto citado, pág. 175.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn119" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref119" name="_ftn119" style="mso-footnote-id: ftn119;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[119]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Ya citados, pág. 244.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn120" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref120" name="_ftn120" style="mso-footnote-id: ftn120;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[120]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Gallo, antes citada, págs. 19/20. Su propuesta de inserción de un delito de
peligro es la siguiente:<o:p></o:p></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><i style="mso-bidi-font-style: normal;">“1.°. El
empresario, la persona en quien este delegue o quien de hecho organice una
actividad laboral en la que intervengan trabajadores por cuenta ajena, que
contrariando las disposiciones legales, reglamentarias y de convenios
colectivos de trabajo homologados sobre prevención de riesgos laborales,
imponga condiciones peligrosas de trabajo referidas a las características
ambientales, de edificación, procesos y organización; a la falta de adecuación
de la tarea asignada a los rasgos personales del trabajador; al incumplimiento
de la colocación de protecciones de maquinarias, instalaciones y alturas; al
incumplimiento del suministro de equipos de protección personal y a la ausente
o insuficiente formación e información de los trabajadores sobre prevención de
riesgos, que sean susceptibles de afectar gravemente la salud y vida de estos,
sufrirá la pena de 1 a 4 años de prisión cuando se trate de un peligro común y
de 1 a 3 años de prisión, cuando el peligro sea individual. <o:p></o:p></i></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;">2.°. Cuando el trabajador haya sido expuesto reiteradamente al peligro
de contraer una enfermedad laboral grave, la pena será de 1 a 2 años de
prisión.<o:p></o:p></i></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;">3.°. Cuando las conductas descriptas en los apartados 1.° y 2.° se
lleven a cabo en perjuicio de uno o más trabajadores informales, los máximos de
las penas allí previstas se elevarán en un año más de prisión. <o:p></o:p></i></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;">4.°. El empresario que organizando inadecuadamente la supervisión de la
competencia delegada, favorezca que el delegado incurra en el supuesto
descripto en el apartado 1.º o no vigile que los trabajadores cumplan con las
medidas de prevención, generando la conducta de este, lesión(es) o muerte(s) de
algún(os) trabajador(es), sufrirá la pena prevista para el autor de esos
delitos, sin perjuicio de la pena correspondiente al delegado. Cuando el
favorecimiento del empresario haya sido imprudente, la pena se disminuirá de un
tercio a la mitad”</i>.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn121" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref121" name="_ftn121" style="mso-footnote-id: ftn121;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[121]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Su texto: “ARTÍCULO 300… </span>2.
Se aplicará de DOCE (12) a SETENTA y DOS (72) días-multa, al que, por
maquinaciones fraudulentas, sospechas malévolas o cualquier medio de propaganda
desleal, tratare de desviar, en su provecho, la clientela de un establecimiento
comercial o industrial”.<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn122" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref122" name="_ftn122" style="mso-footnote-id: ftn122;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[122]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Ob.cit., pág. 4.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn123" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref123" name="_ftn123" style="mso-footnote-id: ftn123;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[123]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Ccte.: Buompadre, en cuanto sostiene
que la incriminación de conductas que tienen incidencia en el seno de una
relación laboral o que comprometen seriamente el ejercicio de ciertos derechos
como la huelga o la libertad sindical <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“deriva
del reconocimiento legislativo a la permanente lucha del trabajador por mejorar
o dignificar las condiciones del trabajo, mediante el instrumento más coactivo
con que cuenta el Estado para lograr esta finalidad: el derecho penal” </i>(ob.cit.,
pág. 219).<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn124" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText"><a href="file:///F:/facultad/DELITOS%20CONTRA%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES.docx#_ftnref124" name="_ftn124" style="mso-footnote-id: ftn124;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[124]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Cf. su trabajo <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“Necesidad de un tipo penal
de riesgos laborales en el Código Penal Argentino”</i>, pub. en la revista
digital “Pensamiento Penal”, disponible desde febrero de 2018<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>en: <a href="https://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2018/02/doctrina46259.pdf">https://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2018/02/doctrina46259.pdf</a>
<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></p>
</div>
</div>marcelo riquerthttp://www.blogger.com/profile/01710761252058632337noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8847762969779010562.post-42802462754102312402022-10-06T05:06:00.002-07:002022-10-06T05:06:45.136-07:00PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y HABILITACION DE JUICIO POR LA VERDAD DELITO SEXUAL<p>PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN DELITO CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL - HABILITACIÓN DE JUICIO POR LA VERDAD </p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><br /></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><br /></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;">Causa Nro.
35077, "TOBIO JUAN CARLOS S/ ABUSO SEXUAL - IPP 2689-21 -".<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;">///n la
ciudad de Mar del Plata, a los 23 días del mes de mayo del año dos mil
veintidós, se reúne la Sala I° de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en
lo Penal, en acuerdo ordinario -integrada en los términos del art. 440 del
CPP.-, con el objeto de dictar sentencia en los autos caratulados "TOBIO
JUAN CARLOS S/ ABUSO SEXUAL - IPP 2689-21 -"; y habiéndose practicado
oportunamente el sorteo de ley, resultó del mismo que la votación debía
realizarse en el orden siguiente: Señores Jueces Marcelo A. Riquert y Esteban
I. Viñas. De las constancias a la vista;<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>RESULTA:<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>1. Que abre la jurisdicción de este
tribunal el recurso de apelación deducido por María de los Angeles Tobio, en condición
de víctima y denunciante, con el patrocinio letrado del Dr. César Sivo, contra
la resolución dictada por el Sr. Juez de Garantías, Dr. Saúl Roberto
Errandonea, en la que dispuso:<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>"I.-HABILITAR la REVISIÓN del archivo incoada por la Sra. María de
los Angeles Tobio, NO HACIENDO LUGAR a la pretensión de la denunciante de autos
(art. 18 de la CN, 2 "a contrario" del CP, y 62 del CPP). II.
NOTIFICAR a la Fiscalía General la resolución recaída para que, en función de
las conclusiones expuestas en los considerandos, adopte las medidas para, en
casos como el presente, asegure la dotación de 'una adecuada estructura
funcional especializada para abordar los mismos', y la concurrencia y
derivación a los 'gabinetes de investigación policial capacitados particularmente
para intervenir en esos delitos' -como se afirma en la IG19/21-". <o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>2. El Dr. Sivo, en el carácter
indicado, al fundar el recurso deducido, luego de historiar los hechos
denunciados y los pasos procesales dados hasta el dictado del resolutorio puesto
en crisis, señala dos motivos de agravio centrales: el primero relativo a la
prohibición de aplicación retroactiva de la ley penal, y el restante,
relacionado a la obligación estatal de investigar e impulsar el proceso
comprobatorio de la realidad material bajo la luz del marco normativo
internacional.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>En esa dirección, sostiene como
primer agravio concreto, la indebida utilización del instituto de la
prescripción penal y la aplicación retroactiva del art. 67 del CP. Cita en este
sentido, un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, del 22-3-2016,
"A., J. s/ rec. de casación", otro de igual tenor del Tribunal
Superior de San Luis y de la Sala 2 de esta Alzada (C. 32822), en lo cuales
se<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>afirmó que frente a la contraposición
de estos derechos (el del imputado a ser sometido a un debido proceso con
relación ala prescripción y el de la víctima a transitar un proceso penal en
contra de su abusador y alcanzar una sentencia condenatoria), la solución es
-como consecuencia de la interpretación armónica de la Constitución Nacional, a
la luz de la normativa internacional-constitucional ya vigente a la fecha de
los hechos- la que se corresponde con el adecuado compromiso asumido por el
Estado Nacional en relación a la salvaguarda del Interés Superior del Niño y a
la erradicación y sanción de toda violencia contra la mujer, asegurando el
acceso efectivo a procedimientos legales, justos y eficaces para la mujer que
haya sido sometida a violencia. En pos de ello, se entendió que la acción penal
no estaba prescripta.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>De allí que alega que la resolución
apelada no se basó en la aplicación "objetiva y criteriosamente
coherente" del derecho que se estima aplicable, sino en la decisión del
Juez de vaciar de toda posibilidad la aplicación retroactiva de la ley penal, ciñéndose
a la seguridad jurídica y al principio de legalidad.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Destaca que el Juez ha desestimado
cualquier posibilidad de aplicación retroactiva de una ley con suma
operatividad y aplicación al caso, omitiendo considerar precedentes
jurisprudenciales que desarrolla más adelante; y que se ha ignorado que aún
cuando estuviere prescripta la acción, debería realizarse la investigación. <o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Pasa a analizar los dos requisitos
conjuntos que deben darse, conforme la redacción actual del art. 67 del CP.
t.o. Ley 27206, para que principie el curso de la prescripción; de conformidad
al cual, la prescripción en el presente caso recién habría comenzado a correr
desde la fecha de la denuncia (29-1-2021). Cita un fallo de esta Cámara dictado
en IPP-24195-17, en el que se indica que las disposiciones de derecho interno
relativas a la prescripción deben ser interpretadas en consonancia con las
normas de derecho internacional que establecen un plus de derechos y una
protección diferenciada para la mujer víctima de violencia y para los niños que
han sido víctimas de delitos.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Invoca las
normas constitucionales-convencionales; y las perspectiva de género necesaria
para resolver la cuestión planteada. Trae a colación el precedente de la Sala II
de esta Alzada, dictado en causa "Litz, Heriberto Oscar s/ abuso
sexual".<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Aclara (con cita de doctrina
especializada) que lo dicho no implica pregonar la imprescriptibilidad de la
acción penal, sino que la clásica concepción sobre el régimen de prescripción
debe integrarse con aquella que contemple las perspectivas de niñez y género,
la real vulnerabilidad de los niños/as y las trabas y dificultades para que
tengan acceso a la justicia. Concretamente, alega que ello conlleva otorgar la
posibilidad a la víctima de abuso sexual infantil de realizar la denuncia una
vez alcanzada la mayoría de edad. De lo contrario, se favorece la impunidad.
Cita fundamentos de la ley 26705 y Opinión Consultiva 17/2002 de la CIDH.,
alegando que esta interpretación es la que otorga mayor operatividad a los
compromisos convencionales asumidos por el país, sin llegar a la declaración de
inconstitucionalidad (invoca jurisprudencia de la CSJN. al respecto).<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Por otra parte, sostiene que la
denunciada restricción de derechos y garantías del imputado debe analizarse a
partir de un doble orden de razones: frente a un presunto interés del adulto,
debe priorizarse el del niño (art. 3.1 CDN., art. 3 Ley 26061); y el deber del
Estado de brindar una efectiva protección judicial en pos de erradicar y
sancionar cualquier tipo de violencia contra la mujer conforme compromiso
internacional asumido (cita Cafferata Nores y jurisprudencia; CSJN., fallo
"Ekmekdjian" y CIDH., caso "Velázquez Rodríguez").<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Concluye así que el planteo de
prescripción no tiene sentido y que conforme redacción actual del art. 67 del
CP., aplicable retroactivamente a la fecha de los hechos, la acción penal se
encuentra plenamente vigente; por lo que solicita se revoque la decisión
cuestionada y se ordene proseguir la investigación según su trámite.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Luego, con relación al segundo
agravio genérico marcado inicialmente, relativo a la errónea interpretación del
Juez de la normativa internacional aplicable y de las obligaciones estatales
que de ella emergen (en cuanto afirmó que de ellas no surge un imperativo de derecho
internacional de los derechos humanos que obligue a los Estados a incorporar
normas de derecho interno sobre las prescripción). Alega que es deber de los
jueces INTERPRETAR las leyes, lo que no significa "crear derecho",
sino una actividad cognoscitiva encaminada a descubrir el sentido de la norma y
adecuarla al ordenamiento en el que se inserta; máxime en casos como el
presente, en el que se trata de una ley limitadora del poder punitivo y que
coloca un valladar al acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Cita doctrina y jurisprudencia en
tal sentido, y afirma que "aún la clausura de la posibilidad de
persecución y castigo penal por aplicación de una regla de prescripción, no
extingue el deber del Estado de proveer vías no penales para establecer lo
sucedido" (el destacado en negro consta en el original). <o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Hace hincapié en el duro proceso
interno que las víctimas de abuso sexual infantil atraviesan desde la comisión
del delito hasta que toman el valor necesario para pedir justicia; y que estos
delitos imponen ponderar el PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, que se
erige como pauta básica de interpretación en el sistema jurídico de la niñez y
que debe imperar en el caso de conflicto de derechos del niño frente a derechos
de otras personas adultas. Agrega que estas consideraciones, a su vez, deben
matizarse con los derechos que se reconocen especialmente a las mujeres. Invoca
art. 3 CDN. y CEDAW, art. 7 incs. b, c y f).<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Por todo ello, reclama se habilite
la investigación de los hechos denunciados, en razón del deber indeclinable del
Estado de investigar, obligación de medios, no de resultados, que debe ser
asumida como un deber jurídico propio y no como una mera gestión de intereses
particulares. Afirma que "debe hacerse una investigación seria, imparcial,
efectiva y estar orientada a la determinación de la verdad y a la persecución,
enjuiciamiento y eventual castigo de los autores de los hechos". Cita
"Castillo González y otros vs Venezuela " y "Bueno Alvez"
de la CIDH.; y el fallo "Funes, Gustavo Javier y otro de la CSJN. <o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Añade que la extinción de la faculta
de perseguir penalmente, no extingue el deber del Estado de brindar efectivas
medidas de protección a la víctima, otorgarle asistencia terapéutica y la
posibilidad de obtener un resarcimiento integral. Cita normas internacionales,
fallo "Funes" del 14-10-2021 y fallo "Llarraz" del 7-6-2018
de la CSJN.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Finalmente agrega que el Juez no
investigó si hubo actos interruptivos de la prescripción, simplemente se obvió
y se resolvió; dato que debe tenerse en cuenta por la calidad de funcionario
policial que revestía el padre de la víctima al momento de los hechos.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Reitera así su petitorio de que se
ordene reabrir el trámite, ordenar la investigación de los hechos y brindar a
la víctima la tutela judicial efectiva de sus derechos. Hace reserva del caso
federal.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>3. Conferida vista en esta instancia
a la Fiscalía Gral. Dptal., a fin de asegurar el contradictorio, se presentó el
Dr. Marcos Pagella propiciando la confirmación de la resolución recurrida. En
tal sentido, luego de reseñar los argumentos desarrollados por el Juez de
grado, afirmó que el pronunciamiento dictado resultado ajustado al derecho
interno -preceptos legales, doctrina y jurisprudencia-, a la Constitución
nacional y a las Convenciones internacionales incorporadas a ella; que no se
han verificado ni alegado en autos actos interruptivos del curso de la
prescripción, la que habría operado el en el año 2009 (por aplicación de la
redacción original del art. 67 del CP., por no resultar aplicables
retroactivamente las normas en su redacción actual); y que no existe vicio
lógico alguno en el pronunciamiento que se apela.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>4. En cumplimiento de los dispuesto
en la Acordada 3946/19 de la SCJBA., el 29-3-2021, la Sra. Actuaria de la Fiscalía
Gral. Dtpla. informó que en el marco de esta IPP-08-00-002689-21/00, verificó
mediante la MEV, que "en el marco de las actuaciones iniciadas a raíz del
hecho denunciado por la Sra. Maria de los Angeles Tobio en el Juzgado de
Familia nro.4 carátula "TOBIO MARIA DE LOS ANGELES C/ TOBIO JUAN CARLOS
FIDEL S/ PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR (LEY 12569)" MP-870-2021
se han dictado medidas de protección y restricción entre el aquí imputado para
con la denunciante y sus hijas TOBIO ZUBIRI ISIS SHARON NICOLE y TOBIO MELODY
ALISON hasta el 2/8/2021" (acompañó en pdf. la resolución respectiva).<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Hallándose en consecuencia en
condiciones de ser resuelta, la Sala resuelve plantear y votar la siguiente
CUESTION:<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>¿Qué pronunciamiento corresponde
dictar?<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>A LA CUESTION PLANTEADA, EL SEÑOR
JUEZ RIQUERT DIJO:<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>I. Lo primero que puede resaltarse
en torno a los planteos que fueran previamente sintetizados es que, en sentido
estricto, no puede hoy decirse que son absolutamente novedosos, ni siquiera
dentro del propio departamento judicial, aunque es la primera vez que la Sala
debe expedirse sobre el particular.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Lo segundo, es que la relativización
de la novedad no viene acompañada de la verificación de respuestas judiciales
con unánime consenso, trátese indistintamente de primera o segunda instancia.
Ante la conflictividad entre los derechos del imputado y los de la víctima, se
advierten propuestas de solución divergentes o, si se trata de órganos
colegiados, resoluciones que han tenido votos en disidencia. Luego de la
discusión en el acuerdo, hemos verificado que, en este caso, podremos actuar en
términos del art. 440 del ritual porque, justamente, media consenso entre ambos
jueces sobre la respuesta que corresponde dar al recurso incoado por María de
los Ángeles Tobio con el patrocinio letrado del Dr. César R. Sivo.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Aquella, puedo anticipar, será la de
dar andamiento favorable a su pretensión con matices que, en última instancia,
provocarían que la recepción sería parcial: siendo que el Juez de Garantías
habilitó la revisión judicial pero no hizo lugar a la solicitud de ordenar se
deje sin efecto el archivo por desestimación de la denuncia dispuesto por el
MPF (punto I), a la vez que dispuso notificar a la Fiscalía General que adopte
medidas para asegurar la dotación de una adecuada estructura funcional para
atender este tipo de casos (punto II), la propuesta que formularé al acuerdo es
la de revocar íntegramente la resolución recurrida, devolviendo el legajo
digital a origen para que: a) verificados todos los presupuestos legales, se
expida sobre la prescripción de la acción penal respecto de los hechos
denunciados siguiendo los parámetros de interpretación que seguidamente serán
explicados; b) en caso de declararse tal prescripción, haga efectivo el derecho
a la tutela judicial efectiva de la denunciante, sin perjuicio de la
imposibilidad de imponer sanciones penales, habilitando judicialmente la
realización de un proceso por la verdad cuya investigación estará a cargo del
M.P.F., permitiendo el eventual esclarecimiento de los hechos denunciados y, de
la mano, una reparación tanto moral como pública de la víctima menor al momento
en que aquellos se habrían perpetrado.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>En lo que sigue, brevemente, se
expondrán las razones que inspiran el decisorio adelantado.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>II. Hay entonces dos cuestiones en
las que se presenta el conflicto entre lo que pretende la denunciante y los
derechos de quien sería imputado (concretado en la postura asumida por quien
tiene el rol de ejercer la acción penal y dirigir la investigación, conforme
esquema de la Ley 11922 y modifs.). Sencillamente, el orden lógico de problemas
lleva a comenzar a partir de la discusión en torno a si la acción penal está
vigente o prescripta. Y ya he anticipado, entiendo que ha sucedido esto último,
aspecto en el que concuerdo con similar afirmación sostenida desde ambas
instancias del Ministerio Público Fiscal y por el Sr. Juez a-quo. Veamos los
motivos de tal conclusión.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>II.a. La recurrente, al expresar
agravios, en la base de su pretensión de aplicación retroactiva del texto
vigente del art. 67 del CP sugiere que, de un lado, está el derecho
constitucional de una víctima especialmente vulnerable de graves delitos a
obtener una sentencia condenatoria en el marco de un proceso justo y, del otro,
el derecho del imputado a estar sometido a un debido proceso que, en el modo
que lo presenta, parece asignarle un rango menor, como si tal debido proceso no
fuera, también, una garantía constitucional (véase el tercer párrafo del punto
III.a. del escrito de recurso). Pero, claro está, lo es en su dimensión formal
pero también material y, desde esta última, comprende, entre otras condiciones
de su vigencia, la prohibición de aplicación retroactiva de la ley penal, salvo
que resultara más favorable al imputado, en función tanto del principio de
legalidad como de reserva, lo que impone un valladar insalvable a la concreción
del poder punitivo del Estado, que se verá impedido de aplicar una pena (cf.
arts. 18 CN, 11 DUDH, 9 CADH y 15 PIDCyP). Baste recordar que la SCBA ha
reconocido que las leyes que regulan la prescripción de las acciones penales
están alcanzadas por el principio de legalidad, entre otras, en causa P.
118546, rta. el 6/5/2015.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>No puede soslayarse que, en su
esfuerzo por delinear un agravio sobre este punto, la parte recurrente se
centra en forma casi exclusiva en brindar una interpretación sobre el actual
texto del art. 67 del CP que le permita salvar que, de ser aplicable (que no lo
es), desde que la denunciante cumplió los 18 años de edad (el 29 de julio de
2003), pasaron más de 12 años antes de que formulara su denuncia (acontecida el
29 de enero de 2021), cuando ya alcanzara los 34 años de edad. Si el plazo de
prescripción comienza su cuenta a partir de que la víctima cumple 18 años (lo
que daría una “ventana” que se extendería hasta que llegara a los 30 años de
edad) o si, como postula la incidentista, es condición aditiva que formule la
denuncia y sólo después de esta comenzará a correr el plazo (con lo que estaría
“suspendido” el término mientras la víctima, alcanzada la mayoría de edad,
estuviera viva), es una cuestión que viene generando ardua disputa en la
doctrina (cf. Fabián L. Riquert, “Control de convencionalidad y prescripción de
la acción penal”, Hammurabi, Bs.As., 2020, pág. 170 y ss.), sobre la que no es
ahora de interés expedirse en función de lo ya expresado: porque no puede
aplicarse el texto vigente, que es de 2015, respecto de hechos que habrían
acontecido entre 1989 y 1997, es decir, al menos, 18 años antes.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>II.b. El Juez de Garantías, que
incorpora en su análisis también a una modificación intermedia del art. 67 del
digesto sustantivo (la introducida en 2011 por vía de la Ley 26705, luego
derogada por la Ley 27206), explica correctamente las razones que llevaron al
legislador a cambiar el texto originario y que se vinculan a las obligaciones
convencionales internacionales asumidas por nuestro país tanto en materia de
derechos del niño como para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres (cf. leyes 23948/90, que incorpora al derecho interno la CDN de
Naciones Unidas, y 24632/96, que hace lo mismo respecto de la “Convención de
Belem do Pará”). También es adecuada su explicada conclusión sobre la
imposibilidad de su aplicación retroactiva, en la inteligencia que, además de
lo allí mencionado, la cuestión del ámbito temporal de vigencia de la ley penal
no se resuelve sólo a partir de lo que prevén los arts. 2 del CP y 5 del CCCN,
sino en función de lo que imponen los citados arts. 18 de la CN (principio de
legalidad), así como los arts. 11 DUDH, 9 CADH y 15 PIDCyP, instrumentos que
integran el sistema internacional tutelar de los derechos humanos y que gozan
de similar jerarquía según el art. 75 inc. 22 de nuestra Carta Magna.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Es importante no perder de vista
esto porque entiendo que no se trata de que la reforma del art. 67 del CP se
motiva en principios jurídicos fundamentales que ya estaban vigentes en el
momento de los hechos, singularmente en la CDN (principio del interés superior
del niño) y la Convención de Belem do Pará (la violencia contra la mujer
constituye una violación de los derechos humanos), reglamentados tardíamente, y
eso permita, sin más, entender la acción vigente a partir de su retroactividad
(así pareciera desprenderse del precedente citado por la recurrente: causa Nro.
31471 “Litz”, de la Sala 2 de esta misma Cámara, rta. el 1/10/2018, voto
mayoritario de los jueces Angulo y Dominella; en igual sentido, Sala IV de la
CAyGP de La Plata, causa 30180 “Ruvitoso”, jueces Argüero y Oyhamburu, marzo de
2019), sino que el principio de legalidad en toda su extensión (que incluye el
principio de ultractividad de la ley penal más benigna y el derecho a ser
juzgado en un plazo razonable) también lo estaba (vigente) y es otro de
idéntica jerarquía, entonces, con el que se plantea el conflicto en torno a la
prescripción.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Teniendo en cuenta esto, estimo que
está fuera de discusión que en el complejo sistema convencional
“constitucionalizado” en 1994 se reconocen para víctimas vulnerables por
razones etarias y de género prerrogativas especiales (es más, forman el núcleo
en que se apoya el tratamiento del segundo agravio). Pero, si a partir de ellas
se quiere excepcionar el amparo que proporciona otro derecho
constitucionalmente garantizado, no puede hacérselo en base a una interpretación
extensiva contra reo de criterios asentados referidos a situación diversa. Me
refiero a que, cuando los organismos que tornan operativa la CADH han
habilitado como excepción la imprescriptibilidad, no lo han hecho para delitos
ordinarios (que, ciertamente, pueden ser conmocionantes), sino para aquellos
que encuadran como las más graves violaciones de derechos humanos en términos
del derecho internacional y otras en las que, sin categorizar en forma directa
como “de lesa humanidad”, llevan por nota distintiva su realización por un
agente estatal (entre otros precedentes de la CorteIDH, puede verse el conocido
caso “Barrios Altos vs. Perú”, rto. el 14/03/2001; “Bulacio vs. Argentina”,
rto. el 6/3/2003; “Albán Cornejo y otros vs. Ecuador”, rto. el 22/11/2007). En
el caso que nos ocupa, si bien el padre de la víctima (uno de los familiares
directos abusadores, según se denuncia), se ha indicado era policía, los
reiterados hechos de violencia intrafamiliar sexual no guardarían relación
funcional por lo que el requerimiento de la doctrina de la CorteIDH no se
verificaría.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>II.c. Así, retomo, en síntesis, la
consagración constitucional del principio de “extractividad” de la ley penal
más benigna (es decir, comprensivo tanto de la retroactividad como la ultractividad),
es la que guía la determinación de la ley aplicable (por una explicación
amplia, remito a la expuesta en AAVV “Código Penal de la Nación. Comentado y
Anotado”, ed. Erreius, Bs.As., 2018, comentario al art. 2, págs. 22/32; antes,
en “Extractividad de la ley penal más benigna en relación a las leyes penal
tributarias Nros. 23.771 y 24.769”, pub. en “Doctrina Tributaria”, Errepar,
Nro. 223 de octubre de 1998, T. XIX, págs. 510/525). Si se conecta entonces el
principio de legalidad con el de extractividad, no puede soslayarse que hoy día
cuando se habla de “ley” en términos del primero, esta expresa más que la
enunciación del tipo y de la pena correspondiente. Así, Zaffaroni, Alagia y
Slokar, contestan al interrogante sobre qué debe entenderse por ley más benigna
indicando que por tal debe tomarse a aquella que habilita un menor ejercicio
del poder punitivo. En otras palabras, ello sucede cuando la comparación de los
textos legales implicados permite concluir que con relación al caso planteado
uno de ellos favorece la situación del sujeto activo. Y esto puede ocurrir
desde varias perspectivas: incluir mayores exigencias o recaudos en la
descripción de la conducta prohibida; agregar nuevas causas de justificación o
de inculpabilidad, reemplazar una pena por otra menos gravosa para la persona;
disminuir el monto de la pena, en el caso de penas graduables en tiempo o
dinero; acortar el plazo de prescripción de la acción penal; etc. (el resaltado
es personal). Desde esta perspectiva, una recta interpretación de este
principio exige aplicar la ley más benigna de entre todas las que han regido el
caso desde que se cometió el delito hasta que el momento en el que se
extinguieron o agotaron todos los efectos de la sentencia condenatoria (en su
obra “Derecho Penal. Parte General”, Ediar, Bs.As., 2000, pág. 115).<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>En la misma dirección, coincide en
que la idea de ley penal no se agota en precepto y sanción Yacobucci, quien nos
dice que “se dilata como garantía a la comprensión de reglas e instituciones
que de algún modo relevante se refieren a la determinación del injusto, a los
presupuestos de la responsabilidad y a la aplicación de las cargas previstas,
incluidas las que son propias de la ejecución de las sanciones y aquellos
efectos subsistentes de las consecuencias del ilícito” (cf. su obra “El sentido
de los principios penales”, ed. BdeF, Montevideo/Buenos Aires, 2014, pág. 393).
Recuerda asimismo el autor citado, refiriendo a Fallos 287:76, que la CSJN
sostiene como doctrina constante que “el instituto de la prescripción cabe sin
duda alguna en el concepto de la ley penal, desde que ésta comprende no solo el
precepto, la sanción, la noción del delito y la culpabilidad, sino todo el
complejo de las disposiciones ordenadoras del régimen de exclusión de la
pretensión jurídica” (ob.cit., pág. 393; ccte. en la remisión a la referida
causa “Miras” como doctrina jurisprudencial del máximo tribunal, la Sala I del
TCPBA –jueces Carral y Maidana-, en causa N° 97344, “Ruvituso”, rta. el
26/12/2019, reg. N° 1273/19).<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Quedan explícitas así las razones
por las que no puede hacerse lugar a la pretensión de vigencia de la acción
penal requerida por la recurrente ya que la aplicación retroactiva del texto
del art. 67 del CP reformado por Ley 27206 quebrantaría los principios de legalidad
y ultractividad de la ley penal más benigna (ccte.: Bruno Strassera, en “El
debilitamiento del principio de legalidad”, pub. en “Revista Derechos en Acción
(Re-DeA)”, Pronto Gráfica, La Plata, año 2, N° 5, 2017, pág. 336). En forma
reciente se ha expedido la SCBA señalando que la declaración de prescripción de
la acción penal por sí misma no evidencia violación de los deberes del Estado
en caso similar, indicando que el recurrente debió, al menos, vincular el
régimen legal de ejercicio y extinción de la acción penal dependiente de
instancia privada aplicado con las particularidades de lo acontecido y dar
motivos suficientes que demuestren que el plazo legal de doce años desde la
comisión de los hechos no configuró un medio legal razonable para que el Estado
pueda actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la
violencia contra la mujer (P. 135109, sent. del 23/2/2022, voto del Dr. Soria
con adhesión de los Dres. Torres, Kogan y Genoud).<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Desde la perspectiva explicada,
implícitamente habría una suerte de parcial confirmación del auto atacado en
cuanto su rechazo de la pretensión de la denunciante se ciñó a entender que la
desestimación por parte del MPF se debió a que está “prima facie” extinta por
prescripción la acción penal (arts. 59 inc. 3° del CP y 323 inc. 1° del CPP),
aun cuando no cerró tal control jurisdiccional con la correspondiente
declaración, tras verificar todos los presupuestos de su operatividad en
función de la ley aplicable, que es la vigente al momento de los hechos. Esto
deberá hacerse tras la devolución del legajo a origen, bajo premisa de no
perder la posibilidad del doble conforme respecto de lo que aún no se ha
corroborado.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>III. Sin embargo, se aclaró, ello no
derivará sin más en que no pueda vehiculizarse el derecho de la denunciante a
la “tutela judicial efectiva” que, bien critica en su escrito en tratamiento,
no puede encontrarse satisfecha con la simple recomendación al MPF para que en
futuros casos se brinde una mejor contención a la victima de estos delitos
(punto II de la parte dispositiva del auto recurrido).<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>En este sentido, comparto la
orientación que marca con ilustrados votos la Sala 3 de la Cámara Nacional de
Casación en lo Criminal y Correccional (jueces Jantus, Magariños y Huarte
Petite –con disidencias parciales-), en complejo resolutorio por el que por
mayoría integrada por los Dres. Magariños y Huarte Petite se rechazó el pedido
de aplicación retroactiva del art. 67 del CP conforme Ley 27206, mientras que
por mayoría compuesta por Jantus y Huarte Petite se dispuso “…III. HABILITAR a
quienes se presentan como víctimas en el caso a que puedan acceder en este
proceso a la determinación de la verdad de los hechos que denuncian, instando
la producción de las medidas de prueba que estimen pertinentes” (causa CCC
38644/2015/CNC1, caratulada “F., N. s/ violación de menor de 12 años”, rta. el
18 de diciembre de 2018). Para hacerlo, tuvo en cuenta lo decidido por la CSJN
in re “Funes”, precedente correctamente citado por la recurrente, en el que dadas
las particularidades del caso, señaló que el Estado observará las condiciones
de vigencia fijadas por la Corte IDH y brindará una mejor tutela judicial
efectiva a los familiares de la víctima “con prescindencia de que por el tiempo
transcurrido sea posible, o no, aplicar sanciones penales (conf. casos “Vera
Vera”, párrafo 123, y “Vélez Restrepo”, párrafos 284 y 285…)” (por remisión al
dictamen del Procurador General, Eduardo Ezequiel Casal, rta. el 3/2/2014,
versión digital disponible en https://jurisprudencia.mpd.gov.ar/Jurisprudencia/Forms/DispForm.aspx?ID=153&RootFolder=*
).<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Nuestro cimero tribunal provincial
ha sugerido que la declaración de prescripción de la acción penal perdería
actualidad como agravio ante la eventual aplicación del precedente “Funes” de
la Corte nacional, en cuanto tiende a garantizar el acceso a la tutela judicial
efectiva mediante una acción independiente que resguarde el derecho a la verdad
de la víctima (P. 134019, “Altuve, Carlos Arturo –fiscal- y R., M.S.
–particular damnificada- s/Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en
causa N° 97244 del Tribunal de Casación Penal, Sala I”, voto del Dr. Soria con
adhesión simple de los jueces Kogan, Torres y Genoud, rta. el 29/12/2021).<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>III.a. Es que, más allá de la buena
intención como “operador judicial” del Sr. Juez a-quo de “realizar un aporte
efectivo para que, aun cuando no pueda continuarse con la acción penal… la
persona víctima de esos aberrantes hechos denunciados, reciba la atención y la
derivación que su situación demanda, tratando de mitigar los efectos nocivos y
dolorosos de su situación”, tras entender que en el caso de Tobio “…desde el
inicio se debió actuar con mayor compromiso en atención a la gravedad de los
eventos denunciados, convocando a la denunciante a su sede, cuestionando,
sosteniendo y realizando las derivaciones para brindar contención y apoyo
efectivo a la mujer” (considerando IV), lo cierto es –como afirma la nombrada-
no son más que referencias a “lo que debiera ser, y jamás fue” (punto III.b. de
su escrito), recomendaciones hacia el futuro pero que, en última instancia, no
pasarían además de procurar se brinde una suerte de contención emocional,
terapéutica y no jurídica, que es la respuesta que se reclama cuando se invoca
el derecho al conocimiento de la verdad. Y no es que la denunciante, como
víctima, no sepa qué le pasó y necesite que se lo digan, sino de su derecho a
que la verdad se conozca y declare sin perjuicio de que no pueda traducirse en
la imposición de una pena.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>No deja duda al respecto la
recurrente cuando reitera ante esta instancia su original petición: “solicito…
reabrir el trámite e iniciar la correspondiente investigación de los hechos
denunciados, procurando mecanismos de acceso ágil, oportuno, pronto y eficaz a
la justicia para la protección judicial efectiva de los derechos de las
víctimas de delitos, para que seamos oídas, podamos impulsar las
investigaciones y hacer valer nuestros intereses” (punto III.c., mismo
escrito). En caso similar, la Sala III del TCPBA, ha señalado recientemente que
“la solución que se peticiona no está expresamente contemplada en el
ordenamiento jurídico, pero lo cierto es que tampoco se encuentra expresamente
prohibida. De hecho, la normativa supranacional parecería indicar precisamente
lo contrario, permitiendo soluciones como la adoptada en primera instancia
[Juzgado de Garantías N° 8 de Lomas Zamora, que fue declarar la prescripción de
la acción penal y hacer efectivo el cumplimiento del proceso por la verdad y
garantizar el derecho a la verdad habilitando la instancia jurisdiccional]”
(voto del juez Violini, causa N° 110332, “R., M. s/recurso de casación
interpuesto por la particular damnificada”, rta. el 5/5/2022, con adhesión del
juez Carral y disidencia del juez Borinsky).<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Más adelante, se agrega: “…dado que
no es la primera vez que el Poder Judicial debe enfrentarse a una situación no
contemplada (pero tampoco prohibida) por la ley (piénsese, por ejemplo, en la
creación del instituto del amparo), el conflicto debe resolverse en la forma
más equitativa posible… Una solución que armonice los derechos de ambas partes
supone ratificar que no es posible derogar la prescripción o hacer caso omiso
de la verificada en autos, y ello garantiza al imputado que no será penado
porque la acción se encuentra extinguida; por otro lado, aunque no pueda
perseguir la imposición de una pena, se debe garantizar a la víctima su acceso
a la justicia a efectos de poder determinar la veracidad –o no- de su
imputación, obteniendo de este modo una reparación moral y pública” (voto del
juez Violini, antes citado, con adhesión del juez Carral).<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>III.b. De tal suerte, si tenemos en
cuenta que el sistema internacional tutelar de los derechos humanos con
jerarquía constitucional reconoce tanto el derecho a la tutela judicial efectiva
de mujeres y niñas, niños y adolescentes (art. 7 de la Convención de Belem do
Pará, art. 25 CADH, art. 19 CDN), así como el compromiso estatal de actuar con
la debida diligencia y adoptar todos los medios apropiados para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y proteger a los menores
contra toda forma de maltrato y abuso sexual –que, es claro, constituyen
violaciones de sus derechos humanos aunque se perpetren en ámbitos privados y
por un particular- (arts. 1, 2, 3, 4 y 7 de la Convención de Belem do Pará;
arts. 19 y 41 de la CDN), encontramos apoyo normativo suficiente para que
prospere la solicitud de apertura de la investigación para poder establecer la
verdad de lo acontecido según la denunciante, respecto de quien se verifica una
doble condición de vulnerabilidad: edad temprana de victimización y género (cf.
“Reglas de Brasilia para el acceso a la justicia de personas en condición de
vulnerabilidad”, XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, 2008, Sección Segunda,
puntos 1, 2 y 8; versión digital disponible en
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2009/7037.pdf). <o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>III.c. En cuanto a por qué debiera
ser el fuero penal aquel en que se concrete el juicio de conocimiento de la
verdad histórica como ejecución del derecho a la tutela judicial efectiva, aun
cuando no habría posibilidad de imposición de una pena, no resulta ser otra
cosa que una derivación natural hacia aquel especializado en el esclarecimiento
de delitos. De eso se trata. No paso por alto que, en un sistema altamente
sobrecargado de casos, al que por falta de suficientes recursos humanos y
materiales le es imposible atender en debida forma la totalidad de las
denuncias con la acción penal expedita o vigente, luce como un contrasentido o
paradojal que, además, se aboque a tratar de descubrir qué paso tres décadas
atrás.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Desde esta perspectiva, si el
principio de oportunidad tiene su espacio de juego como mecanismo de
descompresión sobre lo actual, más lo debiera tener sobre aquello que por el
tiempo transcurrido no podrá terminar en una sanción efectiva al responsable.
Así, el archivo directo de ambas instancias del MPF, convalidado por el Juez de
Garantías, enlazaría coherente con la premisa puramente utilitarista de
enfocarse en lo más reciente y con probanzas más accesibles, dando respuestas
temporáneas.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Sin embargo, ese espacio de juego
asignado al principio de oportunidad por la imposibilidad de llevar adelante el
de legalidad procesal en toda su extensión (incapacidad estructural de todo
sistema penal para perseguir todas las situaciones criminalizables que se
producen en la sociedad, por lo que siempre es “selectivo”), no puede ser
concretado en un marco de arbitrariedad carente de toda orientación
político-criminal. La descompresión debe ajustarse a pautas racionales. Así,
por ejemplo, cuando el art. 56bis del CPP regula los “criterios especiales de
archivo”, deja afuera delitos de la gravedad del que aquí se denuncia. Por eso,
los limita a los casos de insignificancia del daño o del aporte en delitos que
no superen la pena de 6 años de prisión, los de la llamada “pena natural” y
aquellos en los que la pena en expectativa carezca de relevancia en
consideración a las de los otros delitos imputados.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Entonces, para dejarlo absolutamente
claro, no se trata de que se esté abriendo paso a que cualquier víctima de
cualquier delito se presente en cualquier momento y reclame por su derecho a la
tutela judicial efectiva a través de un procedimiento de conocimiento de la
verdad histórica. Sería materialmente imposible y, por variadas razones,
político-criminalmente contradictorio. Según ha quedado establecido, el caso
que nos ocupa tiene varios elementos distintivos que llevan a que se obture a
su respecto la aplicación de un criterio inspirado en el principio de
oportunidad o una respuesta coherente sólo con la eficacia del sistema (esa
sería la validación del archivo sin más: ya que la acción está prescripta no
gastaremos recursos en investigar un caso en que no habrá posibilidades de
imponer una pena sino “solo” satisfacer el derecho a la verdad de la persona
damnificada).<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Estamos frente a una víctima
singularmente vulnerable al momento de los hechos (una niña), sujeto de
especial protección a la luz del sistema convencional con jerarquía
constitucional (obligación de atender a su “interés superior”), que por
añadidura lo habría sido de gravísimos y reiterados hechos contra la integridad
sexual por parte su propio padre (vivo, funcionario policial), abuelo y tío
(ambos fallecidos), prolongados por años, que le provocaron un trauma del que
sólo pudo salir, según denuncia, ante la percepción de un peligro similar para
sus propias hijas. El dato de que la violencia es intrafamiliar importa un
obstáculo más a que, en su momento, la acción fuera impulsada por quienes eran
los representantes legales de la menor.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Resulta elocuente que estamos frente
a la denuncia de la comisión de delitos gravísimos que habrían importado una
significativa afectación de los derechos humanos de la víctima, no se trata de
un caso que, de estar la acción vigente, podría merecer la aplicación de un
criterio de oportunidad. Por el contrario, insisto, estamos frente a hechos que
configurarían crímenes de extrema gravedad contra un sujeto pasivo respecto del
que pesa para el Estado una obligación convencional de brindarle una protección
especial. De allí que, ante una situación excepcional, cobre sentido y aparezca
como razonable y lógico propiciar -más allá de las diferencias fácticas - su
cobertura al amparo de la doctrina elaborada por la CSJN en el citado caso
“Funes”.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>IV. Conforme lo hasta aquí expuesto,
la propuesta al acuerdo es la de revocar íntegramente la resolución recurrida,
devolviendo el legajo digital a origen para que: a) verificados todos los
presupuestos legales, se expida sobre la prescripción de la acción penal
respecto de los hechos denunciados siguiendo los parámetros de interpretación
“supra” explicados; b) en caso de declararse tal prescripción, haga efectivo el
derecho a la tutela judicial efectiva de la denunciante, sin perjuicio de la
imposibilidad de imponer sanciones penales, habilitando judicialmente la
realización de un proceso por la verdad cuya investigación estará a cargo del
M.P.F., permitiendo el eventual esclarecimiento de los hechos denunciados y, a
la vez, una reparación tanto moral como pública de la víctima menor al momento
en que aquellos se habrían perpetrado. Ello, en cuanto fuera materia de recurso
por la Sra. María de los Ángeles Tobio, con el patrocinio letrado del Dr. César
R. Sivo. En adición a la normas y precedentes citados rigen los arts. 209, 210,
439 y 440 del CPP.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Por último, señalo que corresponde
tener presente la reserva del caso federal formulada (art. 14, Ley 48).<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Así lo voto.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>A LA MISMA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ
VIÑAS DIJO:<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>1) También entiendo que de la
lectura de la totalidad del escrito de la apelante y al concluir que “…En
definitiva, compartirán VV.EE. que el planteo de prescripción, no encuentra
sentido alguno en la presente cuestión. Siendo de aplicación retroactiva la
doble fórmula requerida por el art. 67 de la ley vigente…” (el resaltado es
original), surge que la nombrada no ha solicitado la declaración de
imprescriptibilidad de los hechos por ella denunciados, los que, además, no
están alcanzados por la “Convención sobre la imprescriptibilidad de los
Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad”, aprobada por la ley
24.584, y a la cual se le asignó jerarquía constitucional por la ley
25.778,<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>ni encuadran -como ya lo
expusiera el colega preopinante-, en los denominados casos de las más graves
violaciones a los derechos humanos”, en función de precedentes de la CIDH por
él citados, a los que cabe añadir “Blake vs. Guatemala” (sent.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>24/01/1998), “Vargas Areco vs. Paraguay”
(sent. 26/9/2006), “Bueno Alves vs. Argentina” (sent. 11/05/2007, “Vera Vera y
otra vs. Ecuador” (sent. 19/05/2011) y “Nadege Dorzema y otros vs. República
Dominicana” (sent. 24/10/2012). Todos casos de lesa humanidad cometidos,
instigados, o encubiertos por funcionarios públicos desde ámbitos estatales. En
este sentido, coincido con el criterio expuesto ya en el primer voto en cuanto
a que los hechos materia de denuncia en estas actuaciones, son delitos
“ordinarios” (con lo expuesto no se pretende quitarles gravedad, sino
diferenciarlos de los que serían imprescriptibles en los términos de la
Convención y doctrina de la CIDH mencionadas).<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Entonces, la pretensión impugnativa
de la víctima denunciante se circunscribe a que se apliquen retroactivamente
las modificaciones introducidas al artículo 67 del Código Penal, por las leyes
26.705 y 27.206. Y en apoyo de esta tesitura, la apelante invocó e hizo extensa
cita de lo resuelto –por mayoría- por la Sala II de esta Cámara “in re” 31471
“Litz Heriberto Osear s/abuso sexual”, resolución respecto de la que cábeme
hacer una observación adicional a las ya formuladas por el Dr. Marcelo Riquert,
en particular respecto de la siguiente fundamentación citada por la impugnante:<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>“… Si bien las reformas legislativas
introducidas respecto a la regulación del instituto de la prescripción para
este tipo de delitos tuvieron lugar con posterioridad a la ocurrencia de los
hechos aquí ventilados -el art. 63 CP fue reformado por la ley 26.705 del
05.10.2011 ; y el art. 67 CP por la ley 27 .206 del 10.11.2015-, no puede
ignorarse que ya para ese entonces se encontraban plenamente vigentes los
principios jurídicos fundamentales que las motivaron. En particular: i) el
derecho a la tutela judicial efectiva de mujeres y niños (art. 25 CADH; art 7
"Convención de Belem do Pará"; art. 19 CIDN); ii) el compromiso
estatal de actuar con la debida diligencia y adoptar todos los medios
apropiados para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer
(arts. 1, 2, 3, 4 y 7 "Convención de Belem do Pará") y proteger al
niño contra toda forma de maltrato y abuso sexual (art. 19 y 41 CIDN). Y, en
tanto formaban parte del derecho interno argentino para esa época, su
aplicación se vuelve inexcusable. De tal modo, la solución al caso no puede
provenir -aisladamente- de las previsiones de los arts. 62 y 63 CP, soslayando
la ineludible perspectiva constitucional.<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>Lo dicho no implica pregonar -como pretende el recurrente- la
imprescriptibilidad de la acción penal. Pero la clásica concepción sobre el
régimen extintivo de la pretensión punitiva, debe integrarse con aquélla que
contemple las perspectivas de niñez y género, la real vulnerabilidad de los
niños y adolescentes y las trabas y dificultades que existen para éstos tengan
acceso a la justicia (cfr. BREGANTIC, Jonatan L., La acción penal en los
delitos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes: una norma
interconectada, en http:// www.pensamientopenal.com.ar, p. 39).- En esta
inteligencia, debe -al menos- otorgársele a quien fue víctima de abuso sexual
infantil la posibilidad de realizar la denuncia una vez alcanzada Ja mayoría de
edad. De lo contrario, se perpetúa una situación de evidente desventaja entre
el niño y/o adolescente frente a su agresor, favoreciendo la impunidad de este
último (en tal sentido, ver fundamentos del proyecto de la ley 26.705,
Antecedentes Parlamentarios, La Ley, nº 9, 10/2011, p. 63). Ello justifica un
cómputo diferencial de los plazos prescriptivos. Es decir, en términos de la
Opinión Consultiva 17/2002 (CIDH), implica reconocer y resolver -mediante
medidas de compensación que buscan salvaguardar el principio de igualdad ante
la ley y la correlativa prohibición de discriminación- los obstáculos que
impidieron o redujeron el acceso a la justicia de las víctimas, siendo menores
de edad, en defensa de sus intereses (OC-17/2002, párrafos 96 y 97)…”<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Al respecto, valoro que aun
reconociendo –por las normas convencionales mencionadas- a los niños, niñas,
adolescentes y a las mujeres víctimas de delitos como los aquí denunciados,
especiales derechos para que se esclarezca la verdad de lo que han sufrido,
ello, en modo alguno puede modificar retroactivamente el sistema de
prescripción de la acción penal, al tiempo de los hechos. <o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>La Corte Federal, en el caso
“Arancibia Clavel” (CSJN<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>A. 533 XXVIII
"Recurso de Hecho" causa 259, sentencia del 24/8/2004, Fallos
327:3312) sostuvo que “el instituto de la prescripción de la acción penal, está
estrechamente ligado al principio de legalidad, por lo tanto, no sería
susceptible de aplicación una ley ex post facto que alterase su operatividad,
en perjuicio del imputado. El rechazo de la retroactividad de disposiciones
penales posteriores al hecho, las llamadas leyes ex post facto, que impliquen
un empeoramiento de las condiciones de los encausados ha constituido doctrina
invariable en la jurisprudencia tradicional de la Corte. En el caso
"Mirás" (Fallos: 287:76, y sus numerosas citas sobre el punto) se
señaló expresamente que tal principio alcanza también a la prescripción de la
acción penal. Se dijo en esa ocasión: "el instituto de la prescripción
cabe sin duda alguna en el concepto de 'ley penal', desde que ésta comprende no
sólo el precepto, la sanción, la noción del delito y la culpabilidad, sino todo
el complejo de las disposiciones ordenadoras del régimen de extinción de la
pretensión punitiva" (considerando 19° del voto de los jueces Engenio R.
Zaffaroni y Helena Highton de Nolasco, y 20° del juez Enrique Petracchi).<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Y coincido con lo expresado por el
Juez Mario Magariños en el fallo dictado en un caso con similitudes al presente
y citado por el primer juez sufragante<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>-“Funicelli” de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal (18/12/18,
Reg. 1643/18), en cuanto a que: “…resulta desacertado afirmar que la sanción de
las leyes 26.705 y 27.206 constituyó la reglamentación de aquello que exige la
letra del artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño. En efecto,
ello representaría una solución que no sólo no logra explicar cuál es el
sentido de sancionar mediante una ley algo que, a su vez, se afirma, se
encontraba ya expresamente previsto en un tratado internacional. Además, esa
lectura del artículo 19 de la Convención, por carecer en absoluto de sustento
en la propia letra de la norma, constituiría, en los hechos, bajo el ropaje de
la directa operatividad de una regla contenida en un tratado internacional, la
aplicación retroactiva de las disposiciones de las leyes 26.705 y 27.206, y
ello, como se concluyó en el apartado II de este voto, se encuentra vedado por
el principio de legalidad penal. Por último, debe destacarse, además, otro
problema generado por esa interpretación de las disposiciones de la Convención
sobre los Derechos del Niño, el cual persiste incluso si se concediese que se
trata de una lectura de las normas que logra definir adecuadamente los alcances
de las obligaciones del estado argentino en la materia. En este sentido,
corresponde advertir que ello, por sí solo, no resulta suficiente para hacer
lugar a la pretensión de los recurrentes, en la medida en que, aun cuando se
afirmare que el estado argentino violó esas obligaciones al declarar prescripta
la acción penal en este proceso, ello no alcanza para fundamentar por qué
razones, de esa constatación, se derivaría, como única solución posible, la
revocación de la resolución dictada por la cámara de apelaciones en el caso
bajo análisis. Dicho, en otros términos, ese razonamiento implica un salto
lógico entre la premisa y la conclusión a la que se pretende arribar, pues, …
de la posible vulneración del derecho fundamental a la “tutela judicial
efectiva” en casos de delitos comunes, no deriva, de modo automático, la
obligación de investigar, perseguir y castigar…”.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Con este agregado, adhiero en un todo
a lo expuesto sobre este tópico por el Dr. Riquert, por compartir sus
fundamentos y ser esa también mi convicción razonada y sincera.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>2) E idéntico temperamento adopto
respecto de la segunda propuesta realizada en su exhaustivo voto por el colega
de Sala, destacando que la apelante, si bien formuló como petición de máxima
que se revocara la declaración de prescripción de la acción penal por
aplicación retroactiva del nuevo texto del art. 67 del CP, también dejó
entrever, en subsidio –con cita del fallo “Funes” de la CSJN-<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>otra petición, al sostener que “…la extinción
de la posibilidad de perseguir y castigar penalmente hechos tipificados en
derecho interno como delitos, no extingue el deber del estado de establecer
concretas y efectivas medidas de protección para amparar a las víctimas,
suministrarles asistencia terapéutica y orientación para su rehabilitación y la
posibilidad de obtener un integral resarcimiento, reparación del daño u otros
medios de compensación justos y eficaces…”. <o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Con ello, entiendo que queda claro,
que en la cuestión a decidir en este trámite de apelación (CPP, 434) si no
prosperaba aquella petición principal, la particular damnificada también ha
solicitado –como segunda opción- que, al menos, se permita investigar y
esclarecer la verdad de los hechos denunciados, por lo que la propuesta al
acuerdo del juez preopinante resulta, en sus fundamentos, ajustada a derecho y
estrictamente vinculada al agravio de la recurrente. <o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 3;"> </span>Así lo voto.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 3;"> </span>Con lo que
finalizó el Acuerdo, en mérito de cuyas resultancias y citas legales y
jurisprudenciales vertidas, la Sala RESUELVE:<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 3;"> </span>1°) REVOCAR
íntegramente la resolución recurrida, adoptada por el titular del Juzgado de
Garantías Nro. 2 departamental con fecha 29 de diciembre de 2021, devolviendo el
legajo digital a origen para que:<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 3;"> </span>a)
Verificados todos los presupuestos legales, se expida sobre la prescripción de
la acción penal respecto de los hechos denunciados siguiendo los parámetros de
interpretación “supra” explicados; <o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 3;"> </span>b) En caso
de declararse tal prescripción, haga efectivo el derecho a la tutela judicial
efectiva de la denunciante, sin perjuicio de la imposibilidad de imponer
sanciones penales, habilitando judicialmente la realización de un proceso por
la verdad cuya investigación estará a cargo del M.P.F., permitiendo el eventual
esclarecimiento de los hechos denunciados y, a la vez, una reparación tanto
moral como pública de la víctima menor al momento en que aquellos se habrían
perpetrado. <o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 3;"> </span>Ello, en
cuanto fuera materia de recurso por la Sra. María de los Ángeles Tobio, con el
patrocinio letrado del Dr. César R. Sivo. Rigen la normativa ya citada y, en
adición, los arts.18 y 75 inc. 22 CN; CEDAW, Convención Belém do Pará; Ley
Nacional 26.485; arts. 168 y 171 C.Prov.; Ley Pcial. 12569 t.o. L. 14509; arts.
106, 209/10, 323 "a contrario", 336, 439 y ccds. del CPP.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 3;"> </span>2°) Tener
presente la reserva del caso federal formulada (art. 14, Ley 48).<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3pt; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 3;"> </span>Regístrese,
notifíquese y devuélvase mediante radicación electrónica en la instancia de
origen.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></p>marcelo riquerthttp://www.blogger.com/profile/01710761252058632337noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8847762969779010562.post-27599071730806249542022-09-13T12:53:00.002-07:002022-09-13T12:53:21.622-07:00CODIGO PENAL COMENTADO Y ANOTADO - SEGUNDA EDICIÓN (2022)<p><b><span style="font-size: large;">AAVV CODIGO PENAL DE LA NACIÓN COMENTADO Y ANOTADO - M.A. RIQUERT DIRECTOR</span></b></p><p><b><span style="font-size: large;">ED. ERREIUS - BUENOS AIRES</span></b></p><p><b><span style="font-size: large;">2º EDICIÓN (2022) - TRES TOMOS - 2478 PÁGS.</span></b></p><p><br /></p><p><br /></p><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg7E5mXszVBz0qJvWk5ms7_pFx3tRCKtKmgAlVL1Sdv73VWVXmgbmZRDb4Hj7zXSpAaYqqMxUzRP-jSRyz0DntYYDsrKuw2VpiSPUKCzsgsWom-MFw__ClaIFlTNVDMbiRNq7vBJ3Ubbx1NPohKIvu4jExI5MDD_P50JSElp3SBgn5IC5aMdl1RQDrY_g" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="" data-original-height="313" data-original-width="161" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg7E5mXszVBz0qJvWk5ms7_pFx3tRCKtKmgAlVL1Sdv73VWVXmgbmZRDb4Hj7zXSpAaYqqMxUzRP-jSRyz0DntYYDsrKuw2VpiSPUKCzsgsWom-MFw__ClaIFlTNVDMbiRNq7vBJ3Ubbx1NPohKIvu4jExI5MDD_P50JSElp3SBgn5IC5aMdl1RQDrY_g" width="123" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjfwiOyShMX2cCwV7gjwH0yi5fGlMivFFQNrHkhGaOKCXOkVrtrrEKa8gn-f9pGUKCTnmaRbYzGWy4ajNIslE9fBXQeoxF7jDVnTrgTkYE6W54ZDbvnIDaSwcULbz8FRG7exlBrTATVVlvnpIqKRVnQ1L1PuBb6MqOMNJG9uWfXg8qjCv9MUyyQ2jrkZQ" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="" data-original-height="262" data-original-width="192" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjfwiOyShMX2cCwV7gjwH0yi5fGlMivFFQNrHkhGaOKCXOkVrtrrEKa8gn-f9pGUKCTnmaRbYzGWy4ajNIslE9fBXQeoxF7jDVnTrgTkYE6W54ZDbvnIDaSwcULbz8FRG7exlBrTATVVlvnpIqKRVnQ1L1PuBb6MqOMNJG9uWfXg8qjCv9MUyyQ2jrkZQ" width="176" /></a></div><br /><br /><p></p>marcelo riquerthttp://www.blogger.com/profile/01710761252058632337noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8847762969779010562.post-67395108386817524652022-07-06T05:37:00.004-07:002022-07-06T05:37:51.734-07:00CSJN caso DENEGRI - LIBERTAD DE EXPRESIÒN Y DERECHO AL OLVIDO<p><br /></p><p><b>DICTAMEN DE LA PROCURACIÓN GENERAL</b></p><p>CIV 50016/2016/CS1
“Denegri, Natalia Ruth c/ Google INC s/Derechos personalísimos: Acciones relacionadas”</p><p>S u p r e m a C o r t e:</p><p style="text-align: center;"> –I– </p><p>La Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
confirmó la sentencia de la instancia anterior que había admitido parcialmente la
pretensión de la parte actora. Dispuso, por un lado, que Google Inc. suprimiera
toda vinculación de sus buscadores, tanto de “Google” como de “Youtube”, entre las
palabras “Natalia Denegri”, “Natalia Ruth Denegri” o “Natalia Denegri caso
Cóppola” y cualquier imagen o video, obtenidos hace veinte años o más, que
exhiban eventuales escenas que pudo haber protagonizado la peticionaria cuyo
contenido pueda mostrar agresiones verbales o físicas, insultos, discusiones en
tono elevado, escenas de canto y/o baile, así como también videos de posibles
reportajes televisivos en los que la actora hubiera brindado información de su vida
privada. Ordenó, además, que, en la etapa de ejecución de la condena, la actora
debía individualizar las URLs que violen lo dispuesto y que eventualmente Google
Inc. haya omitido desindexar, a los fines de adoptarse las medidas compulsivas
que pudieren corresponder (fs. 485, del expediente digital al que me referiré de
aquí en adelante). </p><p>Expresó que la Constitución Nacional garantiza tanto la
libertad de prensa y de expresión como el honor y la intimidad. </p><p>Apuntó que el Decreto 1279/97 y la Ley 26.032 de Servicio de
Internet extendieron las garantías constitucionales de libertad de prensa a las
expresiones vertidas en ese medio de comunicación y que en cuestiones
relacionadas con hechos de carácter público debe prevalecer el principio de
máxima divulgación de la información. </p><p>A su vez, manifestó que el derecho de expresión como todos
los demás derechos no son absolutos y que su vulneración puede entrañar medidas
tanto reparatorias como preventivas. Argumentó que en el caso se invoca un
“derecho al olvido”, donde las noticias difundidas por el buscador son veraces, pero
2
que al ser perjudiciales y carecer de interés público, histórico, científico, deberían
ser removidas por el paso del tiempo. Admitió que, si la noticia fuera falsa o
difamatoria habría otros remedios, sin necesidad de invocar el paso del tiempo,
como surge de numerosos precedentes jurisprudenciales. </p><p>Reconoció que no hay una norma específica que regule este
derecho, pero que debe entenderse como una derivación del derecho al honor o a la
intimidad. Señaló la relación del derecho al olvido con la acción preventiva de
daños regulada por el artículo 1711 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Sostuvo que este derecho fue admitido por el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea en el caso "Costeja" de 2014. </p><p>Remarcó, asimismo, que el derecho al olvido interpretado de
forma amplia puede hacer prevalecer el derecho de autodeterminación informativa
y personalísimo a la privacidad por sobre otros derechos de índole colectiva de
modo que debe ser interpretado de modo restrictivo. Sostuvo que en el caso no hay
censura, ya que se trata de noticias y difusiones que fueron reproducidas por
aproximadamente 24 años.</p><p>Precisó que, en lo que hace a la investigación penal del
asunto conocido como caso “Coppola”, las noticias a él referidas no pueden quitarse
de los buscadores en tanto se trata de hechos de interés público que condujeron a
la condena penal y destitución de su cargo de un juez federal, su secretario judicial
y ex policías. Por su parte, respecto de las noticias que reproducen escenas de
peleas o discusiones entre la actora y otra entrevistada, generalmente vinculada
con el caso Coppola, entendió, al igual que el a quo, que se trata de escenas cuya
oportuna relevancia estuvo vinculada mayormente con lo grotesco que con lo
informativo. Agregó que carecen del interés social y periodístico que pudo revestir
el “caso Coppola” y están relacionados con contenidos excéntricos de nulo valor
cultural o informativo, que cobraron notoriedad por el culto al rating de ciertos
programas. </p><p>Adicionalmente advirtió que esta valoración no ha sido
cuestionada de modo expreso por la apelante y concluyó que se encuentra firme.
Sin perjuicio de ello, puntualizó que la actora tiene derecho a que, a más de veinte
años, se dejen de reproducir sus grotescas peleas en televisión con otros personajes
que cobraron notoriedad en su época por protagonizar escándalos televisivos.
Expresó que se trataba de una persona joven, sin experiencia, que seguramente se
vio confundida por su extraña fama circunstancial, y que en el presente debe
sentirse mortificada por apreciar esas imágenes poco decorosas, en especial, luego
de tanto tiempo y de haber formado una familia y desempeñarse
profesionalmente. Consideró que se encuentra afectado el derecho al honor, pero
no el derecho a la intimidad, pues la actora se expuso públicamente. </p><p>Sobre esa base, entendió que una decisión de este tipo no
afecta el derecho de la sociedad a estar informada, ni la libertad de prensa,
ejercida durante un lapso prolongado sin censura previa de ningún tipo. </p><p>Por último, descartó el agravio de la demandada por la falta
de individualización de los sitios a bloquear ya que en la demanda se han indicado
varios de ellos y la cuestión será definida en la etapa de ejecución de sentencia.</p><p style="text-align: center;">–II– </p><p>Contra ese pronunciamiento, Google Inc. interpuso recurso
extraordinario federal, que fue contestado y admitido. A su vez, interpuso recurso
de queja contra la decisión de la cámara que rechazó el recurso extraordinario por
la causal de arbitrariedad de sentencia (fs. 486/504, 507/526 y 528, y escrito
presentado el 21 de septiembre de 2020, según consta en el expediente vinculado). </p><p>En primer lugar, plantea la existencia de cuestión federal en
los términos del artículo 14, inciso, 3 de la ley 48, en tanto se halla en juego el
derecho a la libertad de expresión reconocido en el artículo 14 de la Constitución
Nacional (CN), el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (CADH), el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
4
Políticos (PIDCP), la Ley 26.032, el Decreto 1279/1997 y en una serie de
precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. </p><p>En este sentido, alega que la decisión recurrida vulnera el
derecho a la libertad de expresión al disponer la censura indiscriminada de
contenidos lícitos con supuesto fundamento en un “derecho al olvido” de impreciso
alcance y sin norma alguna que lo avale. </p><p>Agrega que la orden de la cámara de suprimir cierta
categoría de contenido vagamente descripta, a ser identificada en la etapa de
ejecución, lesiona, además, los derechos de defensa (art. 18, CN) y a ejercer una
industria lícita (art. 14, CN) y es contraria a las pautas que emanan de los
precedentes de la Corte Suprema, en particular, del registrado en Fallos 337:1174,
“Rodríguez”. </p><p>Apunta que el mayor o menor grado de calidad artística,
interés informativo o aporte a la cultura de tales contenidos es no sólo el resultado
de una apreciación subjetiva, sino que es irrelevante para justificar su supresión,
en tanto no exista contradicción con alguna norma. </p><p>Puntualiza que uno de los principios rectores de nuestro
ordenamiento es que la libertad de expresión goza de una posición privilegiada.
Alega que, por ello, toda restricción, sanción o limitación a este derecho debe ser
de interpretación restrictiva y toda censura previa que sobre ella se ejerza padece
una fuerte presunción de inconstitucionalidad. </p><p>Advierte que la Corte Suprema ha admitido límites a la
libertad de expresión cuando entra en conflicto con ciertos derechos
personalísimos, como la intimidad o el honor siempre en el marco de la aplicación
de las responsabilidades ulteriores. Agrega que incluso ha admitido la tutela
preventiva contra medios de prensa en supuestos excepcionales, como la
protección del interés superior de un menor. </p><p>Alega que la cámara reconoce la facultad de bloquear el
acceso a contenido lícito tan solo porque el transcurso del tiempo denotaría la
pérdida de interés en su acceso, aun en contra de la evidencia en el caso (los miles
de usuarios que accedieron al contenido a través de YouTube en años recientes), o
porque pueda generar cierta “incomodidad” únicamente en alguno de los
participantes. </p><p>Manifiesta que, mientras tanto, otros medios seguirán
reproduciendo el material. </p><p>Arguye que no existe conflicto real entre el derecho a la
libertad de expresión y el acceso a la información, por un lado, y el honor o la
privacidad, por el otro, sino que se trata de una persona pública a la que se le ha
permitido bloquear el acceso a una parte del contenido verdadero de su pasado
mediático, sólo porque le resulta incómodo en aras de remozar su perfil público. </p><p>Esgrime que la decisión de la cámara omite considerar que la
restricción no cumple con el principio de legalidad. Precisa que no existe ninguna
norma positiva que disponga un derecho al olvido para hechos ciertos del pasado
mediático de una conductora de televisión, a diferencia de los supuestos de
sanciones penales o información crediticia donde existen normas positivas que
disponen un límite temporal a su difusión, con fundamento en la reinserción social
(art. 51 del Código Penal) o la agilidad del tráfico mercantil (art. 26 inc. 4, Ley
25.326). </p><p>Considera que el bloqueo hacia el futuro, aun cuando el
contenido en disputa haya estado disponible por cierto tiempo, no le quita el
carácter de censura, tal como reconoció la Corte Suprema en el caso “Paquez”
(2019). Agrega que los antecedentes europeos de bloqueo de contenidos son
aplicados de forma equivocada, ya que no habilitan el derecho al olvido para las
personas públicas como la actora.</p><p>Apunta que la actora continúa siendo en la actualidad una
persona pública por propia voluntad y, en tal carácter, no puede invocar a su favor
un derecho al olvido de semejante alcance. Plantea que existe interés en el acceso
a los contenidos objetados, aún si se consideran de baja calidad artística o
informativa, circunstancia que ha sido acreditada con las múltiples visitas de
usuarios a los videos alojados en YouTube. En la misma línea, arguye que la gran
repercusión que tuvo la sentencia recurrida en los medios de comunicación
evidencia el indudable interés público que despierta la figura de la actora y los
contenidos que se ha ordenado censurar. </p><p>Sobre esta base concluye que los tribunales no pueden
arrogarse la facultad de bloquear el acceso al pasado mediático de personajes
públicos, o videos de viejos programas de televisión, con el simple argumento del
paso del tiempo, o porque entienden que aquellos carecen de buen gusto o valor
informativo, o incluso entran en la categoría subjetiva de la chabacanería o la
procacidad. La libertad de expresión no se limita al contenido “de buen gusto”, y
protege muy especialmente aquel que promueve el disenso o cuya valorización no
resulta uniforme. </p><p>Expresa que de confirmarse la doctrina que emana de la
sentencia recurrida millones de usuarios verán limitado en forma irrazonable el
derecho a buscar y acceder a información a través de internet, en contradicción
con el principio de máxima divulgación concerniente a información de interés
público. </p><p>De igual modo advierte que, a contrario de lo sostenido por la
cámara, Google efectivamente apeló en tiempo y forma la orden de bloquear
escenas de peleas o discusiones de la actora tal como se desprende de las
constancias de la causa, en particular, del memorial de agravios. </p><p>Por último, afirma que la sentencia recurrida padece un vicio
que la desnaturaliza como acto jurisdiccional válido y la torna arbitraria. En este sentido, esgrime que la distinción de la cámara entre diferentes contenidos
relativos al denominado “caso Coppola”, o entre lo que resulta o no de interés
público o de buen o mal gusto, es arbitraria por ausencia de fundamentos.
Concluye que tales distinciones no se sustentan en criterios o fórmulas
identificables sino que se basan en apreciaciones subjetivas y dogmáticas, donde
se advierte, además, la falta de análisis detenido de cada uno de los contenidos,
tanto de los que ordena suprimir como de aquellos que deja fuera de la censura. </p><p style="text-align: center;">−III− </p><p>El recurso extraordinario es formalmente admisible ya que
plantea agravios con relación a la interpretación de normas de carácter federal
vinculadas con la autodeterminación informativa y la libertad de expresión (arts.
14, 32 y 43, 75, inc. 22, Constitución Nacional; art. 13, Convención Americana
sobre Derechos Humanos; art. 19, Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y art. 1, Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales) y la decisión
del superior tribunal de la causa ha sido contraria al derecho que la impugnante
fundó en ellas (art. 14, inc. 3, ley 48). </p><p style="text-align: center;">−IV− </p><p>En esta causa la cuestión federal consiste en determinar si
vulnera la libertad de expresión el bloqueo de vínculos en internet ordenado a
Google Inc., como servicio de motor de búsqueda, respecto de contenidos que la
actora estima lesivos por exponer aspectos de su vida pública que pretende dejar
en el pasado. </p><p>Ante todo, cabe recordar que la libertad de expresión tiene
un lugar preeminente en nuestro marco constitucional (Fallos: 342:2187,
“Paquez”, considerando 7; Fallos: 343:2211, “Pando de Mercado”, considerando 6 y
Fallos: 321:412, “Saucedo”; 321:2250, “Locche”; 332:2559, “Brugo”, entre muchos
otros). Según ha reconocido la Corte Suprema, comprende el derecho de
transmitir ideas, hechos y opiniones a través de internet (Fallos: 337:1174,
8
"Rodríguez” y Fallos: 340:1236, "Gimbutas”), y ello ha sido establecido por el
legislador nacional en el artículo 10 de la ley 26.032 que prevé que "[1]a búsqueda,
recepción y difusión de información e ideas de toda índole, a través del servicio de
Internet, se considera comprendido dentro de la garantía constitucional que
ampara la libertad de expresión" (Fallos: 342:2187, “Paquez”, considerando 7). </p><p>El tribunal ha destacado, además, la indudable importancia
del papel que desempeñan los motores de búsqueda en el funcionamiento de
internet en tanto su actividad es decisiva en la difusión global de datos ya que
facilita su acceso a todo internauta que lleva a cabo una exploración (Fallos:
342:2187, “Paquez”, considerando 7). </p><p>Al respecto, corresponde señalar que toda restricción a la
libertad de expresión por cualquier medio, incluido Internet, únicamente resulta
válida cuando cumple con los estándares constitucionales e internacionales. Es
decir, la restricción debe ser definida en forma precisa y clara a través de una ley
en sentido formal y material; perseguir objetivos autorizados por la Constitución
Nacional y los tratados de derechos humanos; y ser necesaria en una sociedad
democrática para el logro de fines imperiosos, estrictamente proporcionada a su
finalidad, e idónea para lograr tales objetivos (Fallos: 336:1774, “Grupo Clarín SA
y otros”, voto del Dr. Petracchi; Corte Interamericana de Derechos Humanos,
Opinión Consultiva 5/85 del 13 de noviembre de 1985, párrafo 59; casos "Kimel vs.
Argentina", sentencia del 2 de mayo de 2008, párrafo 63; "Herrera Ulloa vs. Costa
Rica", sentencia del 2 de julio de 2004, párrafo 121; "Palamara Iribarne vs. Chile",
sentencia del 22 de noviembre de 2005, párrafo 85; “Fontevecchia y D’Amico vs.
Argentina”, sentencia de 29 de noviembre de 2011, párrafo 51; “Lagos del Campo
vs. Perú, sentencia de 31 de agosto de 2017, párrafo 102; en el mismo sentido,
Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet de Relatores
Especiales sobre Libertad de Expresión de Naciones Unidas, Organización de
Estados Americanos y otros, 1 de junio de 2011, punto 1.a). </p><p>En esa línea, la Corte ha puntualizado que “toda restricción,
sanción o limitación de la libertad de expresión debe ser de interpretación
restrictiva (conf. doctrina de Fallos: 316:1623) y que toda censura previa que sobre
ella se ejerza padece de una fuerte presunción de inconstitucionalidad (conf.
doctrina Fallos: 315:1943, considerando 10)” (Fallos 337:1174, “Rodríguez”,
considerando 26). </p><p>Ello, en tanto, la libre circulación de información no puede
impedirse si es el resultado del ejercicio legítimo de la libertad de expresión, aun
cuando ella pueda molestar u ofender al sujeto de la información difundida
(dictamen de esta Procuración General en el caso “Paquez”, 22 de mayo de 2017).
Para supuestos como el sub lite, la Corte Suprema tiene dicho que el bloqueo del
acceso a contenidos digitales por parte de quienes ofrecen servicios de búsqueda en
Internet, debe estar precedido del examen respecto de la licitud del contenido
(Fallos: 337:1174, "Rodríguez", considerando 17). </p><p>De igual modo, esa Corte ha postulado que las medidas
preventivas de filtro o bloqueo de vinculaciones para el futuro implican un acto de
censura que interrumpe el proceso comunicacional pues, al vedar el acceso a dicha
información, se impide la concreción del acto de comunicación –o al menos, dada la
importancia que reviste Google como motor de búsqueda– lo dificulta
sobremanera, con independencia de que en relación con sus potenciales receptores
sea su primera manifestación o su repetición. Desde ese enfoque, configura una
medida extrema que importa una grave restricción a la circulación de información
sobre la que pesa una fuerte presunción de inconstitucionalidad que sólo puede
ceder frente a casos absolutamente excepcionales (Fallos: 342:2187, “Paquez”,
considerando 9, y sus citas).</p><p>Esta doctrina se encuentra en consonancia con el criterio
expuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos según el cual el
bloqueo de contenidos digitales "solo será excepcionalmente admisible en los
10
estrictos términos establecidos en el artículo 13 de la Convención Americana"
(Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, Informe sobre Libertad de Expresión e Internet,
OEASer.LN/ILCIDHIRELE/INF. 11/13, 31 de diciembre de 2013, párr. 84).
Asimismo, ese organismo ha afirmado que "las medidas de filtrado o bloqueo
deben diseñarse y aplicarse de modo tal que impacten, exclusivamente, el
contenido reputado ilegítimo, sin afectar otros contenidos" (párr. 85). En
particular, ha considerado que "[l]as medidas de bloqueo de contenidos no se
pueden utilizar para controlar o limitar la difusión de discursos especialmente
protegidos o que tienen presunción de protección cuando dicha presunción no ha
sido desvirtuada por una autoridad competente" (párr. 90). Además, de
conformidad con la Declaración conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet,
el bloqueo obligatorio de direcciones IP, tal como se solicita en autos, constituye
una medida extrema (Declaración conjunta sobre Libertad de Expresión e
Internet, cit., punto 3.a), más aún cuando se trata del bloqueo de información o
expresiones que pueden merecer especial protección por estar vinculadas a
asuntos de interés público (Relatoría Especial para la libertad de expresión de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual 2008,
OEA/Ser.L/V/II.134 Doc. 5 rev. 1, 25 febrero 2009, punto 2.2.1., págs. 128 y ss.). </p><p>Bajo ese prisma, un elemento clave para el examen de la
razonabilidad de la medida en este caso es que se propone vedar el acceso a
información especialmente protegida por la libertad de expresión, tanto en su
dimensión individual como colectiva, pues los contenidos atañen a una figura
pública y a un asunto de interés público. </p><p>En efecto, la información que busca restringirse se refiere a
la actora en tanto figura pública, esto es quien, por razón de su fama, tiene gran
influencia en áreas que preocupan, importan o interesan a toda la sociedad
(Fallos: 334:1722, "Melo"; Fallos: 343:2211, “Pando de Mercado”; dictamen de esta Procuración General en el caso CIV 46432/2015/CS1 “Brieger, Pedro Rubén c/
Widder, Sergio Daniel y otros s/ Daños y perjuicios”, 15 de octubre de 2019). Cabe
precisar que la actora había adquirido notoriedad precisamente a partir de su
involucramiento en el denominado “caso Coppola”, que tuvo origen en la
investigación de hechos delictivos que derivaron en la destitución y condena penal
de un juez federal, un secretario judicial, de varios policías y otras personas. Este
suceso despertó un gran interés en la sociedad y fue seguido masivamente en los
medios de comunicación. </p><p>Debe señalarse, además, que la actora no sólo cobró
resonancia por verse involucrada en ese hecho policial, sino que intervino
activamente en la cobertura mediática de las noticias referidas al caso, y participó
en diversos programas periodísticos y de otra índole en la televisión abierta en los
que se abordaba lo sucedido. </p><p>En la actualidad, Denegri continúa siendo una persona
pública, empresaria de medios y ganadora de numerosos premios internacionales
por su labor profesional. En el escrito de demanda admite haber obtenido un lugar
en el periodismo en los Estados Unidos, como periodista de la CNN (fs.532) y en su
página web se presenta como “una celebridad de la televisión latinoamericana”
(www.nataliadenegri.com). </p><p>Por otro lado, los contenidos cuestionados revisten indudable
interés público en tanto permiten informarse sobre las distintas aristas del caso
“Coppola”, no sólo con relación al comportamiento de los funcionarios públicos
involucrados y la investigación criminal, sino también respecto del tratamiento del
caso en los medios de comunicación, lo que incluye las entrevistas a sus
protagonistas, así como los escándalos y peleas que lo caracterizaron. La amplia
cobertura y el grado de atención y seguimiento de las audiencias denotan que
estos asuntos constituyen “áreas que preocupan, importan o interesan a toda la
sociedad” o “a gran parte de ella” según el criterio interpretativo adoptado por la
12
Corte Suprema (cfr. Fallos 334:1722, “Melo”, considerando 14, citando a la Corte
Suprema de los Estados Unidos en el caso ‘Gertz’, 418 US 323, 337 y dictamen de
esta Procuración General en el caso “Boston Medical Group c/ Arte Radiotelevisivo
Argentino S.A. y otros s/ Daños y perjuicios”, 11 de marzo de 2016; en el mismo
sentido, Corte Interamericana de Derechos Humanos, casos Fontevecchia y
D`Amico vs. Argentina, sentencia de 29 de noviembre de 2011, párr. 61 y Lagos
del Campo vs. Perú, sentencia de 31 de agosto de 2017, párr. 110). </p><p>En este punto, corresponde precisar que cuando están
involucradas figuras públicas se debe realizar un examen descriptivo de cuáles son
los asuntos sobre los cuales el público tiene interés en mantenerse informado, sin
que proceda introducir consideraciones sobre el valor cultural, periodístico o
estético de esa información. Ello por cuanto este tipo de razonamiento, basado en
gustos o puntos de vista particulares, introduce en el estándar una variable
extremadamente subjetiva que abre la puerta a la arbitrariedad, y por ende,
debilita la protección de la expresión (cfr. Corte Suprema de Estados Unidos, casos
Snyder v. Phelps et al, 562 U. S., 2011, sección II y Lane v. Frans et al, 573 U. S.,
2014, sección III.A.2; en igual sentido, Smolla, Rodney A., “Free Speech in an
Open Society”, Vintage Books, New York, 1992, págs. 132-135). </p><p>En este orden de ideas, al revestir la información aquí
impugnada de un indubitable interés público, cualquier medida de bloqueo o
filtrado de vínculos que se imponga a una herramienta de búsqueda en internet,
importará en la práctica una medida extrema de censura sobre la que pesa una
fuerte presunción de inconstitucionalidad, y que sólo podrá justificarse en
circunstancias absolutamente excepcionales. </p><p>En mi entender, no se ha verificado en este caso ninguna de
las circunstancias excepcionales que autorizan una restricción de esa índole. </p><p>En primer término, el contenido objetado no resulta
palmariamente ilícito o dañoso, no es discriminatorio, ni incita a la violencia o la comisión de delitos; tampoco importa lesiones injuriosas, ni excede el ejercicio
regular de la libertad de expresión (conf. doctrina de Fallos 337:1174, “Rodríguez”,
considerando 18). </p><p>En segundo término, no se ha identificado un interés
imperativo basado en la preservación del honor, pues la información cuestionada
no tiene un sentido difamatorio, o dirigido a atacar arbitrariamente la reputación
de la actora. La Corte Suprema ha sostenido que el derecho al honor se refiere a la
participación que tiene el individuo dentro de la comunidad, amparando a la
persona frente a expresiones o mensajes que lo hagan desmerecedor en la
consideración ajena al ir en su descrédito (Fallos: 331:1530, “Patito José Ángel y
otro”, voto de la jueza Highton de Nolasco; 337:1174, “Rodríguez”, considerando
13). En el presente caso no se alega que la información resulte inexacta o falsa.
Además, como se dijo, ha sido la actora quien ha participado decisivamente de la
generación de los contenidos cuestionados en una etapa de su vida pública. Cabe
recordar que el derecho a la honra protege a la persona, bajo determinados
requisitos, de la difusión de información agraviante emitida de manera infundada
por terceros, pero no la ampara ante el daño a la reputación que resulta de sus
propias acciones. Dicho de otro modo, no existe un remedio jurídico dirigido a
contrarrestar la valoración social negativa de las figuras públicas. </p><p>Finalmente, tampoco se ha identificado una grave afectación
de la privacidad, derecho que comprende la esfera doméstica, el círculo familiar y
de amistad así como otros aspectos de la personalidad espiritual o física de las
personas como la integridad corporal o la imagen (Fallos: 343:2211, “Pando de
Mercado”, considerando 8), ni tampoco del derecho a la autodeterminación
informativa, es decir, a controlar la difusión de información sobre sí mismo
(Fallos: 321:2767, “Urteaga”, votos del doctor Enrique Petracchi y Carlos Fayt;
dictámenes de esta Procuración General emitidos en la causa COM
26578/2012/CS1, “Serantes Peña Diego Manuel c/ Alves Peña Jerónimo Francisco
14
s/ ordinario”, 19 de febrero de 2019; y en el caso CAF 49482/2016/2/RH1, “Torres
Abad, Carmen c/ Estado Nacional — Jefatura de Gabinete de Ministerios s/
habeas data”, 1 de diciembre de 2020). </p><p>Al respecto, la información difundida no contiene datos
personales, ni muchos menos datos sensibles, y su registro se origina en
programas emitidos en medios de acceso público, con amplias audiencias, como
fueron los canales de televisión abierta, en la década del noventa del siglo pasado.
Si bien entre los contenidos cuestionados se mencionan entrevistas periodísticas
en los que se revelan aspectos personales, e incluso imágenes que exponen
episodios que pueden resultar mortificantes, como peleas y agresiones, durante las
emisiones de esos programas, es necesario señalar que la protección de la
privacidad informativa no alcanza a aquellos aspectos de la vida personal que el
titular consiente libremente revelar al público, en especial cuando lo hace en los
medios masivos de comunicación. En este punto, un aspecto dirimente es que ese
consentimiento ha sido brindado de forma libre y voluntaria, y no resulta afectado
por la inexperiencia o juventud de la actora al momento de participar de esas
emisiones (conf. doctrina de Fallos: 337:1774 “Rodríguez”, considerando 13 y
Fallos: 306:1892, “Ponzetti de Balbín”). </p><p>En línea con lo expuesto hasta aquí, considero que no
corresponde equiparar la situación de la actora con el supuesto de protección de la
autonomía informativa establecida en la normativa europea sobre protección de
datos personales, y en particular del que surge del caso “Google Spain, S.L. y
Google Inc. contra Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y Mario
Costeja González”, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del año 2014, en
tanto en ese procedente se discutía el bloqueo de información sobre una persona
privada relativa a una subasta inmobiliaria vinculada a un embargo por deudas a
la seguridad social, ocurrida varios años antes. </p><p>En efecto, los hechos del sub lite son sustancialmente
diferentes al caso referido y, por lo tanto, la tesis del tribunal de la comunidad
europea no resulta aplicable. A diferencia del caso “Costeja”, aquí se trata de una
persona pública ̶ circunstancia no controvertida en autos ̶ que generó de modo
voluntario la información que ahora objeta y los contenidos revisten interés
público. De hecho, el Tribunal de la Unión Europea excluye expresamente de la
posibilidad de bloqueo supuestos como el que aquí nos ocupa, cuando la persona
peticionante fuera una persona pública. Expresó el tribunal: “Sin embargo, tal no
sería el caso si resultara, por razones concretas, como el papel desempeñado por el
mencionado interesado en la vida pública, que la injerencia en sus derechos
fundamentales está justificada por el interés preponderante de dicho público en
tener, a raíz de esta inclusión, acceso a la información de que se trate” (párrafos
97 y 99). </p><p>Para ilustrar este punto basta señalar que la legislación
argentina reconoce supuestos excepcionales en los que restringe la
circulación de información personal y sensible por el transcurso del tiempo, como
antecedentes penales o deudas financieras. En estos supuestos existen normas
positivas que disponen un límite temporal a su difusión, con fundamento en la
reinserción social de la persona (art. 51, código penal) o en la agilidad del tráfico
mercantil (art. 26, inc. 4, ley 25.326 de Protección de los Datos Personales). </p><p>En suma, sin poner en duda que la actora puede sufrir
malestar ante la difusión de contenidos referidos a una etapa de su vida pública
que pretende dejar en el pasado, considero que ello no alcanza para configurar los
supuestos absolutamente excepcionales que en nuestro orden constitucional
autorizan a vedar la circulación de información especialmente protegida. </p><p>En mi entender, el régimen constitucional argentino no
reconoce un derecho a reservar información de interés público relativa a una
persona por el sólo transcurso del tiempo, para forzar por vías legales a la sociedad a su olvido. En todo caso, la memoria social como la individual es
selectiva, y el derecho colectivo a la información se ejerce con variada intensidad,
entre otros factores, debido al paso del tiempo, por lo que es posible que un asunto
que en determinado momento suscita gran atención en las audiencias, pierda
luego su interés. </p><p>Sobre la base de estas consideraciones, estimo que no existe
fundamento constitucional que justifique el bloqueo de los vínculos referidos a la
información de interés público cuestionada, y que la medida dispuesta por el a quo
vulnera el derecho a la libertad de expresión. </p><p>Más allá de que lo dicho hasta aquí basta para tornar
inoficioso el tratamiento del planteo de arbitrariedad realizado por la demandada,
considero oportuno señalar que en causas de esta índole no procede diferir para la
etapa de ejecución de sentencia –como hizo el a quo– la determinación de los
contenidos ilícitos que serán materia de bloqueo, pues una medida extrema que
importa limitar la circulación de información de interés público, debe incluir el
análisis de los contenidos específicos de las publicaciones a restringir, de modo de
garantizar un adecuado examen de razonabilidad y el derecho de defensa (doctr.
de Fallos: 342:2187, “Paquez”, considerandos 11 y 12, y Relatoría Especial para la
libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
Informe Anual 2008, OEA/Ser.L/V/II.134 Doc. 5 rev. 1, 25 febrero 2009, punto
2.2.1. párr. 85). </p><p style="text-align: center;">−V− </p><p>Por lo expuesto, opino que corresponde declarar procedente
el recurso extraordinario, y revocar la sentencia.</p><p>Buenos Aires, 1° de diciembre de 2021.</p><p> ABRAMOVICH
COSARIN
Victor Ernesto </p><p><b>FALLO DE LA CORTE SUPREMA</b></p><p>Buenos Aires, 28 de junio de 2022</p><p>Vistos los autos: “Denegri, Natalia Ruth c/ Google Inc. s/
derechos personalísimos: Acciones relacionadas”.</p><p>Considerando: </p><p>1°) Que la actora demandó a Google Inc. con el objeto de
que se le ordene suprimir ciertos sitios web que identificó en
los que se exponía información suya relativa a hechos ocurridos
hace más de 20 años que podían obtenerse mediante el ingreso de
su nombre en el motor de búsqueda de la demandada. La lista de
los sitios web identificados incluía videos de la actora en
programas de televisión y noticias periodísticas. </p><p>Sustentó su pretensión en el llamado “derecho al olvido”
admitido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el
caso “Google Spain S.L. Google Inc. v. Agencia Española de
Protección de Datos, Mario Costeja González” (sentencia del 13
de mayo de 2014, en adelante, “caso Costeja”). Sostuvo que la
información aludida —la que tildó de perjudicial, antigua,
irrelevante e innecesaria— le ocasionaba serios perjuicios al
referirse a hechos periodísticos ocurridos en el pasado
vinculados a una causa penal de trascendencia (el “caso
Cóppola”) que —argumentó— había perdido al momento interés
público. Señaló que, aunque se trataba de información real sobre
hechos de los que formó parte y en los que se vio involucrada,
el mero paso del tiempo había generado que en la actualidad no
revistiera ninguna importancia informativa ni periodística para
la sociedad en general que autorizara su difusión, además de que la avergonzaba, ya que formaba parte de un pasado que no deseaba
recordar. </p><p>Puntualizó que el derecho a la información en este caso
debía ceder frente a los derechos personalísimos afectados: su
intimidad, su privacidad, su honor y su reputación y la de su
familia. Adujo que la información en cuestión afectaba en forma
grave su vida actual personal, profesional, laboral y familiar. </p><p> 2°) Que el juez de primera instancia le imprimió el trámite
ordinario a la demanda y admitió parcialmente la pretensión. En
lugar de eliminar los sitios web, dispuso que la empresa
demandada suprimiera “toda vinculación de sus buscadores, tanto
del denominado ‘Google’ como del perteneciente a ‘Youtube’,
entre las palabras ‘Natalia Denegri’, ‘Natalia Ruth Denegri’ o
‘Natalia Denegri caso Cóppola’ y cualquier eventual imagen o
video, obtenidos hace veinte años o más, que exhiban eventuales
escenas que pudo haber protagonizado la peticionaria cuyo
contenido pueda mostrar agresiones verbales o físicas, insultos,
discusiones en tono elevado, escenas de canto y/o baile, así
como también, eventuales videos de posibles reportajes
televisivos en los que la actora hubiera brindado información de
su vida privada” (fs. 372 del principal). Asimismo, desestimó
los planteos de la demandada atinentes a la falta de
individualización de los sitios a bloquear. </p><p> La Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil confirmó esa decisión. Puntualizó que el caso presentaba un matiz particular en razón de que se invocaba un “derecho al
olvido”, lo que implicaba aceptar la veracidad de las noticias
difundidas por el buscador pero que el paso del tiempo debería
enterrarlas al ser perjudiciales, sin causar su difusión
beneficio alguno “por falta de interés público, histórico,
científico, etc.”. Precisó que el ejercicio de tal derecho no
importaba suprimir la información en sí misma, sino restringir u
obstaculizar su acceso por parte de los medios tradicionales de
búsqueda; asimismo, aunque reconoció que no existía una norma
específica que lo regulara, entendió que la cuestión debía
examinarse como una derivación de los derechos al honor o a la
intimidad al ser una herramienta útil para hacerlos valer, al
margen de que con el mismo objetivo pudiera acudirse por
analogía a la ley que regulaba el hábeas data, bajo ciertas
circunstancias. </p><p>No obstante, señaló que el referido “derecho al
olvido” debía ser interpretado de modo restrictivo, pues su
ejercicio en forma extralimitada o abusiva era susceptible de
hiperextender (sic) el derecho de autodeterminación informativa
y personalísima a la privacidad por sobre otros derechos de
índole colectiva, máxime cuando la veracidad de la información
que se pretendía olvidar no se encontraba discutida, como
tampoco su relación inmediata con eventos cuya calificación como
de interés público o periodístico no estaba debatida. Señaló
que, aunque la vulneración del honor de una persona era de
difícil reparación ulterior, también cabían sacrificios en aras del interés general, por lo que la cuestión pasaba por encontrar
el equilibrio. </p><p>En ese contexto, el a quo expresó que los agravios de
la actora vinculados con la desestimación de su pretensión en
punto al bloqueo de acceso de los usuarios de internet a la
información referida al “caso Cóppola” resultaban inadmisibles. </p><p>Destacó que era acertada la decisión del juez de grado en
este aspecto, pues no se advertían motivos suficientes que
autorizaran una solución diferente. Argumentó que se trataban de
hechos de indudable interés público que exigían su difusión para
conocimiento de la sociedad pues —según manifestó— condujeron a
la destitución y condena penal de un juez federal, un secretario
y ex policías, más allá de que refirieran a una investigación
penal fraudulenta donde se hubiera demostrado que la actora fue
víctima de maniobras delictivas. Al respecto, hizo mérito de lo
resuelto por esta Corte Suprema en la causa “Rodríguez, María
Belén” (Fallos: 337:1174) en cuanto a que el bloqueo de acceso a
contenidos digitales por parte de quienes ofrecían servicios de
búsqueda debía estar precedido del examen respecto de la
ilicitud del contenido. </p><p>Por el contrario, consideró acertada la decisión de
grado que admitió el bloqueo de acceso a aquellas noticias que
reproducían escenas de peleas o discusiones entre la actora y
alguna otra entrevistada, generalmente vinculadas con el mencionado “caso Cóppola”, razón por la cual rechazó los
agravios de la demandada en este aspecto. </p><p> Después de destacar que era el derecho al honor de
Denegri el que se encontraba afectado y no el de su intimidad
desde que ella se había expuesto públicamente, señaló que Google
no había cuestionado de modo expreso la valoración que el juez
de grado había efectuado de dicha información en punto a que se
trataba de escenas cuya relevancia estuvo vinculada más a lo
grotesco que a lo informativo y no hacían al interés general que
pudo revestir dicho caso, sino a la parafernalia de contenidos
excéntricos de nulo valor cultural o informativo que cobraron
notoriedad por el culto al rating de ciertos programas
televisivos. Entendió que la peticionaria tenía derecho a que se
dejaran de reproducir sus grotescas peleas en televisión con
otros personajes que cobraron notoriedad en su época por
protagonizar escándalos televisivos, máxime cuando habían
transcurrido más de veinte años desde su ocurrencia. </p><p>Hizo mérito de que en aquel entonces se trataba de una
persona joven, sin experiencia, que seguramente se había visto
confundida por su extraña fama circunstancial y que hoy debía
sentirse mortificada por apreciar esas imágenes poco decorosas,
en especial luego de tanto tiempo y de haber formado una familia
y de desempeñarse profesionalmente. En esa línea de
razonamiento, concluyó que no advertía que una decisión como la
adoptada en el caso afectara el derecho de la sociedad a estar
informada ni a la libertad de prensa, ejercida durante un lapso prolongado sin censura previa de ningún tipo. Con apoyo en el
reconocimiento del “derecho al olvido” en materia crediticia y
en antecedentes penales, ponderó que la actora no había cometido
ningún delito y que si el ordenamiento brindaba protección a
quien había sido deudor en el pasado, no había razón para no
otorgarla a quien había participado de una suerte de shows
televisivos pseudo periodísticos. </p><p> Por último, desestimó la queja de la demandada sobre la
falta de individualización de los sitios a bloquear, pues
entendió que la actora había indicado varios de dichos sitios en
su demanda y que el juez había diferido la cuestión a la etapa
de ejecución de sentencia por lo que —a su criterio— no había
agravio actual en este aspecto. </p><p> 3°) Que contra dicho pronunciamiento Google dedujo
recurso extraordinario federal que fue concedido por cuestión
federal y denegado por arbitrariedad, lo que dio lugar a la
interposición de la queja correspondiente. </p><p>Sostiene que la sentencia ha vulnerado el derecho a la
libertad de expresión reconocido en los artículos 14 de la
Constitución Nacional, 13 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, en la ley 26.032, en el decreto 1279/1997 y en la
doctrina de la Corte Suprema en la materia; que ha admitido una
limitación irrazonable a su actividad y una censura
indiscriminada de contenidos lícitos vinculados a figuras públicas y sobre una materia de interés público con sustento en
un “derecho al olvido” de impreciso alcance y sin norma alguna
que lo contemple. </p><p> Expresa que la cámara, sin fundamento legal alguno, ha
reconocido un supuesto derecho a bloquear el acceso a contenidos
totalmente lícitos solo porque el transcurso del tiempo
denotaría la pérdida de interés en su acceso —incluso en contra
de lo que surge en este caso— o porque puede llegar a generar
cierta incomodidad en la persona involucrada. Según su posición,
el mayor o el menor grado de calidad artística, interés
informativo o aporte a la cultura de tales contenidos es el
resultado de una apreciación subjetiva irrelevante para
justificar la supresión o bloqueo pretendido, en tanto no exista
contradicción con una norma ni vulneración de derecho alguno.
Alega que la libertad de expresión no se limita al contenido de
“buen gusto” y protege muy especialmente aquel que promueve el
disenso o cuya valoración no resulta uniforme. </p><p> En ese contexto, enfatiza que no existe en el caso una
real afectación al derecho al honor o a la privacidad que
justifique un sacrificio del interés general mediante el
impedimento de acceso a la información pública involucrada.
Sostiene que se trata solo de ceder al deseo de una figura
pública para “moldear” su pasado privando a la sociedad de
buscar y acceder a contenidos lícitos y verdaderos en internet
en los que la actora ha participado voluntariamente. Señala, con
apoyo en el precedente de la Corte Suprema “Paquez, José” (Fallos: 342:2187), que el bloqueo de contenidos hacia el futuro
constituye un acto de censura prohibido que no resulta
justificado por el hecho de que hubieran estado disponible para
los usuarios por un prolongado lapso de tiempo. </p><p>Aduce que no existe norma positiva que disponga un
“derecho al olvido” para ciertos hechos del pasado como sucede
respecto de la información crediticia y de las sanciones penales
o administrativas donde una ley dispone un límite temporal para
su difusión con fundamento en la agilidad del tráfico mercantil
(artículo 26, inciso 4°, ley 25.326) y en la reinserción social
(artículo 51 del Código Penal). En ese lineamiento, destaca la
inaplicabilidad de la doctrina emanada del “caso Costeja” en el
que se admitió el “derecho al olvido” en razón tanto de las
diferencias fácticas con el sub examine, como de la existencia
de una norma europea que lo reglamenta. </p><p>Por último, señala que las distinciones que formula la
cámara entre los diferentes contenidos relativos al denominado
“caso Cóppola” y/o entre lo que resulta de interés público o de
buen o mal gusto se presenta arbitraria por ausencia de
fundamentos, al no expresar criterio, fórmula o test alguno para
sustentarlas más que la simple apreciación subjetiva y dogmática
de los jueces actuantes. </p><p>4°) Que, con arreglo a lo establecido en la acordada
30/2007, el Tribunal llamó a una audiencia pública de carácter
informativo que se desarrolló durante los días 17 y 18 de marzo
CIV 50016/2016/CS1
CIV 50016/2016/1/RH1
Denegri, Natalia Ruth c/ Google Inc. s/
derechos personalísimos: Acciones
relacionadas.
Corte Suprema de Justicia de la Nación de este año, en la cual fueron escuchados los Amigos del
Tribunal, el señor Procurador Fiscal y las representaciones
letradas de cada una de las partes, que fueron interrogadas
sobre diversos aspectos de la controversia, conforme da cuenta
el acta y los instrumentos incorporados al expediente. </p><p>5°) Que el recurso extraordinario es admisible ya que
plantea agravios con relación a la interpretación de normas de
carácter federal vinculadas con la garantía de la libertad de
expresión (artículos 14, 32 y 75, inciso 22, Constitución
Nacional; artículo 13, Convención Americana sobre Derechos
Humanos; artículo 19, Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos) y la decisión del superior tribunal de la causa ha
sido contraria al derecho que la impugnante fundó en ellas
(artículo 14, inciso 3°, ley 48). Cabe recordar, además, que, en
la tarea de esclarecer la inteligencia de cláusulas del carácter
antes señalado, esta Corte no se encuentra limitada por las
posiciones de la cámara ni las de las partes, sino que le
incumbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado,
según la interpretación que rectamente le otorgue (conf. Fallos:
323:2054; 325:1194; 326:3038 y 4711; 327:1220, entre otros). Por
lo demás, las causales de arbitrariedad invocadas guardan
vinculación inescindible con la cuestión federal planteada en el
caso, por lo que corresponde su examen en forma conjunta
(Fallos: 323:2519; 327:5640; 330:2206 y 341:1130, entre otros). </p><p>6°) Que la cuestión en debate se centra en determinar si
una persona pública que estuvo involucrada en un tema de interés
- 10 -
público tiene —según invoca— un “derecho al olvido” por el cual
pueda solicitar que se desvincule su nombre de determinados
contenidos que la involucran, alegando que por el paso del
tiempo han perdido dicho interés y que, a su criterio, resultan
inapropiados a la auto percepción de su identidad actual y, en
consecuencia, lesionan sus derechos al honor y/o a la intimidad;
o si, por el contrario, la medida de desindexación de
información ordenada —tendiente a hacer cesar la continuación
del daño que alega— restringe indebidamente el derecho a la
libertad de expresión, tanto en su faz individual como
colectiva. </p><p>7°) Que la Constitución Nacional garantiza una amplia
protección a la libertad de expresión, la cual tiene un lugar
preeminente en el marco de nuestras libertades constitucionales,
entre otras razones, por su importancia para el funcionamiento
de una república democrática y para el ejercicio del
autogobierno colectivo del modo por ella establecido (conf.
doctrina de Fallos: 315:1943; 321:412 y 2250; 331:1530;
335:2090; 337:1174; 340:1364; 343:2211 y causa CSJ 755/2010 (46-
S)/CS1 “Sujarchuk, Ariel Bernardo c/ Warley, Jorge Alberto s/
daños y perjuicios”, sentencia del 1° de agosto de 2013, entre
otros). </p><p> En este sentido, esta Corte en reiteradas oportunidades se
ha referido a la importancia de la libertad de expresión en un
régimen democrático: “[e]ntre las libertades que la Constitución
consagra, la de prensa es una de las que posee mayor entidad, al extremo de que sin su debido resguardo existiría tan sólo una
democracia desmedrada o puramente nominal” (Fallos: 331:1530,
entre otros). También ha manifestado que “[i]ncluso no sería
aventurado afirmar que, aun cuando el art. 14 enuncia derechos
meramente individuales, está claro que la Constitución, al
legislar sobre la libertad de prensa, protege fundamentalmente
su propia esencia democrática contra toda posible desviación
tiránica” (Fallos: 321:2250). </p><p>Asimismo, este Tribunal ha señalado que la libertad de
expresión no solo atañe al derecho individual de emitir y
expresar el pensamiento, sino incluso al derecho social a la
información de los individuos que viven en un Estado democrático
(conf. doctrina de Fallos: 306:1892 y 310:508). De ese modo, tal
como lo sostuvo esta Corte en Fallos: 337:1174, “la libertad de
expresión se constituye en una piedra angular de la existencia
misma de una sociedad democrática […] como sistema de
autodeterminación colectiva por el cual los individuos toman las
decisiones que fijan las reglas, principios y políticas públicas
que regirán el desenvolvimiento de la sociedad política. Como lo
ha manifestado la Corte Suprema de los Estados Unidos: ‘[s]e
trata de la esencia misma del autogobierno’ (‘Garrison v.
Lousiana’, 379 U.S. 64, 1964)’”. </p><p> 8°) Que esta libertad comprende el derecho de transmitir
ideas, hechos y opiniones a través de internet, herramienta que
se ha convertido en un gran foro público por las facilidades que
brinda para acceder a información y para expresar datos, ideas y
- 12 -
opiniones. Así ha sido reconocido por el legislador nacional al
establecer en el artículo 1° de la ley 26.032 que “la búsqueda,
recepción y difusión de información e ideas de toda índole, a
través del servicio de Internet, se considera comprendido dentro
de la garantía constitucional que ampara la libertad de
expresión”. Esa ley resulta reglamentaria del artículo 14 de la
Constitución Nacional y del artículo 13.1 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, en tanto prescribe que “[t]oda
persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de
expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir
y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente por escrito o en
forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de
su elección”. </p><p>9°) Que esta Corte se refirió a la importancia de esta
herramienta por su alcance global en los precedentes “Rodríguez,
María Belén” (Fallos: 337:1174), “Gimbutas, Carolina Valeria”
(Fallos: 340:1236) y “Paquez, José” (Fallos: 342:2187). En esos
pronunciamientos —sin perjuicio de las consideraciones
particulares de cada uno de los jueces en relación con la
decisión del caso concreto— el Tribunal entendió que el derecho
de expresarse a través de internet fomenta la libertad de
expresión tanto en su dimensión individual como colectiva. Así,
a través de internet se puede concretar el derecho personal que
tiene todo individuo a hacer público, a transmitir, a difundir y
a exteriorizar ―o a no hacerlo― sus ideas, opiniones, creencias, críticas, etc. Desde el aspecto colectivo, dicha red constituye
un instrumento para garantizar la libertad de información y la
formación de la opinión pública. </p><p>Es por ello que en los distintos votos de los
precedentes citados se coincidió acerca de su carácter
transformador, como medio que permite que una cantidad
incalculable de personas en todo el mundo exprese sus opiniones
y suministre información de manera plural y descentralizada
respecto de múltiples temas y que, por consiguiente, aumente de
manera significativa la capacidad de buscar información y
acceder a ella (conf. doctrina de Fallos: 337:1174,
considerandos 10 y 11 del voto de la mayoría y 12 de la
disidencia parcial de los jueces Lorenzetti y Maqueda; 340:1236
y 342:2187, considerando 7° del voto de los jueces Rosenkrantz y
Highton de Nolasco, ya citados). </p><p>10) Que en los fallos referidos en el considerando
anterior este Tribunal también destacó la indudable importancia
del rol que desempeñan los motores de búsqueda en el
funcionamiento de internet, en tanto actúan como una herramienta
técnica que favorece el acceso al contenido deseado por medio de
referencias automáticas. Se trata de intermediarios entre los
usuarios y los sitios que existen en la red, no crean
información disponible en ella, sino que la recorren e indexan
automáticamente. De este modo, prestan un servicio que permite a
cualquier usuario conectado a internet, tras ingresar una o
varias palabras en el buscador, recibir como respuesta una lista ordenada de sitios de la red que están vinculados, según
criterios predeterminados de indexación de contenidos, con la
preferencia del usuario, fijada según las palabras con las que
este orientó su búsqueda. En este sentido, estos motores cumplen
un rol esencial dentro de la libertad de expresión, pues
potencian el ejercicio de su dimensión social (conf. doctrina de
Fallos: 337:1174, considerandos 15 del voto de la mayoría y 15
de la disidencia parcial de los jueces Lorenzetti y Maqueda;
340:1236, considerando 3° del voto de la mayoría y 6° de la
disidencia parcial de los jueces Maqueda y Lorenzetti en cuanto
remiten, respectivamente, a las consideraciones efectuadas en la
materia en “Rodríguez, María Belén” y 342:2187 ya citado,
considerando 7° del voto de los jueces Rosenkrantz y Highton de
Nolasco). </p><p>Además, esta Corte —con cita del “caso Costeja”— señaló que
la actividad de los motores de búsqueda desempeña un papel
decisivo en la difusión global de datos en la medida en que
facilita su acceso a todo internauta que lleva a cabo una
búsqueda a partir del nombre del interesado, incluidos los
internautas que, de no ser así, no habrían encontrado la página
web en la que se publican estos mismos datos (conf. Fallos:
337:1174; 340:1236, ya citados y 342:2187, considerando 7° del
voto de los jueces Rosenkrantz y Highton de Nolasco, ya citado). </p><p>11) Que la importancia que tiene la libertad de
expresión en nuestro sistema constitucional conduce a que este
Tribunal considere que toda restricción, sanción o limitación a dicha libertad debe ser de interpretación restrictiva (conf.
doctrina de Fallos: 316:1623 y 337:1174, ya citado, entre
otros). Toda censura previa que sobre ella se ejerza padece de
una fuerte presunción de inconstitucionalidad y, por ende, la
carga argumentativa y probatoria de su necesidad pesará sobre
quien invoca dicha restricción (conf. doctrina de Fallos:
315:1943, considerandos 10 del voto de los jueces Nazareno,
Moliné O´Connor y Cavagna Martínez, 7° del voto del juez Levene,
25 del voto del juez Fayt y 11 del voto del juez Belluscio;
337:1174, voto de la mayoría y considerando 13 de la disidencia
parcial de los jueces Lorenzetti y Maqueda; 342:2187 ya citado,
considerandos 9° y 11 del voto de los jueces Rosenkrantz y
Highton de Nolasco y arg. del voto de los jueces Maqueda y
Rosatti por remisión al dictamen de la Procuración General de la
Nación). </p><p>En el mismo sentido, la Corte Suprema de los Estados
Unidos ha manifestado que cualquier sistema de restricciones
previas tiene una fuerte presunción de inconstitucionalidad (380
U.S. 51 -1965-; 393 U.S. 175 -1968-; 372 U.S. 58 -1963-; 402
U.S. 4315 -1971-; 420 U.S. 546 -1975-). Sin embargo, ha señalado
también que la libertad de expresión no confiere una inmunidad
absoluta de estas restricciones. También ha agregado que el
interés del Estado justifica las restricciones previas solo en
casos excepcionales (249 U.S. 47 -1919-, 283 U.S. 697 -1931-). </p><p>En el marco de los principios enunciados, el Tribunal ha
aceptado doctrinas fuertemente tutelares del ejercicio de la
- 16 -
libertad de expresión, particularmente en materia de interés
público. Las doctrinas “Campillay” (adoptada en Fallos: 308:789
y desarrollada en numerosos precedentes posteriores), de la
“real malicia” (incorporada a partir de Fallos: 310:508 y
reafirmada en diversos precedentes), “Ponzetti de Balbín”
(Fallos: 306:1892) y el criterio de ponderación estricto para
generar responsabilidad por la emisión de opiniones (Fallos:
321:2558, voto de los jueces Petracchi y Bossert; 335:2150,
“Quantín”; 337:921, “Irigoyen” y 343:2211, “Pando”, entre otros)
constituyen líneas jurisprudenciales que brindan una protección
intensa a la libertad de expresión y que resguardan un espacio
amplio para el desarrollo de un debate público robusto. </p><p>En lo que respecta a la censura propiamente dicha, este
Tribunal ha considerado revertida la presunción referida en un
caso sumamente excepcional en el que se buscaba prevenir una
lesión al derecho a la intimidad de una menor de edad. Allí se
entendió —con fundamento en el interés superior del niño
consagrado en la Constitución Nacional y en los tratados con
jerarquía constitucional— que en ese supuesto la prevención del
daño se imponía como única forma de lograr la protección
judicial efectiva. Sin embargo, esta Corte siguiendo la
naturaleza excepcional de la medida dispuesta, la redujo a lo
estrictamente necesario e indispensable para satisfacer su
finalidad tuitiva (conf. doctrina que surge de Fallos: 324:975). </p><p>Es decir, la presunción de inconstitucionalidad implica —
además de la inversión de la carga de la prueba antes referida— que el Tribunal interprete restrictivamente los supuestos en los
cuales podría corresponder hacer la excepción, si los hechos del
caso encuadran en alguno de ellos y, de ser así, que la medida
que adopte sea la estrictamente indispensable para satisfacer la
finalidad. </p><p>12) Que la aplicación de estos principios a la función
que desempeñan los motores de búsqueda puede llevar a concluir
que una eventual decisión judicial de desindexar ciertas
direcciones respecto de un resultado —y, de ese modo, hacer
cesar su repetición—, implicaría una limitación que
interrumpiría el proceso comunicacional, pues al vedar el acceso
a dicha información se impediría la concreción del acto de
comunicación —o, al menos, dada la preponderancia que revisten
los motores de búsqueda, se lo dificultaría sobremanera—, por lo
que tal pretensión configura una medida extrema que, en
definitiva, importa una grave restricción a la circulación de
información de interés público y sobre la que pesa —en los
términos antedichos— una fuerte presunción de
inconstitucionalidad (conf. doctrina de Fallos: 315:1943; 337:
1174 y 342:2187, ya citados en el considerando anterior). </p><p>Además, si bien es cierto que la eliminación de
contenidos web difiere conceptualmente de la supresión de una de
las vías de acceso a ellos, no cabe descartar de antemano que,
en determinadas circunstancias, los efectos de ambos sobre el
discurso público pueden resultar igualmente gravosos. No puede
soslayarse que el remedio —aparentemente más leve— que solo inhabilita un nombre propio como uno de los canales para acceder
a cierta información o contenido, podría extenderse a todos los
participantes involucrados en el tema. Ante esa eventualidad, el
efecto de tal truncamiento en la búsqueda de información pública
podría justificar su análisis bajo los principios, ya reseñados,
aplicables a las restricciones previas a la libertad de
expresión. </p><p>Con relación a este tema, cabe aclarar que en materia de
solicitudes de bloqueo se podría aceptar —con carácter
absolutamente excepcional— un supuesto de tutela preventiva, con
fundamento en la acreditación de la ilicitud de los contenidos y
del daño sufrido, en un contexto —el de los motores de búsqueda—
en el que dicho daño, una vez producido, continúa generándose.
Una posición contraria, que solo admitiese la responsabilidad
ulterior, llevaría al absurdo de pretender que la persona que
probó la afectación a sus derechos constitucionales deba iniciar
constantemente nuevos reclamos reparatorios, debido a que el
buscador mantiene los contenidos ya sentenciados como dañosos en
la web. Es decir, en estos casos si se parte de un supuesto de
responsabilidad ulterior por el daño acreditado, se podría
eventualmente admitir la supresión o bloqueo de los contenidos
perjudiciales para evitar o prevenir daños similares futuros. </p><p>Mediante esta tutela preventiva resulta posible que una
vez corroborada la existencia de vinculaciones que claramente
lesionan derechos personalísimos de una persona, esta pueda
requerir judicialmente a los "motores de búsqueda" que, acorde con la tecnología disponible, adopten las medidas necesarias
para suprimir la vinculación del damnificado con enlaces
existentes de idénticas características. De esta forma, la
protección preventiva opera con independencia de una nueva
efectiva configuración del daño en la esfera jurídica del
titular, pues la sola amenaza causalmente previsible del bien
jurídico tutelado habilita su procedencia (conf. doctrina de
Fallos: 337:1174, ya citado, disidencia parcial de los jueces
Lorenzetti y Maqueda, considerando 34). </p><p>Por último, cabe señalar que este razonamiento no se
contradice con lo resuelto por esta Corte en el caso “Paquez”,
en el que no se justificó la disposición de medidas cautelares
preventivas de bloqueo del acceso a contenidos de internet, por
cuanto de las constancias de la causa surgía que las expresiones
contenidas en las páginas web que se indicaban como
presuntamente agraviantes consistían en acusaciones contra un
funcionario público en relación con hechos relativos al
ejercicio de su cargo. </p><p>13) Que a fin de examinar si la desvinculación ordenada
por el tribunal de alzada constituye una restricción indebida a
la libertad de expresión, resulta indispensable evaluar si dicha
medida afecta el acceso a un discurso constitucionalmente
protegido, conforme se ha especificado en los considerandos
anteriores, aun cuando pudiese molestar, ofender o incluso
avergonzar a sus protagonistas.</p><p>En esta causa los contenidos cuestionados por la actora
–y que la involucran− se vinculan con la amplia cobertura
mediática que tuvo el “caso Cóppola” que incluyó en sus avatares
a diferentes personajes del deporte y de la vida pública
argentina, y que concluyó con la destitución y condena penal de
un juez federal y de funcionarios judiciales y policiales. La
investigación criminal cobró notorio interés y tuvo un
importante seguimiento por parte de los medios de comunicación —
en particular, por la televisión abierta— a través de emisiones
periodísticas informativas y de programas de entrevistas en vivo
a los que concurrían las personas que se encontraban
relacionadas con dicho proceso penal, con altos índices de
audiencia. Los contenidos respecto de los cuales se ha dictado
la medida que ordena desvincular los sitios de los resultados de
búsqueda con el nombre de la actora, corresponden tanto a estos
últimos programas televisivos como a otras intervenciones
derivadas de la fama adquirida a causa de aquellos. </p><p>En ese marco, Natalia Denegri cobró notoriedad por su
vinculación con el “caso Cóppola” y por su participación en los
referidos programas de entrevistas que efectuaban la cobertura
mediática de sus avances, notoriedad que mantiene hasta la
actualidad. En efecto, la actora continúa siendo una persona
pública, empresaria de medios, conductora de programas de
televisión y ganadora de numerosos premios internacionales por
su labor profesional. En el escrito de demanda admite haber
obtenido un lugar en el periodismo en los Estados Unidos, como
CIV 50016/2016/CS1
CIV 50016/2016/1/RH1
Denegri, Natalia Ruth c/ Google Inc. s/
derechos personalísimos: Acciones
relacionadas.
Corte Suprema de Justicia de la Nación periodista de la CNN y en su página web se presenta como “una
celebridad de la televisión latinoamericana”
(www.nataliadenegri.com) (fs. 5 del escrito de demanda y 19 y 32
del recurso extraordinario). </p><p>14) Que concluir que por el mero paso del tiempo la
noticia o información que formó parte de nuestro debate público
pierde ese atributo, pone en serio riesgo la historia como
también el ejercicio de la memoria social que se nutre de los
diferentes hechos de la cultura, aun cuando el pasado se nos
refleje como inaceptable y ofensivo para los estándares de la
actualidad. En todos los casos es necesario demostrar todos los
presupuestos de la acción descriptos en los considerandos
precedentes. </p><p>Si se permitiera restringir recuerdos del acervo
público sin más, se abriría un peligroso resquicio, hábil para
deformar el debate que la libertad de expresión pretende
tutelar. En el contexto de una sociedad democrática, la
información verdadera referida a una persona pública y a un
suceso de relevante interés público —reflejado, principalmente,
en las graves consecuencias que se derivaron de los hechos que
lo componen—, exige su permanencia y libre acceso por parte de
los individuos que la integran, pues ella forma parte de una
época determinada cuyo conocimiento no cabe retacear a quienes
conforman —y conformarán— dicha sociedad sin motivos suficientes
que tornen aconsejable una solución con un alcance distinto. </p><p>15) Que en virtud de la naturaleza que caracteriza a la
información respecto de la cual Denegri pretende desvincularse —
se trata de una persona pública que estuvo involucrada en un
tema de interés público, interés que se mantiene hasta la
actualidad—, cabe concluir que el contenido en cuestión goza de
la máxima tutela que nuestra Constitución Nacional proporciona a
la libertad de expresión y, en consecuencia, la pretendida
desvinculación —por lesionar, según la actora sus derechos al
honor y a la intimidad— debe analizarse bajo el marco
constitucional que regula el debate público. </p><p>16) Que en ese examen, cabe recordar que el honor, en
tanto derecho personalísimo que tiene todo individuo, ampara a
las personas frente a expresiones o mensajes que la hagan
desmerecedora en la consideración ajena al ir en su descrédito
(conf. Fallos: 331:1530, “Patitó, José Ángel y otro”, voto de la
jueza Highton de Nolasco; 337:1174, ya citado y 342:1735). Esta
Corte Suprema ha destacado que el reconocimiento y la protección
del derecho al honor encuentran fundamento constitucional en el
artículo 33 de la Ley Fundamental y en los tratados
internacionales que cuentan con jerarquía constitucional desde
su reforma en 1994 (conf. artículos 11 y 13.2.a del Pacto de San
José de Costa Rica; 17 y 19.3.a del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos; V y XXIX de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y 12 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos), e infraconstitucional en el artículo 52 del Código Civil y Comercial de la Nación (conf. “Pando de Mercado, María Cecilia”, Fallos:
343:2211). </p><p>La divulgación de hechos relativos a la vida de una
persona o de su familia sin su consentimiento que afecten su
reputación y buen nombre, así como la imputación de hechos o la
manifestación de juicios de valor a través de acciones o
expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de una
persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia
estimación pueden, atendiendo a las circunstancias particulares
de cada caso, configurar un ataque al referido derecho
fundamental. Ello así, pues la protección constitucional tiende
a tutelar el citado bien jurídico frente a una agresión
ilegítima —por difamatoria, injuriante, inexacta, falsa— y
ajena, susceptible de dañar de manera infundada la reputación,
fama o autoestima de un individuo, salvaguarda que, prima facie,
no cabría considerar comprensiva de aquellos supuestos en que la
lesión invocada es consecuencia de las acciones libres adoptadas
por el propio individuo en el desarrollo de su personalidad. </p><p>17) Que ante las tensiones entre el derecho al honor y
la protección de la libertad de expresión, este Tribunal
sostiene que esta última goza de una protección más intensa
siempre que se trate de publicaciones referidas a funcionarios
públicos, personas públicas o temas de interés público por el
prioritario valor constitucional que busca resguardar el más
amplio debate respecto de las cuestiones que involucran
personalidades públicas o materias de interés público como garantía esencial del sistema republicano (conf. doctrina de
Fallos: 327:183; 342:1777). </p><p>18) Que a fin de analizar si media una afectación al
honor según los principios desarrollados en los considerandos
anteriores, cabe señalar que la actora no plantea que los
contenidos de los que pretende desvincularse resulten falsos o
inexactos. Por el contrario, los URL que pide desasociar de su
nombre incluyen videos de programas de televisión en los que
ella efectivamente participó, sin que las solas manifestaciones
de la interesada revistan entidad suficiente para cuestionar
dicha participación, aspecto que, además, no ha integrado la
demanda. </p><p>Las circunstancias particulares del caso ponen de
manifiesto que la información cuyo bloqueo se pretende refleja
contenidos veraces referidos a una etapa de su vida pública en
los que ha participado en forma activa adquiriendo, por ello, el
carácter de figura pública dada la notoriedad de su intervención
en los sucesos que conforman la señalada información que, valga
reiterarlo, reviste indudable interés público. Nadie podría
poner en duda la entidad de los acontecimientos que la conforman
en tanto hacen a la historia de una sociedad democrática. En ese
escenario, no existe espacio suficiente para producir una lesión
ilícita del derecho al honor mediante la difusión de información
veraz vinculada con un asunto de interés público y referida a
una persona pública, de modo que se autorice una restricción al
ejercicio de otro derecho fundamental como lo es la libertad de expresión. El mayor o menor agravio o mortificación que la
difusión de dicha información pueda suscitar en la actora —y,
eventualmente, en su familia— no es un argumento suficiente para
limitar, sin más, el legítimo derecho a la libre circulación de
ideas, desde que la intromisión ilegítima en el derecho al honor
exige, como se dijo, la falta de veracidad o exactitud de la
información que se divulga, lo que no ocurre en el caso. </p><p>19) Que la medida ordenada tampoco podría sustentarse en
el hecho de que el contenido de las publicaciones señaladas
expone discusiones y peleas entre sus protagonistas que, al
decir del magistrado de grado —replicado en forma parcial por el
tribunal de alzada—, no presentan “por la procacidad o
chabacanería propiciada por el espacio televisivo del momento
[…] interés periodístico alguno sino que su publicación sólo
parece hallarse fundada en razones de morbosidad […] y no hacen
al interés general que pudo revestir el ‘caso Cóppola’, sino,
más bien, a la parafernalia de contenidos excéntricos de nulo
valor cultural o informativo, que cobraron notoriedad más por el
culto al rating de ciertos programas, que por el interés social
que podían despertar” (fs. 371 y vta.). </p><p>En efecto, el cariz desagradable, indignante o
desmesurado de ciertas expresiones del debate público no podría
despojarlas de protección constitucional sin incurrir en
criterios que, en última instancia, dependerían de los
subjetivos gustos o sensibilidades del tribunal de justicia
llamado a ponderarlas; el solo motivo de que esas expresiones
- 26 -
puedan resultar ingratas u ofensivas para las personas
involucradas, tampoco podría sustraerlas, sin más, de esa
protección constitucional (conf. arg. “Pando”, Fallos: 343:2211,
ya citado). Admitir razonamientos de esta naturaleza, basados en
gustos o puntos de vista particulares, introduce en el estándar
de análisis una variable extremadamente maleable y subjetiva que
abre la puerta a la arbitrariedad y, por ende, debilita la
protección de la expresión. </p><p>En este sentido, la Corte Suprema de los Estados Unidos
sostiene que la calidad de indignante o grotesca como pauta de
valoración “en el ámbito del discurso político y social tiene
una subjetividad inherente que permitiría […] imponer
responsabilidad legal sobre la base de gustos o miradas, o tal
vez sobre la base del desagrado respecto de una expresión
particular” (“Hustler Magazine, Inc. v. Falwell”, 485 U.S. 46,
55 -1988-; “Snyder v. Phelps et al”, 562 U.S. 443, 458 -2011-). </p><p>20) Que tampoco se advierte que la difusión de la
información cuestionada importe una grave afectación de la
privacidad —derecho que también cuenta con una fuerte protección
en la Constitución Nacional y en los instrumentos
internacionales que tienen jerarquía constitucional (artículos
19 de la Ley Fundamental, 11 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y 17 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos)— que, desde este punto, lleve a confirmar
la decisión recurrida. Al respecto, cabe recordar lo expresado
por esta Corte en el precedente “Ponzetti de Balbín” en cuanto a que “el art. 19 […] protege jurídicamente un ámbito de autonomía
individual constituida por los sentimientos, hábitos y
costumbres, las relaciones familiares, la situación económica,
las creencias religiosas, la salud mental y física y, en suma,
las acciones, hechos o datos que, teniendo en cuenta las formas
de vida aceptadas por la comunidad están reservadas al propio
individuo y cuyo conocimiento y divulgación por extraños
significa un peligro real o potencial para la intimidad”
(Fallos: 306:1892, ya citado, considerando 8°). </p><p>En efecto, la información conformada por programas de
audiencias masivas y entrevistas periodísticas emitidos en
medios de acceso público como lo fueron —y lo son— los canales
de televisión, aun cuando revelan aspectos personales e incluso
imágenes que exponen episodios que pueden resultar mortificantes
para la actora, suscitados en el marco de los referidos
programas televisivos, no lesiona su derecho a la intimidad. Tal
como se ha manifestado en el dictamen del señor Procurador
Fiscal, la protección de la privacidad no alcanza a aquellos
aspectos de la vida personal que el titular consiente revelar al
público. Como ya se ha manifestado, sin perjuicio de la escasa
argumentación expresada por ella en sentido contrario en sus
diferentes presentaciones y en la audiencia ante este Tribunal,
no se advierten elementos de entidad que den sustento a su
postura y conduzcan a tener por descartada la existencia de su
consentimiento en la difusión de la información que hoy
cuestiona. </p><p>Ello así, pues además de que no ha sido alegado en la
demanda –ni acreditado en debida forma- vicio alguno del
consentimiento, la exposición pública de la actora en medios
masivos de comunicación de difusión general y su participación
en el marco de debates relativos a un asunto de indudable
trascendencia pública que la tenía como una de las protagonistas
principales, desdibujan la alegada vulneración del derecho a la
intimidad. </p><p>21) Que, en conclusión, en las circunstancias
descriptas, no se advierte fundamento constitucional ni legal
alguno que sustente la pretensión de Denegri. Concretamente, no
se han brindado argumentos suficientes que demuestren que una
persona que fue y es figura pública tenga el derecho a limitar
el acceso a información veraz y de interés público que sobre
ella circula en internet y resulta accesible al público de
acuerdo a su propia discreción y preferencias, restringiendo de
este modo esa información a los aspectos que ella misma
considera relevantes o, por el contrario, inapropiados a la auto
percepción de su identidad actual. </p><p>22) Que resulta importante destacar que la causa en
estudio tiene una diferencia sustancial en relación con las
circunstancias examinadas en los precedentes “Rodríguez, María
Belén”, “Gimbutas” y “Paquez” ya citados, respecto del estándar
de responsabilidad que en dichos casos se aplicó a los motores
de búsqueda. Mientras que en los precedentes mencionados se
pretendía la eliminación o desindexación de las vinculaciones —y sugerencias de búsquedas y thumbnails derivadas— consideradas
ilícitas, la pretensión de la actora en autos, como se dijo, no
se fundó en la ilicitud de las publicaciones periodísticas y
videograbaciones en las que participó. Por el contrario, el
fundamento de su pretensión es que el mantenimiento de la
disponibilidad de información verdadera que alega no
representarla en la actualidad, por un largo período de tiempo,
habría generado una suerte de ilicitud sobreviniente que lesiona
su derecho al honor. </p><p>En este sentido, como se expresó anteriormente, de los
términos de la demanda no se desprende la invocación de un vicio
que –previamente acreditado en el proceso− permita concluir que
la publicación de los actos grabados y emitidos en programas de
televisión de acceso abierto y general, vinculados con hechos de
interés público no haya sido consentida. Por ende, mediando
interés público (artículos 31 de la ley 11.723 y 53 del Código
Civil y Comercial de la Nación), no puede reputarse ilícita la
reproducción del contenido de los registros de video en internet
—tampoco que esa reproducción devino ilícita con posterioridad
por el paso del tiempo— cuya desindexación del motor de búsqueda
de la demandada ordenó la sentencia apelada. </p><p>23) Que finalmente, más allá de que los fundamentos de
la petición de la actora no alcancen para justificar el bloqueo
de vínculos referidos a información de interés público, los
planteos que ha efectuado, así como los temas debatidos en la
audiencia pública vinculados con los criterios que utilizan los
- 30 -
motores de búsqueda para determinar sus resultados –tales como
el número de veces que las palabras-clave aparecen en el sitio,
el lugar en el que aparecen, el título y la calidad del sitio,
la cantidad de sitios que abrevan en tal lugar, el orden en el
que los contenidos se presentan, entre otros factores− no pueden
ser ignorados. </p><p>Es así que el presente pronunciamiento no implica
desconocer que el creciente uso de herramientas de tecnología
informática y, en particular, de sistemas que podrían incluirse
dentro de la categoría “Inteligencia Artificial” (IA), suscita
numerosos interrogantes respecto de su campo de aplicación a la
luz de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución
Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos, así como
respecto de su incidencia en la ordenación del debate público.
Aun cuando el tema no haya sido objeto de debate en la presente
causa, cabe destacar la existencia de un foro de discusión
mundial acerca del modo de compatibilizar los problemas que en
algunas ocasiones podrían suscitarse entre los mencionados
derechos y el funcionamiento de los sistemas de algoritmos (como
ejemplo de los temas en debate en la materia, puede consultarse
las “Directrices Éticas para una IA fiable”, Grupo Independiente
de Expertos de Alto Nivel sobre Inteligencia Artificial creado
por la Comisión Europea en junio de 2018)”. </p><p>En este marco, y específicamente referido a los
criterios de ordenamiento de la información por parte de los
buscadores, la representación de la demandada sostuvo en la audiencia que el modo en que el algoritmo ordena los resultados
“no necesariamente sigue una cronología. Sale lo que Google
estima que es más relevante para ese usuario. Aparte es distinto
si uno lo busca en Argentina, si lo busca en Estados Unidos,
porque lo relevante va a ser distinto. […] Es una cosa
complejísima (…)”. Posteriormente agregó que no era ese un
criterio “neutro” (respuesta del Doctor Grondona p. 46 y 50 de
la versión taquigráfica de la audiencia). </p><p>En base a la forma en que Google manifestó que aparecen
los resultados, se podría generar un cierto perfil de las
personas que podría condicionar la composición de lugar que el
internauta se hará de la identidad de la persona auscultada. De
ahí la necesidad de asumir hacia el futuro la problemática de
ciertos aspectos del funcionamiento de los algoritmos de los que
se sirven los motores de búsqueda, para que resulten más
entendibles y transparentes para los usuarios, hoy sujetos a la
decisión de aquellos. </p><p>Por ello, en sentido concordante con lo dictaminado por el
señor Procurador Fiscal, se hace lugar a la queja, se declara
procedente el recurso extraordinario, se revoca la sentencia
apelada y se rechaza la demanda (art. 16, segunda parte, ley
48). Con costas. Reintégrese el depósito. Notifíquese, agréguese
la queja al principal y, oportunamente, devuélvase. </p><p>Fdo: Horacio Daniel Rosatti - Carlos Fernando Rosenkrantz - Juan Carlos Maqueda - Ricardo Luis Lorenzetti</p><p>Recurso extraordinario interpuesto por Google LLC, representada por el Dr.
Arnaldo Cisilino, con el patrocinio letrado del Dr. Mariano Florencio
Grondona.</p><p>Traslado contestado por Natalia Denegri, representada por el Dr. Adolfo Martín
Leguizamón Peña.</p><p>Recurso de queja interpuesto por Google LLC, representada por el Dr. Arnaldo
Cisilino, con el patrocinio letrado del Dr. Mariano Florencio Grondona. </p><p>Tribunal de origen: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala H. </p><p>Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil n° 78.</p>marcelo riquerthttp://www.blogger.com/profile/01710761252058632337noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8847762969779010562.post-176227927009307212022-06-05T13:28:00.000-07:002022-06-05T13:28:04.685-07:00NUEVO LIBRO: INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DERECHO PENAL<p> <b><span style="font-size: medium;">Comparto el Prólogo del Dr. Zaffaroni a la nueva obra de mi autoría publicada por EDIAR (Bs.As., 2022, 304 páginas):</span></b></p><p><b><span style="font-size: large;"> <span style="color: #134f5c;">INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DERECHO PENAL</span></span></b></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhwUaDnQYmvY-8EzQmHlsSdksGPH3jX_qxYoY-bFZeU_-aP5aFu4nZzoVgK-snZQYFMmSrCbby3i1hcZXQVvr1AGHW31_15UQO6wppEiJ41wER1AC_kEPeHUrUs43QBr-xMGtynOzM_TrVR7Ngv9QGkbjKJu5Lf6HONJ4t-n27kLGOC40--BgJQ-602lg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="" data-original-height="283" data-original-width="178" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhwUaDnQYmvY-8EzQmHlsSdksGPH3jX_qxYoY-bFZeU_-aP5aFu4nZzoVgK-snZQYFMmSrCbby3i1hcZXQVvr1AGHW31_15UQO6wppEiJ41wER1AC_kEPeHUrUs43QBr-xMGtynOzM_TrVR7Ngv9QGkbjKJu5Lf6HONJ4t-n27kLGOC40--BgJQ-602lg" width="151" /></a></div><p></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; text-indent: 35.4pt;"><b><span style="font-family: helvetica; font-size: 16pt; line-height: 22.8267px;">PROLOGO (POR E.RAÚL ZAFFARONI)<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: helvetica; font-size: 16pt; line-height: 22.8267px;"> </span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: helvetica; font-size: 16pt; line-height: 22.8267px;">La presente investigación del Profesor Marcelo A. Riquert muestra un panorama completo de los problemas que la IA ofrece al derecho penal y a la política criminal, aunque también a la política a secas, con abundante información bibliográfica nacional y extranjera y datos relevantes, incluyendo las normativas argentinas vigentes en aspectos puntuales.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: helvetica; font-size: 16pt; line-height: 22.8267px;">Entre los varios méritos destacables del presente libro, además de las prudentes opiniones y reflexiones del autor, no es menor que haya evitado caer en la literatura fantástica que se encuentra en otras obras, completadas con las consabidas visiones utópicas y distópicas expuestas con alto grado de gratuidad. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: helvetica; font-size: 16pt; line-height: 22.8267px;">Con buen criterio el autor pasa rápidamente por alto ese género de consideraciones, a cuyo respecto agregaríamos que los algoritmos no son ni buenos ni malos, sino que lo serán siempre quienes los proyectan y manipulan, es decir, los humanos. Además, si los humanos pretenden decidir conductas conforme a mera racionalidad funcional, queriendo dejar de lado el aspecto emocional de su personalidad, que juega en la decisión de casi toda conducta humana, no harán otra cosa que proyectar comportamientos psicopáticos, sin contar con que el compromiso afectivo tampoco lo podrían eludir del todo al proyectar cada programa. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: helvetica; font-size: 16pt; line-height: 22.8267px;">En términos bastante más complicados, la reducción a pura racionalidad funcional parecería haber sido la preocupación de los últimos años de Heidegger respecto de la tecnología, cuestión que se pone de manifiesto en estas décadas con un <i>solucionismo tecnocrático</i> que, en sus expresiones más radicales, llega a un alto grado de delirio con la <i>transhumanidad</i>. En un nivel un poco menor, se halla la pretensión de dejar todos los problemas penales librados a electricistas del cerebro, conforme a las neurociencias.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: helvetica; font-size: 16pt; line-height: 22.8267px;">Cada vez que se festeja un avance técnico o científico –como son la IA o las neurociencias-, algunos de los convidados a la fiesta se embriagan y, como se sabe, hay ebrios alegres y otros tristes, pero después de un tiempo el alcohol en sangre se elimina y, aunque siempre queda cierto malestar posterior por algún tiempo, las ciencias siguen su camino y la embriaguez se olvida.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: helvetica; font-size: 16pt; line-height: 22.8267px;">En 1626, Francis Bacon señaló con toda claridad el objetivo que habría de perseguir la obtención del conocimiento humano en el mundo occidental: se trata de buscar un saber que siempre <i>quiere saber para poder. </i>Al objeto que quiere dominar le inquiere o interroga -incluso torturándolo- acerca de cómo dominarlo, pero como el objeto no lo sabe, responde con toda su entidad. Es esta respuesta con total entidad la que el investigador occidental no puede deglutir y, por tanto, va quedando aplastado (<i>su-jetado</i>).<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: helvetica; font-size: 16pt; line-height: 22.8267px;">Los investigadores de la IA, en su afán por reproducir mecanismos humanos, en definitiva, también interrogan a otros seres humanos y, como es obvio, reciben respuestas humanas, que no pueden terminar de digerir. Pero los humanos siempre responderán igual: por eso los ladrones siempre corren detrás de los policías, por lo que la prevención del delito se lleva a cabo con medios más modernos y crecientemente poderosos considerados <i>infalibles, </i>pero que son tales hasta que se los apropian los ladrones.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: helvetica; font-size: 16pt; line-height: 22.8267px;">También es sabido que los delincuentes de mucho mayor vuelo, que se lanzan a usar las tecnologías de control en escala mayor, acaban disputándose el poder y usándolas despiadadamente contra ellos mismos. Por lo general, cuando esto sucede se asustan: <i>a los otros sí, pero a nosotros </i>no, suelen decir cuando ya es tarde y sólo les queda lengüetear sus heridas. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: helvetica; font-size: 16pt; line-height: 22.8267px;">La tecnología de investigación y vigilancia –como todas las anteriores- será burlada. Incluso en algún momento caerá en manos de los delincuentes, aunque en cierto modo ya lo está, desde que la usan corporaciones transnacionales para cometer delitos en gran escala y otros actos preparatorios. En tanto, es posible que sirva para acentuar la selectividad victimizante del poder punitivo, conforme a la regla de que a mayor riqueza menor riesgo de victimización. Los habitantes de los barrios ricos de las grandes ciudades serán menos victimizados y los de los barrios suburbanos y precarios serán más victimizados y también más criminalizados. Sería una diferencia cuantitativa, pero en lo cualitativo, en nada cambiaría lo que está sucediendo en este momento en toda nuestra región, lo que es verificable echando una rápida ojeada a la composición de las poblaciones de nuestras prisiones. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: helvetica; font-size: 16pt; line-height: 22.8267px;">La tecnología de previsión de conductas futuras que promete u ofrece la IA, no es más que un nuevo momento tecnológico para perfeccionar la vieja y conocida peligrosidad. Muchas veces se ha ironizado respecto de la máquina para medir la peligrosidad, aduciendo que no se había inventado el <i>peligrosómetro</i>, lo que no era del todo cierto, dado que la criminología etiológica había propuesto varias tablas de predicción. Ahora la IA pretende vender un nuevo modelo de la misma máquina. Como en su armado se incorporarán todos los datos correspondientes al estereotipo del criminal -según los prejuicios sociales y policiales-, el programa responderá con criterio selectivo con mayor celeridad y seguridad que el viejo juez formado en la escuela positivista lombrosiana.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: helvetica; font-size: 16pt; line-height: 22.8267px;">En este sentido, tanto para las medidas procesales, como para los llamados beneficios penitenciarios, la libertad condicional, la condenación condicional y la <i>probation</i>, o incluso para la propia cuantificación de la pena en la sentencia –ahora llamada <i>sentencing</i>-, se podrá usar este programa, pero eso no cambia para nada el hecho de que se trata de un aparato que enseña a penar por delitos que no se han cometido y que ni siquiera se han pensado, dejando de lado el realmente cometido, lo que no es más que la reiteración de lo que se practica desde la inquisición que cazaba brujas en el siglo XIII. Los defensores deberán conocer el programa e instruir a los declarantes para que nieguen o disimulen los datos configuradores del estereotipo, del mismo modo en que hace algunas décadas un <i>antipsiquiatra</i> enseñaba a los pacientes esquizofrénicos a negar sus síntomas para que no los manicomializasen. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: 16pt; line-height: 22.8267px;"> Como los humanos que proyectan y utilizan los algoritmos no siempre son malos, las tablas de predicción pueden ser útiles –si están bien hechas- para señalar criterios que sirvan para indicar el grado de riesgo de victimización. Esto sería sumamente útil si se hiciese con buen criterio y abarcando todo el universo de casos conocidos, en especial en los supuestos de violencia doméstica y riesgos de lesiones o de feminicidio en esas circunstancias, de modo que la autoridad que reciba las denuncias pueda disponer de un indicador de la prioridad y urgencia del caso, con mayor precisión que el mero uso de su buena y personal intuición. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: 16pt; line-height: 22.8267px;"> En cuanto a la facilitación de la búsqueda de antecedentes y jurisprudencia para evitar reiterar criterios ya establecidos, la IA puede ahorrar trabajo humano, pero ya se practica en serie y con inteligencia natural. La Corte Suprema de Justicia de la Nación lo practica desde hace muchos años, lo que explica que sus jueces puedan emitir más de diez mil resoluciones por año. Se trata de los <i>certiorari</i> o invocaciones del artículo 280 del código procesal civil que se deciden en razón de responder a criterios anteriores. Estas resoluciones internamente se denominan <i>remisiones</i> y se llevan apiladas a los jueces, que las firman mecánicamente.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: helvetica; font-size: 16pt; line-height: 22.8267px;">Un capítulo muy bien informado y estructurado y que hace a la dogmática jurídico penal, es el referido a los agentes autónomos y artificiales, en la parte que aborda la cuestión de los automotores. Aunque estos problemas todavía no se plantean, pronto la tecnología hará que los daños producidos por su funcionamiento lleguen a los tribunales penales y civiles. Sin duda que esto abre un abanico de interrogantes a la dogmática penal, muy bien abordados por el autor, como el riesgo permitido, la imputación del resultado y la tipicidad dolosa o culposa de alguno de los intervinientes en el curso causal, cuya identificación tampoco es sencilla, pudiendo darse situaciones de concurrencia de personas. Se trata de cuestiones de difícil solución dogmática y no deja de ser posible que haya que rectificar o afinar algunos conceptos.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: helvetica; font-size: 16pt; line-height: 22.8267px;">No menos interesante resulta el problema procesal que plantea el uso de drones en la investigación criminal, en especial cuando por medio de esos elementos se obtiene la <i>notitia criminis</i>. Este es un problema que ya se ha planteado y, seguramente, habrá de reiterarse con creciente frecuencia, dando lugar a discusiones acerca del origen lícito de esa prueba cuando se practique sin orden judicial y en casos en que por los medios tradicionales no podría obtenerse sin penetrar en domicilio o lugar privado.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: helvetica; font-size: 16pt; line-height: 22.8267px;">En cuanto al temor de que la actual pandemia se erija en un pretexto para ejercer una vigilancia sobre la población que acabe con la privacidad y cada ciudadano se sienta permanentemente vigilado, sin duda que es fundado. En algún país de la región –con altísima superpoblación carcelaria- al parecer se está usando como pretexto, con fines de control policial y como habilitación de ejercicio de poder punitivo informal o subterráneo y, por cierto, en este caso sin emplear ningún algoritmo.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: helvetica; font-size: 16pt; line-height: 22.8267px;">Por ende, en lo que hace a nuestra América, se trata en general de un problema futuro, pero de momento lo que más temor debe inspirar es el ejercicio de poder punitivo informal, con consecuencias letales y que se practica sin mayor empleo de IA.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: helvetica; font-size: 16pt; line-height: 22.8267px;">La alta letalidad de algunas policías de la región, la frecuencia de la tortura y la persecución política con participación judicial, es lo más preocupante del momento, sin perjuicio de reflexionar acerca de la forma de evitar el riesgo futuro de empleo de IA, que sin duda se está usando –en especial los <i>big data</i>- para manipular a la opinión pública orientando en forma personalizada la invención de realidad acerca de la necesidad y justificación de la letalidad y las torturas. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: helvetica; font-size: 16pt; line-height: 22.8267px;">La conveniencia de esta reflexión anticipada es particularmente importante, dado que se postula entre nosotros un derecho penal que propone resolver los complicados problemas de imputación objetiva del resultado mediante el criterio de las expectativas de los roles asumidos, o sea que, en último análisis se trataría de un derecho penal que aspiraría a configurar una sociedad robótica, en que cada individuo no deje de construir su celdita de abeja en la forma predeterminada conforme a su ubicación en el panal.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: 16pt; line-height: 22.8267px;"> En síntesis: este libro presenta un trabajo de investigación ejemplar y cuidadoso, que debe leerse con especial atención, no sólo por la información especializada que aporta, sino por el enorme esfuerzo con que el autor trata de definir y precisar conceptos que no son de fácil deslinde, pero en particular merece todavía una lectura más atenta el capítulo referido a los agentes autónomos y artificiales, en razón del importante análisis dogmático del autor, como también lo que hace a los drones en atención al problema procesal, y el de la técnica de rastreo e individualización con motivo de la pandemia, por las reflexiones que formula a su respecto. Agradezco al Profesor Riquert el honor que me dispensa al permitirme presentar su investigación, cuya lectura he disfrutado y de la que he aprendido mucho.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family: helvetica; font-size: 16pt; line-height: 22.8267px;"> </span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm;"><b><span style="font-family: helvetica; font-size: 18pt; line-height: 25.68px;">E. Raúl Zaffaroni<o:p></o:p></span></b></p><p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: helvetica; font-size: 14pt; line-height: 19.9733px;">Profesor Emérito de la UBA </span></p>marcelo riquerthttp://www.blogger.com/profile/01710761252058632337noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8847762969779010562.post-46557443898556712332022-05-07T13:14:00.001-07:002022-05-07T13:14:26.989-07:00SITUACIÓN CARCELARIA INCONSTITUCIONAL (VERBITSKY 2022)<p> </p><p align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: center;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">“Dice la Suprema
Corte: la situación carcelaria en la provincia de Buenos Aires es
inconstitucional, <i style="mso-bidi-font-style: normal;">¿le importa a alguien?</i>”<o:p></o:p></b></p>
<p align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: center;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>(Un nuevo capítulo
en la ejecución de la sentencia del <o:p></o:p></p>
<p align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: center;">hábeas corpus colectivo ‘Verbitsky’, diecisiete años
después)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><o:p> </o:p></p>
<p align="right" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: right;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">por Marcelo A.
Riquert</b><a href="file:///H:/SCBA%20P%2083909%20Verbitsky%202022.docx#_ftn1" name="_ftnref1" style="mso-footnote-id: ftn1;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[1]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><u>Sumario</u>: 1. Un estado de cosas inconstitucional. 2. Un problema
complejo, dinámico y multicausal. 3. El rol del poder judicial. 4. Las primeras
determinaciones del “PCS”. 5. Algunas finales reflexiones prospectivas.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">1. Un estado de cosas
inconstitucional<o:p></o:p></b></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">La Suprema Corte de Justicia provincial, casi un año después de la
sentencia de la CSJN del 13/5/2021, luego de la realización de varias
actividades de actualización de información e intercambio de ideas con la
accionante y otras instituciones involucradas desde aquella “Mesa de Diálogo”
que se instaurara a partir de la originaria resolución del máximo tribunal
nacional del año 2005<a href="file:///H:/SCBA%20P%2083909%20Verbitsky%202022.docx#_ftn2" name="_ftnref2" style="mso-footnote-id: ftn2;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[2]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>,
ha dado a conocer a través de nueva resolución su <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“Programa de cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación del 13 de mayo de 2021”</i> (que abrevia como PCS)<span class="MsoFootnoteReference"> <a href="file:///H:/SCBA%20P%2083909%20Verbitsky%202022.docx#_ftn3" name="_ftnref3" style="mso-footnote-id: ftn3;" title=""><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[3]</span></span><!--[endif]--></span></a></span>.
Constituye un nuevo hito en la que, queda claro por el simple cotejo de fechas,
es ya una prolongadísima historia en la ejecución de la sentencia en la acción
constitucional colectiva ensayada por el CELS que, como<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;"> </span>es público y notorio, se
interpuso porque el sistema carcelario bonaerense padece una situación de
colapso y emergencia, particularmente desde que la duplicación de la población
del SPP acontecida en el lustro 2000-2005 (de 15000 a 30000 internos.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">De hecho, la emergencia ha sido declarada en forma reiterada desde hace
casi dos décadas, así como actualizada y (otra vez) reconocida singularmente
por el informe del 10 octubre 2019 del Tribunal de Casación Penal en el marco
de la Res. 2301/18 de la SCBA, con sus once (11) recomendaciones y propuestas,
cuando el universo de detenidos provinciales era de 48827 personas. La propia
Suprema Corte, por Res. 3341/19 del 11/12/2019, toma aquellas como propias,
dando así cuerpo a una serie de directivas y sugerencias hacia toda la
judicatura bonaerense.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">Unos meses después, la pandemia por el COVID-19 provocó
pronunciamientos, recomendaciones, declaraciones, etc., desde diversas
instancias internacionales y nacionales (por caso, el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos a través del comunicado del 3/4/2020;
la ComIDH, con su Res. N° 1/2020, de 10 de abril, <i style="mso-bidi-font-style: normal;">"Pandemia y Derechos Humanos en las Américas"</i>, que dedica
los parágs. 46 a 49 a las <i style="mso-bidi-font-style: normal;">"Personas
privadas de libertad"</i>; la Corte IDH con su Declaración 1/20, de 9 de
abril, la Acordada N° 4/2020 de la CSJN o la Acordada 9/20 de la Cámara Federal
de Casación Penal, de 13 de abril). También nuevas intervenciones de los
mencionados tribunales superiores de la provincia y de la Procuración General
(Res. 158/20, del 16 de marzo, dirigida a Defensores y Fiscales), con foco en
la necesidad de adoptar medidas específicas para la población carcelaria
perteneciente a los identificados como grupos de mayor vulnerabilidad en caso
de contagio.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">Innecesario a los fines de este comentario recordar los vaivenes de la
cuestión en esta jurisdicción, valga simplemente mencionar que en el expte.
P-133682-Q, <i style="mso-bidi-font-style: normal;">"Altuve, Carlos Arturo
-Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal s/Queja en causa N° 102555 (Habeas
corpus colectivo y correctivo) y su acumulada N° 102558 (Habeas corpus
colectivo y correctivo) del Tribunal de Casación Penal"</i>), el 11 de
mayo de 2020, el más alto tribunal provincial en una extensa resolución se
expidió sobre las numerosas cuestiones de fondo y, por medio de diez puntos en
su parte resolutiva, se reencauzaron, adecuaron, confirmaron y revocaron
distintos aspectos del aludido fallo casatorio, así como se exhortó y recordó a
los poderes legislativo y ejecutivo a llevar adelante acciones propias de su
ámbito de competencias (puntos 8° y 9°) e hizo saber la necesidad de potenciar
el espacio de la Mesa de Diálogo creada por decreto 24/19 como ámbito propicio
para la búsqueda de soluciones consensuadas en un marco de ampliada representatividad
(punto 10°).<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">Lo cierto es que, más allá del tono alarmista de la mayoría de los
medios de comunicación, ni siquiera por aquellas razones sanitarias se produjo
un verdadero descongestionamiento ni se concretaron reales mejoras
estructurales del SPP que, en todo caso, quedaron en la instalación de algunos
hospitales modulares para el aislamiento de los internos contagiados y otras
medidas tendientes a evitar la transmisión del coronavirus (valga la remisión
en este sentido al <i style="mso-bidi-font-style: normal;">"Protocolo de
Contingencia Coronavirus (COVID-19) en contexto de encierro"</i>). Se
verá, como reconoce la propia resolución que se comenta, sobre fines de la
pandemia la cantidad de detenidos sigue creciendo.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">La adopción ahora del “PSC” por la SCBA, valga la insistencia, es un
nuevo paso necesario frente a la descripción precedente. No podría ser de otro
modo habida cuenta la directiva de la CSJN y la complejidad de la situación. La
cabeza del poder judicial bonaerense indica que tal programa se desarrollará
por medio de una serie de decisiones graduales y de efectos progresivos, que
sólo podrá encauzarse adecuadamente al amparo y con el compromiso de todos los
actores institucionales, en particular, los otros poderes de estado, para
alcanzar <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“el objeto de revertir <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">el estado de cosas inconstitucional</b> que
caracteriza a la situación de las personas privadas de libertad en la
Provincia” </i>(el resaltado es personal).<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">Llamo la atención sobre la inusual crudeza de la descripción del estado
de situación que corona diciendo que, acercándonos a las dos décadas de la
sentencia inicial de la CSJN y luego de las distintas medidas tomadas a nivel
local, <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“lo cierto es que las condiciones
generales que presenta la problemática enjuiciada no evolucionaron en un
sentido positivo”</i>. Ergo, se reconoce que estamos peor que en 2005.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">También destaco que, pese a la trascendencia y gravedad que trasunta
toda la resolución, su repercusión mediática inmediata fue casi inexistente, lo
que pareciera reflejar que poco o nada interesa la grave cuestión y valida la
pregunta del título: <i style="mso-bidi-font-style: normal;">¿le importa a
alguien?</i>. Sin distinción de formatos, la prensa nacional está ocupada en
los hechos de violencia callejera diarios o si la Corte estadounidense vuelve
atrás con “Roe vs. Wade” (interrupción voluntaria del embarazo) o valida una
más amplia posibilidad de portación de armas. El estado de las cárceles
provinciales donde se alojan más de la mitad de los privados de libertad del
país, por el que Argentina es responsabilizada internacionalmente, no merece
mayor atención.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">2. Un problema complejo,
dinámico y multicausal<o:p></o:p></b></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">En otro tramo de la resolución que fija el “PCS”, se señala <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“…insoslayable insistir en el carácter
complejo, dinámico y multicausal del grave problema que refleja la
superpoblación y hacinamiento en las cárceles y comisarías de jurisdicción
provincial”</i>. Esto ha sido admitido por las partes en litigio <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“y configura un estado de cosas lesivo e
inconstitucional que debe ser remediado, en gran medida, a partir de la
implicación a conciencia de los diversos actores institucionales comprometidos
en esta materia”</i>. En este último sentido se aclara que <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“ni un solo factor ni una sola autoridad gubernativa congregan la
capacidad de respuesta frente a los acuciantes hechos del caso, ni absorben el
centro de la responsabilidad para conjurarlos”</i>.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">Tras reconocer que nadie puede arreglar el problema solo, la SCBA trata
de delinear qué rol asigna al propio poder judicial. Para ello, denuncia la
ausencia de un diagrama de política criminal, consensuado como un acuerdo de
Estado, que tienda a proveer lo conducente para la solución de los problemas de
inseguridad que aquejan a la sociedad. Se trata, aclara, de un factor <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“ajeno al núcleo del quehacer
jurisdiccional, sobre el que debe ponerse en la mira por parte de los poderes
políticos”</i>.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">Se llama la atención sobre la tasa de encarcelamiento provincial, muy
superior a la media nacional, al punto que por momentos la supera en más del
50%. En las condiciones en que se cumple la detención, arriesga el alto
tribunal que <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“influidas por varios factores,
en ocasiones parecen contribuir a la reproducción del delito, más que a la
reinserción social de los penados”</i>. Con otras palabras: superpoblación,
hacinamiento, falta de recursos, situación edilicia emergencial y varios
etcéteras más, lejos de permitir el cumplimiento del programa constitucional de
finalidad resocializadora para la pena, se constituyen en elementos que
refuerzan o acentúan los factores de la previa situación de insuficiente
socialización (¿o inclusión?) y contribuyen a sostener o incrementar el espiral
de violencia.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">No se trata de una simple sensación o percepción sino un dato
estadísticamente corroborado. Mientras que, en 2005, cuando la sentencia
exhortativa original de la CSJN llamó a ajustar la situación carcelaria
provincial al baremo constitucional, el total de prisionizados en comisarías y
cárceles rondaba las 32.000 personas. Para fines de 2019, recuerda la SCBA que
el número aumentó hasta los 52.503 detenidos (45.398 alojados en cárceles y
alcaidías, 4.196 en dependencias policiales y 2.909 bajo el sistema de
monitoreo electrónico). Esto implicaba una tasa de superpoblación de alrededor
del 110% en el sistema (o sea, más que duplicaba la capacidad real disponible)
e importaba que teníamos 315 individuos detenidos cada 100.000 habitantes.
Agrego de mi parte, es una tasa de prisionización que está dentro de las más
altas del mundo. En el ínterin hasta al 1 de abril de 2022, conforme reconoce
el Ministerio de Justicia, el incremento prosiguió: llegó a los 54.818
detenidos (47.065 en la órbita del Servicio Penitenciario, 3.338 con prisión
domiciliaria bajo el sistema de monitoreo electrónico y 4.415 en dependencias
policiales).<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">Agrega contundente el alto tribunal: <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“Ese incremento no ha tenido como correlato el mejoramiento de los
guarismos sobre los números de delitos, cada vez con rasgos más violentos, ni
el cambio de la percepción, extremadamente negativa, que la sociedad tiene
sobre tal problemática”</i>. Es decir, llanamente, mientras que la estadística
refleja un incesante crecimiento del uso de la prisión, totalmente falto de
proporción con el aumento de población, se sigue hablando de “puerta giratoria”
como si nadie quedara preso.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">3. El rol del poder judicial<o:p></o:p></b></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">Siendo que <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“no le atañe al poder
judicial diseñar la política criminal ni carcelaria provincial o definir los
pormenores de su ejecución en orden a su acierto o conveniencia”</i> (principio
reconocido por la propia CSJN), se afirma en la nueva resolución que <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“la misión más delicada que le compete es la
de respetar la órbita de su jurisdicción, sin desbordarla, ni menoscabar las
funciones que incumben a los otros poderes, evitando su avance en desmedro de
otras facultades, en pos de la armonía del ordenamiento institucional”</i>.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">Agrega, haciéndose cargo de la imposibilidad de mantener el principio
de oficialidad de la acción penal y fijando un espacio de juego propio dentro
del complejo tablero descripto, que <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“Ello
no obsta a que sea de interés de la judicatura velar por la correcta
articulación institucional entre las áreas de seguridad y justicia del poder
ejecutivo y el ministerio público, actores centrales del sistema penal, en
procura de obtener resultados valiosos en materia de cuidado y bienestar de la
seguridad ciudadana, aplicando prudentemente los criterios de oportunidad (art.
56 bis, CPP)”</i>.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">Recuerda la SCBA que media la necesidad de cumplir no sólo con lo
decidido por la CSJN el 13/05/21, sino también con lo establecido en el punto
dispositivo 4) de la sentencia dictada el 3/05/2005, para lo que <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“los responsables institucionales
comprendidos en el asunto deben profundizar el diálogo y confluir en sus
voluntades a fin de revertir un estado de cosas que lleva décadas. Y deben
hacerlo en tiempos posibles y razonables. Para ello, es preciso transitar un
camino secuencial y progresivo en orden a la adecuada consecución de los
objetivos trazados”</i>.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">Se hace cargo el alto tribunal que <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“La
hondura del problema descarta soluciones sencillas e inmediatas”</i> y, por
ello, los actores involucrados deben aunarse bajo <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“un elemental criterio de racionalidad”</i>. Es decir, que deben actuar
mancomunadamente y tendiendo, en el ámbito de sus respectivas competencias, <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“a la reversión del crítico cuadro de
sobrepoblación carcelaria”</i>. Concluye que <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“Debe hacerse con un abordaje realista y mediante la programación de
acciones a desarrollarse a lo largo del tiempo, junto con la publicidad de los
avances que se vayan produciendo”</i>.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">4. Las primeras determinaciones
del “PCS”<o:p></o:p></b></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">Luego de dar por aprobadas actividades intermedias de sus propios
funcionarios, de declarar que el PCS se ejecutará por medio de una serie de
decisiones y mediante la colaboración de instituciones específicas, con el
objeto de revertir el estado de cosas inconstitucional que caracteriza a la
situación de las personas privadas de libertad en la Provincia y que lo
decidido comprende a las actuaciones en trámite por los legajos P. 117.445 y
acum. P. 117.551 -UP 15 de Batán- (puntos 1° a 3°), se adoptan en el punto 4°
un total de 27 determinaciones entre las que algunas son notificaciones y
puestas en conocimiento institucionales, por lo que en función de ser
sustanciales destaco las siguientes:<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;">4.1. Hacia la propia judicatura:<o:p></o:p></i></b></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;">4.1.a. Órganos jurisdiccionales
penales en general:<o:p></o:p></i></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">I) Revisar periódicamente la situación de las personas detenidas
valorando la necesidad de mantenerlas en dicha situación o bien, disponer
medidas de cautela o de ejecución de la pena menos lesivas, acorde al mérito de
cada situación particular y siempre que las circunstancias del caso lo
ameriten.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">II) Reiterar la prohibición de alojamiento en comisarías de menores,
mujeres embarazadas y enfermos.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">III) Recordar que la prisión preventiva no puede funcionar como una
pena anticipada y debe usarse con racionalidad, cumpliendo los estándares fijados
por la CSJ en la sentencia dictada en esta causa el 3 de mayo de 2005 y del
empleo de medidas alternativas o de morigeración. <o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">IV) En la medida de su disponibilidad, ponderar particularmente el uso
del sistema de monitoreo electrónico para los supuestos en que pudieren legal y
razonablemente tener lugar.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">V) Recordar el contenido y alcance de la Res. SCBA n° 3342 del 11/12/2019,
acerca de las mujeres detenidas embarazadas o con hijos menores de edad.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">VI) Instar se programe la agenda de debates con especial enfoque en los
privados de libertad con mayor tiempo en prisión preventiva, garantizando un
proceso sin dilaciones indebidas (arts. 8.1 y 7.5, CADH). Con similar objeto, se
evalúe la posibilidad de imprimir acuerdos alternativos al juicio oral cuando
pudiere resultar una solución pertinente y adecuada a las circunstancias de
cada caso.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;">4.1.b. Estructura interna de la
propia SCBA:<o:p></o:p></i></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">I) Disponer la conformación de una nueva institucionalidad en su ámbito
para la mejor realización del PCS, integrada por: a) un órgano de
implementación y seguimiento principal del PCS; b) un área específica de
articulación en el ámbito de la Secretaría Penal de la Corte y c) un
observatorio participativo para interactuar con el primer órgano mencionado.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">II) Encomendar a la Secretaría de Planificación, con interconsultas, la
propuesta de conformación del órgano de implementación y seguimiento del PCS.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">III) Se reformen los Acuerdos 3390 y 3415, de 2008, para mejorar el
ordenamiento de la información correspondiente a los diversos Registros
actualmente bajo la órbita de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Personas
Privadas de su Libertad.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">IV) Instruir a la Subsecretaría de Tecnología Informática y la Dirección
de Comunicación y Prensa para la presentación de la propuesta de diseño del
sitio web específico para la consulta, análisis y seguimiento de los programas
estatales relacionados con el PCS, gestión de la información y comunicación
sobre los avances concretados o el estado de su ejecución.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;">4.1.c. Delegación al Tribunal de
Casación Penal<o:p></o:p></i></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">Se le delega al TCP la ejecución de las medidas dispuestas y las que se
adoptaren en el ámbito del actual proceso, atinentes a la situación de las
personas privadas de libertad alojadas en comisarías de la jurisdicción
provincial y al estado o la utilización de estos locales policiales. El TCP
coordinará sus actuaciones con las instituciones cuya creación se promueve en
la misma resolución.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;">4.2. Hacia el Poder Ejecutivo provincial<o:p></o:p></i></b></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">I) Requerirle comunique su posición y diagnóstico sobre el estado de
situación de las condiciones de habitabilidad y el cupo que correspondiere a
cada unidad penitenciaria y alcaidías habilitadas y en construcción del sistema
dependiente del SPP, al 1/4/2022.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">II) Dicha información comprenderá los aspectos edilicios, de servicios
e instalaciones, condiciones de higiene y sanitarias, alimentación, seguridad,
esparcimiento, capacitaciones educativas y laborales.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">III) El cese progresivo del uso de las comisarías como lugar de
detención de personas privadas de libertad y sustituirlas en lo pertinente y
sustancialmente por las Alcaidías conforme al plan de construcción aprobado y
en ejecución, cuyo avance deberá ser informado periódicamente cada 60 días a la
Corte.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">IV) Deberá fijar un cupo máximo de personas alojadas en comisarías.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">V) A través de los órganos competentes, deberá fijar la programación y
ejecución de medidas tendientes a la progresiva adecuación de las condiciones
de alojamiento de las personas privadas de libertad en el ámbito del SPP, definiendo
los guarismos y etapas correspondientes sobre los cupos o plazas de cada unidad
de detención, atendiendo al estado actual de sobrepoblación.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">VI) Exhortarlo para que gestione y acuerde con las autoridades
nacionales competentes un convenio y las normas complementarias orientados a
establecer que los detenidos por delitos comprendidos en la ley nacional
23.737, en jurisdicción provincial, con arreglo a ley provincial n° 13.392 de
adhesión a la ley nacional n° 26.052, cursen sus detenciones o condenas en
establecimientos del sistema penitenciario federal.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">Para que se tenga una idea del impacto de la desfederalización basta
con señalar que, sólo en 2021, se iniciaron en la provincia 71446 IPP por
presuntas infracciones a la Ley 23737, lo que representa el 8,43% del total
(847173 IPP)<span class="MsoFootnoteReference"> <a href="file:///H:/SCBA%20P%2083909%20Verbitsky%202022.docx#_ftn4" name="_ftnref4" style="mso-footnote-id: ftn4;" title=""><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[4]</span></span><!--[endif]--></span></a></span>.
Corresponde agregar que, además, se trata de un grupo de casos que tienen una
alta tasa de detenciones, mucho mayor que el porcentual antes indicado. En la
última estadística disponible, al 31/12/2020, los privados de libertad por
infracciones a la Ley 23737 en la provincia era de 7706 personas (el 95% por
narcomenudeo), que representan el 13,4% del total (que eran 57447), con una tasa
de prisionización de 43,9 por cada 100.000 habitantes. El 80% son hombres y el
20% mujeres. Probable derivación de la pandemia, los indicadores eran un poco
menores a los de 2019 (8113 detenidos sobre un total de 58300, con una tasa de
46,7 por cada 100.000 habitantes)<a href="file:///H:/SCBA%20P%2083909%20Verbitsky%202022.docx#_ftn5" name="_ftnref5" style="mso-footnote-id: ftn5;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[5]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">Lo difícil de lograr que esta propuesta se viabilice quedaría
demostrado por la circunstancia de que, en el ámbito nacional, el 25/3/2019 se
había declarado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la emergencia
carcelaria (por tres años) cuando el Servicio Penitenciario Federal tenía un
total de 13529 personas alojadas, con un exceso de 1400 sobre la capacidad
ideal. Inevitables dos observaciones: 1) la Nación declara la emergencia con una
sobrepoblación del 10%, mientras en la Provincia es del 110%; 2) los detenidos
a “transferir” representan más de la mitad del cupo del SPF.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">VII) Requerir al Servicio Penitenciario provincial la adopción de
medidas orientadas a optimizar la profesionalización de la elaboración de los
Informes criminológicos, implementando mejoras y mayor celeridad en su
confección, a fin de que se expidan en tiempo útil a los órganos
jurisdiccionales requirentes.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">VII) Requerirle, por intermedio de las áreas competentes, disponga la
ampliación y profundización de los programas educativos para las personas
detenidas, en todos los niveles de la enseñanza, incluyendo el aprendizaje de
oficios, como herramienta indispensable para favorecer la resocialización y
coadyuvar a la disminución de la tasa de reincidencia.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;">4.3. Hacia el Poder Legislativo provincial<o:p></o:p></i></b></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">I) Exhorta a que, en coordinación con el PE, conforme una Mesa de
Trabajo destinada a adecuar la legislación procesal penal en materia de prisión
preventiva y excarcelación y demás alternativas o morigeraciones a tales medidas
cautelares y la legislación de ejecución penal y penitenciaria, a los
estándares constitucionales e internacionales.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">II) Exhortar a que conforme una comisión o el órgano que se estimare
más adecuado, a los fines de ejercer el seguimiento y la interacción con los
órganos previstos en la presente causa para el PCS.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;">4.4. Hacia el Poder Legislativo nacional<o:p></o:p></i></b></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">Comunicarle la sentencia para que, si lo estimare pertinente, evalúe la
razonabilidad de las diversas leyes penales que a lo largo de los últimos años
restringieron las posibilidades de acceso a la libertad condicional u otras
medidas del régimen de progresividad de ejecución de la pena privativa de
libertad (v.gr.: leyes 27.375, reformas a la ley 24.660, e.o.).<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;">4.5. Hacia actores institucionales y no gubernamentales<o:p></o:p></i></b></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">I) Convoca al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, así
como a instituciones especializadas y expertos en la materia objeto este
proceso, para asistir al Tribunal en el PCS.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">II) Insta a los actores institucionales y no gubernamentales
involucrados en la problemática objeto de las presentes actuaciones a
comprometer sus mejores esfuerzos para revertir el estado de cosas abordado en
la causa y para favorecer la efectividad del PCS.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">III) Comunicar lo resuelto a la Procuración General provincial a fin
que, como titular del Ministerio Público y en el ámbito de su competencia,
adopte las medidas que estime pertinentes a efectos de coadyuvar al logro de los
objetivos establecidos en el fallo de la CSJN fechado el 13/05/2021.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">El contenido del PCS se puso en conocimiento de la CSJN (punto 5°).<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">5. Algunas finales reflexiones
prospectivas<o:p></o:p></b></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">A impulso de la CSJN el intento de cierre de la acción constitucional
colectiva iniciada por el CELS dio paso a la adopción de una nueva batería de
medidas que, en gran parte, guardan notable similitud con aquellas dispuestas
en 2005 y a fines de 2019.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">La SCBA, con contundencia, declara que la situación de las personas
privadas de libertad en la provincia de Buenos Aires se cumple con apartamiento
de lo que manda la Constitución Nacional y exhorta a los poderes políticos
locales para que, en el ámbito de sus incumbencias, con gradual y progresiva
planificación, remedien un estado de cosas que se ha prolongado por décadas y
genera responsabilidad internacional a la República Argentina. <o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">Involucra, asimismo, a los poderes políticos nacionales en cuanto se
dan circunstancias derivadas de su propia actuación que han tenido directa
incidencia en el agravamiento de la situación. Así, la desfederalización
parcial del régimen de estupefacientes sin la correlativa asignación/derivación
de recursos legalmente impuesta al PEN, derivó en el encarcelamiento de miles
de infractores a la Ley 23737 en dependencias del sobrepoblado SPP; o la
adopción por el PL nacional de variadas restricciones en la fase de ejecución
de la pena favoreciendo la prolongación del encierro riguroso y reduciendo la
fase de devolución al medio social en forma controlada, ha provocado una menor
disponibilidad del limitado recurso de alojamiento en las unidades
penitenciarias.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">El máximo tribunal provincial insiste en un contexto de sobrepoblación
y hacinamiento (que sobrepasa en un 110% la capacidad de alojamiento ideal
prevista), en la necesidad de reducir y racionalizar el uso de la prisión
preventiva, reemplazarla por morigeraciones o modalidades de cautela menos
lesivas como la prisión domiciliaria o el monitoreo electrónico, implementar
alternativas a la pena, privilegiar en la agenda de juicios los casos con
detenidos de más larga datación, etc. Es claro, porque no resulta nuevo y la
experiencia vivida lo patentiza, que el impacto directo de esta actividad reclamada
para la judicatura penal provincial tiene un efecto positivo pero limitado por
variados factores, entre los que no es uno menor la vocación por medrar
mediática y políticamente cuando quien ha sido morigerado incurre en la
comisión de nuevo delito (con preocupante frecuencia los recursos de revisión
judicial se reemplazan por procesos de enjuiciamiento para apartar de su cargo
a los magistrados).<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 3.0pt; text-align: justify;">Se necesita el compromiso sincero, sin ambigüedades, de quienes llevan
adelante la política criminal y de quienes brindan herramientas normativas para
concretarla desentendiéndose de las consecuencias prácticas y las posibilidades
o no de implementación. Un compromiso que debe exteriorizarse, como política de
estado y sin distinción de banderías, en una programación progresiva y realista
en dirección al cese de una situación que es, sencillamente, al decir de la
Corte, “inconstitucional”. Y esto debiera hacerse saber al conjunto de la
sociedad, con objetividad y sin sensacionalismo, abandonando el amarillismo por
lograr un punto más de rating e informando sin recortes ni deformaciones cómo
se agravó la situación y por qué es necesario revertirla.<o:p></o:p></p>
<div style="mso-element: footnote-list;"><!--[if !supportFootnotes]--><br clear="all" />
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<!--[endif]-->
<div id="ftn1" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///H:/SCBA%20P%2083909%20Verbitsky%202022.docx#_ftnref1" name="_ftn1" style="mso-footnote-id: ftn1;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[1]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Doctor en Derecho, UNMDP. Máster en Derecho Penal, U. Salamanca (España). Director
del Área Departamental Penal y de la carrera de posgrado “Especialización en
Derecho Penal”, Facultad de Derecho, UNMDP. Ex Presidente de la Asociación
Argentina de Profesores de Derecho Penal. <o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn2" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///H:/SCBA%20P%2083909%20Verbitsky%202022.docx#_ftnref2" name="_ftn2" style="mso-footnote-id: ftn2;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[2]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
La sintéticamente conocida como causa “Verbitsky” es la V.856.XXXVIII, rta. el
3/5/2005, pub. en Fallos, 328:1146.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn3" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///H:/SCBA%20P%2083909%20Verbitsky%202022.docx#_ftnref3" name="_ftn3" style="mso-footnote-id: ftn3;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[3]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
SCBA, P 83909, <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“Verbitsky, Horacio –
Representante de Centro de Estudios Legales y Sociales s/habeas corpus. Recurso
de casación”</i>, rta. el 3 de mayo de 2022. Disponible en <a href="https://www.scba.gov.ar/paginas.asp?id=49648">https://www.scba.gov.ar/paginas.asp?id=49648</a>
<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn4" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///H:/SCBA%20P%2083909%20Verbitsky%202022.docx#_ftnref4" name="_ftn4" style="mso-footnote-id: ftn4;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[4]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Fuente: Datos del SIMP, según informa el sitio web oficial del Ministerio
Público, disponible en <a href="https://www.mpba.gov.ar/files/content/IPP%20FCC%20BJP%202021.pdf">https://www.mpba.gov.ar/files/content/IPP%20FCC%20BJP%202021.pdf</a>
<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn5" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///H:/SCBA%20P%2083909%20Verbitsky%202022.docx#_ftnref5" name="_ftn5" style="mso-footnote-id: ftn5;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[5]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Fuente: <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“Informe en materia de
estupefacientes 2020. Ley 23737”</i>, págs. 29/31, disponible en <a href="https://www.mpba.gov.ar/files/content/Informe%20Estupefacientes%202020.pdf">https://www.mpba.gov.ar/files/content/Informe%20Estupefacientes%202020.pdf</a>
<o:p></o:p></p>
</div>
</div>marcelo riquerthttp://www.blogger.com/profile/01710761252058632337noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8847762969779010562.post-61943828822851729502022-03-14T12:20:00.000-07:002022-03-14T12:20:03.799-07:00LOS CIEN AÑOS DEL CÓDIGO PENAL ARGENTINO<p> </p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">LOS CIEN AÑOS DEL CÓDIGO
PENAL ARGENTINO<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;"><o:p> </o:p></span></p>
<p align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">por Marcelo A. Riquert<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Nos acercamos rápidamente el centenario de regencia del Código Penal de la
Nación, ya que habiéndose sancionado la Ley 11179 durante presidencia de
Hipólito Yrigoyen, sobre fines de octubre de 1921, entró en vigencia seis meses
después, el 29 de abril de 1922, conforme previó el original art. 303, hoy
renumerado como art. 314. Derogó varias leyes en forma específica (las N° 49,
1920, 3335, 3900, 3972, 4189, 7029, 9077 y 9143) y, asimismo, en forma
genérica, todas las leyes penales opuestas a lo preceptuado en el Código<a href="file:///F:/facultad/UN%20C%C3%93DIGO%20PENAL%20CENTENARIO.docx#_ftn1" name="_ftnref1" style="mso-footnote-id: ftn1;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[1]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Si bien poco queda de su texto original luego de haber sido modificado
alrededor de mil veces en estos cien años<a href="file:///F:/facultad/UN%20C%C3%93DIGO%20PENAL%20CENTENARIO.docx#_ftn2" name="_ftnref2" style="mso-footnote-id: ftn2;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[2]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>,
como dijo Andrés D’Alessio (en ocasión de celebrarse sus 75 años de vigencia
con un inolvidable y multitudinario Congreso celebrado en la Universidad de
Buenos Aires), <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“nuestro Código Penal de
1922 es un verdadero fenómeno de supervivencia. Lo fue desde su nacimiento y lo
sigue siendo”<a href="file:///F:/facultad/UN%20C%C3%93DIGO%20PENAL%20CENTENARIO.docx#_ftn3" name="_ftnref3" style="mso-footnote-id: ftn3;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="ES" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[3]</span></b></span><!--[endif]--></span></span></a>.</i><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Para fundar el aserto, el recordado magistrado y profesor de la UBA, memoraba
que el Código había nacido a contramano de la moda en boga por aquellos
momentos, que era la del positivismo criminológico, que concebía al hombre como
un esclavo de sus condicionamientos. En cambio, el texto sancionado, inspirado
en el proyecto de Rodolfo Moreno de 1917, que a su vez se basó en los Proyectos
de 1891<a href="file:///F:/facultad/UN%20C%C3%93DIGO%20PENAL%20CENTENARIO.docx#_ftn4" name="_ftnref4" style="mso-footnote-id: ftn4;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[4]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
y de 1906<a href="file:///F:/facultad/UN%20C%C3%93DIGO%20PENAL%20CENTENARIO.docx#_ftn5" name="_ftnref5" style="mso-footnote-id: ftn5;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[5]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>,
tenía raíces en la mejor tradición europea (Feuerbach, Carrara, la Escuela de
Política Criminal) y creía en un hombre siempre libre y, por lo tanto,
susceptible de penas proporcionadas al reproche personal merecido por el acto
disvalioso (de allí la distinción entre imputables e inimputables que,
incapaces de sobreponerse a los condicionamientos, hallaban por respuesta las
medidas de seguridad).<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Mucho antes, en similares términos se había expedido una figura capital del
penalismo nacional como fue Ricardo C. Núñez, quien resaltaba que el Código
estaba muy lejos de haber sido producto de la improvisación, siendo el fruto de
una larga preocupación legislativa que, en lo que atañe a la estructura,
dirección científica y técnica, tomó su dirección fundamental a partir del
proyecto de 1891 y <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“adoptó una actitud
científica prudente al no ceder al fuerte empuje del positivismo que entonces
dominaba nuestras cátedras de Derecho Penal. El legislador mantuvo el principio
de la responsabilidad moral del delincuente, fundada en la conciencia y
voluntad del hecho”</i><a href="file:///F:/facultad/UN%20C%C3%93DIGO%20PENAL%20CENTENARIO.docx#_ftn6" name="_ftnref6" style="mso-footnote-id: ftn6;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[6]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><i style="mso-bidi-font-style: normal;">.<o:p></o:p></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Aquella línea doctrinaria que el Prof. Joaquín P. Da Rocha sintetizó como <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“Feuerbach-Tejedor-Rivarola-Herrera-Moreno”</i>
configuró una tradición político-legislativa altamente positiva que resistió
los intentos de cambio total <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“y por algo
no sirvió a las dictaduras militares desde los años sesenta, que debieron
reformarlo para adecuarlo a sus criterios autoritarios, creando delitos y
aumentando las penas”</i><a href="file:///F:/facultad/UN%20C%C3%93DIGO%20PENAL%20CENTENARIO.docx#_ftn7" name="_ftnref7" style="mso-footnote-id: ftn7;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[7]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Retomando aquella divergencia inicial con la moda académica<a href="file:///F:/facultad/UN%20C%C3%93DIGO%20PENAL%20CENTENARIO.docx#_ftn8" name="_ftnref8" style="mso-footnote-id: ftn8;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[8]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>,
por ella, durante las casi dos décadas siguientes a su sanción, fue objeto de
ataques que concretaron en los proyectos de “estado peligroso” pre y post
delictual (así, primero, los de 1924, 1926, 1928 y 1930 y, luego, singularmente
el Proyecto de 1937 de Jorge E. Coll y Eusebio Gómez o el de 1941 de José Peco),
sin que lograran prosperar. Con el decaimiento del positivismo a inicios de
1940, los embates no cesaron, sino que, sencillamente, llegaron desde otros
ángulos. En 1997 D’Alessio sintetizaba aludiendo a los ataques que perpetran
quienes pretenden que el Código Penal sea de tal eficacia que conduzca a la
prevención absoluta del crimen, los que reclaman una reforma del sistema de
delitos y penas cada vez que un hecho golpea la sensibilidad de la opinión
pública<a href="file:///F:/facultad/UN%20C%C3%93DIGO%20PENAL%20CENTENARIO.docx#_ftn9" name="_ftnref9" style="mso-footnote-id: ftn9;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[9]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.
Es claro, veinticinco años después nada ha cambiado, sino que, en todo caso, se
ha potenciado.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Los sucesivos intentos recientes de lograr que el Código retome en versión
actualizada sus notas sistemáticas originales, la coherencia interna, la
proporcionalidad de sus sanciones (así, los Anteproyectos de reforma integral
de 2006 y 2014) o de consagrar un nuevo Código (Proyecto de 2019), han
fracasado: los primeros ni siquiera fueron presentados al Congreso, el último
llegó a tener estado parlamentario, pero sin tratamiento. No es un problema
menor porque bien apunta el Prof. Daniel R. Pastor, convivimos hoy con una
amplia legislación penal dispersa y desarmonizada, se ha vivido un proceso de
descodificación que alteró el equilibrio y la proporcionalidad que deben tener
las disposiciones represivas y, con ello, se afectó la sistematicidad
normativa, que lejos de constituir un adorno intelectual, cuando hablamos de
leyes penales <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“es la garantía de
efectividad de los principios de legalidad y culpabilidad (seguridad y
previsibilidad), que constituyen el corazón del derecho penal liberal”</i><a href="file:///F:/facultad/UN%20C%C3%93DIGO%20PENAL%20CENTENARIO.docx#_ftn10" name="_ftnref10" style="mso-footnote-id: ftn10;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[10]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Aquel fracaso tiene variadas razones entre las que brilla centralmente
aquella corriente identificada por D’Alessio que, privilegiando la eficacia
sobre las garantías, postula una suerte de olvido del baremo constitucional. La
gravedad de este pedido de apartamiento se advierte cuando se recuerda que, al
fin y al cabo, el Código Penal <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“es un
apéndice de la Constitución”</i>, lo que enfatiza el maestro Zaffaroni diciendo
que <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“Por magnífica que sea una
Constitución, no se concibe la República ni el Estado de Derecho sin Código Penal,
que en definitiva es la carta que completa las garantías constitucionales”</i><a href="file:///F:/facultad/UN%20C%C3%93DIGO%20PENAL%20CENTENARIO.docx#_ftn11" name="_ftnref11" style="mso-footnote-id: ftn11;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[11]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Entre los intentos de olvido constitucional se concretó un fenómeno
inflacionario, expansivo de la legislación penal de la mano de la multiplicación
de discursos emergenciales<a href="file:///F:/facultad/UN%20C%C3%93DIGO%20PENAL%20CENTENARIO.docx#_ftn12" name="_ftnref12" style="mso-footnote-id: ftn12;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[12]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>,
tributarios de una mirada neopunitivista, que ofrece un renovado convencimiento
o fe en que el Estado solucionará los más diversos conflictos sociales por
medio de las sanciones penales .Uno de singular intensidad </span>fue
denominado por esa enorme figura del penalismo (no sólo nacional) que fue el
Prof. Julio B.J. Maier como el “Blumbergstrafrecht”, movimiento popular para
combatir la “inseguridad” que amenazó con interrumpir y finalizar con más de
dos siglos de trabajo humanitario universal en nuestro país sobre esta materia
jurídica<a href="file:///F:/facultad/UN%20C%C3%93DIGO%20PENAL%20CENTENARIO.docx#_ftn13" name="_ftnref13" style="mso-footnote-id: ftn13;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[13]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>. El
“choque” con este populismo punitivista (que apelando al “sentido común” con
evidente desprecio de los datos duros y el conocimiento de los especialistas),
averió seriamente al Código con una veintena de modificaciones que acentuaron
aquellos defectos propios de los sucesivos “parches” realizados con pérdida de
la noción de conjunto.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Más allá de toda el agua corrida
en este siglo, cuyo detalle exigiría un estudio de largo aliento, creo
importante resaltar que, al decir de Zaffaroni, estamos en presencia de un
texto <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>que posee extrema sobriedad, que
no cae en definiciones y, por ello, no ha tenido nunca pretensión de introducir
conceptualizaciones propias de un manual o tratado. De allí que, a partir de
tal sobriedad, permitió se concretara un significativo trabajo dogmático bajo
diversa impronta: desde el sistema Von Lizt-Beling, el causalismo valorativo de
Mezger, el finalismo de Welzel o el actual debate entre diversos modelos
funcionalistas<a href="file:///F:/facultad/UN%20C%C3%93DIGO%20PENAL%20CENTENARIO.docx#_ftn14" name="_ftnref14" style="mso-footnote-id: ftn14;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[14]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.
Esta idea central, así como el uso de un lenguaje más llano y accesible, se
mantuvo en el frustrado Anteproyecto de 2014<a href="file:///F:/facultad/UN%20C%C3%93DIGO%20PENAL%20CENTENARIO.docx#_ftn15" name="_ftnref15" style="mso-footnote-id: ftn15;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[15]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">El Código ha cumplido cien años,
no es ni podría ser aquel de 1921, pero el que es, lejos está de haber
conservado las notas esenciales básicas de la codificación por la literal
multiplicidad de parches sufridos. Vuelvo con Pastor, quien afirma con razón
que <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“La legislación penal está
completamente desquiciada. Sólo de un modo irónico es posible hablar de orden
jurídico penal”</i><a href="file:///F:/facultad/UN%20C%C3%93DIGO%20PENAL%20CENTENARIO.docx#_ftn16" name="_ftnref16" style="mso-footnote-id: ftn16;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[16]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><i style="mso-bidi-font-style: normal;">.</i> Luigi Ferrajoli sintetizaba magistralmente
el estado de situación actual al presentar el Anteproyecto de 2006 diciendo que
atravesamos <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“una crisis tanto de
eficiencia como de garantías”,</i> efecto de dos expansiones patológicas del
derecho penal: la inflación legislativa (que deriva en un “derecho penal
máximo” que crece fuera de todo diseño racional) y la de encarcelamiento (aún
más grave, indiferente a las causas estructurales del delito, con descuido de
las garantías y preocupada en alimentar miedos y humores represivos presentes
en la sociedad)<a href="file:///F:/facultad/UN%20C%C3%93DIGO%20PENAL%20CENTENARIO.docx#_ftn17" name="_ftnref17" style="mso-footnote-id: ftn17;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[17]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.
Sobre la dimensión que ha alcanzado esta última, baste mirar la progresión de
la cantidad de personas privadas de libertad, cuyo crecimiento ha sido
muchísimo mayor que el correspondería en forma directa por el aumento
poblacional. Las dificultades para ofrecer una adecuada respuesta judicial
podrían sintetizarse en la aún inconclusa ejecución de la sentencia de ese
“leading case” de habeas corpus colectivo que fue el caso “Verbitsky”, respecto
de la situación carcelaria de la provincia de Buenos Aires. Han pasado 17 años
y, lejos de acercarnos a cumplir con dicha sentencia, podríamos decir sin temor
a errar que cada día estamos más lejos (a comienzos de milenio, la provincia
tenía menos de 15.000 presos, en 2005 –cuando se resuelve “Verbitsky”- eran poco
más de 30.000, hoy día, a inicios de 2022, ya son alrededor de 52.000). La
elocuencia del número exime de mayores comentarios y no debe perderse de vista
que un porcentaje significamente alto de estas personas privadas de libertad
carece de sentencia firme).<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Vuelvo al Código. Es clara e
indudable entonces la necesidad de su actualización recuperando sistematicidad,
armonía, proporcionalidad e incorporando las tipicidades que la sociedad del
nuevo milenio, con sus profundos cambios, reclama (entre tantas otras, baste la
mención de la necesaria inclusión de perspectiva de género y también de
diversidad cultural, como en el caso de los pueblos originarios o los migrantes).
Mientras tanto, tanto desde la academia como la judicatura, hemos de procurar
mantener una lectura de su texto actual compatible con el marco constitucional.
No hay otro camino. Si bien, como enseña Nicolás García Rivas, pueden
advertirse divergencias en cuanto al grado de penetración/incidencia de la
norma fundamental en nuestra disciplina (por una influencia “débil” parece
decantar la doctrina alemana, por una imbricación absoluta –un verdadero
“programa penal de la Constitución”- la doctrina española e italiana), no puede
soslayarse la coincidencia con Bustos Ramírez y Hormazábal Malareé cuando
señalaban que <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“la historia del Derecho
Penal es la historia del Estado y puesto que en la Constitución hallamos el
instrumento normativo que define y legitima sus mecanismos de poder, cabe
colegir sin demasiada dificultad su influencia en nuestro sistema punitivo”</i><a href="file:///F:/facultad/UN%20C%C3%93DIGO%20PENAL%20CENTENARIO.docx#_ftn18" name="_ftnref18" style="mso-footnote-id: ftn18;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[18]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.
Berdugo, Arroyo, Ferré, Serrano y el propio García Rivas, hablando justamente
del “programa penal de la Constitución” y un “derecho penal constitucional”,
apuntan que es necesario examinar detenidamente la Constitución para extraer de
su tenor literal, de los principios generales que consagra y de su espíritu,
este “programa penal”, que se entiende como un conjunto de postulados
político-jurídicos y político-criminales, que constituye el marco normativo en
el seno del cual el legislador penal puede y debe tomar sus decisiones y en el
que el juez ha de inspirarse para interpretar las normas que le corresponde
aplicar. Más allá de ese programa, los principios generales y determinados
preceptos de la Constitución (como los que consagran derechos fundamentales),
configuran el llamado “derecho penal constitucional”<a href="file:///F:/facultad/UN%20C%C3%93DIGO%20PENAL%20CENTENARIO.docx#_ftn19" name="_ftnref19" style="mso-footnote-id: ftn19;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[19]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">En nuestro medio, en línea con
aquella imbricación absoluta, por décadas Zaffaroni ha predicado no sólo que
toda ley penal manifiesta debe adecuarse a la ley constitucional, que es la ley
suprema de la Nación (art. 31 de la propia Constitución), de lo que se deduce
que el derecho penal mantiene una relación de subordinación con el
constitucional, sino que, cuando se advierte que no ha de confundirse la ley
penal con el derecho penal y nos referimos al “saber jurídico penal”, a este le
es imprescindible integrar a su conocimiento el “saber del derecho
constitucional” que interese a la habilitación o limitación del ejercicio del
poder punitivo<a href="file:///F:/facultad/UN%20C%C3%93DIGO%20PENAL%20CENTENARIO.docx#_ftn20" name="_ftnref20" style="mso-footnote-id: ftn20;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[20]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">También lo resalta Daniel Rafecas,
en su más reciente obra, diciendo que el punto de partida para delimitar
nuestro campo de conocimiento es la Constitución Nacional: <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“todo el andamiaje teórico del Derecho Penal proviene del Derecho
Constitucional. Esta es una gran verdad, que muchas veces los penalistas no
estamos dispuestos a reconocer: se trata de admitir que todo nuestro saber,
todas nuestras refinadas teorías, no son otra cosa que un elaborado desagregado
de materia constitucional, destinado a contener y racionalizar el ejercicio del
</i>monopolio de la violencia<i style="mso-bidi-font-style: normal;"> por parte
del Estado, es decir, del </i>poder punitivo estatal, <i style="mso-bidi-font-style: normal;">canalizado a través del </i>sistema penal<i style="mso-bidi-font-style: normal;">”</i><a href="file:///F:/facultad/UN%20C%C3%93DIGO%20PENAL%20CENTENARIO.docx#_ftn21" name="_ftnref21" style="mso-footnote-id: ftn21;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[21]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><i style="mso-bidi-font-style: normal;">.<o:p></o:p></i></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Celebramos entonces el centenario
del Código reconociendo sus originarias y parcialmente subsistentes bondades,
así como la necesidad de someterlo a una profunda actualización que
reconstituya las perdidas y lo adecue a los cambios tanto sociales como
tecnológicos (por ejemplo, las implicancias de la inteligencia artificial (IA)
en el campo punitivo). La historia reciente nos demuestra la dificultad de la
clase política para afrontar con éxito esa tarea de la mayor importancia para
la reafirmación del estado de derecho. En el tránsito hasta que esto se
concrete, queda sencillamente el llamado a seguir utilizando la secular
herramienta renovando esfuerzos para encontrar lecturas e interpretaciones de
sus “parches” en clave constitucional.<o:p></o:p></p>
<div style="mso-element: footnote-list;"><!--[if !supportFootnotes]--><br clear="all" />
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<!--[endif]-->
<div id="ftn1" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/UN%20C%C3%93DIGO%20PENAL%20CENTENARIO.docx#_ftnref1" name="_ftn1" style="mso-footnote-id: ftn1;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[1]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Cf. Luis M. Bonetto, en <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“Lección 4:
Derecho Penal y Constitución”</i>, pub. en AAVV “Derecho Penal Parte General.
Libro de Estudio”, Carlos J. Lascano (h) director, ed. Advocatus, Córdoba,
2002, pág. 130.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn2" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/UN%20C%C3%93DIGO%20PENAL%20CENTENARIO.docx#_ftnref2" name="_ftn2" style="mso-footnote-id: ftn2;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[2]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Roberto M. Carlés recuerda que el Código ha sido <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“destruido e implosionado por un doble proceso de descodificación,
tanto externa como interna”</i>, la primera porque se hay más de 400 leyes
penales especiales y de otras materias que incluyen disposiciones punitivas y
la segunda por las más de 900 reformas que el propio código sufrió en sus, por
entonces, 93 años de vida (en su <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“Presentación
de la obra”</i>, en AAVV “Anteproyecto de Código Penal de la Nación. Aportes
para un debate necesario”, E.R. Zaffaroni-R.M. Carlés directores, M. Bailone
coordinador, ed. La Ley, Bs.As., 2014, pág. XIII).<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn3" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/UN%20C%C3%93DIGO%20PENAL%20CENTENARIO.docx#_ftnref3" name="_ftn3" style="mso-footnote-id: ftn3;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[3]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">D’Alessio, en su <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“Prólogo”</i> a la obra de AAVV “Teorías
actuales en el Derecho Penal. 75° aniversario del Código Penal”, ed. Ad-Hoc,
Bs.As., 1998, pág. 23.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn4" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/UN%20C%C3%93DIGO%20PENAL%20CENTENARIO.docx#_ftnref4" name="_ftn4" style="mso-footnote-id: ftn4;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[4]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Producto de la Comisión integrada en 1990 por Rodolfo Rivarola, Norberto Piñero
y José Nicolás Matienzo, que lejos de presentar un plan de reformas al CP de
1886 (Ley 1920), concretó directamente un nuevo proyecto precedido de una
amplia exposición de motivos (cf. Sebastián Soler, <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“Derecho Penal Argentino”</i>, ed. TEA, Bs.As., Tomo 1, 1963, pág.
115).<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn5" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/UN%20C%C3%93DIGO%20PENAL%20CENTENARIO.docx#_ftnref5" name="_ftn5" style="mso-footnote-id: ftn5;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[5]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Realizado por la Comisión que fuera designada en 1904 e integrada por Francisco
Beazley, Cornelio Moyano Gacitúa, Norberto Piñero, Rodolfo Rivarola, José María
Ramos Mejía y Diego Saavedra. Presentado en 1906 estuvo largo tiempo sin
consideración legislativa, hasta que el por entonces diputado nacional, Dr.
Rodolfo Moreno, encaró la reforma sobre su base teniendo en cuenta las
opiniones de Julio Herrera, Octavio González Roura y Juan P. Ramos, formulando
su despacho en 1917 (cf. Soler, ya citado, pág. 116).<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn6" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/UN%20C%C3%93DIGO%20PENAL%20CENTENARIO.docx#_ftnref6" name="_ftn6" style="mso-footnote-id: ftn6;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[6]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Núñez, en su <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“Derecho Penal Argentino.
Parte General – I”</i>, Editorial Bibliográfica Argentina, Bs.As., 1959, pág.
83.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn7" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/UN%20C%C3%93DIGO%20PENAL%20CENTENARIO.docx#_ftnref7" name="_ftn7" style="mso-footnote-id: ftn7;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[7]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Da Rocha, <span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">en su <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“Prefacio”</i> a la obra de AAVV “Teorías actuales en el Derecho Penal.
75° aniversario del Código Penal”, ed. Ad-Hoc, Bs.As., 1998, pág. 27.</span><o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn8" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/UN%20C%C3%93DIGO%20PENAL%20CENTENARIO.docx#_ftnref8" name="_ftn8" style="mso-footnote-id: ftn8;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[8]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Soler agrega la incidencia de la aparición casi simultánea del Proyecto Ferri
de 1921 en Italia y las ideas difundidas por Luis Jiménez de Asúa acerca del
“estado peligroso”, como motores de un movimiento contra el Código de 1921 (ya
citado, pág. 117).<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn9" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/UN%20C%C3%93DIGO%20PENAL%20CENTENARIO.docx#_ftnref9" name="_ftn9" style="mso-footnote-id: ftn9;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[9]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Ob.cit., pág. 24.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn10" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/UN%20C%C3%93DIGO%20PENAL%20CENTENARIO.docx#_ftnref10" name="_ftn10" style="mso-footnote-id: ftn10;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[10]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Pastor, en su trabajo <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“La recodificación
penal en marcha una iniciativa ideal para la racionalización legislativa”</i>,
pub. en AAVV “Anteproyecto de Código Penal de la Nación. Aportes para un debate
necesario”, E.R. Zaffaroni-R.M. Carlés directores, M. Bailone coordinador, ed.
La Ley, Bs.As., 2014, págs. 3/4.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn11" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/UN%20C%C3%93DIGO%20PENAL%20CENTENARIO.docx#_ftnref11" name="_ftn11" style="mso-footnote-id: ftn11;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[11]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Zaffaroni, <span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">en su trabajo <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“Presentación. Trascendencia histórica del
Código Penal 1921/1922”</i>, pub. AAVV “Teorías actuales en el Derecho Penal.
75° aniversario del Código Penal”, ed. Ad-Hoc, Bs.As., 1998, pág. 31.</span><o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn12" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/UN%20C%C3%93DIGO%20PENAL%20CENTENARIO.docx#_ftnref12" name="_ftn12" style="mso-footnote-id: ftn12;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[12]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Como en su momento refirió el Prof. Guillermo J. Fierro, <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“la creciente legislación penal encuentra su causa profunda en el
desconocimiento que generalmente padece el legislador acerca de las
limitaciones que tiene el Derecho en general, y el Derecho Penal en particular,
y en virtud de ese desconocimiento es que se generan las expectativas infundadas
que se depositan en ellos. La multiplicación legislativa y su correlativa
penalización, reduce un sistema jurídico al absurdo, porque al exigir de él lo
que no puede dar, ello nos dirige a un camino equivocado que termina en
impotente crueldad y en su desprestigio como instrumento insustituible de la
convivencia humana”</i> (en su trabajo <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“La
creciente legislación penal y los discursos de emergencia”</i>, <span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">pub. en AAVV “Teorías actuales en el Derecho
Penal. 75° aniversario del Código Penal”, ed. Ad-Hoc, Bs.As., 1998, pág. 627).</span><o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn13" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/UN%20C%C3%93DIGO%20PENAL%20CENTENARIO.docx#_ftnref13" name="_ftn13" style="mso-footnote-id: ftn13;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[13]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Maier, en su editorial <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“Blumbergstrafrecht”</i>,
pub. en la revista “Nueva Doctrina Penal”, editores del Puerto, Bs.As., tomo
2004/B, pág. I.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn14" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/UN%20C%C3%93DIGO%20PENAL%20CENTENARIO.docx#_ftnref14" name="_ftn14" style="mso-footnote-id: ftn14;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[14]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Cf. Zaffaroni, antes citado, pág. 43.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn15" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/UN%20C%C3%93DIGO%20PENAL%20CENTENARIO.docx#_ftnref15" name="_ftn15" style="mso-footnote-id: ftn15;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[15]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Cf. Carlés, ya citado, pág. XIV.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn16" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/UN%20C%C3%93DIGO%20PENAL%20CENTENARIO.docx#_ftnref16" name="_ftn16" style="mso-footnote-id: ftn16;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[16]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Ob.cit., pág. 4.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn17" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/UN%20C%C3%93DIGO%20PENAL%20CENTENARIO.docx#_ftnref17" name="_ftn17" style="mso-footnote-id: ftn17;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[17]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Ferrajoli, en su <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“Presentación”</i> al “Anteproyecto de Ley
de Reforma y Actualización Integral del Código Penal Argentino”, Ediar/AAPDP,
Bs.As., 2007, págs. 11 y 13. Con minucioso detalle recordaba en ese momento que
el CPA había hasta entonces sido modificado en 878 veces, de las que 137 habían
sido en la parte general y las restantes 741 en la parte especial (pág. 12).<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn18" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/UN%20C%C3%93DIGO%20PENAL%20CENTENARIO.docx#_ftnref18" name="_ftn18" style="mso-footnote-id: ftn18;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[18]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
García Rivas, en su obra <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“El poder
punitivo en el estado democrático”</i>, ediciones de la UCLM, Colección
“Estudios”, N° 31, Cuenca, España, 1996, pág. 43.<o:p></o:p></p>
</div>
<div id="ftn19" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/UN%20C%C3%93DIGO%20PENAL%20CENTENARIO.docx#_ftnref19" name="_ftn19" style="mso-footnote-id: ftn19;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[19]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Cf. Berdugo Gómez de la Torre,
Arroyo Zapatero, García Rivas, Ferré Olivé y Serrano Piedecasa, <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“Lecciones de Derecho Penal. Parte General”</i>,
ed. Praxis, 2° edición, Barcelona, 1999, págs. 40/41.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn20" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/UN%20C%C3%93DIGO%20PENAL%20CENTENARIO.docx#_ftnref20" name="_ftn20" style="mso-footnote-id: ftn20;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[20]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Recientemente ha reiterado esta idea
en su obra <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“Lineamientos de Derecho
Penal”</i>, Ediar, Bs.As., 2020, pág. 77, parág. 89.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn21" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///F:/facultad/UN%20C%C3%93DIGO%20PENAL%20CENTENARIO.docx#_ftnref21" name="_ftn21" style="mso-footnote-id: ftn21;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[21]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Rafecas, en su obra <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“Derecho Penal sobre
bases constitucionales”</i>, ediciones Didot, Bs.As., 2021, págs. 31/33.<o:p></o:p></p>
</div>
</div>marcelo riquerthttp://www.blogger.com/profile/01710761252058632337noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8847762969779010562.post-16777092552915099892022-01-11T07:17:00.004-08:002022-01-17T09:52:57.771-08:00Comunicado de la Red de Jueces sobre la desestimación de la denuncia del diputado Asseff<p><b><u>Aclaración preliminar</u></b></p><p style="text-align: justify;">Transcribo debajo el Comunicado de los colegas de la Red de Jueces con motivo de la desestimación y archivo de la denuncia que me promoviera el diputado nacional Asseff, a la que califican de absurda.</p><p style="text-align: justify;">La desestimación contó el dictamen unánime de la Procuración General de la Provincia y de la Comisión Bicameral. Si el denunciante en lugar de apurarse a tratar de sacar algún dudoso rédito político se hubiera informado debidamente y no actuado en función de lo que equivocadamente dieron a conocer en forma irresponsable algunos medios (en realidad, el único que informó en modo objetivo y completo fue "El cohete a la luna"), este trámite no debió siquiera existir. Como es habitual en estos casos, las acusaciones, desconsideraciones e insultos son en público, la desmentida oficial de todo ello queda en privado...</p><p style="text-align: justify;">Agradezco enormemente a la Red y a todas las instituciones y colegas que me apoyaron en aquel momento.</p><p style="text-align: justify;">Este espacio nunca fue pensado para otra cosa que divulgar información académica de interés. Curiosamente fue visitado por algunos trabajadores de los medios que inclusive lo mencionaron como suerte de ejemplo de no estar comprometido con la función judicial. Nunca lo hubiera pensado así, siempre creí que el estudio y el crecimiento académico mejoran el servicio de justicia.</p><p style="text-align: justify;">En fin, que me disculpo con quienes visitan asiduamente el blog y se han encontrado con toda esta situación personal que, lamentablemente, creo que habrá de repetirse (permanecen inalteradas las condiciones para que se reproduzca), aunque tengo la esperanza de no ser su destinatario.</p><p style="text-align: justify;"><span style="text-align: left;"><b>COMUNICADO DE LA RED DE JUECES</b></span></p><p style="text-align: justify;"><i style="text-align: left;">"La arbitraria denuncia del diputado Alberto Asseff contra el juez Marcelo Riquert presentaba manifiestas inexactitudes y notorias inconsistencias que permitían presumir, razonablemente, que había sido formulada en base a un conocimiento fragmentario del caso, es decir, al que resultaba de la información periodística de esos días, antes que de un concienzudo estudio de la resolución, por lo que era merecedora de su rechazo “in limine”."</i></p><p>#reddejueces #reddejueces #reddejuecespenalesbonaerenses #reddejuecespenales #justicia</p><p style="text-align: justify;"><b>SE HIZO JUSTICIA (el rechazo de una denuncia absurda)</b></p><p style="text-align: justify;">1. El 25 de marzo de 2021, según lo informado por los medios masivos de
difusión, incluyendo portales de noticias, el diputado nacional por la Provincia de
Buenos Aires, Dr. Alberto Emilio Asseff, invocando el carácter de presidente de la
Junta Directiva Nacional del Partido Político UNIR y haciéndose eco del enorme
estrépito mediático, “pide la remoción del juez marplatense que liberó al asesino
de la psicóloga. Asseff pidió el juicio político para el juez Riquert por mal
desempeño, arbitrariedad manifiesta y negligencia en el ejercicio de sus funciones”
(por todos, consultar “El Marplatense” –La voz de una ciudad–
1
). El propio
legislador, desde las redes sociales, daba cuenta que había requerido el “juicio
político al juez Marcelo Alfredo Riquert por mal desempeño, arbitrariedad
manifiesta y negligencia en el ejercicio de sus funciones. Asseff pide la remoción
del juez Riquert por hechos sucedidos con la psicóloga María Rosa Daglio”. </p><p style="text-align: justify;">2. La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires, entre
muchas otras organizaciones y entidades del ámbito profesional y académico,
expuso que la medida de morigeración del encierro penitenciario estricto resuelta
por los jueces de la Sala Primera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal
de Mar del Plata, en el marco de la excepcionalidad impuesta por la pandemia, en
abril de 2020, “viene siendo objeto de públicas descalificaciones y agravios que no
sólo afectan la honra de los miembros de ese tribunal, en particular del juez
denunciado, sino también atentan contra la independencia de quienes ejercen la
función judicial y jurisdiccional en el estado de derecho”. En efecto, La Red adujo
que “el tribunal marplatense se expidió en forma favorable, al momento de resolver
el recurso de apelación de la defensa oficial del interno Alejandro Ochoa, alojado
en Unidad Penal XV (Batán), quien presentaba graves trastornos de salud, a saber:
1
https://elmarplatense.com/2021/03/28/diputado-nacional-pide-la-remocion-del-juez-marplatenseque-libero-al-asesino-de-la-psicologa/
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y patología urológica, ambas,
clínicamente diagnosticadas. El penado había sido condenado por delitos contra la
propiedad y, por entonces, tenía 54 años”.
En la fundamentación del resolutorio cuestionado, los jueces intervinientes
tuvieron especialmente en cuenta el contenido del dictamen del órgano pericial
consultivo del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Justamente, la autoridad
administrativa se expidió sosteniendo que “de los expuesto en el informe médico y
primando razones de orden humanitario en el marco de la pandemia mundial,
específicamente los antecedentes de afección respiratoria que presenta, este
Departamento Técnico-Criminológico estima la CONVENIENCIA de incluir al
interno OCHOA CARDACSIA, Alejandro Miguel… en el régimen de PRISIÓN
DOMICILIARIA”. En otras palabras, el propio SPB consideró que, dadas las
circunstancias del caso, la continuidad del cumplimiento de la pena en la cárcel de
Batán resultaba inconveniente. </p><p style="text-align: justify;">3. Tal como surge del documento “Agravios a los jueces penales”, emitido
por La Red el mismo día de tomarse conocimiento de la denuncia, la resolución
del tribunal cumplió con los principios constitucionales de motivación y publicidad,
toda vez que el texto completo del dispositivo puede ser consultado en las páginas
oficinales y, de hecho, ha sido ampliamente difundido por los medios de
comunicación y las redes sociales.
En una sociedad libre, democrática y respetuosa del pluralismo la decisión
judicial y sus fundamentos quedan expuestos a la crítica social, como sucede en
forma análoga con todas las expresiones de las funciones públicas, desde los actos
y decretos del Poder Ejecutivo, hasta las leyes del Congreso de la Nación. Pero el
derecho a la crítica de las sentencias de los órganos del Poder Judicial no implica
legitimar el uso de agravios y expresiones infamantes hacia las personas de los
jueces, tal como ha sucedido –con gran vehemencia– con el juez Marcelo Alfredo
Riquert, cuya impecable foja de servicio, de más de tres décadas, tanto en el Poder
Judicial de la Nación, como en el de la Provincia de Buenos Aires, así como su
sobresaliente trayectoria académica, son muestra cabal e inequívoca de su
idoneidad y probidad en el ejercicio de la magistratura. Y lo propio cabe decir
respecto del juez Esteban Ignacio Viñas, de destacadísimo desempeño en los
ámbitos judicial, profesional y académico, aun cuando sesgadamente los ataques
se han focalizado en el Dr. Riquert, cual si se tratase de un decisorio unipersonal. </p><p style="text-align: justify;">4. En suma, la arbitraria denuncia del diputado Alberto Asseff contra el juez
Marcelo Riquert presentaba manifiestas inexactitudes y notorias inconsistencias
que permitían presumir, razonablemente, que había sido formulada en base a un
conocimiento fragmentario del caso, es decir, al que resultaba de la información
periodística de esos días, antes que de un concienzudo estudio de la resolución,
por lo que era merecedora de su rechazo “in limine”.
Finalmente, el presidente del jury de enjuiciamiento de magistrados, Dr. Luis
Esteban Genoud, mediante un minucioso resolutorio, fundado en la inveterada
doctrina de ese tribunal, dispuso el cierre y archivo de las actuaciones, de
conformidad con lo previsto en el art. 26 de la ley 13.661 (texto ordenado por ley
15.031). Se hizo justicia! </p><p style="text-align: justify;">La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires. </p><p style="text-align: justify;">La Plata, 6 de enero de 2022. </p><p style="text-align: justify;">Mario Daniel Caputo, Presidente - Pedro Rodríguez, Secretario</p>marcelo riquerthttp://www.blogger.com/profile/01710761252058632337noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8847762969779010562.post-32777796149753605902021-11-30T04:37:00.000-08:002021-11-30T04:37:13.180-08:00COMUNICADO DE LA RED DE JUECES PENALES BONAERENSE: INQUIETUD Y MALESTAR<p><b>INQUIETUD Y MALESTAR</b> </p><p style="text-align: justify;">Frente a la resolución adoptada con fecha 23 de noviembre
de 2021 por el jurado de enjuiciamiento de magistrados en el proceso seguido a
dos de los integrantes del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial
Mar del Plata, a raíz de la denuncia presentada por Victoria Donda Pérez y otros,
La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires entiende necesario
exponer lo siguiente:</p><p style="text-align: justify;">1) El jurado de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios resolvió, por
mayoría, rechazar la recusación planteada por la defensa a la presidenta de ese
tribunal y, por unanimidad, declarar la verosimilitud de los cargos imputados,
admitiendo la acusación formulada y, además, suspender en sus funciones a los
jueces Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Javier Viñas, emplazándolos para que
ofrezcan las pruebas que pretendan utilizar en el curso de la audiencia del
debate. </p><p style="text-align: justify;">2) Desde sus inicios, La Red viene advirtiendo acerca de los riesgos de la
desnaturalización del tribunal de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios
del Poder Judicial, habida cuenta que no fue concebido constitucionalmente, ni
está regulado legalmente, como una vía procesal alternativa para impugnar el
contenido de las sentencias que se dictan en diferentes etapas de conocimiento
del proceso penal bonaerense. Es por ello que, desde hace veinte años, venimos
abogando por el cabal cumplimiento de la función constitucional y legal
asignada al jury, a la vez que alertamos que su desnaturalización contraviene la
independencia del Poder Judicial y, en definitiva, socava las bases del estado
constitucional de derecho. </p><p style="text-align: justify;">En sintonía con esa permanente inquietud de La Red, en sus palabras de
apertura en las Quintas Jornadas de Actualización para la Magistratura Penal
Bonaerense (Campana, junio de 2019), el entonces Presidente de la Suprema
Corte de Justicia, Dr. Eduardo Néstor de Lázzari, expresó que “desde mi
2
experiencia como Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados, he
notado un crecimiento exponencial de una situación en la cual, frente al
desagrado o la disconformidad con una decisión judicial, inmediatamente se
recurre a la denuncia contra el magistrado y estamos tramitando procesos de
enjuiciamiento en los que son absolutamente cuestiones de tipo jurisdiccional,
inclusive confirmadas por los tribunales superiores. Y ese inclusive da lugar a
que se tenga que seguir todo un proceso en el cual hay que convocar a todo un
tribunal, hay que hacer un sorteo de legisladores y de conjueces abogados, hay
que hacer audiencias, reuniones, para finalmente desestimarlo, pero con un
desgaste y con una incertidumbre que genera para el magistrado que realmente
es injusta y que realmente no debiera ser de esa manera”. </p><p style="text-align: justify;">3) En el caso particular, la sentencia originaria del Tribunal en lo Criminal n°
1 de Mar del Plata (causa n° 4974), del 26 de noviembre de 2018, condenó a
Matías Gabriel Farías y a Juan Pablo Offidani a las penas de ocho años de prisión
y multa de ciento treinta y cinco mil pesos, para cada uno de ellos, por resultar
coautores jurídicamente responsables del delito de tenencia de estupefacientes
con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad
y en inmediaciones de un establecimiento educativo (hecho n° 1), a la vez que
se los absolvió por el abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar la
muerte de la persona ofendida y favorecido por el suministro de estupefacientes
en concurso ideal con femicidio (hecho n° 2); además, absolvió a Alejandro
Alberto Maciel en orden al delito de encubrimiento agravado por la gravedad
del ilícito (hecho n° 3). </p><p style="text-align: justify;">Contra dicho resolutorio interpusieron sendos recursos de casación no sólo
los representantes de la acusación pública, así como los padres y el hermano de
Lucía Pérez, actuando en el carácter de particulares damnificados, agraviándose
por el segmento liberatorio del fallo, sino también la defensa oficial respecto de
la condena impuesta a sus asistidos en el primero de los hechos en juzgamiento.
En lo que resulta de especial interés, la Sala IV del Tribunal de Casación
Penal bonaerense (causa N° 95.425), con fecha 12 de agosto de 2020, dispuso
“hacer lugar al recurso deducido por el Ministerio Público Fiscal y por los
Particulares Damnificados y, en consecuencia, anular el veredicto respecto del
3
hecho numerado como 2, donde resultaron absueltos Matías Gabriel Farías y
Juan Pablo Offidani en orden a los delitos por los que fueran intimados, y
respecto del hecho numerado como 3, donde se absuelve a Alejandro Alberto
Maciel, en orden al delito de encubrimiento agravado por la gravedad del hecho
número 2”. </p><p style="text-align: justify;">En definitiva, reenvió el proceso al tribunal originario (integrado con
jueces hábiles), quien deberá “proceder a la realización de un nuevo juicio con la
premura que el caso amerita, y al dictado de un nuevo pronunciamiento”.
La defensa presentó el recurso extraordinario ante la Suprema Corte de
Justicia (causa P. 134.373-Q), por lo que el máximo tribunal provincial dispuso, el
12 de mayo de 2021, admitir la queja deducida, declarando mal denegada la vía
extraordinaria interpuesta y, al mismo tiempo, “rechazar, sin más trámite, el
recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por el señor Defensor
Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal”. </p><p style="text-align: justify;">4) En el sistema acusatorio vigente, la función jurisdiccional de un tribunal
del fuero criminal consiste, básicamente, en valorar las pruebas ofrecidas y
producidas por las partes litigantes; en resolver acerca de la posible tipificación
de la conducta del acusado en las normas del Código Penal; y, en su caso, en
imponerle la sanción correspondiente, acorde al principio de proporcionalidad.
Es una función estatal que no está exenta de errores, desde que la infalibilidad
no forma parte de los atributos de la condición humana, y a punto tal que el
propio ordenamiento procesal prevé un sistema recursivo en el que –como
sucedió en el caso– una instancia superior reexamina, a instancia de parte y con
la amplitud necesaria, tanto las conclusiones fácticas como las jurídicas.
El recurso de casación en materia penal persigue, precisamente, el objetivo
de corregir los yerros o invalidar las actuaciones realizadas en violación a los
trámites esenciales del procedimiento, es decir, cuando la sentencia originaria
no se ajusta a derecho. Sentado ello, es necesario señalar que las divergencias
de enfoque y criterio jurídico –por importantes que puedan resultar, entre las
conclusiones de los jueces de mérito de primer y segundo grado– no habilitan,
por sí solas, al inicio o la continuidad de procesos de remoción de aquellos. </p><p style="text-align: justify;">5) La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en fecha reciente,
sostuvo que “este Tribunal considera que la garantía de la independencia de la
judicatura impone que, en la instauración de juicios políticos contra funcionarias
y funcionarios judiciales, le está vedado al órgano u órganos que intervienen en
su trámite, deliberación y resolución, revisar los fundamentos o el contenido de
las decisiones emitidas por aquellas autoridades. Asimismo, es inviable que el
juicio político o la eventual destitución de juezas o jueces, como consecuencia
de dicho procedimiento, se fundamente en el contenido de las decisiones que
hayan dictado, en el entendido que la protección de la independencia judicial
impide deducir responsabilidad por los votos y opiniones que se emitan en el
ejercicio de la función jurisdiccional, con la excepción de infracciones
intencionales al ordenamiento jurídico o comprobada incompetencia. De otro
modo, las autoridades judiciales se podrían ver sometidas a interferencias
indebidas en el ejercicio de sus funciones, en claro detrimento de la
independencia que necesariamente debe garantizárseles para que cumplan
eficazmente su importante rol en un Estado de derecho” (Corte IDH, “Caso Ríos
Avalos y otro vs. Paraguay”, sent. del 19 de agosto de 2021, párrs. 107 y 108). </p><p style="text-align: justify;">Con otras palabras, “los jueces podrán ser destituidos únicamente por razones
graves de mala conducta o incompetencia, de conformidad con procedimientos
equitativos que garanticen la objetividad y la imparcialidad establecidos en la
Constitución o en la ley”, según la fórmula utilizada en la Observación General n°
32, aprobada en 2007 por el Comité de Derechos Humanos de la Organización
de Naciones Unidas.
Asimismo, la Corte IDH expuso que “la garantía de las y los jueces de no
estar sujeto a libre remoción, conlleva a que los procesos disciplinarios de jueces
deben necesariamente respetar las garantías del debido proceso y ofrecerse a
los perjudicados un recurso efectivo” (Corte IDH, “Caso Apitz Barbera y otros vs.
Venezuela”, sent. del 5 de agosto de 2008, párr. 147). </p><p style="text-align: justify;">Dentro de ese conjunto de
garantías que informan el debido proceso destaca la del juez imparcial (es decir,
la del juez ajeno al litigio), como resulta de los Principios de Bangalore sobre la
conducta judicial, donde la imparcialidad es la calidad fundamental que se exige
de un juez y el atributo central de la judicatura. Así, “la imparcialidad debe existir
como cuestión de hecho y como cuestión de percepción razonable, pues
5
cuando existe una percepción razonable de parcialidad es probable que esa
percepción deje una sensación de agravio e injusticia, con la consiguiente
destrucción de la confianza en el sistema judicial. La percepción de
imparcialidad se mide desde el punto de vista de un observador razonable” (cfr.
“Comentario relativo a los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial”,
Naciones Unidas, Nueva York, 2013, pág. 52). </p><p style="text-align: justify;">Conforme resulta de esos principios fundamentales, y como implícitamente
parece emerger del voto minoritario del propio tribunal, la continuidad de la
presidenta del jurado en su cargo compromete a futuro la validez del trámite
procesal, pues existe una razonable percepción de falta de imparcialidad desde
que la Dra. Kogan ya conoció del caso, en ocasión de expedirse como miembro
de la Suprema Corte de Justicia bonaerense (causa P. 134.373-Q). </p><p style="text-align: justify;">6) Por otra parte, el jurado consideró –en forma unánime, aunque sin la
motivación debida– que existe verosimilitud de los cargos imputados,
admitiendo la acusación formulada, limitándose a argumentar, por un lado, que
“las razones expuestas por la defensa de los magistrados denunciados en su
descargo sean, al momento hasta aquí y en este estadio procesal, suficientes por
sí mismas para generar una certeza negativa respecto de los cargos aquí bajo
análisis” (fs. 77, punto IV.3), y, por otro, que “toda vez que los elementos traídos
por la parte acusadora arrojan el grado de convicción suficiente que requiere el
actual estado procesal, es decir, en virtud de lo establecido en el art. 34 de la ley
13.661, para considerar verosímil que los Dres. Gómez Urso y Viñas pudieron
haber incurrido en actos y hechos que podrían subsumirse en el art. 21 de la
citada ley… corresponde dar paso a la siguiente etapa procesal” (fs. 77, punto
IV.4).
Sin embargo, el debido proceso legal exige que los “actos y hechos” a los
que se aluden en la resolución, aparezcan fehacientemente individualizados y
acreditados en el propio decisorio del órgano juzgador, siendo insuficiente
sostener, como se afirma, que los descargos y alegaciones defensistas no
proveen la certeza negativa para dar por concluido el trámite. Este déficit
motivacional, también compromete la legalidad del procedimiento disciplinario. </p><p style="text-align: justify;">7) En suma, la resolución adoptada por el jurado de enjuiciamiento de la
provincia de Buenos Aires, aun cuando de carácter provisional, genera inquietud
y malestar en los operadores jurídicos bonaerenses, no sólo por omitir las
directrices interpretativas de la jurisprudencia continental, sino también –y
fundamentalmente– por afectar la independencia del Poder Judicial.
La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires.
La Plata, 26 de noviembre de 2021.</p><p style="text-align: justify;">Mario Daniel Caputo Pedro Rodríguez
Presidente Secretario </p><p style="text-align: justify;">ADHESIONES INSTITUCIONALES: ACADEMIA LATINOAMERICANA DE DERECHO
PENAL Y PENITENCIARIO (Presidente Dr. Raúl CADENA PALACIOS –Quito–) </p><p style="text-align: justify;">FIRMANTES ADHERENTES:
ABERASTEGUI, Ezequiel (Mar del Plata); ACCORINTI, Susana (Ciudad Autónoma de
Buenos Aires); ACOSTA, Mauricio Rubén (Mar del Plata); ALCOLCEL, Miriam
(Quilmes); ALEMANO, Eduardo Oscar (Mar del Plata); ALIMONTI, Diana (Quilmes);
ALLEGRO, Jorgelina (Mar del Plata); ÁLVAREZ LARRONDO, Milagros (Mar del Plata);
ALVEOLITE, Adrián Luis (Mar del Plata); ANDREASEN, Betiana (Mar del Plata);
ANGRIMAN, Graciela Julia (Morón); ARAUJO, Diego Mario (Tandil); ARES, José Luis
(Bahía Blanca); ARRIOLA, Julio Isaac (Mar del Plata); ARRUIZ, Mario Andrés (Bahía
Blanca); AUAD, María Carla (Mar del Plata); AVEDIKIAN, Verónica Patricia (Mar del
Plata); BACIGALUPO, Leandro (Avellaneda); BARBIERI, Silvina (Mar del Plata);
BASCIANO, María Cecilia (Mar del Plata); BAUER, Dora Mailén (Mar del Plata);
BERLINGIERI, Fernando (Mar del Plata); BERTELOTTI, Mariano (Mercedes); BESSONE,
Nicolás (Mar del Plata); BIANCO, Adriana Raquel (Azul); BLANCO, Claudia Marcela
(Mar del Plata); BLANCO, Marcelo Ricardo (Mar del Plata); BOERI, Cecilia Margarita
(Mar del Plata); BOTTERI, Luciano (Mar del Plata); BRUN, Claudio Alberto (Bahía
Blanca); BRUNA, Carlos David (Mar del Plata); BURGOS, Mario Lindor (Bahía Blanca);
7
BUSTOS, Lucrecia (Mar del Plata); CALAZA, Andrea Vanina (Quilmes); CALCINELLI,
Susana Graciela (Bahía Blanca); CALDERONE, Lorena (Mar del Plata); CAMADRO,
Jorgelina (Mar del Plata); CAMILLÓN, Francisco (Mar del Plata); CASCIO, Alejandro
(Quilmes); CASTAÑARES, Rodolfo (Morón); CASTAÑEDA, Martín (Mar del Plata);
CASTEJÓN, Pablo (Mar del Plata); CASTELLA, Agustina (Mar del Plata); CASTILLA,
Pablo Fernando (Tandil); CASTRO, María Claudia (Dolores); CATALÁN, María del
Rosario (Mar del Plata); CAUDEVILLE, Cristian (Mar del Plata); CAUDEVILLE, Mauro
(Mar del Plata); CAZEAUX, Mariano (Dolores); CÉDOLA, Carolina (Mar del Plata);
CELSI, Leonardo César (Mar del Plata); CERIONI, Isabel Rita (Quilmes); CERRONE,
Juan Manuel (Mar del Plata); CINALLI, Gabriela (Mar del Plata); CIORDIA, Carolina
(Mar del Plata); CISTOLDI, Pablo Adrián (Mar del Plata); CONSOLO, Analía Noemí
(Quilmes); CONTI, Néstor Jesús (Mar del Plata); CONTI, Roberto Alfredo (Lomas de
Zamora); COSTE, Diego (Mar del Plata); CRETTON, Claudia (Mar del Plata); CRUZ,
Osvaldo Luis (Mar del Plata); CUEVAS, Sebastián (Bahía Blanca); CURÁTOLO, María
Marta (Mar del Plata); DAVID, Gabriel Alejandro (San Isidro); DÁVILA, Carina (Mar
del Plata); DE LA PLAZA, Rodrigo (Mar del Plata); DE LEÓN PRANDI, Juan Manuel
(Mar del Plata); DE LOS RÍOS, Martín (Mar del Plata); DE MARCO, Daniel Alejandro
(Mar del Plata); DE MENDIGUREN, Marina (Mar del Plata); DE MIGUEL, Claudio (Mar
del Plata); DE SIENA, Patricia Laura (Mar del Plata); DELGADO, Sergio (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires); DEMARCO, Diego Alfonso (Trenque Lauquen);
DESIATA, Cecilia Laura (Olavarría); DÍAZ, Romina (Mar del Plata); DI PACE, Ariel (Mar
del Plata); DI PIERRO, Adriana Luisa (Quilmes); DIB, Paola Karina (Zárate-Campana);
DONATO BERTOLDI, Lucas Manuel (Necochea); ECHEVARRÍA, Gustavo Agustín
(Azul); ELBUSTO, Andrea (Mar del Plata); ELÍAS, Laura Inés (Dolores); ESKENAZI,
Eduardo (La Plata); ETCHEGARAY, María Alejandra (Mar del Plata); FABRICI, Gabriela
(Mar del Plata); FARDÍN, Mariana (Mar del Plata); FARINA, Gustavo Darío (Quilmes);
FAVAROTTO, Alejandro Marcelo (Mar del Plata); FAVAROTTO, Ricardo Silvio (Mar
del Plata); FERNÁNDEZ, Ana María (Mar del Plata); FERNÁNDEZ, Claudio (Lomas
de Zamora); FERNÁNDEZ GARELLO, Fabián Uriel (Mar del Plata); FERNÁNDEZ, Pablo
Raúl (Mar del Plata); FERRARI, Mariana (Mar del Plata); FERREIRÓS, Matías Sebastián
(Zárate-Campana); FLORENTÍN, Fabiana Elisa (Zárate-Campana); FRENDE, Rosa
Amanda (Mar del Plata); FRISIONE, Marcela María (Mar del Plata); FURUNDARENA,
Julio César (Mar del Plata); FUSCALDO, Juan Ignacio (Mar del Plata); GABIAN, Luis
Miguel (Lomas de Zamora); GALARRETA, Juan Sebastian (Mar del Plata);
8
GALDEANO, Silvio Mario (Junín); GALLARDO, María Alexandra (Mar del Plata);
GALLI, Eduardo Pablo (Tandil); GALVÁN, Alejandro Daniel (Mar del Plata);
GARCÍA, Pablo César (Mar del Plata); GARCÍA GALLI, Mariano Nicolás (Mar del
Plata); GASQUET, Christian Sebastian (Dolores); GIACOMASSO, Mauro (Mar del
Plata); GIL JULIANI, Luis Alejandro (Quilmes); GIOMBINI, Virginia Florencia (Tandil);
GOLDBERG, Marcelo Javier (Quilmes); GONZÁLEZ, Silvia (Quilmes); GRASSI, Julio
Andrés (Zárate-Campana); GUTIÉRREZ, Juan (Mar del Plata); GUTIÉRREZ, María
Eugenia (Mar del Plata); GUTIÉRREZ, Ricardo (Mar del Plata); HALECKA, Bárbara
(Zárate-Campana); HAMER, Kevin (Mar del Plata); HERBEL, Gustavo Adrián (San
Isidro); HIRIGOYEN, Lorena (Mar del Plata); HOOFT, Bernardo (Mar del Plata);
HOOFT, Pedro C. Federico (Mar del Plata); HUERGO, María Victoria (La Plata);
IMBALDE, María José (Mar del Plata); IRIBARREN, Pablo (Mar del Plata); JULIANO,
María Cecilia (Trenque Lauquen); JURE, María Gabriela (Pergamino); KEZIC, Carolina
Olga (Mar del Plata); KRASUK, Gladys Viviana (Quilmes); KREBS, María Guillermina
(Mar del Plata); LA CAVA, Mariana (Mar del Plata); LANCI, Joaquín (Mar del Plata);
LANDOLFI, Luciano Javier (Mar del Plata); LEE, Yean Sheng (Mar del Plata);
LESCANO, María José (La Plata); LODOLA, Juan Pablo (Mar del Plata); LOPEZ, Axel
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires); LÓPEZ, Jorge Walter (Lomas de Zamora);
LÓPEZ, Romina (Mar del Plata); MADINA, Marcelo Augusto (Mar del Plata); MAGGI,
Bárbara (Mar del Plata); MÁLAGA, Mariela (Mar del Plata); MALTAS, Gilda Isabel
(Avellaneda-Lanús); MANFREDI, Martín (Mar del Plata); MANFREDINI, Martín (Mar
del Plata); MANTECA, Adriana Mabel (Mar del Plata); MANUEL, Roberto Alejandro
(Mar del Plata); MARINO, Luciano Javier (Zárate-Campana); MARQUES, Andrea
Anastasia (Trenque Lauquen); MARTÍN, Jorge Esteban (Mar del Plata); MARTÍNEZ,
Anabella (Mar del Plata); MENA, Alberto (Mar del Plata); MENDOZA, Javier Gustavo
(Mar del Plata); MENEGHELLO, Sergio (Mar del Plata); MERLINI, Federico Facundo
(Quilmes); MOLINA, Roberto Pablo (Tandil); MÓNACO, Gabriela (Mar del Plata);
MORELL OTAMENDI, Francisco Javier (Zárate-Campana); MOURE, Rodolfo (Mar del
Plata); MOYANO, Mariano (Mar del Plata); NANNI, Adriana Lucía (Trenque
Lauquen); NANNI, Heraldo Juan (Caleta Olivia); NEU, Raúl Alberto (San Isidro);
OLAVARRÍA, Gladys (Trelew); ODRIOZOLA, Mauricio Damián (Quilmes); OSTACHI,
María Carla (Mar del Plata); PAGELLA, Marcos Roberto (Mar del Plata);
PAPADOPULOS, Martina (Mar del Plata); PELLIZZA, Carlos Alberto (Mar del Plata);
PENNA, Silvano (Mar del Plata); PEÑA, Gabriela (Mar del Plata); PERDICHIZZI,
9
Ricardo Gabriel (Mar del Plata); PERELLÓ, Patricia Victoria (Mar del Plata); PÉREZ,
Liliana Elvira (Mar del Plata); PÉREZ, María Noemí (Quilmes); PÉREZ, Sandra Fabiana
(Mar del Plata); PÉREZ MASSA, Josefina (Mar del Plata); PETTIGIANI, Javier Eduardo
(Mar del Plata); PETTIGIANI, Juan Manuel (Mar del Plata); PIANTONI, María
Mercedes (Mar del Plata); PIÑERO, Valeria Fernanda (Mar del Plata); PITLEVNIK,
Leonardo Gabriel (San Isidro); POGGETTO, Pablo Martín (Mar del Plata); POLIZZA,
José Ignacio (Lomas de Zamora); RADIVOY, Pablo Andrés (Bahía Blanca); RAJUAN,
Cristian (Mar del Plata); RAMOS, Elbio Raúl (Quilmes); RAVANELLI, Mauricio (Mar del
Plata); RAVINO, Juan Manuel (Mar del Plata); REMOLINA, Sandra (Mar del Plata);
REYES, María Cecilia (Mar del Plata); RIQUERT, Fabián Luis (Mar del Plata); RIQUERT,
Marcelo Alfredo (Mar del Plata); RIZZO, Martín Miguel (Cañuelas); RODRÍGUEZ
ARAUDO, Gerardo (Mar del Plata); RODRÍGUEZ, Leonardo (Mar del Plata);
RODRÍGUEZ FANELLI, Lucía Edith (Mar del Plata); RUSSO, Carlos María (Mar del
Plata); SALAS, Florencia (Mar del Plata); SALATINO, Edgardo Horacio (Quilmes);
SALEMME, María Laura (Mar del Plata); SALVO, Marisa (Lomas de Zamora);
SANTOLIN, Karina Paola (Quilmes); SARRA, Leonardo (Quilmes); SAUMELL, María
Fernanda (Mar del Plata); SAVIOLI COLL, Marcelo Carlos (Mar del Plata); SAYAGO,
Jorge (Bahía Blanca); SCARCELLA, Oscar (Mar del Plata); SEARA, Constanza (Mar del
Plata); SILVA, Cristian Andrés (Mar del Plata); SIMÓN, María Ana (Mar del Plata);
SOLARI, María Laura (Mar del Plata); SORRENTINO, Juan (Lomas de Zamora); SOSA,
Victoria (Mar del Plata); SOULÉ, Paula Mariela (Mar del Plata); STOSICH, Isabel
Susana (Mar del Plata); STRANO, Tamara (Mar del Plata), SUÁREZ, Juan José (Azul);
SUEYRO, Juan Manuel (Mar del Plata); TADEO, Natalia (Mar del Plata); TAPIA,
Federico Manuel (Mar del Plata); TAPIA, Juan Francisco (Mar del Plata); TONNINI,
Morella Josefina (Mar del Plata); TORTI, Carlos Roberto (Morón); TRANQUILINI,
Ignacio (Quilmes); TRAPE, Mónica Blanca (Quilmes); VACANI, Pablo Andrés (San
Nicolás); VANNINI, Fabiana Paola (Quilmes); VÁZQUEZ VISMARA, Ana (Mar del
Plata); VERA, Juan Martín (Mar del Plata); VERA TAPIA, Germán (Mar del Plata);
VERDI, Osvaldo Adrián (Mar del Plata); VESPA, Diego Julián (Mar del Plata); VESPA,
Jorgelina (Mar del Plata); VIADAS, Federico Javier (Mar del Plata); VIADAS, Javier
(Mar del Plata); VICENTE, Guillermo (Mar del Plata); VIGNOLO, Gerónimo Martín
(Mar del Plata); VILLAR, Ariel Humberto (Quilmes); VIÑAS, Esteban Ignacio (Mar del
Plata); VITALE, Gustavo Luis (Neuquén); WACKER SCHRODER, Federico (Mar del
Plata); WEBB, María Soledad (Mar del Plata); YANCE, Jorge Daniel (Río Gallegos);
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ZABALJAUREGUI, Matías (Dolores); ZAFARANA, Marianella (Mar del Plata); ZAPATA,
Gabriela (Mar del Plata); siguen firmas… </p>marcelo riquerthttp://www.blogger.com/profile/01710761252058632337noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8847762969779010562.post-71631447843226086222021-05-31T06:10:00.000-07:002021-05-31T06:10:01.319-07:00NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS EN LA SOCIEDAD TECNOLÓGICA<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">“Niñas, niños y adolescentes víctimas en la sociedad tecnológica”</span></b> </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">por Marcelo A. Riquert </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sumario: 1. Introducción: niñas, niños y adolescentes víctimas. 2. Redes sociales: un nuevo espacio de expresión para la violencia contra niñas, niños y adolescentes. 3. Algunas tipificaciones vigentes y propuestas de nuevas incorporaciones al Código Penal: 3.1. El acoso sexual de niñas, niños y adolescentes (Grooming) y otras figuras vinculadas; 3.2. Difusión inconsentida de imágenes sexuales de tercero y Sextorsión; 3.3. Ciberpornografía infantil. 4. Recapitulando.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1. Introducción: niñas, niños y adolescentes víctimas</div><div style="text-align: justify;">Si bien resulta una suerte de lugar común que el foco de la mirada de nuestros sistemas penales se hace sobre el rol de niñas, niños y adolescentes como imputados, como presuntos autores o, eventualmente, como sujetos responsables de la comisión de un delito , como señala Daniel E. Adler, cuando hablamos de la “protección integral de la niñez” nos estamos refiriendo no sólo a los niños imputados sino también para los que son víctimas de delitos . Y ello, agrega, lo refleja la ley específica de tal protección, la N° 26061/2005, en su art. 27 referido a las garantías mínimas en procedimiento judicial o administrativo, cuando fija un estándar mínimo sin distinguir entre ambos roles . Por su parte, Mary Beloff recuerda que la Corte IDH deriva del derecho a la protección especial de la niñez el de un “tratamiento judicial especializado tanto respecto de los niños víctimas como autores de delitos” . Resulta conveniente, además, no perder de vista que tras la “Declaración de los Derechos del Niño” de 1924 (adoptada por la Liga de las Naciones), primer instrumento internacional de relevancia específico, en 1959 las Naciones Unidas adoptaron la DDN precedente directo de la actual, que es de 1989 y se transformó en el tratado de DDHH más ratificado de la historia . Entre los cambios sustanciales de la Convención vigente destaca que los niños son ahora definidos de manera afirmativa, como sujetos de pleno derecho, lo que importa que ya no se trata de “menores” (incapaces, personas a medias o incompletas) sino de personas cuya única particularidad es estar creciendo y a las que se reconoce todos los derechos que tienen los adultos, más los específicos derivados del reconocimiento de tal circunstancia evolutiva .</div><div style="text-align: justify;">En tren de ilustrar sobre la significación del segmento “víctimas” (que, como decía Beristain, comprende a un círculo más amplio que el sujeto pasivo de la infracción ), recordó Adler que, en un informe de Unicef para Latinoamérica y el Caribe del año 2017, se indicaba que la región resulta la más violenta y desigual del mundo . Por cierto, cuando se habla de violencia en general se incluye aquella que por su intensidad alcanza la cota de gravedad para ser de interés penal y también lo que carece de este, de allí que el organismo internacional advierta la necesidad de un enfoque integral y multidisciplinario para ponerle fin a la que afecta a niñas, niños y jóvenes. En lo atinente al sistema de justicia, se reclama su fortalecimiento para prevenir la violencia y, si ocurre, para responder con servicios adecuados. </div><div style="text-align: justify;">Dentro de un universo de 193.000.000 de personas en el rango etario que nos ocupa , el documento oficial mencionado señala que los hechos de castigo corporal dentro del hogar alcanzan a la mitad del total: uno de cada dos niños, resalta Adler, son golpeados. Además, 24.455 jóvenes de entre 10 y 19 años son asesinados por año (el promedio es de 67 por día, lo que quintuplica la media global); 1.100.000 niñas de entre 15 y 19 años han sufrido violencia sexual o un acto sexual forzado; 7.000.000 se ha deslocalizado, están en tránsito, migraron tratando de evadir la violencia o la pobreza estructural (72.000.000 viven en una situación económica que provoca que carezcan de una “oportunidad equitativa en la vida”) y, por lo tanto, incrementando el riesgo de transformarse en potenciales víctimas de trata y tráfico de personas .</div><div style="text-align: justify;">Se trata, sin duda, de datos que no suelen encontrar adecuada repercusión mediática y debieran provocar una preocupación más allá del discurso. No es necesario esfuerzo probatorio para afirmar que no se advierte la presencia de un interés claro en visibilizar esta realidad social. No es el que tema esté fuera totalmente de agenda, pero no ocupa en ella el escalón de prioridad que su gravedad reclama.</div><div style="text-align: justify;">En el presente trabajo se vuelve sobre un aspecto parcial de esta violencia, uno que no es el más grave en términos cualitativos pero que, probablemente, ya debe ser muy importante en términos cuantitativos: la que plasma contra niñas, niños y adolescentes en el medio virtual. Y cabe aclarar que si bien, en general, se trata de una violencia que desarrollan adultos contra tales víctimas, se trata de una fenomenología que no está exenta de un número de casos importante “intra” etarios, es decir, entre los propios jóvenes .</div><div style="text-align: justify;">Además, no puede soslayarse, las agresiones a través de los medios tecnológicos, en no pocas ocasiones no son más que la antesala de su traslado al mundo físico y siempre impactan sobre este de un modo u otro. Desde esta perspectiva, es evidente que la tarea preventiva sobre el manejo responsable de la tecnología tendría también impacto para el mundo físico. Observa bien Sebastián Bortnik que, si se habla en términos preventivos, los esfuerzos deben dividirse entre los de naturaleza educativa, tratando de evitar que la persona sea víctima y, si lo es, en el sistema judicial, para tratar de que se brinde un apropiado soporte al damnificado a la vez que se juzgue y responsabilice al victimario . No será esa nuestra perspectiva de aproximación en estas líneas, sino que nos centraremos en la presentación y análisis de varios de los tipos penales vigentes y también los proyectados para solucionar eventuales lagunas de punibilidad.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. Redes sociales: un nuevo espacio de expresión para la violencia contra niñas, niños y adolescentes</div><div style="text-align: justify;">La aparición de las llamadas “tecnologías de la información y comunicación” (TICs) ha supuesto, sin duda, el surgimiento de un nuevo espacio para innumerables actividades positivas, socialmente valiosas, pero, a la vez, se ha transformado también en el canal de expresión de las más diversas formas de violencia entre las que ocupa un lugar no menor la que canaliza contra niñas, niños y adolescentes en general (válidamente podría agregarse a las mujeres como un supuesto de victimización preferente). Las llamadas “redes sociales” son, precisamente, uno de los aludidos canales que las vehiculizan.</div><div style="text-align: justify;">Bien sostiene Verdejo Espinosa que el concepto de “red social” ha adquirido notable importancia en los últimos años, al punto de haberse convertido en una expresión del lenguaje común que se asocia a nombres como “Facebook” o “Twitter”. No obstante, vale aclarar que no debiera perderse de vista que su significación es mucho más amplia y compleja, siendo objeto de estudio desde hace décadas desde las más variadas perspectivas (antropológica, sociológica, matemática, informática, etc.). Por lo pronto, el término “red social” se atribuye a los antropólogos británicos Alfred Radcliffe-Brown y John Barnes quienes, en un sentido amplio, la entienden como una estructura social formada por personas o entidades conectadas y unidas entre sí por algún tipo de relación o interés común .</div><div style="text-align: justify;">Es más, estamos en presencia de las primeras generaciones de niños, niñas y adolescentes, verdaderos nativos digitales, que encuentran en Internet el espacio donde experimentan roles sociales y actualizan la imagen que tienen de sí mismos. Tal como se ha reconocido desde organismos oficiales internacionales “Internet es un espacio que hace las veces de ‘calle’ o ‘la placita’, de ese lugar público donde los adultos no dominan la interacción y donde los adolescentes sociabilizan y se definen a sí mismos en conjunto a su tribu, a su banda, a sus iguales. La no presencia de adultos, en particular de los padres, es lo constante y lo buscado por los y las adolescentes” .</div><div style="text-align: justify;">En los últimos años se han venido realizando estudios sobre la victimización de menores teniendo particularmente en cuenta que se advierte una anticipación en el acceso de niñas y niños a las TIC que, como se resaltó, pasaron a generar cambios notables en las actividades cotidianas y en el ciberespacio. Como puntualizan Irene Montiel y José R. Agustina, los jóvenes interactúan virtualmente fuera del hogar mucho antes y en todo momento, siendo sus smartphones verdaderas ventanas al mundo y, a la vez, un espacio ampliado de victimización que, se advierte, es más frecuente entre ellos que la experimentada por los adultos. Así, se los ha sindicado como “víctimas ideales” por su carencia de conciencia de la propia victimización . </div><div style="text-align: justify;">Asimismo, se ha reconocido que, si bien las personas menores respecto de las expresiones de violencia online juegan un importante rol como receptores, ello no descarta que, en ocasiones, sean productores y propagadores de aquélla. Entre las formas de violencia interpersonal verificadas en una decena de estudios nacionales cobran singular importancia la pornografía infantil, el morphing (sobre lo que se volverá al hablar de la pornografía técnica o virtual), el grooming, ciberbullying , robos y fraudes, así como el “flaming” .</div><div style="text-align: justify;">Sentado ello, no es menos clara en este acotado espacio la falta de necesidad de explayarse mayormente sobre lo que hoy significa Internet y las diversas aplicaciones informáticas como plataforma de interacción y transmisión de información entre personas . Con sintética elocuencia, Byung-Chul Han señala que “Nos embriagamos hoy con el medio digital, sin que podamos valorar por completo las consecuencias de esta embriaguez. Esta ceguera y la simultánea obnubilación constituyen la crisis actual… La falta de distancia conduce a que lo público y lo privado se mezclen. La comunicación digital fomenta esta exposición pornográfica de la intimidad y de la esfera privada… Así, ya no es posible ninguna esfera privada… Anonimato y respeto se excluyen entre sí. La comunicación anónima, que es fomentada por el medio digital, destruye masivamente el respeto. Es, en parte, responsable de la creciente cultura de la indiscreción y de la falta de respeto” .</div><div style="text-align: justify;">En similar línea apunta Edmundo Oliveira que, de un lado, corre nuestra confianza en la tecnología y nuestro apetito por ella que nos torna voraces usuarios de las opciones que ofrece; del otro, inevitable, la aparición de quienes usan sus habilidades tecnológicas para sacar provecho de los más vulnerables en el ciberespacio. Esto lleva a hablar de una verdadera “victimización cibernética” favorecida por un doble componente: la insensibilidad del predador cibernético y el anonimato proporcionado por el medio virtual. Ambos, dice el nombrado, provocan que este orden de victimización no sólo sea fácil, sino también que se concrete sin casi ningún esfuerzo .</div><div style="text-align: justify;">Como dice Marta Morillas Fernández, las TICs han revolucionado el concepto y desarrollo de las “redes sociales”, verdadero espacio de creación de relaciones íntimas entre usuarios que tienen intereses en común, que ofrece como nota singular cuando son “online” la publicación de datos y características personales que, probablemente, no se expondrían en la vida cotidiana, en el mundo del contacto físico, salvo que hubiere una acendrada confianza (por ejemplo, ideología, orientación religiosa, preferencia sexual, etc.) . En efecto, se suele decir que vivimos en una verdadera “sociedad red” donde la vida en el espacio físico y virtual se interconectan. Es más, en el grupo etario adolescente (nativos digitales ) se acentúa la inserción de la vida en las redes sociales que, bien enfatiza María Ángeles Blanco Ruiz, es un espacio donde concreta la socialización de género compartida públicamente y, por lo tanto, siendo el principal medio de comunicación grupal no están ajenas a distintos estadios de violencia de género . </div><div style="text-align: justify;">Puede arriesgarse que la “digitalización” de las expresiones de este tipo de violencia, por un lado, pueden asumir formas de mayor sutileza favoreciendo que pasen desapercibidas pero, por el otro, adquieren una omnipresencia derivada de la intensidad que adquirió en el uso cotidiano la conectividad que pasó del ordenador a los potentes smartphones, transformándose en algo presente las 24 horas del día . Aunque refiriéndose en concreto a la llamada “e-violencia” o “ciberviolencia de género contra las mujeres” (ciberVCM), Hugo A. Vaninetti resalta algo que es perfectamente extrapolable a la situación de las víctimas que ahora nos ocupan. Señala que para dimensionar correctamente estas manifestaciones de violencia psicológica vertidas en Internet, que comprometen y afectan moral y emocionalmente a la mujer (léase niñas, niños y adolescentes), no debe soslayarse que se trata de un medio que por sus características propias multiplica el efecto ya que expone ante conocidos y desconocidos .</div><div style="text-align: justify;">Sin que pueda afirmarse que fuera sólo el colectivo que ahora nos interesa el destinatario exclusivo de la victimización –a lo sumo, sería el preferente-, es factible señalar algunas conductas que canalizan significativamente este orden de violencia: el hostigamiento virtual en sus diversas manifestaciones (desde el bullying hasta las variadas modalidades de acecho por las tecnologías de seguimiento, uso de cámaras de videovigilancia, empleo de programas espías y hackeo), la ciberpornografía infantil o la exposición de menores a pornografía de mayores, el revenge porn o pornovenganza, el doxxing (revelación no consentida de datos sensibles o documentos personales en Internet) y la creación de perfiles falsos . </div><div style="text-align: justify;">Vinculado al listado, es conveniente advertir que aunque utilizamos la popularizada voz “pornovenganza” , se ha criticado la designación con razón porque conlleva varios implícitos incorrectos que van desde creer que existe un merecimiento por algo que haya hecho la víctima y, por eso, hay una represalia que justificaría el abuso cibernético; pasando por la circunstancia de que no siempre hay un deseo de dañar a la damnificada; hasta, finalmente, la confusión con la “pornografía”, concepto al que el contenido difundido no se ajusta porque no hubo tal finalidad ni estuvo dirigido como un entretenimiento de terceros/as al momento de su la generación .</div><div style="text-align: justify;">En línea concordante, Pablo A. Palazzi recuerda que, siendo que el término se acuñó en USA, allí mismo se ha sugerido su cambio por “involuntary porn” o “non consensual pornography”, dando mayor amplitud a la figura para que incluya no solo las situaciones en que el sujeto activo actúa por venganza o donde las partes tenían una relación previa, sino que se lo expande a terceros no relacionados con el hecho en sí de la captación original de la imagen, lo que se justifica porque estas publicaciones y/o republicaciones por terceros tienen el mismo efecto que la publicación original .</div><div style="text-align: justify;">En el acápite siguiente será evaluada, con brevedad, la captación actual o propuesta de inclusión futura en la legislación penal argentina de estas y otras conductas similares vinculadas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3. Algunas tipificaciones vigentes y propuestas de nuevas incorporaciones al Código Penal</div><div style="text-align: justify;">Es sabido que la legislación penal en la Argentina atraviesa una situación de marcada crisis, con un CP centenario modificado un millar de veces (no es lenguaje figurativo, en efecto, fue reformado en unas mil ocasiones), centenares de leyes especiales donde hay prácticamente más tipos penales que el Libro 2° del propio código, lo que ha provocado que la situación pudiera sintetizarse como de descodificación, deslocalización, falta de armonía, carencia de proporcionalidad y, por supuesto, ausencia de sistema. Tenemos meros retazos de lo que debiera ser un código y, por eso, se suceden unos tras otros proyectos de reforma integral que nunca llegan a tener el apoyo político suficiente para que el Congreso los consagre. En algunos casos ni siquiera llegan hasta allí (por ejemplo, los de 2006 y 2014). El último, del año 2019, ha logrado tomar estado parlamentario aunque puede aventurarse es improbable que logre avanzar en el actual contexto de cambio de orientación en el gobierno. Me apresuro en aclarar que esto no resta interés al estudio que seguirá porque, al igual que pasó con otras iniciativas frustradas, que no logren aprobación general no quita que muchas de sus propuestas cobraran vigencia como leyes de reforma del CP (algunas de ese millar mencionado). Así, tal vez, varios de los tipos penales que se han incluido podrían ser la base de una futura modificación en la materia que aquí se está analizando.</div><div style="text-align: justify;">Entonces, tras sucesivas postergaciones, su presentación oficial ante el Congreso de la Nación se concretó en el mes de marzo de 2019. Informalmente había sido dado a conocer, en principio, sin su “Exposición de Motivos” a fines de junio de 2018 . La autoridad ministerial de aquel momento lo adjetivó como “Un proyecto actual, federal, pluralista y equilibrado para una sociedad moderna” y destacó, en relación a los “delitos informáticos”, que en el anteproyecto: “Se mejora el tipo penal de ‘grooming’ y se lo amplía a cualquier medio. Se prevé una escala penal más grave, en consonancia con el aumento de la escala penal para los abusos sexuales simples.- Se tipifica la conducta de quien produzca, financie, ofrezca, comercie, publique, facilite, divulgue o distribuya por cualquier medio pornografía infantil, con penas de prisión y se prevé como delito la mera tenencia de pornografía infantil.- Se incorporan nuevos delitos informáticos: robo y hurto informático, daño informático, fraude informático, acceso ilegal a datos informáticos y pornovenganza”.</div><div style="text-align: justify;">Tras su presentación al Congreso, sin que se agregara la fundamentación de la mayoría de la comisión redactora, sí se ha dado a conocer las diferentes disidencias parciales concretadas mediantes notas fechadas entre el 20 y el 24 de mayo de 2018 y dirigidas al Presidente de aquélla, Dr. Mariano H. Borinsky . Es posible adelantar que es cierto que se ha mejorado la redacción del tipo penal de “grooming” (hay un consenso absoluto en que la del actual art. 131, debida a la ley 26904 , es técnicamente desastrosa ), lo relativo a la pornografía infantil es lo hoy vigente como art. 128 (cf. arts. 2° de la Ley 26388 y 1° de la Ley 27436 ) y, en lo que se anuncia como nuevos delitos, conviven los que son reales novedades (por ejemplo, hurto informático o publicación inconsentida de imágenes de contenido sexual) con otras que no lo son (así, intrusismo o daños informáticos).</div><div style="text-align: justify;">A partir de la enumeración, se advierte fácilmente que no todas estas tipicidades nos interesan desde la perspectiva de abordaje que aquí se ensaya. En definitiva, se hará foco en lo vigente y propuesto en un ámbito delincuencial directamente ligado a la violencia contra las niñas, niños y adolescentes, básicamente las figuras que fueran mencionadas al final del punto anterior, insistiendo en que no se trata de que les sean exclusivas, sino que son víctimas preferentes.</div><div style="text-align: justify;">En la propuesta de nuevo código, dentro de la parte especial (Libro Segundo), en el Titulo III –correspondiente a los delitos contra la integridad sexual- se propone dentro de su reestructuración un nuevo “Capítulo 2”, dedicado a la “Pornografía infantil y otros ataques” (tal la novedosa rubrica). Aquí se reformula lo que hoy sería el art. 131 –“grooming”, introduciendo sustanciales mejoras en su redacción-, que pasa a ser el art. 122, y se renumera como art. 123 lo que ahora es el art. 128 –“pornografía infantil”-, en este caso, respetando con mínimos retoques su última redacción (conforme ley 27436/18 ).</div><div style="text-align: justify;">La protección de niños y jóvenes respecto de la explotación y abuso sexual en todas sus formas para Argentina asume máximo nivel normativo si se tiene en cuenta que la “Convención de los Derechos del Niño” de Naciones Unidas (que lo establece en su art. 34 y ss.), tiene jerarquía constitucional por vía del art. 75 inc. 22, CN. A su vez, el “Protocolo Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía”, de la Asamblea General, firmado el 25/5/00, que la complementa, ha sido aprobado por Ley N° 25763 . En órbita regional también cobra relevancia la “Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores” .</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3.1. El acoso sexual de niñas, niños y adolescentes (Grooming) y otras figuras vinculadas</div><div style="text-align: justify;">También llamado “on line” o “child grooming”, bien resalta Cugat Maurí que la necesidad de su tipificación devino de la confluencia de varios motivos, entre los que cuentan la voluntad de afianzar la protección de los menores que no han alcanzado la edad de la madurez sexual, así como la necesidad de reforzar la tutela penal de ese bien jurídico ante el riesgo dimanante del uso de las TICs, tanto de parte de los menores (nativos digitales) como de sus agresores. Entre otros antecedentes, destaca la Directiva UE 2011/93 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 2011 relativa a la Lucha contra los Abusos Sexuales y la Explotación Sexual de los Menores y la Pornografía Infantil (que sustituyó a la Decisión Marco 2004/68/JAI del Consejo), en cuyos considerandos se señala que “El embaucamiento de menores con fines sexuales constituye una amenaza con características específicas en el contexto de Internet, ya que este medio ofrece un anonimato sin precedentes a los usuarios puesto que pueden ocultar su identidad y sus circunstancias personales, tales como la edad” .</div><div style="text-align: justify;">También constituye un antecedente relevante el “Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños frente a la explotación y abuso sexual”, de 25 de octubre de 2007 y con entrada en vigor el 1/7/2010, también denominado “Convenio Lanzarote”. Al decir de Teresa Marcos Martín, representa la plasmación de una creciente preocupación por la materia por parte del Consejo de Europa, para el que la violencia sexual contra menores se ha constituido en cuestión prioritaria. Así, “Este Convenio supone… un punto de inflexión en la medida en que recoge todo tipo de conductas en relación con la explotación infantil…” . Dentro del articulado de propuestas de tipificación la singularmente vinculada a la figura en análisis es el art. 23 (solicitación de niños con propósito sexual) . Bien refiere la autora citada que, las “solicitudes sexuales a niños”, recoge expresamente su realización mediante las tecnologías de la información y la comunicación, lo que por cierto refleja que se trata de un medio donde halla singular difusión esta práctica . Tampoco debe soslayarse que en función de la característica trasbordadora de fronteras de aquél, la cooperación internacional para su persecución luce como central y esto el Convenio lo refleja en su art. 38, que la prevé expresamente .</div><div style="text-align: justify;">Tal como se señaló, de hecho en nuestro país (y podría agregarse, en la región ) la necesidad se reconoció y se sancionó un tipo penal (art. 131 vigente) para el que la propuesta de mejora es la siguiente:</div><div style="text-align: justify;">“ARTÍCULO 122.- Se impondrá prisión de SEIS (6) meses a CINCO (5) años, siempre que el hecho no importe un delito más severamente penado, a la persona mayor de edad que:</div><div style="text-align: justify;">1°) Tomare contacto con una persona menor de TRECE (13) años mediante conversaciones o relatos de contenido sexual.</div><div style="text-align: justify;">2°) Le requiera, por cualquier medio y de cualquier modo, a una persona menor de TRECE (13) años que realice actividades sexuales explícitas o actos con connotación sexual o le solicite imágenes de sí misma con contenido sexual.</div><div style="text-align: justify;">3°) Le proponga, por cualquier medio y de cualquier modo, a una persona menor de TRECE (13) años concertar un encuentro para llevar a cabo actividades sexuales con ella, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento.</div><div style="text-align: justify;">4°) Realizare cualquiera de las acciones previstas en los incisos 1°, 2° y 3° con una persona mayor de TRECE (13) años y menor de DIECISÉIS (16) años, aprovechándose de su inmadurez sexual o si mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o cualquier otro medio de intimidación o coerción.</div><div style="text-align: justify;">5°) Realizare cualquiera de las acciones previstas en los incisos 1°, 2° y 3° con una persona mayor de DIECISÉIS (16) años y menor de DIECIOCHO (18) años si mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o cualquier otro medio de intimidación o coerción”.</div><div style="text-align: justify;">Cuando se habla de abuso sexual infantil suele distinguirse varias etapas hasta que se concreta o consuma, siendo ciertamente variable en cada caso concreto. En general, hay consenso en que transcurre un tiempo y la dinámica de interactuación atraviesa distintas fases o momentos . La propuesta del primer inciso correspondería a la que se conoce como una etapa de “seducción” o la “fase de envolvimiento” (se manipula, con solicitud de silencio, al menor con distintos métodos), mientras que la del segundo podría implicar ya el avance hacia la “fase de interacción sexual” (que es progresiva y aquí implicaría que la exposición no se daría en forma presencial o directa ).</div><div style="text-align: justify;">Si comparamos la proyectada con la norma vigente se advierten de inicio como diferencias que: a) se presenta al tipo expresamente como uno residual ; b) se ha incrementado el tope máximo de la escala de prisión conminada en abstracto, que pasaría de 4 a 5 cinco años. El mínimo permanece igual. Corresponde resaltar que similar situación se produce en el art. 119, 1° párrafo, donde también se incrementa del mismo modo. Esto implica que los proyectistas no han dado solución a la crítica actual sobre la falta de proporcionalidad de la pena cuando es la misma para el acto preparatorio que para la consumación. Para ser claro, alguien que sólo toma contacto con un menor con propósito sexual tiene la misma pena que si llega a consumar su intención en la modalidad de un abuso sexual simple. Habría que solucionar esto durante la discusión parlamentaria del anteproyecto .</div><div style="text-align: justify;">Se propone que el sujeto activo sea una “persona mayor de edad” y no “el que”, es decir, cualquiera, incluso un joven o niño (como está en el texto vigente). Aquí sí se recoge una crítica pronunciada con absoluto consenso por la doctrina y que había sido puesta en evidencia en el pasaje del entonces proyecto de ley hoy vigente por la Cámara de Diputados pero que, finalmente, ignorara la de Senadores al insistir en su propia propuesta con claro yerro. Es justamente la característica de que el autor sea mayor y la víctima menor aquello que legitima que lo que, en principio, no pasa de un acto preparatorio se criminalice.</div><div style="text-align: justify;">Otro acierto es que, justamente, también se comienza a distinguir según la edad del menor, ya que la referencia sin ninguna precisión del art. 131 actual provoca que se termine tipificando el contacto con quien podría tener lícitamente una relación sexual consensual. Ahora, el primer párrafo indica que la conversación o relato de contenido sexual se debe tener con una persona menor de 13 años de edad. Y no es necesaria la intervención de un factor tecnológico (hoy se establece que el contacto debe concretarse mediante comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos) aunque, naturalmente, pueda estar presente . Es otro aspecto de la propuesta típica que va en la dirección correcta ya que si aquel contacto con propósito sexual, ese acto previo que busca la realización de una conducta pedófila, va a ser punible, no se advertía o advierte por qué lo sería cuando se concreta mediante el uso de una TIC y quedaría/queda fuera de interés penal cuando plasma en el mundo físico, en forma personal.</div><div style="text-align: justify;">Justamente, el inciso (3°) tipifica la propuesta de concertación de un encuentro por cualquier medio y de cualquier modo a una persona menor de 13 años para llevar a cabo actividades sexuales con ella. En este caso, la punición se sujeta a que dicha propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento.</div><div style="text-align: justify;">En definitiva, el anteproyecto pune el grooming tanto cuando: a) se limita a la mera puesta en contacto mediante conversaciones o relatos de contenido sexual; b) se requiera la realización de actividades de connotación sexual o toma de imágenes de aquellas; c) se proponga un encuentro para la práctica de actividades sexuales. En todos los casos, el sujeto activo es una persona mayor y el sujeto pasivo una de menor de 13 años.</div><div style="text-align: justify;">A diferencia del tipo vigente, en esta propuesta se respeta en forma más adecuada e integral los distintos tramos que componen el “childgrooming”. En efecto, hay consenso doctrinal en torno a que es un comportamiento que implica un pasaje por etapas progresivas que van desde el inicial acercamiento al niño, niña o joven hasta desembocar en la propuesta de contenido sexual con miras a perpetrar el delito de resultado contra la integridad sexual . Como destaca Aboso, se trata de una modalidad de acoso telemático que se caracteriza por la falta de contacto sexual, pero se demuestra como una conducta de facilitación ya que el autor debe perseguir el propósito de un ulterior contacto de tal naturaleza .</div><div style="text-align: justify;">En línea con ello, vale la pena resaltar que el primer inciso (hoy, en el art. 131 del CP), contempla quizá la inicial expresión de una conducta que habitualmente es integrada dentro de las previsiones que tipifican el acoso o acecho (“stalking” ). De allí que se haya señalado su semejanza sin que puedan soslayarse como diferencias las limitaciones de la finalidad (sexo) y edad (víctimas niños y adolescentes) . Sin embargo, no se ha avanzado hacia una tipificación general del acoso ni de esta específica modalidad tecnológica, comprensiva de las distintas posibles situaciones de acoso “online”.</div><div style="text-align: justify;">En nuestro país, sin embargo, hay vigente tipificación residual a nivel contravencional en el Código pertinente de la CABA (Ley 1472/2004), en general para el hostigamiento en el art. 52 (ya transcripto en nota al pie) y para el acoso sexual en el art. 67 (reciente reforma del año 2019), e incluso una específica en el artículo 71ter (radicado en el Cap. V, dedicado a la “Identidad digital de las personas”), que prevé el “hostigamiento digital” en los siguientes términos: “Quien intimide u hostigue a otro mediante el uso de cualquier medio digital, siempre que el hecho no constituya delito, es sancionado con multa de 160 a 800 unidades fijas, tres a diez días de trabajo de utilidad pública, o uno a cinco días de arresto. Acción será dependiente de instancia privada con excepción de los casos donde la víctima fuese menor de dieciocho años de edad. No configura hostigamiento digital el ejercicio del derecho a la libertad de expresión”. Como se advierte de la transcripción, que la víctima sea un menor torna la acción en pública. Asimismo, resuelve el conflicto eventual con el legítimo ejercicio de la libertad de expresión en favor de la última al postular la atipicidad de la conducta.</div><div style="text-align: justify;">Tanto para este tipo contravencional como para el de “difusión no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas” (art. 71bis), se prevén circunstancias severizantes -algunas específicamente referidas a los menores- en el art. 71 quáter, que dice “… las sanciones se elevan al doble cuando son realizadas: 1. Cuando la víctima fuera menor de dieciocho años, mayor de setenta, o con discapacidad. 2. Cuando la contravención se cometa con el concurso de dos o más personas. 3. Cuando la contravención sea cometida por el/la jefe, promotor u organizador de un evento o su representante artístico. 4. Cuando la contravención sea cometida por el/la cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia. 5. Cuando la contravención sea cometida por un familiar en el 4° grado de consanguinidad o 2° grado de afinidad. 6. Cuando la contravención se cometa con información que no habría sido develada sin que medie engaño. 7. Cuando la contravención sea cometida mediante la utilización de identidades falsas o anónimas o mediando la suplantación de la identidad de otra persona humana o jurídica”.</div><div style="text-align: justify;">Respecto del último agravante, no debe soslayarse que la conducta de suplantación digital de identidad tiene su propia tipicidad autónoma en el art. 71 quinquies que incluye también numerosos severizantes propios, entre los que se incluye que la víctima sea un menor (letra “b”), circunstancia que también resta valor al consentimiento y transforma a la acción en pública. Tampoco debe quedar de lado que el mencionado Proyecto de nuevo CP de 2019 prevé su incorporación como nuevo delito en el art. 492 .</div><div style="text-align: justify;">Dejando de lado la regulación contravencional, retomo recordando que resalta Gustavo E. Aboso que las últimas décadas han dado cabal cuenta del modo en que la libertad puede ser menoscabada de distintas formas mediante el uso de las computadoras y este protagonismo del acoso u hostigamiento cibernético ha puesto en evidencia la necesidad político-criminal de introducir en los códigos penales una figura específica para reprimir este peculiar atentado contra la libertad personal que no es más que un reflejo del estado actual del flujo de violencia en la sociedad moderna, en el que toma singular relevancia la de género . Es que, como expone en plástica síntesis Blanco Ruiz, estamos frente a la posibilidad de “ejercer la violencia a tan sólo un clic” .</div><div style="text-align: justify;">Esto no quiere decir que estemos en presencia de una abierta laguna de punibilidad porque los tipos básicos de abuso sexual, amenazas, coacciones, etc., pueden ser conducto suficiente para encauzar muchas de las variantes de acoso u hostigamiento (admitiendo que a veces esto se logra con base interpretaciones amplias de los tipos mencionados). Es, sin duda, una tipificación pendiente que, en adición, no debiera soslayarse se trata de un comportamiento respecto del que –como puntualiza Maqueda Abreu teniendo en miras al de naturaleza sexual ─ la “dificultad reside en concretar el nivel de dañosidad social exigible para optar por la criminalización”. En tal sentido, alerta Jorge E. Buompadre en torno a la discusión existente respecto del acoso sexual en cuanto a si basta la mera solicitud de favor sexual (manifestaciones verbales) o si resulta exigible alguna conducta (manifestación física) que sea ofensiva para la mujer o, en nuestro casos, niña, niño o adolescente.</div><div style="text-align: justify;">En el derecho comparado pueden citarse numerosos casos, todos relativamente recientes, de tipificación autónoma del acoso como, por ejemplo, USA desde los años noventa (en sus normas federales y estaduales bajo distintas denominaciones como stalking, criminal harassment, criminal menace), Canadá en la misma época, Gran Bretaña tiene en vigor la llamada “The Stalking Law” desde 1997 .</div><div style="text-align: justify;">El acosador (“stalker”) es alguien que hostiga, acecha, persigue a la víctima con persistencia, la sigue, observa o incluso ingresa a los ámbitos que aquella posee o a los que concurre. Como destaca Alonso de Escamilla, desarrolla una intencionada y maliciosa persecución obsesiva (“obsessional following”) sobre la persona a la que convierte en su objetivo, no habiendo unanimidad en torno a qué ha de tenerse en cuenta a efectos de su incriminación: para algunos lo definitivo es el número de ataques sufrido por la víctima y no la gravedad de la conducta en sí, mientras que otro sector plantea la necesidad de consensuar qué conductas son relevantes para su tipificación . En consideración de la nombrada, los elementos del “stalking” son que se lleve una serie de actos concatenados que constituyan un patrón de conducta, que sean de carácter no deseado (sin anuencia de la víctima) y que le produzcan al sujeto pasivo sentimientos de temor, claro malestar, desasosiego, vergüenza, inquietud y/o peligro, entre otros, impidiéndole llevar una vida normal y/o derivando en cuadros clínicos de ansiedad u otro daño psicológico. Así, afirma que “es precisamente esa idea de persecución sin tregua ni descanso la que interesa al derecho penal” .</div><div style="text-align: justify;">Con similar apreciación, en Argentina, Buompadre refiere que no se trata de castigar nimiedades o situaciones momentáneas, mínimas, aisladas o de frecuencia relativa, aunque su causación provoque cierto desosiego, malestar o angustia, sino que es más que eso, es una forma de manifestación de violencia contra las personas y que cuando se ejerce contra la mujer, se transforma en violencia de género y vulnera su derecho a vivir una vida libre de aquélla, ocasiona un daño emocional, psicológico, una disminución de la autoestima y perjudica y perturba el pleno desarrollo personal, por vía del control o degradación en las distintas modalidades que puede asumir según la descripción del art. 5°, inc. 2, de la Ley 26485 . Así, concordando con Villacampa Estiarte, entiende que los tres elementos integradores básicos son: 1) un patrón de conducta insidioso y repetitivo; 2) ausencia de anuencia o aceptación de la víctima (carácter no deseado del comportamiento); 3) modalidad amenazante de la conducta .</div><div style="text-align: justify;">Este comportamiento predatorio reiterado puede provocar graves dificultades en la vida cotidiana de la persona acosada (lo que, sin duda, se potencia si es un menor ) y, por eso, se ha entendido que se trata de un caso de pluriofensividad: no obstante ser el bien jurídico principal afectado la libertad de obrar, también entran en juego la seguridad, la intimidad, el honor y la integridad moral .</div><div style="text-align: justify;">Me permito cerrar el punto referente a este acto preparatorio tipificado insistiendo sobre su posible carácter de mera antesala de hechos mucho más graves contra la integridad sexual, de allí que sea un tipo residual, y que es central enfocar esfuerzos preventivos educando a menores y también a los adultos que son sus responsables sobre los riesgos que existen en el mundo virtual y cómo pueden proyectarse al mundo físico. Si bien suelen mencionarse casos extranjeros en que esta conducta inicial tuvo un final trágico, sea porque medió una voluntaria interrupción de la propia vida o porque se concretó un homicidio, nuestra realidad social no es ajena a estos resultados lamentables .</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3.2. Difusión inconsentida de imágenes sexuales de tercero y Sextorsión</div><div style="text-align: justify;">El inciso 2° de la transcripta norma proyectada recoge una conducta que en términos comparativos suele integrarse en la figura del “grooming” y que el art. 131 del CP omitió ignorando las que Cugat Mauri menciona como dos notas que suelen estar presentes en los supuestos de aproximación al menor a través de Internet, que son la seducción y la persecución .</div><div style="text-align: justify;">Luego de la fase de contacto inicial (o sea, la del citado art. 131 y el inciso 1° del proyectado), se incluye un comportamiento que habitualmente no es más que una progresión de aquélla: que el mayor le requiera, por cualquier medio y de cualquier modo, a la persona menor de 13 años que realice actividades sexuales explícitas o actos con connotación sexual o le solicite imágenes de sí misma con contenido sexual . Es usual que luego del contacto se avance en este sentido: ocultando o enmascarando la condición de mayor, el sujeto activo trata de que el menor tome imágenes de sí mismo desnudo o con clara connotación sexual y se las proporcione. A partir de allí, abre paso al posible encuentro voluntario o, disponiendo de la imágenes, involuntario, logrado por vía extorsiva (“sextorsión” o “sextortion”, recogida en los incisos 4° y 5°, según se verá): se amenaza al menor con la difusión de la imagen o registro fílmico que brindó voluntariamente (difusión inconsentida de imágenes sexuales de tercero ) en caso de no acceder al encuentro y/o práctica sexual. No debe soslayarse que, como puntualiza Víctor H. Portillo, la obtención del material se ve facilitada porque hay ya instalado un complejo fenómeno social consistente en la práctica de realizar fotografías y filmaciones de los actos sexuales y compartirlas a través de medios telemáticos por parte de menores de edad. Tampoco debe olvidarse que, dentro del segmento de jóvenes punibles, eventualmente podrá haber responsabilidades penales por el desvío hacia zona típica de tal conducta y las vinculadas .</div><div style="text-align: justify;">Es claro que similar mecánica también podría producirse con respecto a los adultos. Cuando se refiere a la mujer, se ha propuesto denominarla como “violencia de género digital”, comprensiva de los abusos a través de las redes sociales contra la mujer, enfatizando que se trata de modos de actuar que no tienen otro fin más que humillar, denigrar y desprestigiarla; un ejercicio violento de carácter básicamente vengativo que puede provocar un desequilibrio emocional de consecuencias fatales .</div><div style="text-align: justify;">En el ámbito de la CABA, se anticipó, existe vigente una figura de “Difusión no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas” en su Código Contravencional, con una profusa cantidad de posibles agravantes. En efecto, su artículo 71 bis dice: “Quien difunda, publique, distribuya, facilite, ceda y/o entregue a terceros imágenes, grabaciones y/o filmaciones de carácter íntimo sin el consentimiento de la persona y a través de cualquier tipo de comunicación electrónica, de transmisión de datos, páginas web y/o a través de cualquier otro medio de comunicación, siempre que el hecho no constituya delito, es sancionado con una multa de 400 a 1950 unidades fijas o cinco a quince días de trabajo de utilidad pública o con tres a diez días de arresto. El consentimiento de la víctima para la difusión, siendo menor de dieciocho años, no será considerado válido. Tampoco podrá alegarse el consentimiento de la víctima en la generación del contenido como defensa a la realización de la presente conducta. Acción dependiente de instancia privada con excepción de los casos donde la víctima sea menor de dieciocho años de edad. No configura contravención el ejercicio del derecho a la libertad de expresión…”.</div><div style="text-align: justify;">Se trata, como expresamente declara, de una tipicidad residual: para cobrar vigencia la conducta no debe ser abarcada por un delito. En lo específico minoril vale destacar que resta todo valor al consentimiento para la difusión prestado por alguien menor a los 18 años de edad y que, siendo la víctima perteneciente a dicho rango etario, la acción será pública y no dependiente de instancia privada como en los restantes casos. La aclaración de que el consentimiento en la obtención del contenido no puede alegarse como una defensa validante de la transmisión posterior es tal vez innecesaria porque, ya se ha explicado, el compartir la imagen de contenido sexual con una persona, muchas veces aquella misma con la que se participó en lo documentado, no es lo típico, sino su difusión no consentida hacia terceros. El sacar fuera del ámbito de lo típico aquello que no sería otra cosa que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión podría entenderse que especifica un ámbito de conflictividad típica que, evidentemente, puede encontrarse presente en algunos casos.</div><div style="text-align: justify;">El propio Proyecto de 2019 prevé como art. 493 la incorporación del tipo de difusión no consentida de materiales de contenido sexual con tres agravantes propios, uno vinculado a los menores (inc. 2°), en los siguientes términos: “Se impondrá prisión de SEIS (6) meses a DOS (2) años o SEIS (6) a VEINTICUATRO (24) días-multa, al que sin autorización de la persona afectada difundiere, revelare, enviare, distribuyere o de cualquier otro modo pusiere a disposición de terceros imágenes o grabaciones de audio o audiovisuales de naturaleza sexual, producidas en un ámbito de intimidad, que el autor hubiera recibido u obtenido con el consentimiento de la persona afectada, si la divulgación menoscabare gravemente su privacidad. </div><div style="text-align: justify;">La pena será de prisión de UNO (1) a TRES (3) años: </div><div style="text-align: justify;">1°) Si el hecho se cometiere por persona que esté o haya estado unida a la víctima por matrimonio, unión convivencial o similar relación de afectividad, aun sin convivencia. </div><div style="text-align: justify;">2°) Si la persona afectada fuere una persona menor de edad. </div><div style="text-align: justify;">3°) Si el hecho se cometiere con fin de lucro”. </div><div style="text-align: justify;">Retomando el análisis de la propuesta con relación a su art. 122, valga aquí insistir en que concretando la diferenciación de ejercicio de la sexualidad que campea en todo el Título pero que el actual art. 131 desconoce, en el inciso 4° proyectado se tipifica las tres conductas anteriores cuando se concretan respecto de una persona mayor de 13 años y menor de 16 años, aprovechándose de su inmadurez sexual o si mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o cualquier otro medio de intimidación o coerción; mientras que en el engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o cualquier otro medio de intimidación o coerción.</div><div style="text-align: justify;">Como se anticipó, estos últimos incisos prevén –al menos, parcialmente, para las víctimas niñas, niños y adolescentes- la fenomenología que habitualmente se congloba bajo la etiqueta de la “sextorsión”. Comprende diferentes variantes que, bien sintetiza Mara Resio, traducen en que el agresor al tener el material de contenido sexual lo utiliza como un elemento de control sobre la víctima. Se trata en general del paso siguiente a la conducta de “sexting” (contracción de los vocablos “sex” y “texting”), que aun cuando suela confundírsela con la difusión no consentida de imágenes íntimas, es en sí misma una conducta legal (la otra opción sería, como hace un importante sector de la doctrina, formular una suerte de distinción entre el “sexting” a secas, práctica lícita, y el “delito de sexting” ).</div><div style="text-align: justify;">En línea con esto, por no diferenciar adecuadamente, se ha señalado con razón que hay mucha información en la web que demoniza el sexting como una más de las conductas dañosas digitales, cuando no es así: es solo una práctica sexual más, en el marco de las interrelaciones humanas . Por cierto, una que conlleva el riesgo de que eso compartido en confianza en algún momento pueda irse más allá del círculo de intimidad inicial, ya sea voluntaria o involuntariamente y, desde este punto de vista, sería una actividad poco prudente. Pero, como indican Zerda y Benítez Demstchenko, cuando estamos frente a conductas dolosas como son los abusos digitales, estos son provocados por otras causales y no por el propio sexting, de allí que postulan que el prevenirlo importa una inhibición de nuestro libre albedrío y la exploración de nuestra sexualidad. No obstante apuntan que es correcto, como con toda práctica sexual, que se ejerza responsablemente .</div><div style="text-align: justify;">Aquella conducta abusiva, sin duda, es uno los tantos casos de la llamada, en general, “violencia de control”. Resaltando la correlación de comportamientos disvaliosos, Bentivegna apunta que las estadísticas llevadas a cabo en torno a la violencia digital en el ámbito de la CABA indican que el 75% de las mujeres que sufrieron difusión no consentida de material íntimo sufrieron también sextorsión .</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3.3. Ciberpornografía infantil</div><div style="text-align: justify;">Conforme se anticipó, en este caso se trata básicamente del mismo grupo de tipicidades que hoy día prevé el art. 128 del CP en su última redacción, conforme Ley 27436 de marzo de 2018 , manteniendo asimismo el notable incremento de la escala de pena conminada en abstracto y la reciente incorporación típica de la simple tenencia, que ha merecido algunas críticas desde la doctrina . El proyectado art. 123 dice:</div><div style="text-align: justify;">“ARTÍCULO 123.- 1. Se impondrá prisión de TRES (3) a SEIS (6) años, al que produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere, por cualquier medio, toda representación de una persona menor de DIECIOCHO (18) años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales.</div><div style="text-align: justify;">La misma pena se impondrá al que organizare espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas en que participaren personas menores de DIECIOCHO (18) años.</div><div style="text-align: justify;">Si el autor actuare con fines de lucro, el mínimo de la pena de prisión se elevará a CUATRO (4) años.</div><div style="text-align: justify;">2. Se impondrá prisión de CUATRO (4) meses a UN (1) año, al que a sabiendas tuviere en su poder representaciones de las descriptas en el apartado 1. Se impondrá prisión de SEIS (6) meses a DOS (2) años, al que tuviere en su poder representaciones de las descriptas en el apartado 1 con fines inequívocos de distribución o comercialización.</div><div style="text-align: justify;">3. Se impondrá prisión de UN (1) mes a TRES (3) años, a la persona mayor de edad que facilitare el acceso a espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico a personas menores de CATORCE (14) años”.</div><div style="text-align: justify;">Sobre el texto vigente he realizado un análisis extenso en forma reciente, a lo que remito . Baste, en lo aquí interesa, recordar que por art. 2° incs. b) y c) de la Ley 27411, nuestro país incluyó cuatro (4) reservas al art. 9 del Ciberconvenio de Budapest, relativo a las “Infracciones relativas a la pornografía infantil”. La del inc. c) se refiere al art. 9.1.e., que concierne a “la posesión de pornografía infantil en un sistema informático o en un medio de almacenamiento de datos”. Esta reserva es la que se contradijo expresamente por la Ley 27436 apenas tres meses después de hacerla. El actual segundo párrafo del art. 128 del CP tipifica la simple posesión y esto se reproduce en el ap. 2 del proyectado art. 123, en su primera parte. En cuanto a las otras reservas, podría entenderse vigente la del inc. b) referida al art. 9.1.d. en lo relativo al “procurarse” pornografía infantil a través de un sistema informático, mientras que cuando se alude a “procurar a otro” no es tan clara la atipicidad porque podría entenderse que se trata de la conducta de “facilitar”, que sí está incluida en el catálogo vigente y en el proyectado. Las otras dos reservas del mismo inc. b), vale decir, las que incluyen al art. 9.2.b. y 9.2.c., tampoco son exclusiones claras en función de la redacción vigente y proyectada en cuanto se alude a “toda representación”. Cuando en el Convenio de Budapest se alude a una persona (mayor) que aparece como si fuera un menor (9.2.b) o a las imágenes “realistas” (9.2.c.), o en el “Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos del niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía” (ONU, 2000, para nosotros Ley 25763/03), se incluye dentro de la definición de “pornografía” (infantil) a las imágenes reales o “simuladas”, se genera un problema serio de interpretación ya que se está equiparando lo que es real con lo que es simplemente pornografía técnica y virtual (así, el “morphing”). Entonces, aquello que se tiene no es efectivamente imágenes o videos de un acto pornográfico en que se involucra, se hace participar a un niño, niña o adolescente, sino elementos audiovisuales que parecen involucrar o participar al menor que es suplantado por quien no lo es, o porque se combina cual “collage” una parte de la imagen de un menor (por ejemplo, el rostro) en un contexto sexual que nunca integró en forma efectiva .</div><div style="text-align: justify;">Es más, el “morphing” importa el uso de programas de imágenes que permiten crear la de un menor inexistente pero con sumo realismo, de allí que en ese caso no hay absolutamente ningún menor real involucrado en modo alguno en la imagen pornográfica “realista”. La cuestión es si “toda representación” incluye o excluye la pornografía técnica o virtual. Si buscamos el concepto del elemento normativo del tipo en la definición que proporciona el “Protocolo facultativo” la respuesta sería inclusiva. Si atendemos a que se hizo una reserva en la Ley 27411, la respuesta debiera ser excluyente. En este último caso no habría conflicto con el bien jurídico tutelado en el título al que pertenece el tipo: la integridad sexual en clave de normal desarrollo de la sexualidad del niño, niña o adolescente. En el primero, no sería así porque no hay ningún menor realmente involucrado y, por lo tanto, nadie cuyo desarrollo sexual se desvíe. Si esto es así, la tipificación atiende a otro interés, como podría ser la dignidad del joven o niña/o (si de algún modo algo de uno/a estuviera involucrado). Pero si se trata de algo absolutamente técnico, es claro que lo que está en el medio no es una víctima concreta sino una tendencia del autor que posee las simulaciones.</div><div style="text-align: justify;">Lo dicho cobra relevancia desde la perspectiva de que, como correctamente observa Carla Paola Delle Donne siguiendo la observación formulada por la UNODC (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), la alusión a “pornografía infantil” pareciera legitimarla como una categoría o clase de la pornografía mientras que cuando se trata del real involucramiento de niños y jóvenes en las prácticas sexuales cuyas imágenes son captadas, lo que se documentan son delitos sexuales de los que aquellos son víctimas, son verdaderas pruebas documentales de los abusos sexuales . Así, pareciera que, en sentido estricto, sólo podría ser válida la referencia a “pornografía infantil” en aquellos casos en los que un menor no estuviera efectivamente involucrado, cuando son representaciones sin participación de niños.</div><div style="text-align: justify;">Sentado ello, debe tenerse presente que se prevén además en el art. 124 una serie de circunstancias calificantes en función de las que se incrementa la pena del art. 123 en un tercio tanto en el mínimo como en el máximo: que la víctima sea menor de 13 años; que el material pornográfico representare una especial violencia contra la víctima y que haya un vínculo familiar o relación especial con ella. Se trata todos de motivos razonables para ser considerados severizantes del tipo básico.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">4. Recapitulando</div><div style="text-align: justify;">Conforme en sintética aproximación se expusiera, por variados factores las redes sociales constituyen un espacio propicio para la violencia contra niñas, niños y adolescentes. En muchos casos, no se trata en realidad de nuevas conductas sino de modalidades adaptadas de viejos comportamientos disvaliosos que ahora se expresan en el marco que ofrecen las TICs.</div><div style="text-align: justify;">Con trazo grueso se han presentado problemáticas en las que ronda como una suerte de factor común el tratarse de diferentes alternativas de acosos, partiendo del más genérico aun no tipificado en forma autónoma (stalking), pasando por el que finalidad sexual se perpetra respecto de niñas, niños y adolescentes (el grooming, ya recogido defectuosamente en nuestro digesto sustantivo, art. 131) y llegando al que procura simplemente provocar un daño o vehiculizar una extorsión (difusión no consentida de imágenes sexuales de tercero y sextorsión, respectivamente) que, sin tipo específico, no necesariamente se traduce como plena impunidad y han sido contemplados en el referido proyecto de 2019, del que nos ocupamos. También se han mencionado algunas alternativas de tipificaciones vigentes en el nivel contravencional (como las del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires).</div><p style="text-align: justify;">Finalmente, se dedicó una referencia a una conducta que lamentablemente tiene una profusa repercusión tribunalicia por la extensión que adquirió como fenómeno global, como es el problema de la ciberpornografía infantil, adecuadamente cubierto por el art. 128 del CP vigente.</p><div><br /></div>marcelo riquerthttp://www.blogger.com/profile/01710761252058632337noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8847762969779010562.post-56916382899691004772021-04-01T15:32:00.004-07:002021-04-01T15:32:56.185-07:00COMUNICADO DEL COLEGIO DE MAGISTRADOS, INTEGRANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO Y FUNCIONARIOS DEL PJ DE LA CABA<p><span style="font-family: arial; font-size: medium;">El Colegio de Magistrados expresa su preocupación por los agravios dirigidos a los integrantes de la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Mar del Plata consistentes en una crítica no razonada del contenido de sus sentencias, de quienes en definitiva, tienen el deber de juzgar conforme las constancias de las causas, las pruebas aportadas y el derecho aplicable, mediante los recursos previstos por la legislación, y además, tienen la facultad de revisar las sentencias que se dictan.</span></p><p><span style="font-family: arial; font-size: medium;">Los tres poderes del Estado tienen el deber de velar por la INDEPENDENCIA de JUECES, FISCALES Y DEFENSORES, preservándolos de presiones de cualquier naturaleza y origen por la sencilla razón de que la ciudadanía tiene el derecho a contar con la garantía de acceder a una JUSTICIA IMPARCIAL E INDEPENDIENTE.</span></p><p><span style="font-family: arial; font-size: medium;">Los agravios debilitan la República, generando desconfianza y la desestabilización del sistema de Administración de Justicia.</span></p><p><span style="font-family: arial; font-size: medium;">Comisión Directiva</span></p>marcelo riquerthttp://www.blogger.com/profile/01710761252058632337noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8847762969779010562.post-4743529033101765712021-03-31T09:05:00.000-07:002021-03-31T09:05:05.534-07:00COMUNICADO DE PROFESORES DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; text-align: justify;">Quienes abajo firmamos, nos
sentimos en la obligación ética y moral de respaldar el honor y profesionalismo
del Dr. Marcelo Riquert y reflexionar acerca de lo que nos está pasando como
sociedad. Libertad de expresión y
presunción de inocencia son dos logros que hay que defender como valores
universales, irrenunciables y democráticos. No deberían contraponerse. Nuestra
casa de estudios acepta lo dicho y, en consecuencia nos alarmarnos al ver
prácticas discursivas que afectan al Dr. Riquert, integrante de nuestra
comunidad universitaria, que a lo largo de su vida ha demostrado ser probo,
cabal y dotado de una ética jurídica, moral y humana
destacables.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; text-align: justify;"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; text-align: justify;">No debemos acostumbrarnos a la indiferencia y la violencia;
debemos reflexionar sobre la importancia
del lenguaje, el valor de la investigación,
la veracidad de los hechos y el poder que transmiten las palabras. No
queremos aceptar la contextualización tendenciosa cual si estuviéramos
asistiendo a un espectáculo y por esa razón hacemos saber nuestra solidaridad y
apoyo al Dr. Marcelo Riquert, sin que esto importe de alguna manera efectuar
una consideración en torno al fallo judicial dictado. <o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; text-align: justify;"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; text-align: justify;">Ref. Dr. Marcelo Riquert <o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; text-align: justify;">Abogado y Doctor en Derecho
(UNMDP), Máster en Derecho Penal (Salamanca, España), Prof. Titular de Derecho
Penal Pte Gral. (Facultad de Derecho UNMDP) y Director del Area de Derecho
Penal (Facultad de Derecho UNMDP), Presidente de la Asociación Argentina de
Profesores de Derecho Penal (2013/2015). Docente invitado de posgrado por las
Universidades Nacionales del Litoral, Buenos Aires, Córdoba, Nordeste y Cuyo;
Champagnat de Mendoza, Blas Pascal y Siglo 21 de Córdoba; UCA Buenos Aires y
Rosario; Morón, Belgrano (CABA). En el extranjero: Universidades de Castilla-La
Mancha (Albacete y Toledo), Autónoma de Madrid, Salamanca, San Pablo CEU de
Madrid y del País Vasco (España), de Guayaquil (Ecuador), San Martín de Porres
y Ricardo Palma (Perú) y la Rede de Ensino LFG de San Pablo (Brasil)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; text-align: justify;"><b>Firmantes</b>:<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; tab-stops: 341.0pt; text-align: justify;">ADLER, Daniel Eduardo
(Profesor Facultad de Derecho UNMdP)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; tab-stops: 341.0pt; text-align: justify;">ALVAREZ, Lisandro (Profesor
Facultad de Derecho UNMdP)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; tab-stops: 341.0pt; text-align: justify;">AMILCAR, Maria Julia
(Profesora Facultad de Derecho UNMdP)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; tab-stops: 341.0pt; text-align: justify;">AREVALO, Leandro (Profesor
Facultad de Derecho UNMdP)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; text-align: justify;">ARRIOLA, Julio (Profesor
Facultad de Derecho UNMdP)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; tab-stops: 341.0pt; text-align: justify;">AUAD, Carla (Profesora Facultad
de Derecho UNMdP)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; tab-stops: 341.0pt; text-align: justify;">BARIFFI, Francisco (Profesor
Facultad de Derecho UNMdP)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; text-align: justify;">BERARDO, Silvia Adriana
(Profesora Facultad de Derecho UNMdP)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; tab-stops: 341.0pt; text-align: justify;">BESSONE, Nicolás Miguel
(Profesor Facultad de Derecho UNMdP)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; tab-stops: 341.0pt; text-align: justify;">BOMBINI, Gabriel (Profesor
Facultad de Derecho UNMdP)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; tab-stops: 341.0pt; text-align: justify;">CAPIET, Nadina (Profesora
Facultad de Derecho UNMdP)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; tab-stops: 341.0pt; text-align: justify;">CAPPARELLI, Facundo (Profesor
Facultad de Derecho UNMdP)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; tab-stops: 341.0pt; text-align: justify;">CASTELLUCCI, Mariano (Profesor
Facultad de Derecho UNMdP)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; tab-stops: 341.0pt; text-align: justify;">CASTRO, Natalia (Profesora
Facultad de Derecho UNMdP)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; tab-stops: 341.0pt; text-align: justify;">CATALDO, Rodrigo (Profesor
Facultad de Derecho UNMdP)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; tab-stops: 341.0pt; text-align: justify;">CHAAR, Soraya (Profesora
Facultad de Derecho UNMdP)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; text-align: justify;">CONTI, Néstor (Profesor
Facultad de Derecho UNMdP)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; tab-stops: 341.0pt; text-align: justify;">CRUZ, Osvaldo (Profesor
Facultad de Derecho UNMdP)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; tab-stops: 341.0pt; text-align: justify;">DELEONARDIS, Alfredo (Profesor
Facultad de Derecho UNMdP)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; tab-stops: 341.0pt; text-align: justify;">DE MARCO, Daniel (Profesor
Facultad de Derecho UNMdP)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; tab-stops: 341.0pt; text-align: justify;">DE MENDIGUREN, Marina
(Profesora Facultad de Derecho UNMdP)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; tab-stops: 341.0pt; text-align: justify;">FALCONE, Roberto Atilio
(Profesor Facultad de Derecho UNMdP)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; tab-stops: 341.0pt; text-align: justify;">FALCONE, Andrés (Profesor
Facultad de Derecho UBA y UNMdP)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; tab-stops: 341.0pt; text-align: justify;">FALCONE, Roberto (h) (Profesor
Facultad de Derecho UNMdP)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; tab-stops: 341.0pt; text-align: justify;">FAVAROTTO, Ricardo S (Profesor
Facultad de Derecho UNMdP)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; text-align: justify;">FISSORE, Gustavo (Profesor
Facultad de Derecho UNMdP)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; text-align: justify;">GALARRETA, Juan (Profesor
Facultad de Derecho UNMdP)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; text-align: justify;">GOMEZ URSO, Facundo (Profesor
Facultad de Derecho UNMdP)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; text-align: justify;">JIMÉNEZ, Eduardo (Profesor
Facultad de Derecho UNMdP)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; text-align: justify;">HERNANDEZ, Victoria (Profesora
Facultad de Derecho UNMdP)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; text-align: justify;">INCHAUSTI, Santiago (Profesor
Facultad de Derecho UNMdP)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; text-align: justify;">LANZA, Daniel (Profesor
Facultad de Derecho UNMdP)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; text-align: justify;">LODOLA, Juan Pablo (Profesor
Facultad de Derecho UNMdP)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; text-align: justify;">LORENZO, Guillermo (Profesor
Facultad de Derecho UNMdP)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; tab-stops: 341.0pt; text-align: justify;">MADINA, Marcelo Augusto
(Profesor Facultad de Derecho UNMdP)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; tab-stops: 341.0pt; text-align: justify;">MANUEL, Roberto (Profesor
Facultad de Derecho UNMdP)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; tab-stops: 341.0pt; text-align: justify;">MARTIN, Santiago (Profesor Facultad
de Derecho UNMdP)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; tab-stops: 341.0pt; text-align: justify;">MARTINA, Maria Pía (Profesora
Facultad de Derecho UNMdP)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; tab-stops: 341.0pt; text-align: justify;">ONETO, Ezequiel (Profesor
Facultad de Derecho UNMdP)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; text-align: justify;">ORTEGA, Maria del Carmen
(Profesora Facultad de Derecho UNMdP)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; text-align: justify;">OTAMENDI, Dolores (Profesora
Facultad de Derecho UNMdP)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; text-align: justify;">PALACIOS, Leonardo (Profesor
Facultad de Derecho UNMdP)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; tab-stops: 341.0pt; text-align: justify;">PERELLO, Patricia Victoria
(Profesora Facultad de Derecho UNMdP)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; tab-stops: 341.0pt; text-align: justify;">PEREZ HEGUI, Leonardo
(Profesor Facultad de Derecho UNMdP)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; tab-stops: 341.0pt; text-align: justify;">PORTELA, Mario (Profesor
Facultad de Derecho UNMdP)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; tab-stops: 341.0pt; text-align: justify;">RADESCA, Laura (Profesora
Facultad de Derecho UNMdP)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; tab-stops: 341.0pt; text-align: justify;">RAJUAN, Christian Javier
(Profesor Facultad de Derecho UNMdP)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; tab-stops: 341.0pt; text-align: justify;">RAFECAS, Daniel (Profesor
Facultad de Derecho UBA y UNMdP)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; tab-stops: 341.0pt; text-align: justify;">RIQUERT, Fabián (Profesor
Facultad de Derecho UNMdP)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; tab-stops: 341.0pt; text-align: justify;">RODRIGUEZ, Alberto (Profesor Facultad
de Derecho UNMdP)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; tab-stops: 341.0pt; text-align: justify;">RODRIGUEZ, Jorge (Profesor
Facultad de Derecho UNMdP)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; tab-stops: 341.0pt; text-align: justify;">SANTIAGO, Verónica (Profesora
Facultad de Derecho UNMdP)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; tab-stops: 341.0pt; text-align: justify;">SIMAZ, Alexis (Profesor
Facultad de Derecho UNMdP)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; tab-stops: 341.0pt; text-align: justify;">SLAVIN, Eleonora (Profesora
Facultad de Derecho UNMdP)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; tab-stops: 341.0pt; text-align: justify;">SLAVIN, Pablo (Profesor
Facultad de Derecho UNMdP)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; tab-stops: 341.0pt; text-align: justify;">SOULE, Paula (Profesora
Facultad de Derecho UNMdP)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; tab-stops: 341.0pt; text-align: justify;">TAPIA, Juan (Profesor Facultad
de Derecho UNMdP)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; tab-stops: 341.0pt; text-align: justify;">TAZZA, Alejandro (Profesor
Facultad de Derecho UNMdP)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; tab-stops: 341.0pt; text-align: justify;">TUMINI, Juliana (Profesora
Facultad de Derecho UNMdP)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; tab-stops: 341.0pt; text-align: justify;">VELASCO, Agustín (Profesor
Facultad de Derecho UNMdP)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; tab-stops: 341.0pt; text-align: justify;">VERNETTI, Ana (Profesora
Facultad de Derecho UNMdP)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; tab-stops: 341.0pt; text-align: justify;">WACKER, Federico (Profesor
Facultad de Derecho UNMdP)<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="border: none; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt; tab-stops: 341.0pt; text-align: justify;"><o:p></o:p></p><p><span style="text-align: justify;">WLASIC, Juan Carlos (Profesor
Facultad de Derecho UNMdP)</span> </p>marcelo riquerthttp://www.blogger.com/profile/01710761252058632337noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8847762969779010562.post-62824820759896037572021-03-31T09:01:00.002-07:002021-03-31T09:01:32.519-07:00COMUNICADO DE APOYO DE PENALISTAS ESPAÑOLES<p>COMUNICADO DE APOYO DE PENALISTAS ESPAÑOLES AL MAGISTRADO MARCELO ALFREDO RIQUERT</p><p>Los profesores españoles de Derecho penal que suscribimos este documento queremos mostrar
nuestro apoyo al Prof. Dr. Marcelo Alfredo Riquert, cuya obra y pensamiento son bien conocidos
en España y otros países, no sólo por su literatura jurídica sino porque nos ha visitado en
numerosas ocasiones para impartir sus conocimientos en los más diversos campos del Derecho
penal. </p><p>A lo largo de su trayectoria académica ha demostrado su absoluta convicción en un Derecho
penal garantizador de los derechos de los ciudadanos frente al poder y una especial sensibilidad
hacia las víctimas de los delitos. </p><p>Las decisiones jurisdiccionales debidamente motivadas son expresión de esa garantía
democrática y una muestra evidente de la existencia de un poder judicial plenamente integrado
en un sistema nacional e internacional de preservación de los derechos humanos. </p><p>Cuando una autoridad judicial penal adopta decisiones de excarcelación debidamente
fundamentadas está actuando para preservar la ley. Por consiguiente, los actos de linchamiento
público contra esos jueces garantes de la Constitución son en realidad actos que impugnan esa
misma Carta Magna, y tanto da que ello ocurra en Argentina o en España. </p><p>En consecuencia, repudiamos la campaña mediática desatada contra el Magistrado Marcelo
Alfredo Riquert y reclamamos el apoyo del Poder Judicial Argentino para un jurista que goza de
una amplia reputación internacional. </p><p>Gonzalo Quintero Olivares, Catedrático de Derecho penal.. Universidad Rovira i Virgili de
Tarragona. Vocal de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia.</p><p> Javier Boix Reig. Catedrático de Derecho penal. Universidad de Valencia. </p><p>Juan Terradillos Basoco. Catedrático de Derecho penal. Universidad de Cádiz. </p><p>Avelina Alonso de Escamilla. Catedrática de Derecho penal. Universidad San Pablo. Vocal de la
Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia. </p><p>Carmen Lamarca Pérez. Catedrática de Derecho penal. Universidad Carlos III de Madrid.</p><p> María Acale Sánchez. Catedrática de Derecho penal. Directora de la Unidad de Igualdad entre
mujeres y hombres de la Universidad de Cádiz. </p><p>Esther Hava García. Catedrática de Derecho penal. Universidad de Cádiz. </p><p>Rafael Rebollo Vargas. Catedrático de Derecho penal. Universidad Autónoma de Barcelona. </p><p>Miriam Cugat Mauri. Titular de Derecho penal. Universidad Autónoma de Barcelona. </p><p>Manuel Cancio Meliá. Catedrático de Derecho penal. Universidad Autónoma de Madrid. </p><p>Norberto de la Mata Barranco. Catedrático de Derecho penal. Presidente de la Junta de la Sección
de Bizkaia de la Facultad de Derecho. Universidad del País Vasco. </p><p> Fernando Miró Llinares. Catedrático de Derecho penal. Director del Centro de Investigación
“Crímina” para el estudio y la prevención de la delincuencia. </p><p>Esteban Mestre Delgado. Catedrático de Derecho penal. Universidad de Alcalá de Henares.
Presidente de la Sección Penal de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia. </p><p>Ana Pérez Cepeda. Catedrática de Derecho penal. Universidad de Salamanca. </p><p>Álvaro Mendo Estrella. Profesor Doctor de Derecho penal. Universidad Católica de Ávila. </p><p>Inmaculada Valeije Álvarez. Titular de Derecho penal. Universidad de Vigo </p><p>Virgilio Rodríguez Vázquez. Profesor Doctor de Derecho penal. Universidad de Vigo. </p><p>Eduardo Demetrio Crespo. Catedrático de Derecho penal. Universidad de Castilla-La Mancha. </p><p>Enrique Anarte Borrallo. Titular de Derecho penal. Universidad de Huelva. </p><p>Adán Nieto Martín. Catedrático de Derecho penal. Universidad de Castilla-La Mancha. </p><p>Diego José Gómez Iniesta. Titular de Derecho penal. Decano de la Facultad de Derecho de
Albacete. Universidad de Castilla-La Mancha. </p><p>Nicolás García Rivas. Catedrático de Derecho penal. Director del Departamento de Derecho
público y de la empresa. Universidad de Castilla-La Mancha. </p><p>Paz Lloria García. Titular de Derecho penal. Vicesecretaria general de la Universidad de
Valencia. </p><p>Miguel Abel Souto. Catedrático acreditado de Derecho penal. Universidad de Santiago de
Compostela. </p><p>Ignacio Comes Raga. Profesor Doctor de Derecho penal. Universidad de Valencia. Abogado. </p><p>Néstor Orejón de las Heras. Profesor Doctor de Derecho penal. Universidad de Valencia. </p><p>Francisco Almenar Pineda. Profesor Doctor de Derecho penal. Universidad de Valencia.</p><p> Francisco Javier de León Villalba. Catedrático acreditado de Derecho penal. Universidad de
Castilla-La Mancha. </p><p>Beatriz López Lorca. Profesora Doctora de Derecho penal. Universidad de Castilla-La Mancha. </p><p>Mónica Cabanes Ferrando. Doctora en Derecho. Abogada.</p>marcelo riquerthttp://www.blogger.com/profile/01710761252058632337noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8847762969779010562.post-69225313208518584512021-03-31T08:56:00.001-07:002021-03-31T08:56:12.507-07:00COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN CIVIL DE LA DEFENSA PÚBLICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ADePRA)<p> La <b>Asociación Civil de la Defensa Pública de la República Argentina (ADePRA)</b>,
organización que nuclea a los Defensores Públicos Oficiales Federales y Provinciales de todo
el país, y demás funcionarios que coadyuvan a la prestación de un servicio de apoyo al
ejercicio de los derechos de sectores en condiciones de vulnerabilidad, expresa su
preocupación ante los agravios sufridos por los Jueces que componen la Sala Primera de la
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata. </p><p>Resulta inadmisible cualquier tipo de agravio o descalificación pública a Magistrados
y Magistradas del Poder Judicial por el sólo hecho de haber impuesto medidas de
morigeración de encierro penitenciario, previstas en la legislación penal vigente en el país.
Recuerda esta Asociación que no sólo debe respetarse la independencia de los poderes del
Estado, sino que además debe velarse por el respeto de los derechos humanos, entre los
cuales se encuentran los principios de humanidad y pro homine en la aplicación de las
penas. </p><p>Finalmente, se recuerda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se
ha expresado en reiteradas oportunidades respecto de la crítica situación de violencia,
hacinamiento y la falta de condiciones dignas de vida en distintos lugares de privación de
libertad en las Américas. En este sentido, se recuerda que las penas privativas de libertad
deben tener como finalidad esencial la reforma, la readaptación social y la rehabilitación
personal de los condenados; la resocialización y reintegración familiar; así como la
protección de las víctimas y de la sociedad. </p><p>Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de marzo de 2021. </p><p> María Eugenia Ballesteros (Secretaria) - M. Lorena González Castro Feijóo (Presidente)</p>marcelo riquerthttp://www.blogger.com/profile/01710761252058632337noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8847762969779010562.post-7582763314928048752021-03-31T08:43:00.001-07:002021-03-31T08:43:37.931-07:00DECLARACIÓN DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE JUSTICIA DE EJECUCIÓN PENAL<p> INDEPENDENCIA JUDICIAL EN LA EJECUCIÓN DE LA PENA </p><p>La Asociación Argentina de la Justicia de Ejecución Penal una vez más
apoya que se adopten en forma conjunta y decidida las medidas generales que
resulten adecuadas para evitar resultados irreversibles y fatales sobre vidas
humanas, especialmente con la urgencia que el caso exige, cuando el principal
problema que agrava la situación en relación a la amenaza masiva a la salud, es
el hiperencarcelamiento. </p><p>No debe olvidarse que estas medidas se han tomado en un momento de
crisis mundial, pues la pandemia provocada por la aparición del virus COVID-19,
mantiene en vilo a la humanidad. Y que lo han sido con premura y en el
entendimiento que situaciones tales como el hacinamiento y las deficiencias de
higiene, sumado a la dificultad de acceso a los servicios de salud de las personas
privadas de la libertad, provoca indefectiblemente resultados fatales sobre
quienes se encuentran bajo responsabilidad del Estado. </p><p>A su vez, en razón de las desafortunadas noticias, donde se emitieron
juicios de valor sobre una decisión adoptada por la Sala I de la Cámara de
Apelaciones de Mar del Plata, en la que una persona que integra uno de los
grupos de riesgo accedió a la prisión en la modalidad domiciliaria, la Asociación
Argentina de la Justicia de Ejecución Penal tiene el deber de señalar que la
independencia del Poder Judicial no admite presiones, ni aún emanados de los
más altos tribunales, sino que está condicionada por sólo la exigencia de actuar
en forma imparcial y de manera idónea. </p><p>Lamentamos que tristemente exista una nueva víctima ante un hecho
delictivo, cuya vida no podrá recuperarse jamás. Pero éste fue producto de
acciones posteriores e intempestivas, por fuera de la potestad de cualquier
magistrado o magistrada. Nuestro sistema penal se basa en la responsabilidad
por el acto cometido y no por tratarse de una persona determinada. </p><p>De allí que las responsabilidades que se atribuyen a jueces y juezas en
estas situaciones no son tales. </p><p>El caso revela otros aspectos en seria crisis, como la insuficiente acción
de las fuerzas de seguridad, que deben actuar diligentemente tanto en la
prevención de este tipo de delitos como en la búsqueda de una persona que se
encuentra prófuga, especialmente si se trata de cumplir con una orden judicial. </p><p>Y por otro, yace el gravísimo problema de desfinanciación y
desmembramiento de los patronatos, que institucionalmente deben responder al
control y a la asistencia de las personas que se encuentran bajo alguna medida
de morigeración. Ambos, fuerzas de seguridad y patronatos, pertenecen y
dependen de los poderes ejecutivos provinciales. </p><p>Estas funciones descriptas no son resorte del Poder Judicial, por mandato
constitucional. </p><p> Es decir: una vez más, la opinión dominante en los medios de
comunicación atribuye responsabilidad a jueces y juezas, cuando los órganos
requeridos para prevenir nuevos hechos delictivos no lo hicieron.</p><p>Por último, la degradación institucional se revela también en la falta de
ética de algunos/as colegas que, en distintos medios, sostienen e insisten en
relatos que desconocen abiertamente los principios constitucionales y
convencionales básicos, y se corresponden con discursos punitivistas falsos.
Como Asociación especializada en el tema, y conformada por socios y socias
reconocidos/as académicamente, tenemos que aclarar que ellos carecen de
evidencia empírica, se apartan de las soluciones recomendadas por toda la
doctrina de los organismos internacionales y exponen cada vez más a los
ciudadanos, en vez de protegerlos. Cuanto peor aún, se apartan de la letra de la
ley. </p><p>Cualquiera sea la instancia de un juez o jueza atacado/a por el sentido y
contenido de sus sentencias, nuestra Asociación se expedirá como exigencia
necesaria de convivencia republicana, que debe primar en nuestro país. </p><p>Las alusiones al acierto o error de éstos, implica una evidente e indebida
injerencia en la actividad jurisdiccional que no debe ocurrir jamás, menos aún en
el contexto actual que transita el mundo.</p><p> Asociación Argentina de la Justicia de Ejecución Penal </p><p>Buenos Aires, 25 de marzo de 2021.</p>marcelo riquerthttp://www.blogger.com/profile/01710761252058632337noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8847762969779010562.post-31244235457994362252021-03-31T08:38:00.003-07:002021-03-31T08:38:51.140-07:00COMUNICADO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE PROFESORES DE DERECHO PENAL<p> El <b>Consejo Directivo de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal </b>rechaza enérgicamente las recientes expresiones públicas de quienes han fomentado linchamientos contra profesores miembros de esta asociación, por hechos vinculados a un caso trágico de genuina resonancia y preocupación pública, y en razón de su intervención en carácter de integrantes de la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Mar del Plata, en otro caso judicial previo.</p><p>En este sentido, adherimos plenamente al pronunciamiento del día de la fecha del Grupo Argentino de la Asociación Internacional de Derecho Penal en cuanto ha expresado que: “…resulta inaceptable en una sociedad democrática, que se enrola en un estado constitucional de derecho, la aplicación de criterios de responsabilidad en materia penal que violan el principio de culpabilidad, como cuando se pretende hacer responsables a los jueces que han otorgado libertades de conformidad con los parámetros de la ley, por las acciones criminales cometidas después por los beneficiarios, totalmente impredecibles e independientes de los hechos por los que otrora estuvieran en prisión. Esos criterios de imputación forman parte del llamado "primitivismo punitivo" o "pensamiento mágico", es decir, son barbaridades jurídicas desterradas de nuestra legislación y la de todo el mundo civilizado desde hace 200 años. Lamentamos la bajeza en que están incurriendo determinados personajes públicos de fomentar linchamientos contra los magistrados del departamento judicial de Mar del Plata que, según nos consta, obraron conforme a derecho. En este caso, además, esos mensajes se apoyan en la comunicación de información parcial y sesgada de las constancias de causas de referencia. Está claro entonces que están usando en provecho propio (rating enaltecimiento personal, etc.) el dolor de las víctimas. Lo paradójico del caso es que quienes profieren esas arengas de agresiones a los jueces, sí podrían estar incurriendo en una conducta delictiva autónoma (art. 209 CP), no protegida por la libertad de expresión cuando se presenta un peligro claro, actual e inminente de su producción…”.</p><p>Consideramos que la apelación al agravio y a la difamación y el fomento de la violencia en nada contribuyen a la reparación del dolor y al sufrimiento padecido y atentan directamente contra la convivencia democrática expresando un signo de preocupación muy especial dentro de nuestras sociedades latinoamericanas, por lo que deben ser objeto de un repudio contundente y enérgico.</p><p></p><p>Presidenta Matilde Bruera (UNR)</p><p>Vicepresidenta 1° Nadia Espina (UBA)</p><p>Vicepresidenta 2° Adriana Ghiglino (UNT)</p><p>Secretaria Nora Cherñavsky (UBA)</p><p>Tesorera Lara Leguizamón (UNNE)</p><p>Vocales titulares</p><p>Gabriel Bombini (UNMDP) - Gabriela Gusis (UBA)</p><p></p><p>25 de marzo de 2021</p>marcelo riquerthttp://www.blogger.com/profile/01710761252058632337noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8847762969779010562.post-26945381240474586212021-03-31T08:36:00.001-07:002021-03-31T08:36:31.813-07:00COMUNICADO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES<p> Los Defensores Públicos de la Provincia de Buenos Aires que firman la presente, y en particular los del Departamento Judicial de Mar del Plata , adhieren expresamente al Comunicado del Grupo Argentino de la Asociación Internacional de Derecho Penal de fecha 25 de marzo de 2021, por compartir íntegramente su contenido, en cuando expresa lo siguiente:</p><p></p><p></p><p>“.El consejo directivo en nombre del Grupo Argentino de la Asociación Internacional de Derecho Penal (www.penal.org) recuerda que resulta inaceptable en una sociedad democrática, que se enrola en un estado constitucional de derecho, la aplicación de criterios de responsabilidad en materia penal que violan el principio de culpabilidad, como cuando se pretende hacer responsables a los jueces que han otorgado libertades de conformidad con los parámetros de la ley, por las acciones criminales cometidas después por los beneficiarios, totalmente impredecibles e independientes de los hechos por los que otrora estuvieran en prisión. Esos criterios de imputación forman parte del llamado "primitivismo punitivo" o "pensamiento mágico", es decir, son barbaridades jurídicas desterradas de nuestra legislación y la de todo el mundo civilizado desde hace 200 años. Lamentamos la bajeza en que están incurriendo determinados personajes públicos de fomentar linchamientos contra los magistrados del departamento judicial de Mar del Plata que, según nos consta, obraron conforme a derecho. En este caso, además, esos mensajes se apoyan en la comunicación de información parcial y sesgada de las constancias de causas de referencia. Está claro entonces que están usando en provecho propio (rating enaltecimiento personal, etc.) el dolor de las víctimas. Lo paradójico del caso es que quienes profieren esas arengas de agresiones a los jueces, sí podrían estar incurriendo en una conducta delictiva autónoma (art. 209 CP), no protegida por la libertad de expresión cuando se presenta un peligro claro, actual e inminente de su producción.</p><p>Buenos Aires, 25 de marzo de 2021.” Lo firman Javier Augusto De Luca, Daniel Erbetta,</p><p>Luis María Bunge, Campos María Ángeles Ramos, Gabriela Gusis, y Francisco Figueroa</p><p></p><p>ADHIEREN:</p><p></p><p>MAR DEL PLATA</p><p></p><p>Defensora María Laura Solari</p><p>Defensor Ricardo Luis Mendoza</p><p>Defensora María Carla Auad</p><p>Defensor Cristhian Rajuan</p><p>Defensora Marina Demendiguren</p><p>Defensor Rodrigo de la Plaza</p><p>Defensora Fernanda Saumell</p><p>Defensora Gabriela Peña</p><p>Defensora María Carla Ostachi</p><p>Defensora Gabriela Beatriz Mónaco</p><p>Defensora Fabiana Andrea Danti</p><p>Defensora Departamental Cecilia Margarita Boeri</p><p></p><p>Defensores Departamentales de la Provincia de Buenos Aires:</p><p>Andrés Harfuch, Defensor Departamental de San Martín</p><p>Héctor Gerardo Moreno, Defensor Departamental de Necochea</p><p>Karina Paola Dibb, Defensora Departamental de Zárate Campana</p><p>Noemí Perez, Defensora Departamental de Quilmes</p><p>Daniel Arias Duval, Defensor Departamental de Dolores</p><p>Mariano Bertelotti, Defensor Depatamental de Mercedes</p><p>Gilda Matas, Defensora Departamental de Avellaneda</p><p>Pablo Radivoy, Defensor Departamental de Bahia Blanca</p><p>Diego Lucas Fernandez, Defensor Departamental de Azul</p><p>Cecilia Margarita Boeri, Defensora Departamental Mar del Plata</p><p></p><p>SAN NICOLAS</p><p>Defensor Pablo Vacani</p><p></p><p>ZARATE CAMPANA</p><p>Defensora Fabiana Florentin</p><p>Defensor Francisco Morrell Otamendi</p><p>Defensora Rossana Casse</p><p>Defensor Marcelo Costa</p><p>Defensor Maximiliano Costa</p><p>Defensora María Mercedes Aristia</p><p>Defensora Departamental, Karina Paola Dibb</p><p></p><p>DEFENSORIA DE CASACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES</p><p></p><p>Secretario ante la SCJN y Organismos internacionales, Dr. Juan Pablo Gomara</p><p>... siguen firmas</p>marcelo riquerthttp://www.blogger.com/profile/01710761252058632337noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8847762969779010562.post-88367787813256137582021-03-31T08:32:00.003-07:002021-03-31T08:32:44.376-07:00COMUNICADO DEL COLEGIO DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL DE LA PCIA. DE BUENOS AIRES<p> <span style="background-color: white; color: #201f1e; font-family: "Segoe UI", "Segoe UI Web (West European)", "Segoe UI", -apple-system, BlinkMacSystemFont, Roboto, "Helvetica Neue", sans-serif; font-size: 15px;">La Plata, 25 de marzo de 2021</span></p><span style="background-color: white; color: #201f1e; font-family: "Segoe UI", "Segoe UI Web (West European)", "Segoe UI", -apple-system, BlinkMacSystemFont, Roboto, "Helvetica Neue", sans-serif; font-size: 15px;">COMUNICADO DE PRENSA</span><br style="-webkit-font-smoothing: antialiased; background-color: white; color: #201f1e; font-family: "Segoe UI", "Segoe UI Web (West European)", "Segoe UI", -apple-system, BlinkMacSystemFont, Roboto, "Helvetica Neue", sans-serif; font-size: 15px;" /><br style="-webkit-font-smoothing: antialiased; background-color: white; color: #201f1e; font-family: "Segoe UI", "Segoe UI Web (West European)", "Segoe UI", -apple-system, BlinkMacSystemFont, Roboto, "Helvetica Neue", sans-serif; font-size: 15px;" /><span style="background-color: white; color: #201f1e; font-family: "Segoe UI", "Segoe UI Web (West European)", "Segoe UI", -apple-system, BlinkMacSystemFont, Roboto, "Helvetica Neue", sans-serif; font-size: 15px;">El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires rechaza públicamente los agravios a un tribunal marplatense por haber concedido la excarcelación de un detenido que presentaba graves problemas de salud (que no podían ser tratados en su lugar de detención) y cuyo legajo así lo hacía constar, junto con la recomendación de que se decidiese en el sentido de lo actuado.</span><br style="-webkit-font-smoothing: antialiased; background-color: white; color: #201f1e; font-family: "Segoe UI", "Segoe UI Web (West European)", "Segoe UI", -apple-system, BlinkMacSystemFont, Roboto, "Helvetica Neue", sans-serif; font-size: 15px;" /><span style="background-color: white; color: #201f1e; font-family: "Segoe UI", "Segoe UI Web (West European)", "Segoe UI", -apple-system, BlinkMacSystemFont, Roboto, "Helvetica Neue", sans-serif; font-size: 15px;">Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a la vida y a la salud, que no se suspende si cumplen una condena de prisión. El Estado tiene la obligación de tutelar esos derechos, de lo contrario se expone a ser sancionado por tribunales internacionales.</span><br style="-webkit-font-smoothing: antialiased; background-color: white; color: #201f1e; font-family: "Segoe UI", "Segoe UI Web (West European)", "Segoe UI", -apple-system, BlinkMacSystemFont, Roboto, "Helvetica Neue", sans-serif; font-size: 15px;" /><span style="background-color: white; color: #201f1e; font-family: "Segoe UI", "Segoe UI Web (West European)", "Segoe UI", -apple-system, BlinkMacSystemFont, Roboto, "Helvetica Neue", sans-serif; font-size: 15px;">Ninguna decisión judicial está basada en la certeza de lo que ocurrirá en el futuro, por obvias razones: se basan en lo que la sociedad ha decidido a través de sus representantes en el Poder Legislativo y que queda reflejado en las leyes y los Códigos de Procedimiento.</span>marcelo riquerthttp://www.blogger.com/profile/01710761252058632337noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8847762969779010562.post-35293307897238789372021-03-31T08:29:00.005-07:002021-03-31T08:29:47.371-07:00DECLARACIÓN DE LA RED DE JUECES PENALES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES<p> AGRAVIOS A LOS JUECES PENALES</p><p>La medida de morigeración del encierro penitenciario estricto
resuelta por los jueces de la Sala Primera de la Cámara de
Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, en el marco de la
excepcionalidad impuesta por la pandemia, en abril de 2020, viene siendo
objeto de públicas descalificaciones y agravios que no sólo afectan la honra de
los miembros de ese tribunal, sino también atentan contra la independencia de
quienes ejercen la función judicial y jurisdiccional en el estado de derecho, por
lo que La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires entiende
necesario exponer lo siguiente: </p><p>1) El tribunal marplatense se expidió en forma favorable, al momento de
resolver el recurso de apelación de la defensa oficial del interno Alejandro
Ochoa, alojado en Unidad Penal XV (Batán), quien presentaba graves trastornos
de salud, a saber: enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y patología
urológica, ambas, clínicamente diagnosticadas. El penado había sido condenado
por delitos contra la propiedad y, por entonces, tenía 54 años.
Al tiempo de emitir ese decisorio (abril 2020), cabe recordar y resaltar, la
veloz propagación a escala mundial del brote de coronavirus (al que el Director
General de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus,
definió como pandemia), obligó a los gobiernos de todos los países a adoptar
severas medidas de emergencia para tratar de contener el constante avance del
virus, no obstante lo cual la enfermedad siguió (y prosigue) contagiándose de
manera exponencial, elevando incesantemente el número de víctimas fatales (en
especial, entre los adultos mayores que son la franja etaria más vulnerables).
Según se presagiaba, los centros penitenciarios constituían, por excelencia,
focos de propagación de esta enfermedad. Por entonces, la situación revestía
inusitada gravedad, al punto que el Procurador General ante la Suprema Corte
de Justicia, Dr. Julio Conte-Grand, el 12 de marzo de 2020, dictó la Resolución
2
PG N° 145/20 con el fin de adoptar una serie de medidas preventivas y urgentes
para tratar de evitar la propagación del virus. </p><p>2) En la fundamentación de la resolución aludida, los jueces intervinientes
tuvieron especialmente en cuenta el contenido del dictamen del órgano pericial
consultivo del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). En efecto, la autoridad
administrativa se expidió sosteniendo que “de los expuesto en el informe
médico y primando razones de orden humanitario en el marco de la pandemia
mundial, específicamente los antecedentes de afección respiratoria que
presenta, este Departamento Técnico-Criminológico estima la CONVENIENCIA
de incluir al interno OCHOA CARDACSIA, Alejandro Miguel… en el régimen de
PRISIÓN DOMICILIARIA”. En otras palabras, el propio SPB consideró que, dadas
las circunstancias del caso, la continuidad del cumplimiento de la pena en la
cárcel de Batán resultaba inconveniente. </p><p>3) El principio de humanidad de las penas es una conquista que tiene
varios siglos de existencia, a partir del pensamiento ilustrado, y se halla
actualmente consagrado en las normas convencionales de derechos humanos
que proscriben la imposición de castigos crueles, inhumanos y degradantes.
Precisamente en razón de esas disposiciones fundamentales del ordenamiento
jurídico nacional y provincial, los jueces del tribunal marplatense aprobaron la
substitución del encierro penitenciario riguroso, en atención a la precariedad del
servicio sanitario de las cárceles para atender eficazmente graves dolencias,
como las que presentaba el interno, por la prisión domiciliaria, cuya vigilancia y
contralor quedó a cargo de órganos de la administración pública. </p><p>4) Por lo demás, la resolución del tribunal cumplió con los principios
constitucionales de motivación y publicidad, toda vez que el texto completo del
dispositivo puede ser consultado en las páginas oficinales y, de hecho, ha sido
ampliamente difundido por los medios de comunicación y las redes sociales.
En una sociedad libre, democrática y respetuosa del pluralismo la decisión
judicial y sus fundamentos quedan expuestos a la crítica social, como sucede en
forma análoga con todas las expresiones de las funciones públicas, desde los
3
actos y decretos del Poder Ejecutivo, hasta las leyes del Congreso de la Nación.
Pero el derecho a la crítica de las sentencias de los órganos del Poder Judicial no
implica legitimar el uso de agravios y expresiones infamantes hacia las personas
de los jueces, tal como ha sucedido –con gran vehemencia– con el juez Marcelo
Alfredo Riquert, cuya impecable foja de servicio, de más de tres décadas, tanto
en el Poder Judicial de la Nación, como en el de la Provincia de Buenos Aires, así
como su sobresaliente trayectoria académica, son muestra cabal e inequívoca de
su idoneidad y probidad en el ejercicio de la magistratura. Y lo propio cabe decir
respecto del juez Esteban Ignacio Viñas, de destacadísimo desempeño en los
ámbitos judicial, profesional y académico, aun cuando sesgadamente los
ataques se han focalizado en el Dr. Riquert, cual si se tratase de un decisorio
unipersonal. </p><p>5) Compartimos el sentido dolor de las víctimas y el clamor social frente al
aumento de los delitos violentos y la inseguridad, pero estos problemas que
acucian a nuestra sociedad, desde hace tiempo, no se resuelven con medidas
espasmódicas, sino dentro de la racionalidad que debe imperar en el ejercicio
del poder punitivo del estado de derecho.
En consecuencia, ni la tergiversación del recto sentido y los fundamentos de
la resolución judicial aludida, ni, mucho menos todavía, los improperios vertidos
a los jueces penales marplatenses contribuyen a mejorar el servicio de justicia
que la sociedad bonaerense demanda del Poder Judicial.</p><p>La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires.</p><p>La Plata, 25 de marzo de 2021.
Mario Daniel Caputo Pedro Rodríguez
Presidente Secretario</p>marcelo riquerthttp://www.blogger.com/profile/01710761252058632337noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8847762969779010562.post-12794345664502322052021-03-31T08:27:00.000-07:002021-03-31T08:27:04.696-07:00COMUNICADO DEL GRUPO ARGENTINO DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE DERECHO PENAL<p><span style="font-size: 13pt; text-align: justify;">El consejo directivo en nombre del Grupo Argentino de
la Asociación Internacional de Derecho Penal (</span><a href="http://www.penal.org/" style="font-size: 13pt; text-align: justify;">www.penal.org</a><span style="font-size: 13pt; text-align: justify;">)
recuerda que resulta inaceptable en una sociedad democrática, que se enrola en
un estado constitucional de derecho, la aplicación de criterios de
responsabilidad en materia penal que violan el principio de culpabilidad, como
cuando se pretende hacer responsables a los jueces que han otorgado libertades
de conformidad con los parámetros de la ley, por las acciones criminales cometidas
después por los beneficiarios, totalmente impredecibles e independientes de los
hechos por los que otrora estuvieran en prisión. Esos criterios de imputación
forman parte del llamado "primitivismo punitivo" o "pensamiento
mágico", es decir, son barbaridades jurídicas desterradas de nuestra
legislación y la de todo el mundo civilizado desde hace 200 años. Lamentamos la
bajeza en que están incurriendo determinados personajes públicos de fomentar
linchamientos contra los magistrados del departamento judicial de Mar del Plata
que, según nos consta, obraron conforme a derecho. En este caso, además, esos
mensajes se apoyan en la comunicación de información parcial y sesgada de las constancias
de causas de referencia. Está claro entonces que están usando en provecho propio
(</span><i style="font-size: 13pt; text-align: justify;">rating</i><span style="font-size: 13pt; text-align: justify;"> enaltecimiento personal, etc.) el dolor de las víctimas. Lo
paradójico del caso es que quienes profieren esas arengas de agresiones a los
jueces, sí podrían estar incurriendo en una conducta delictiva autónoma (art.
209 CP), no protegida por la libertad de expresión cuando se presenta un
peligro claro, actual e inminente de su producción. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;">Buenos Aires, 25 de marzo de 2021. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;">Javier
Augusto De Luca<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;">Daniel
Erbetta <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;">Luis
María Bunge Campos <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;">María
Ángeles Ramos<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;">Gabriela
Gusis <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;">Francisco
Figueroa <o:p></o:p></span></p>marcelo riquerthttp://www.blogger.com/profile/01710761252058632337noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8847762969779010562.post-82453772478714542502021-02-02T05:12:00.000-08:002021-02-02T05:12:27.860-08:00LEY 15232 PCIA. DE BUENOS AIRES: PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS<p> <span style="background-color: white; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 16px; font-weight: bold;">LEY</span><span style="background-color: white; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 16px; font-weight: bold;"> </span><span style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 16px; font-weight: bold; position: relative;">15232</span></p><p class="encabezadonovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 10pt; font-weight: bold; margin-bottom: 6pt; margin-top: 5pt; position: relative; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative;">Régimen de Protección de Derechos, Asesoramiento y Asistencia a las Víctimas de Presuntos Hechos Ilícitos en el Proceso Penal</span></p><p style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Calibri; font-size: 16px; margin-bottom: 1rem; margin-top: 0px; position: relative;"></p><p style="background-color: white; border-top: 1px solid rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Calibri; font-size: 16px; margin-bottom: 1rem; margin-top: 7pt; padding-top: 7pt; position: relative; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Verdana; font-size: 8pt; position: relative;"> </span></p><p class="textocentradonovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 5pt; margin-top: 10pt; position: relative; text-align: center;"><span class="negritanovedades" style="box-sizing: border-box; font-weight: bold; position: relative;">Capítulo I</span></p><p class="textocentradonovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 5pt; margin-top: 10pt; position: relative; text-align: center;"><span class="negritanovedades" style="box-sizing: border-box; font-weight: bold; position: relative;">Disposiciones Generales</span></p><p class="sangrianovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify; text-indent: 7px;">Art 1 - La presente Ley garantizará y asegurará a las personas humanas y/o jurídicas que individual o colectivamente fueran víctimas de presuntos hechos ilícitos que originen un proceso penal, el asesoramiento, asistencia jurídica, representación en el proceso y protección personal en todas las etapas procesales del mismo, en caso de petición expresa.</p><p class="sangrianovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify; text-indent: 7px;">Art. 2 - Son objetivos de la presente:</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">a) Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas de delitos, en especial, el derecho al asesoramiento, asistencia, representación, protección, verdad, acceso a la justicia, tratamiento justo, reparación por los ofensores, celeridad y todos los demás derechos consagrados en la Constitución Nacional, en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los que el Estado Nacional es parte, demás instrumentos legales internacionales ratificados por Ley Nacional, la Constitución Provincial y los ordenamientos locales.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">b) Establecer y promover políticas públicas tendientes a garantizar a las víctimas en el ejercicio efectivo de sus derechos, evitando la revictimización y asegurando un acompañamiento efectivo durante el proceso -y posterior al mismo- en caso de petición expresa, así como implementar y coordinar medidas de acción para que todas las reparticiones públicas, dentro del marco de sus competencias, cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar y sancionar delitos, propendiendo a la reparación integral de sus derechos.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">c) Formular mediante instrumentos normativos o campañas de difusión por diversos medios protocolos de acción con las recomendaciones a los funcionarios y agentes de todo organismo que actúe en cualquier tipo de procesos relativos a las víctimas de delito.</p><p class="sangrianovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify; text-indent: 7px;">Art. 3 - La víctima podrá intervenir en el proceso ante su mera solicitud y la verificación de su condición de víctima y podrá constituirse como particular damnificado o actor civil, a requerimiento expreso, hasta la oportunidad prevista en el Código Procesal Penal, de acuerdo al principio del debido proceso, sin que ello signifique retrotraerse a etapas procesales precluidas.</p><p class="sangrianovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify; text-indent: 7px;">Art. 4 - A los fines de la presente se considerará víctima:</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">a) Víctima directa: al sujeto pasivo titular del bien jurídico afectado por el delito.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">b) Víctimas indirectas: a la/s persona/s del grupo familiar originado en el parentesco sea por consanguinidad hasta el tercer grado o por afinidad, por matrimonio, unión convivencial y cualquier otro vínculo afectivo, cuando haya convivencia. Tutores, guardadores o representantes legales.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">El presente será de aplicación para quienes posean alguno de los vínculos descriptos con la víctima directa, en caso de muerte de la misma, o si esta hubiese sufrido una afectación psíquica o física que le impida ejercer sus derechos.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">c) Víctimas colectivas o difusas: las asociaciones y organizaciones de la sociedad civil debidamente constituidas, respecto de aquellos delitos que afecten intereses colectivos o derechos de incidencia colectiva que se vinculen directamente con su objeto social.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">Asimismo, las asociaciones o fundaciones, registradas conforme a la Ley, cuyo objeto estatutario se vincule directamente con la defensa de los derechos que se consideren lesionados y/o el combate específico a las conductas lesivas previstas en esta norma, podrán -previo traslado a la víctima con el objeto de consentir o rechazar su incorporación al proceso- constituirse como parte procesal en la forma y oportunidad, y con los derechos, facultades y deberes que establece este Código para los particulares damnificados, en procesos en los que se investigue o juzgue la posible comisión de delitos de acción pública, sin perjuicio de la asistencia prevista en el artículo 132 del Código Penal, que puedan prima facie configurar:</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">I. violaciones a los derechos humanos;</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">II. violencia de género y /o femicidios;</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">III. delitos conexos a la explotación de y/o trata de personas;</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">IV. afectación al derecho a un ambiente sano y equilibrado.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">No será obstáculo para el ejercicio de esta facultad la constitución como particular damnificado de aquellas personas a las que se refiere el artículo 78.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">En su pedido de constitución como parte procesal deberá acompañar, además de los requerimientos indicados en el artículo 78 segundo párrafo en cuanto correspondiere, copia fiel de los instrumentos que acrediten su constitución conforme a la Ley.”</p><p class="textocentradonovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 5pt; margin-top: 10pt; position: relative; text-align: center;"><span class="negritanovedades" style="box-sizing: border-box; font-weight: bold; position: relative;">Capítulo II</span></p><p class="textocentradonovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 5pt; margin-top: 10pt; position: relative; text-align: center;"><span class="negritanovedades" style="box-sizing: border-box; font-weight: bold; position: relative;">Principios Generales</span></p><p class="sangrianovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify; text-indent: 7px;">Art. 5 - El tratamiento y atención a las víctimas de delitos se regirá en base a los siguientes principios:</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">a) Celeridad: la atención, contención, asistencia, representación, protección y toda otra forma de intervención en relación a las víctimas deberá efectuarse en el menor tiempo posible, evitando demoras innecesarias y permanencia de la víctima en dependencias públicas a los fines de denunciar, colaborar en la investigación, testificar y solicitar devolución de efectos.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">b) Abordaje integral: todas las intervenciones en relación a las víctimas deberán abordarse con una perspectiva acorde a las circunstancias de la persona víctima del delito en atención a su pertenencia a grupos vulnerables/vulnerados, edad, condición social, nivel educativo, con el fin de evitar la revictimización y propender a un tratamiento adecuado y específico de su problemática post delito.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">c) Gratuidad: la víctima tendrá derecho a recibir gratuitamente el patrocinio jurídico que solicite para ejercer sus derechos cuando por las circunstancias del hecho y por situaciones de vulnerabilidad de la víctima, se encuentre imposibilitada de afrontar los gastos que demande el patrocinio letrado. La asistencia y protección brindadas en virtud de la presente Ley no podrá interpretarse como reconocimiento, presunción o indicio de la responsabilidad legal del Estado ante eventuales reclamos indemnizatorios.</p><p class="sangrianovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify; text-indent: 7px;">Art. 6 - La víctima tendrá en el proceso los derechos y facultades que surgen de la presente Ley, los que quedarán subsumidos dentro de los derechos y facultades correspondientes al particular damnificado cuando decida asumir tal rol procesal.</p><p class="textocentradonovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 5pt; margin-top: 10pt; position: relative; text-align: center;"><span class="negritanovedades" style="box-sizing: border-box; font-weight: bold; position: relative;">Capítulo III</span></p><p class="textocentradonovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 5pt; margin-top: 10pt; position: relative; text-align: center;"><span class="negritanovedades" style="box-sizing: border-box; font-weight: bold; position: relative;">Derechos de las Víctimas</span></p><p class="sangrianovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify; text-indent: 7px;">Art. 7 - Los siguientes derechos no son taxativos, y complementan lo dispuesto por el <a href="https://www.erreius.com/login?urlshp=%2fsitios%2fErreius%2fLegislacion%2f1996%2f12%2f18%2f20100922063403054.docxhtml%23Art83" style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; color: #007bff; position: relative; text-decoration-line: none;" target="_blank"><span class="Hipervnculo" style="box-sizing: border-box; color: blue; position: relative; text-decoration-line: underline;">artículo 83 del Código Proces</span><span class="Hipervnculo" style="box-sizing: border-box; color: blue; position: relative; text-decoration-line: underline;">a</span><span class="Hipervnculo" style="box-sizing: border-box; color: blue; position: relative; text-decoration-line: underline;">l Penal</span></a>.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">a) Derechos y Garantías comunes a todo el proceso:</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">I. Recibir un trato digno y respetuoso.</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">II. Que sean mínimas las molestias procurando la no revictimización.</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">III. A prestar declaración en su domicilio o dependencia especial en aquellos casos en que así se lo solicite y existan circunstancias que lo justifiquen.</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">IV. A requerir medidas de protección para su seguridad, la de sus familiares y la de los/las testigos.</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">V. A ser asistida en forma especializada.</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">VI. A ser acompañada por un equipo interdisciplinario con el objeto de propender a su recuperación psíquica, física y social, durante el tiempo que indiquen los/las profesionales intervinientes.</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">VII. A ser escuchada ante cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal y aquellas que dispongan o dejen sin efecto medidas de coerción o la libertad del imputado durante el proceso.</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">VIII. Al sufragio de los gastos que demande el ejercicio de sus derechos cuando por la gravedad de los hechos y situaciones de vulnerabilidad de la víctima, se encontrare imposibilitada para afrontarlos.</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">IX. La autoridad deberá atender al sufragio de los gastos de traslado, hospedaje temporal y sostén alimentario de urgencia que fueren necesarios, cuando por sus circunstancias personales, la víctima se encontrare económicamente imposibilitada para hacerlo.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">b) Derechos y Garantías de la víctima en la Investigación Penal Preparatoria:</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">I. Derecho a que se le reciba de inmediato su denuncia.</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">II. Derecho a que se le respete su intimidad.</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">III. Derecho a examinar documentos y las actuaciones.</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">IV. Derecho a recibir información sobre el estado del proceso.</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">V. Derecho a recibir información sobre la situación del imputado.</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">VI. Derecho a aportar información y pruebas durante la investigación.</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">VII. Derecho al pronto reintegro de sus bienes sustraídos.</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">VIII. En los delitos contra la propiedad, las pericias y demás diligencias deben realizarse con la mayor celeridad posible.</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">IX. Derecho a que se soliciten las medidas de coerción o cautelares para impedir que el delito continúe en ejecución de manera rápida.</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">X. Derecho a constituirse como particular damnificado dentro de los términos establecidos en el Código Procesal Penal.</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">XI. Derecho a solicitar se revise la desestimación o archivo de las actuaciones o la aplicación de un criterio de oportunidad solicitado por el representante del Ministerio Público Fiscal, cuando hubiera intervenido en el procedimiento, aun cuando no fuera constituido como particular damnificado.</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">XII. Derecho a participar y ser oída en las incidencias de suspensión de juicio a prueba y juicio abreviado.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">c) Derechos y Garantías en el Debate:</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">I. La víctima tiene derecho a prestar declaración en el juicio sin la presencia del público o de la persona imputada en aquellos casos que así lo solicite y existan circunstancias que lo justifiquen.</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">II. Durante la audiencia de la suspensión del juicio a prueba, la víctima deberá ser convocada a manifestar su opinión y tendrá derecho a que el/la Juez/a tenga en consideración lo que expresamente manifieste. Si no deseare concurrir, será notificada de la decisión que se adopte.</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">III. Al momento de la sentencia condenatoria, deberá ser notificada sobre la decisión que implique la libertad, cualquiera sea la modalidad solicitada por la persona imputada durante la ejecución de la pena.</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">IV. A solicitar medidas de protección.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">d) Derechos y Garantías en la ejecución de la pena:</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">I. La víctima tiene derecho a ser informada y a expresar su opinión ante todo lo que estime conveniente ante el/la Juez/a de Ejecución o Juez/a competente, aun cuando no se haya constituido como particular damnificado, en los casos en que se sustancien las solicitudes de salidas transitorias, régimen de semilibertad, libertad condicional, prisión domiciliaria, prisión discontinua o semidetención, libertad asistida y régimen preparatorio para la liberación de la persona condenada.</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">II. Con posterioridad a la sentencia, la víctima tendrá derecho a interponer observaciones o quejas ante el Ministerio Publico Fiscal o Juez/a de Ejecución, aun cuando no se hubiese constituido como particular damnificado, cuando considere que se están vulnerando sus derechos, exista inacción de los actores judiciales o abogados/as de la víctima u observe que no se cumplen correctamente las medidas de condena. Estas deberán plantearse bajo argumentación fundada.</p><p class="sangrianovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify; text-indent: 7px;">Art. 8 - La víctima gozará del derecho a la información desde la denuncia y/o en el primer momento de su intervención en el proceso, lo que le permitirá conocer sus derechos, tomar decisiones en base a la información aportada y tener una visión global e integral de su participación durante la tramitación del procedimiento.</p><p class="sangrianovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify; text-indent: 7px;">En consecuencia, la autoridad que tome contacto por primera vez con la víctima deberá:</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">a) Asesorarla acerca de los derechos que le asisten en su carácter.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">b) Anoticiarla de quienes son las autoridades judiciales que serán competentes en el procedimiento penal que se inicia a raíz de su denuncia y su lugar de asiento.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">c) Informarle la ubicación del Centro de Asistencia a la Víctima y Acceso a la Justicia y del Registro de Abogado/a de la Víctima más cercanos, y trasladarla hasta allí en el plazo más breve posible, si la víctima lo solicitare y no contare con medio propio de locomoción.</p><p class="sangrianovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify; text-indent: 7px;">Art. 9 - Cuando la víctima o los/las testigos del proceso se encuentren en situación de vulnerabilidad, en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad, o cualquier otra análoga, las autoridades deberán dispensarle atención especializada para víctimas por Delitos contra la vida; Delitos contra la integridad sexual; Delitos cometidos por una asociación ilícita u organización criminal o Delitos en razón del género, y deberán adoptar de inmediato medidas tendientes a proteger a las víctimas y testigos, frente a eventuales peligros, poniendo a resguardo la información sobre su domicilio o cualquier otro dato que pueda individualizar dónde reside o se encuentra temporalmente, siempre en el marco de lo dispuesto por el Código Procesal Penal y en tanto no resulte obstáculo al ejercicio del derecho de defensa en juicio.</p><p class="sangrianovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify; text-indent: 7px;">Art. 10 - En todos los casos necesarios las autoridades judiciales deberán adoptar de inmediato medidas tendientes a proteger a las víctimas frente a eventuales peligros, poniendo a resguardo la información sobre su domicilio o cualquier otro dato que pueda individualizar donde reside o se encuentra temporalmente, siempre en el marco de lo dispuesto por el Código Procesal Penal y en tanto y en cuanto no resulte obstáculo al ejercicio del derecho de defensa en juicio.</p><p class="sangrianovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify; text-indent: 7px;">Art. 11 - Las autoridades adoptarán todas las medidas para agilizar la tramitación del proceso, concentrando las intervenciones de la víctima en la menor cantidad de actos posibles, evitando convocatorias recurrentes y contactos innecesarios con el imputado.</p><p class="sangrianovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify; text-indent: 7px;">Art. 12 - Durante la Investigación Penal Preparatoria y hasta el dictado de la sentencia definitiva, la víctima tiene derecho a ser informada y a ser oída, en audiencia especial ante el/la Juez/a competente en la etapa procesal correspondiente, previo a la decisión de excarcelaciones, morigeraciones o cesación de la prisión preventiva.</p><p class="sangrianovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify; text-indent: 7px;">Art. 13 - Durante la Ejecución de la Pena la víctima tiene derecho a ser informada y a ser oída, en audiencia especial ante el/la Juez/a competente en la etapa procesal correspondiente, previo a la decisión de excarcelaciones, morigeraciones o cesación de la prisión preventiva previo a la decisión de:</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">a) Salidas transitorias.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">b) Régimen de semilibertad.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">c) Libertad condicional.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">d) Prisión domiciliaria.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">e) Prisión discontinua o semidetención.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">f) Libertad asistida.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">g) Cese de una medida de seguridad.</p><p class="sangrianovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify; text-indent: 7px;">Art. 14 - Cuando la víctima, en su primera intervención en el proceso expresamente manifieste su voluntad de ser informada de las resoluciones referidas en los artículos 11, 12 y 13, el Juzgado interviniente deberá notificarla. A tal efecto, la víctima deberá constituir y mantener actualizado el domicilio en el cual se le cursarán las notificaciones pertinentes. Asimismo, y en caso de considerarlo pertinente podrá solicitar la provisión de dispositivos de monitoreo que alerten sobre la cercanía física del liberado bajo alguno de estos institutos. El/la Juez/a deberá comunicar a las Fuerzas de Seguridad la resolución adoptada, a fin de que estas adopten las medidas necesarias para garantizar la protección de la víctima.</p><p class="textocentradonovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 5pt; margin-top: 10pt; position: relative; text-align: center;"><span class="negritanovedades" style="box-sizing: border-box; font-weight: bold; position: relative;">Capítulo IV</span></p><p class="textocentradonovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 5pt; margin-top: 10pt; position: relative; text-align: center;"><span class="negritanovedades" style="box-sizing: border-box; font-weight: bold; position: relative;">De los Abogados/as de las Víctimas</span></p><p class="sangrianovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify; text-indent: 7px;">Art. 15 - Créase en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires la figura del Abogado/a de la Víctima, quien deberá representar los intereses personales e individuales de las víctimas, definidas en el artículo 4° de la presente Ley, en cualquier proceso penal.</p><p class="sangrianovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify; text-indent: 7px;">En los procedimientos indicados en el párrafo precedente, será obligatorio informar a la víctima de su derecho a ser legalmente representada por un abogado/a del Registro de Abogados/as de la Víctima.</p><p class="sangrianovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify; text-indent: 7px;">Art. 16 - Créase el Registro Provincial de Abogados/as de la Víctima en el ámbito del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, donde podrán inscribirse todos aquellos profesionales con matrícula para actuar en el territorio provincial.</p><p class="sangrianovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify; text-indent: 7px;">Para integrar dicho Registro será obligatorio, además de lo supra expuesto:</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">a) Matrícula con fecha de expedición de título profesional con la antigüedad requerida por la reglamentación, la cual en ningún caso podrá ser inferior a tres (3) años.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">b) Los candidatos deberán acompañar su currículum vitae completo (detallando actuación, experiencia, capacitación, interés y/u orientación en el fuero).</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">c) El Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires tendrá a su cargo el dictado de un curso especializado, con perspectiva de género y obligatorio relativo a los derechos humanos y garantías de las víctimas. Contar con la aprobación de este será requisito indispensable para los matriculados que deseen integrar el registro.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">d) Los matriculados seleccionados e incorporados al Registro deberán prestar conformidad con las condiciones fijadas para el ejercicio de dicho patrocinio, debiendo aceptar además que los casos que se le asignarán no podrán superar el límite que establezca la reglamentación para el buen atendimiento de los mismos.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">e) Tendrán derecho a una capacitación permanente y gratuita en la materia penal y procesal penal.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">f) La renuncia a los casos asignados a los abogados/as patrocinantes se regirán por los principios y normas que determine la reglamentación atendiendo, ineludiblemente, a priorizar la continuidad letrada de acompañamiento de la víctima en todo momento. Debiendo notificar dicha renuncia, en el expediente y a la Autoridad de Aplicación, con una antelación no menor a treinta (30) días hábiles. En caso de incumplir con esta obligación serán inmediatamente excluidos del Registro. En caso de abandono, además, se dará intervención al Tribunal de Disciplina a los efectos que considere pertinentes.</p><p class="sangrianovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify; text-indent: 7px;">Art. 17 - El Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires arbitrará los medios necesarios para el funcionamiento uniforme del registro en todos los Colegios Departamentales y proveerá los soportes informáticos necesarios a tales efectos. El Registro se encontrará a disposición de la Autoridad de Aplicación de la Provincia de Buenos Aires cada vez que este lo requiera.</p><p class="sangrianovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify; text-indent: 7px;">Art. 18 - La nómina de los Abogados/as de la Víctima inscriptos en el Registro, deberá ser difundida a fin de garantizar su accesibilidad, a través de todos los recursos informativos con que cuenta tanto la Suprema Corte de Justicia, los distintos Departamentos Judiciales, así como con los Centros de Asistencia a Víctimas y Acceso a Justicia dependientes del Poder Ejecutivo.</p><p class="sangrianovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify; text-indent: 7px;">Art. 19 - El Estado Provincial a través de su correspondiente Autoridad de Aplicación abonará los honorarios por la actuación de las/los abogados/as defensores/as de las víctimas, de conformidad con lo dispuesto por la <a href="https://www.erreius.com/login?urlshp=%2fsitios%2fErreius%2fLegislacion2015a2019%2f2017%2f10%2f12%2f20171012064524974.docxhtmlhtml" style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; color: #007bff; position: relative; text-decoration-line: none;" target="_blank"><span class="Hipervnculo" style="box-sizing: border-box; color: blue; position: relative; text-decoration-line: underline;">Ley N° 14.967</span></a>.</p><p class="sangrianovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify; text-indent: 7px;">A través de la reglamentación se preverá el procedimiento para acreditar tal extremo, y el diferimiento de las obligaciones establecidas en la <a href="https://www.erreius.com/login?urlshp=%2fsitios%2fErreius%2fLegislacion%2f1975%2f09%2f25%2f20100922064900402.docxhtmlhtml" style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; color: #007bff; position: relative; text-decoration-line: none;" target="_blank"><span class="Hipervnculo" style="box-sizing: border-box; color: blue; position: relative; text-decoration-line: underline;">Ley N° 8.480</span></a> y el anticipo previsional dispuesto en la <a href="https://www.erreius.com/login?urlshp=%2fsitios%2fErreius%2fLegislacion%2f1961%2f12%2f20%2f20100922064836215.docxhtmlhtml" style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; color: #007bff; position: relative; text-decoration-line: none;" target="_blank"><span class="Hipervnculo" style="box-sizing: border-box; color: blue; position: relative; text-decoration-line: underline;">Ley N° 6.716</span></a>.</p><p class="sangrianovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify; text-indent: 7px;">El Ministerio de Justicia y el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, establecerán por convenio las pautas para acceder al patrocinio y demás estipulaciones referidas al cobro de los honorarios regulados.</p><p class="sangrianovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify; text-indent: 7px;">La reglamentación determinará las demás funciones que hagan a la implementación de la presente norma a través de la intervención de la Autoridad de Aplicación.</p><p class="sangrianovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify; text-indent: 7px;">Art. 20 - La asistencia y representación que los/las abogados/as de la víctima ejerzan, lo es sin perjuicio de lo dispuesto por la <a href="https://www.erreius.com/login?urlshp=%2fsitios%2fErreius%2fLegislacion2007a2014%2f2014%2f02%2f19%2f20140219142552268.docxhtmlhtml" style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; color: #007bff; position: relative; text-decoration-line: none;" target="_blank"><span class="Hipervnculo" style="box-sizing: border-box; color: blue; position: relative; text-decoration-line: underline;">Ley N° 14568</span></a>, pudiendo en su caso coexistir ambos patrocinios letrados.</p><p class="textocentradonovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 5pt; margin-top: 10pt; position: relative; text-align: center;"><span class="negritanovedades" style="box-sizing: border-box; font-weight: bold; position: relative;">Capítulo V</span></p><p class="textocentradonovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 5pt; margin-top: 10pt; position: relative; text-align: center;"><span class="negritanovedades" style="box-sizing: border-box; font-weight: bold; position: relative;">Del Proceso Penal</span></p><p class="sangrianovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify; text-indent: 7px;">Art. 21 - Modifícase el <a href="https://www.erreius.com/login?urlshp=%2fsitios%2fErreius%2fLegislacion%2f1996%2f12%2f18%2f20100922063403054.docxhtml%23Art78" style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; color: #007bff; position: relative; text-decoration-line: none;" target="_blank"><span class="Hipervnculo" style="box-sizing: border-box; color: blue; position: relative; text-decoration-line: underline;">artículo 78 de la Ley N° 11.922</span></a> y sus modificatorias -Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires-, el que quedará redactado de la siguiente manera:</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">“ARTÍCULO 78.- Oportunidad.- Para constituirse como particular damnificado bastará su presentación espontánea, hasta treinta (30) días antes de la fecha fijada para el debate, la que se prorrogará en caso de suspensión o prórroga del debate hasta treinta (30) días antes de la nueva fecha prevista, sin que con ella pueda retrotraerse la tramitación de la causa.”</p><p class="sangrianovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify; text-indent: 7px;">Art. 22 - Modifícase el <a href="https://www.erreius.com/login?urlshp=%2fsitios%2fErreius%2fLegislacion%2f1996%2f12%2f18%2f20100922063403054.docxhtml%23Art81" style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; color: #007bff; position: relative; text-decoration-line: none;" target="_blank"><span class="Hipervnculo" style="box-sizing: border-box; color: blue; position: relative; text-decoration-line: underline;">artículo 81 de la Ley N° 11.922</span></a> y sus modificatorias -Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires-, el que quedará redactado de la siguiente manera:</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">“ARTÍCULO 81.- El particular damnificado podrá intervenir en la etapa de ejecución prevista en el Libro V de este Código.”</p><p class="sangrianovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify; text-indent: 7px;">Art. 23 - Modifícase el <a href="https://www.erreius.com/login?urlshp=%2fsitios%2fErreius%2fLegislacion%2f1996%2f12%2f18%2f20100922063403054.docxhtml%23Art82" style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; color: #007bff; position: relative; text-decoration-line: none;" target="_blank"><span class="Hipervnculo" style="box-sizing: border-box; color: blue; position: relative; text-decoration-line: underline;">artículo 82 de la Ley N° 11.922</span></a> y sus modificatorias -Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires-, el que quedará redactado de la siguiente manera:</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">“ARTÍCULO 82.- Notificaciones.- Al particular damnificado se le deberán notificar las resoluciones que pueda impugnar y aquellas vistas o traslados que expresamente se dispongan. Sin perjuicio de ello, será facultad del órgano interviniente notificarle otras o conferirle motivadamente vistas o traslados, cuando la situación del proceso así lo aconseje.”</p><p class="sangrianovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify; text-indent: 7px;">Art. 24 - Modifícase el <a href="https://www.erreius.com/login?urlshp=%2fsitios%2fErreius%2fLegislacion%2f1996%2f12%2f18%2f20100922063403054.docxhtml%23Art83" style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; color: #007bff; position: relative; text-decoration-line: none;" target="_blank"><span class="Hipervnculo" style="box-sizing: border-box; color: blue; position: relative; text-decoration-line: underline;">artículo 83 de la Ley N° 11.922</span></a> y sus modificatorias -Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires-, el que quedará redactado de la siguiente manera:</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">“ARTÍCULO 83.- Derechos y facultades.- Se garantizará a la víctima los siguientes derechos y facultades:</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">1. A recibir un trato digno y respetuoso.</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">2. A la documentación clara, precisa y exhaustiva de las lesiones o daños que se afirman sufridos por causa del hecho de la investigación.</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">3. A obtener información sobre la marcha del procedimiento y el resultado de la investigación. Deberá ser notificada del inicio del proceso, de la fecha, hora y lugar del juicio y de la sentencia final cuando no concurriera a la audiencia del debate.</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">Asimismo, se le deberá notificar de las resoluciones, en cualquier instancia, respecto de las que pueda manifestar su opinión y, en particular, de la elevación a juicio, del sobreseimiento, de las audiencias de suspensión del juicio a prueba y juicio abreviado, y del inicio de planteos que pudieren decidir la liberación del/la imputado/a. Tales derechos deberán ser notificados a la víctima al momento mismo de recibírsele la denuncia o en la primera oportunidad que comparezca ante el/la Agente Fiscal o el/la Juez/a actuante.</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">4. A que se hagan mínimas las molestias que deban irrogársele con motivo del procedimiento.</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">5. A la salvaguarda de su intimidad, en la medida en que ello sea compatible con el procedimiento regulado por este Código.</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">6. A la protección de su seguridad, la de sus familiares y la de los testigos que depongan en su interés, preservándolos de intimidaciones o represalias, sobre todo si se trata de una investigación referida a actos de delincuencia organizada.</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">7. A requerir el inmediato reintegro de los efectos sustraídos y el cese del estado antijurídico producido por el hecho investigado en las cosas o efectos de su pertenencia, cuando ello corresponda según las disposiciones de este Código.</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">8. A procurar la revisión, ante el Fiscal de Cámara Departamental, de la desestimación de la denuncia o el archivo.</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">En los procesos por lesiones dolosas, cuando la convivencia entre víctima y victimario haga presumir la reiteración de hechos del mismo carácter, el Juez de Garantías podrá disponer como medida cautelar, la exclusión o la prohibición del ingreso al hogar. Una vez cesadas las razones que motivaran fundadamente la adopción de la medida, se podrá requerir su inmediato levantamiento.</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">9. A la aplicación de los programas de asistencia a las víctimas, en los procesos por delitos de trata de personas y delitos conexos. Se entenderá como tales a todas las personas que hayan sufrido lesión, sin distingos, basados en la prestación o no de consentimiento.</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">10. A reclamar por demora o ineficiencia en la investigación ante el superior inmediato del Agente Fiscal interviniente.</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">11. A examinar documentos y actuaciones, y a ser informada verbalmente sobre el estado del proceso y la situación del imputado.</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">12. A aportar información y pruebas durante la investigación.</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">13. Al sufragio de los gastos que demande el ejercicio de sus derechos, cuando por sus circunstancias personales se encontrare económicamente imposibilitada de solventarlos.</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">14. A ser notificada de las resoluciones que puedan afectar su derecho a ser escuchada;</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">15. A solicitar la revisión de la desestimación, el archivo o la aplicación de un criterio de oportunidad solicitado por el representante del Ministerio Público Fiscal, aun cuando no hubiera intervenido en el procedimiento como particular damnificado.</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">16. A constituirse en particular damnificado y participar activamente de los distintos estadios del proceso, así como en lo que respecta a la etapa de ejecución.</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">17. A recibir gratuitamente el patrocinio jurídico que solicite para ejercer sus derechos cuando por las circunstancias del hecho y por situaciones de vulnerabilidad de la víctima, se encuentre imposibilitada de afrontar los gastos que demande el patrocinio letrado.”</p><p class="sangrianovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify; text-indent: 7px;">Art. 25 - Modifícase el <a href="https://www.erreius.com/login?urlshp=%2fsitios%2fErreius%2fLegislacion%2f1996%2f12%2f18%2f20100922063403054.docxhtml%23Art84" style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; color: #007bff; position: relative; text-decoration-line: none;" target="_blank"><span class="Hipervnculo" style="box-sizing: border-box; color: blue; position: relative; text-decoration-line: underline;">artículo 84 de la Ley N° 11.922</span></a> y sus modificatorias -Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires-, el que quedará redactado de la siguiente manera:</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">“ARTÍCULO 84.- Victima.- Este código considera víctima:</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">a) Víctima directa: al sujeto pasivo titular del bien jurídico afectado por el delito en cuestión.</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">b) Víctimas indirectas: a la/s persona/s del grupo familiar originado en el parentesco sea por consanguinidad hasta el tercer grado o por afinidad, por matrimonio, unión convivencial y cualquier otro vínculo afectivo, cuando haya convivencia. Tutores, guardadores o representantes legales.</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">El presente será de aplicación para quienes posean alguno de los vínculos descriptos con la víctima directa, en caso de muerte de la misma, o si esta hubiese sufrido una afectación psíquica o física que le impida ejercer sus derechos.</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">c) Víctimas colectivas o difusas: las asociaciones y organizaciones de la sociedad civil debidamente constituidas, respecto de aquellos delitos que afecten intereses colectivos o derechos de incidencia colectiva que se vinculen directamente con su objeto social.</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">Asimismo, las asociaciones o fundaciones, registradas conforme a la Ley, cuyo objeto estatutario se vincule directamente con la defensa de los derechos que se consideren lesionados y/o el combate específico a las conductas lesivas previstas en esta norma, podrán -previo traslado a la víctima con el objeto de consentir o rechazar su incorporación al proceso- constituirse como parte procesal en la forma y oportunidad, y con los derechos, facultades y deberes que establece este Código para los particulares damnificados, en procesos en los que se investigue o juzgue la posible comisión de delitos de acción pública, sin perjuicio de la asistencia prevista en el artículo 132 del Código Penal, que puedan prima facie configurar:</p><p class="errepar_3erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 54px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">I. violaciones a los derechos humanos;</p><p class="errepar_3erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 54px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">II. violencia de género y/o femicidios;</p><p class="errepar_3erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 54px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">III. delitos conexos a la explotación de y/o trata de personas;</p><p class="errepar_3erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 54px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">IV. afectación al derecho a un ambiente sano y equilibrado.</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">No será obstáculo para el ejercicio de esta facultad la constitución como particular damnificado de aquellas personas a las que se refiere el artículo 78.</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">En su pedido de constitución como parte procesal deberá acompañar, además de los requerimientos indicados en el artículo 78 segundo párrafo en cuanto correspondiere, copia fiel de los instrumentos que acrediten su constitución conforme a la Ley.”</p><p class="sangrianovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify; text-indent: 7px;">Art. 26 - Modifícase el <a href="https://www.erreius.com/login?urlshp=%2fsitios%2fErreius%2fLegislacion%2f1996%2f12%2f18%2f20100922063403054.docxhtml%23Art102bis" style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; color: #007bff; position: relative; text-decoration-line: none;" target="_blank"><span class="Hipervnculo" style="box-sizing: border-box; color: blue; position: relative; text-decoration-line: underline;">artículo 102 BIS</span></a> (Artículo incorporado por <a href="https://www.erreius.com/login?urlshp=%2fsitios%2fErreius%2fLegislacion2007a2014%2f2008%2f12%2f23%2f20100922064859277.docxhtmlhtml" style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; color: #007bff; position: relative; text-decoration-line: none;" target="_blank"><span class="Hipervnculo" style="box-sizing: border-box; color: blue; position: relative; text-decoration-line: underline;">Ley N° 13.954</span></a>) de la <a href="https://www.erreius.com/login?urlshp=%2fsitios%2fErreius%2fLegislacion%2f1996%2f12%2f18%2f20100922063403054.docxhtmlhtml" style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; color: #007bff; position: relative; text-decoration-line: none;" target="_blank"><span class="Hipervnculo" style="box-sizing: border-box; color: blue; position: relative; text-decoration-line: underline;">Ley N° 11.922</span></a> -Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires-, el cual quedará redactado de la siguiente manera:</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">“ARTÍCULO 102 BIS.- Declaraciones Testimoniales de Niñas, Niños y Adolescentes.- Cuando debe prestar declaración un menor de dieciséis (16) años de edad, víctima de alguno de los delitos tipificados en el Libro II Título III del Código Penal, el niño, niña o adolescente deberá ser interrogado por un Fiscal, Juez o Tribunal por intermedio de un Psicólogo o Profesional especialista en maltrato y abuso sexual infantil, quien velará por el resguardo de la integridad psíquica y moral del niño, con facultad de sugerir la prescindencia de preguntas que puedan producir su menoscabo.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">La declaración se tomará en una sala acondicionada con los elementos adecuados a la etapa evolutiva del menor, y las alternativas del acto serán seguidas, sin contacto directo con el menor, por el órgano jurisdiccional y por todas las partes procesales, notificadas al efecto, desde el exterior del recinto, a través de vidrio espejado, sistema de audio, equipo de video o cualquier otro medio técnico con que se cuente. A fin de evitar la necesidad de repetición de la declaración del menor en forma personal, se observarán las exigencias del artículo 274 del CPP disponiendo la video-filmación u otro medio de similares características de registración del acto, para su eventual incorporación ulterior al debate oral.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">Estos registros serán confidenciales y sólo podrán ser exhibidos a las partes del proceso.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">Todo acto de reconocimiento de lugares y/o cosas que el Fiscal, Juez o Tribunal estime procedente realizar con un menor víctima de alguno de los delitos mencionados en el párrafo primero, deberá ser previamente considerada por el Profesional que designe el órgano judicial interviniente, quien informará fundadamente acerca de si el menor está en condiciones de participar o si el acto puede afectar de cualquier manera su recuperación. En los supuestos en que el Fiscal, Juez o Tribunal ordene su participación, el menor deberá estar acompañado por el Profesional, pudiendo denegarse la participación del imputado cuando existan fundadas razones para suponer que ello pueda afectar la integridad del niño interviniente.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">En el supuesto que la medida ordenada por el Fiscal, Juez o Tribunal lo sea en contra del criterio de Profesional actuante, deberá fundar las razones de su decisión.”</p><p class="sangrianovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify; text-indent: 7px;">Art. 27 - Modifícase el <a href="https://www.erreius.com/login?urlshp=%2fsitios%2fErreius%2fLegislacion%2f1996%2f12%2f18%2f20100922063403054.docxhtmlhtml#Art147" style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; color: #007bff; position: relative; text-decoration-line: none;" target="_blank"><span class="Hipervnculo" style="box-sizing: border-box; color: blue; position: relative; text-decoration-line: underline;">artículo 147 de la Ley N° 11.922</span></a> y sus modificatorias -Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires-, el que quedará redactado de la siguiente manera:</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">“ARTÍCULO 147.- Cese de la medida.- En caso de advertirse la desaparición de una o más condiciones, en cualquier etapa del proceso, el órgano judicial podrá disponer a pedido de parte o de oficio, el cese inmediato de la cautela oportunamente dispuesta.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">La víctima, aun cuando no se hubiese constituido en particular damnificado, deberá ser comunicada de la cesación de la medida cuando haya manifestado su voluntad de ser informada y deberá ser oída en audiencia convocada al efecto, si así lo solicitare.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">Si la petición obedeciera a una reevaluación del mérito de la prueba respecto de la imputación, ésta podrá ser formulada hasta el inicio de la audiencia de debate.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">Solo cuando fuere solicitado por la persona imputada o su Defensa, de la petición se dará vista al Ministerio Fiscal por el término de veinticuatro (24) horas, y se resolverá en igual término.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">A petición de parte, el órgano judicial, deberá tomar conocimiento “de visu” del detenido.”</p><p class="sangrianovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify; text-indent: 7px;">Art. 28 - Modifícase el <a href="https://www.erreius.com/login?urlshp=%2fsitios%2fErreius%2fLegislacion%2f1996%2f12%2f18%2f20100922063403054.docxhtmlhtml#Art163" style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; color: #007bff; position: relative; text-decoration-line: none;" target="_blank"><span class="Hipervnculo" style="box-sizing: border-box; color: blue; position: relative; text-decoration-line: underline;">artículo 163 de la Ley N° 11.922</span></a> y sus modificatorias -Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires-, el que quedará redactado de la siguiente manera:</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">“ARTÍCULO 163.- Atenuación de la coerción.- En los mismos casos del artículo 159, el órgano jurisdiccional interviniente, aún de oficio, morigerará los efectos del medio coercitivo decretado en la medida que cumplimente el aseguramiento perseguido.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">Fuera de los supuestos enumerados en el artículo 159, la morigeración podrá ser concedida excepcionalmente, previa vista al Fiscal, cuando la objetiva valoración de las características del o de los hechos atribuidos, de las condiciones personales del imputado y de otras circunstancias que se consideren relevantes, permita presumir que el peligro de fuga o de entorpecimiento probatorio puede evitarse por aplicación de otra medida menos gravosa para la persona imputada. La resolución que impusiere la morigeración o denegare la misma, será recurrible por apelación. La atenuación de la medida de coerción se hará efectiva cuando el auto que la conceda quede firme.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">Con suficiente fundamento y consentimiento de la persona imputada, podrá imponerle:</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">1.- Su prisión domiciliaria con el control o la vigilancia que se especifique.</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">2.- Su encarcelamiento con salida diaria laboral y/o salida periódica para afianzar vínculos familiares, bajo la responsabilidad y cuidado de una persona o institución que se comprometa formalmente ante la autoridad y suministre periódicos informes.</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">3.- Su ingreso en una institución educadora o terapéutica, pública o privada, que sirva a la personalización del internado en ella.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">Se deberá informar a la víctima sobre la decisión y deberá garantizarse su derecho a ser oída en caso de solicitarlo aun cuando no se hubiere presentado como particular damnificado.”</p><p class="sangrianovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify; text-indent: 7px;">Art. 29 - Modifícase el <a href="https://www.erreius.com/login?urlshp=%2fsitios%2fErreius%2fLegislacion%2f1996%2f12%2f18%2f20100922063403054.docxhtmlhtml#Art168bis" style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; color: #007bff; position: relative; text-decoration-line: none;" target="_blank"><span class="Hipervnculo" style="box-sizing: border-box; color: blue; position: relative; text-decoration-line: underline;">artículo 168 BIS de la Ley N° 11.922</span></a> y sus modificatorias -Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires-, el que quedará redactado de la siguiente manera:</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">“ARTÍCULO 168 BIS.- Audiencia Preliminar.- Antes de resolver el dictado de la prisión preventiva, su morigeración, la imposición de alternativas a ésta, la internación provisional de la persona imputada, o la caducidad o cese de cualquiera de ellas, a pedido de parte interesada o por propia decisión, el/la Juez/a de Garantías fijará audiencia, debiendo notificarse la misma con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">La audiencia será oral y pública y en la misma serán oídos el/la Fiscal, la víctima o particular damnificado en caso de haberse constituido como tal, la defensa, y la persona imputada si se hallare presente, en ese orden, durante un tiempo máximo de quince (15) minutos. Las intervenciones deberán dirigirse a fundamentar la procedencia o improcedencia de la medida a dictarse.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">Transcurridos ocho (8) meses de la realización de la audiencia sin que se hubiere celebrado el debate, la persona imputada o su defensor podrán solicitar ante el órgano a cuya disposición se encuentre, la celebración de una nueva audiencia a los mismos fines que la anterior.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">Cuando este órgano fuere Colegiado, la audiencia podrá ser atendida y la resolución dictada, por uno de sus integrantes.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">Podrá reiterarse la solicitud, a los mismos fines y efectos, cada ocho (8) meses.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">En estos casos, cuando cualquiera de las partes solicitare audiencia para el tratamiento de la prisión preventiva, la misma será obligatoria.”</p><p class="sangrianovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify; text-indent: 7px;">Art. 30 - Modifícase el <a href="https://www.erreius.com/login?urlshp=%2fsitios%2fErreius%2fLegislacion%2f1996%2f12%2f18%2f20100922063403054.docxhtmlhtml#Art325" style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; color: #007bff; position: relative; text-decoration-line: none;" target="_blank"><span class="Hipervnculo" style="box-sizing: border-box; color: blue; position: relative; text-decoration-line: underline;">artículo 325 de la Ley N° 11.922</span></a> y sus modificatorias -Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires-, el que quedará redactado de la siguiente manera:</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">“ARTÍCULO 325.- Impugnación.- El sobreseimiento será impugnable mediante recurso de apelación en el plazo de cinco (5) días, sin efecto suspensivo. Podrá serlo también a requerimiento de la persona imputada o su defensor/a cuando no se hubiera observado el orden que establece el artículo anterior o se le haya impuesto a aquel una medida de seguridad.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">Cuando lo haya solicitado expresamente en los términos del artículo 83 inciso 3° de este Código, se deberá notificar a la víctima del pedido de sobreseimiento efectuado en los términos del artículo 321, por el Agente Fiscal, la persona imputada o su defensor/a, para que antes de instarse este auto y dentro del plazo de tres (3) días pueda expresar su opinión.”</p><p class="sangrianovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify; text-indent: 7px;">Art. 31 - Modifícase el <a href="https://www.erreius.com/login?urlshp=%2fsitios%2fErreius%2fLegislacion%2f1996%2f12%2f18%2f20100922063403054.docxhtmlhtml#Art368" style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; color: #007bff; position: relative; text-decoration-line: none;" target="_blank"><span class="Hipervnculo" style="box-sizing: border-box; color: blue; position: relative; text-decoration-line: underline;">artículo 368 de la Ley N° 11.922</span></a> y sus modificatorias -Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires-, el que quedará redactado de la siguiente manera:</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">“ARTÍCULO 368.- Discusión Final.- Terminada la recepción de las pruebas, el/la Presidente concederá sucesivamente la palabra al actor civil, al Ministerio Público Fiscal, al particular damnificado, al civilmente demandado, al asegurador -si lo hubiere- y a los defensores de la persona imputada, para que en ese orden aleguen y formulen sus acusaciones, pretensiones y defensas. No podrán leerse memoriales. El actor civil limitará su alegato a los puntos concernientes a la responsabilidad civil.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">Si intervinieren más de un Fiscal o defensor/a, todos podrán hablar, pero dividiéndose sus tareas. Igual disposición regirá para las restantes partes.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">El Ministerio Público Fiscal, el particular damnificado y el/la defensor/a de la persona imputada podrán replicar, correspondiendo a este último la última palabra. La réplica deberá limitarse a la refutación de los argumentos adversos que antes no hubieren sido discutidos.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">El/la Presidente podrá fijar prudencialmente un término a las exposiciones, teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos, los puntos debatidos y las pruebas recibidas.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">En último término, el/la Presidente preguntará a la persona imputada, bajo sanción de nulidad, si tiene algo que manifestar y cerrará el debate.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">Luego convocará a las partes a audiencia para la lectura del veredicto y en su caso de la sentencia.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">Si en cualquier estado del debate el Ministerio Público Fiscal desistiese de la acusación, el Juez o Tribunal absolverá a la persona acusada, salvo que la víctima constituida en particular damnificado sostenga la acusación que hubiere formulado el Fiscal en la oportunidad del artículo 334.”</p><p class="sangrianovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify; text-indent: 7px;">Art. 32 - Modifícase el <a href="https://www.erreius.com/login?urlshp=%2fsitios%2fErreius%2fLegislacion%2f1996%2f12%2f18%2f20100922063403054.docxhtmlhtml#Art396" style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; color: #007bff; position: relative; text-decoration-line: none;" target="_blank"><span class="Hipervnculo" style="box-sizing: border-box; color: blue; position: relative; text-decoration-line: underline;">artículo 396 de la Ley N° 11.922</span></a> y sus modificatorias -Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires-, el que quedará redactado de la siguiente manera:</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">“ARTÍCULO 396.- Acuerdo.- Para que proceda el trámite del juicio abreviado se requerirá el acuerdo conjunto del Fiscal, la persona imputada, y su defensor/a. El Fiscal deberá pedir pena y la persona imputada y su defensor/a extenderán su conformidad a ella y a la calificación.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">La víctima, aunque no se haya constituido como particular damnificado será convocada a manifestar su opinión y el/la Juez/a tendrá en consideración lo que expresamente manifieste. Si no deseare concurrir, será notificada de la decisión que se adopte.”</p><p class="sangrianovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify; text-indent: 7px;">Art. 33 - Modifícase el <a href="https://www.erreius.com/login?urlshp=%2fsitios%2fErreius%2fLegislacion%2f1996%2f12%2f18%2f20100922063403054.docxhtmlhtml#Art402" style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; color: #007bff; position: relative; text-decoration-line: none;" target="_blank"><span class="Hipervnculo" style="box-sizing: border-box; color: blue; position: relative; text-decoration-line: underline;">artículo 402 de la Ley N° 11.922</span></a> y sus modificatorias -Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires-, el que quedará redactado de la siguiente manera:</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">“ARTICULO 402.- Particular damnificado.- El particular damnificado no podrá oponerse a la elección del procedimiento del juicio abreviado.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">Tanto el particular damnificado como la víctima que no se hubiere constituido como tal, deberán ser notificados del acuerdo.”</p><p class="sangrianovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify; text-indent: 7px;">Art. 34 - Modifícase el <a href="https://www.erreius.com/login?urlshp=%2fsitios%2fErreius%2fLegislacion%2f1996%2f12%2f18%2f20100922063403054.docxhtmlhtml#Art404" style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; color: #007bff; position: relative; text-decoration-line: none;" target="_blank"><span class="Hipervnculo" style="box-sizing: border-box; color: blue; position: relative; text-decoration-line: underline;">artículo 404 de la Ley N° 11.922</span></a> y sus modificatorias -Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires-, el que quedará redactado de la siguiente manera:</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">“ARTÍCULO 404.- Procedencia.- En los casos que la ley permita suspender el proceso, a requerimiento de parte y desde la declaración del artículo 308 de este Código, el órgano jurisdiccional competente convocará a las partes a una audiencia.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">Se citará a la víctima para ser oída, aun cuando no se hubiese presentado como particular damnificado. Se le explicará en lenguaje claro cuáles son los alcances de lo actuado por el Juzgado o Tribunal y se le informará sobre sus derechos y herramientas procesales en esa instancia.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">El acuerdo entre Fiscal y defensor será vinculante para el/la Juez/a o Tribunal, salvo ilegalidad o irracionalidad de las obligaciones impuestas. El/la Juez/a al resolver deberá valorar lo manifestado por la víctima, sin perjuicio de su carácter no vinculante, adoptando las medidas para asegurar el cumplimiento de las condiciones impuestas al beneficiario de la suspensión del proceso a prueba. La resolución deberá ser inmediatamente comunicada al Juez de Ejecución y a la víctima.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">En los casos en que se formule la petición ante un órgano colegiado, actuará un (1) solo Juez, quien podrá sustanciarlo y resolverlo.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">Las partes solo podrán acordar este trámite hasta treinta (30) días antes de la fecha fijada para la audiencia del debate oral.”</p><p class="sangrianovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify; text-indent: 7px;">Art. 35 - Modifícase el <a href="https://www.erreius.com/login?urlshp=%2fsitios%2fErreius%2fLegislacion%2f1996%2f12%2f18%2f20100922063403054.docxhtmlhtml#Art498" style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; color: #007bff; position: relative; text-decoration-line: none;" target="_blank"><span class="Hipervnculo" style="box-sizing: border-box; color: blue; position: relative; text-decoration-line: underline;">artículo 498 de la Ley N° 11.922</span></a> y sus modificatorias -Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires-, el que quedará redactado de la siguiente manera:</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">“ARTÍCULO 498.- Trámite de los incidentes - Impugnación.- Los incidentes de ejecución podrán ser planteados por el Ministerio Público Fiscal, el/la interesado/a o su defensor/a, y serán resueltos, previa vista a la parte contraria y al particular damnificado, si lo hubiere, en el plazo de cinco (5) días.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">Contra la resolución procederá recurso de apelación ante la Cámara de Garantías competente.”</p><p class="sangrianovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify; text-indent: 7px;">Art. 36 - Modifícase el <a href="https://www.erreius.com/login?urlshp=%2fsitios%2fErreius%2fLegislacion%2f1996%2f12%2f18%2f20100922063403054.docxhtmlhtml#Art500" style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; color: #007bff; position: relative; text-decoration-line: none;" target="_blank"><span class="Hipervnculo" style="box-sizing: border-box; color: blue; position: relative; text-decoration-line: underline;">artículo 500 de la Ley N° 11.922</span></a> y sus modificatorias -Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires-, el que quedará redactado de la siguiente manera:</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">“ARTÍCULO 500.- Cómputo.- El/la Juez/a o Tribunal que haya dictado el veredicto y sentencia, hará practicar por Secretaría el cómputo de pena, fijando la fecha de vencimiento o su monto. El cómputo deberá encontrarse fundado, con la expresa indicación de la fecha de detención y libertad, según correspondiere.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">Aprobado el mismo, será notificado al Ministerio Público Fiscal, a la persona imputada y a su defensor, quienes podrán interponer recurso de apelación.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">Deberá ser igualmente notificado a la víctima, cuando lo haya solicitado expresamente en los términos del artículo 83 inciso 3 de este Código, para que exprese su opinión dentro del plazo de impugnación.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">Firme o consentido, dicho órgano remitirá testimonios al Servicio Penitenciario y practicará las demás comunicaciones de ley.”</p><p class="sangrianovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify; text-indent: 7px;">Art. 37 - Modifícase el <a href="https://www.erreius.com/login?urlshp=%2fsitios%2fErreius%2fLegislacion%2f1996%2f12%2f18%2f20100922063403054.docxhtmlhtml#Art503" style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; color: #007bff; position: relative; text-decoration-line: none;" target="_blank"><span class="Hipervnculo" style="box-sizing: border-box; color: blue; position: relative; text-decoration-line: underline;">artículo 503 de la Ley N° 11.922</span></a> y sus modificatorias -Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires-, el que quedará redactado de la siguiente manera:</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">“ARTÍCULO 503.- Salidas transitorias.- Sin que esto importe suspensión de la pena el/la Juez/a de Ejecución o Juez/a competente podrá autorizar que la persona condenada salga del establecimiento carcelario en que se encuentre por un plazo prudencial, y sea trasladado, bajo debida custodia, para cumplir sus deberes morales en caso de muerte o grave enfermedad de un pariente próximo.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">La víctima, aun cuando no se hubiese constituido en particular damnificado, será informada de la iniciación del trámite, y deberá ser oída en audiencia convocada al efecto, si así lo solicitare.”</p><p class="sangrianovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify; text-indent: 7px;">Art. 38 - Modifícase el <a href="https://www.erreius.com/login?urlshp=%2fsitios%2fErreius%2fLegislacion%2f1996%2f12%2f18%2f20100922063403054.docxhtmlhtml#Art511" style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; color: #007bff; position: relative; text-decoration-line: none;" target="_blank"><span class="Hipervnculo" style="box-sizing: border-box; color: blue; position: relative; text-decoration-line: underline;">artículo 511 de la Ley N° 11.922</span></a> y sus modificatorias -Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires-, el que quedará redactado de la siguiente manera:</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">“ARTÍCULO 511.- Solicitud.- La solicitud de libertad condicional se presentará ante el Juez/a de Ejecución Penal, por la persona condenada, su defensor/a, familiar o allegado. Podrá asimismo por intermedio de la Dirección del establecimiento donde se encuentre la persona condenada. Si el solicitante no contare con letrado particular, actuará en tal carácter el Defensor/a Oficial que actuó o debió actuar en su causa.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">En su caso, la persona condenada o su defensor/a presentarán la solicitud directamente ante el órgano que dictó la sentencia, el cual podrá requerir el informe correspondiente a la dirección del establecimiento donde aquél hubiere estado detenido y la remitirá al Juez/a de Ejecución Penal a sus efectos.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">En todos los casos la víctima, aun cuando no se hubiese constituido en particular damnificado, será informada de la iniciación del trámite, y deberá ser oída en audiencia convocada al efecto, si así lo solicitare.”</p><p class="sangrianovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify; text-indent: 7px;">Art. 39 - Modifícase el <a href="https://www.erreius.com/login?urlshp=%2fsitios%2fErreius%2fLegislacion%2f1996%2f12%2f18%2f20100922063403054.docxhtmlhtml#Art516" style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; color: #007bff; position: relative; text-decoration-line: none;" target="_blank"><span class="Hipervnculo" style="box-sizing: border-box; color: blue; position: relative; text-decoration-line: underline;">artículo 516 de la Ley N° 11.922</span></a> y sus modificatorias -Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires-, el que quedará redactado de la siguiente manera:</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">“ARTÍCULO 516.- Revocatoria.- La revocatoria de la libertad condicional, conforme al Código Penal, podrá efectuarse de oficio o a solicitud del Ministerio Público Fiscal, del Patronato y del particular damnificado.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">En todo caso, la persona liberada será oída y se le admitirán pruebas procediéndose en la forma prescripta por el artículo 498.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">Si se estimare necesario, la persona liberada podrá ser detenida preventivamente hasta que se resuelva el incidente.”</p><p class="sangrianovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify; text-indent: 7px;">Art. 40 - Modifícase el <a href="https://www.erreius.com/login?urlshp=%2fsitios%2fErreius%2fLegislacion%2f1996%2f12%2f18%2f20100922063403054.docxhtmlhtml#Art519" style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; color: #007bff; position: relative; text-decoration-line: none;" target="_blank"><span class="Hipervnculo" style="box-sizing: border-box; color: blue; position: relative; text-decoration-line: underline;">artículo 519 de la Ley N° 11.922</span></a> y sus modificatorias -Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires-, el que quedará redactado de la siguiente manera:</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">“ARTÍCULO 519.- Cesación.- Para ordenar la cesación de una medida de seguridad absoluta o relativamente indeterminada en el tiempo de cumplimiento, el Juez de Ejecución Penal deberá oír al Ministerio Público Fiscal, al defensor y al interesado; o cuando éste sea incapaz, a quién ejercite su curatela, y, en su caso, recurrirá al dictamen de peritos.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">La víctima, aun cuando no se hubiese constituido en particular damnificado, deberá ser comunicada de la cesación de la medida de seguridad cuando haya manifestado su voluntad de ser informada y deberá ser oída en audiencia convocada al efecto, si así lo solicitare.”</p><p class="textocentradonovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 5pt; margin-top: 10pt; position: relative; text-align: center;"><span class="negritanovedades" style="box-sizing: border-box; font-weight: bold; position: relative;">Capítulo VI</span></p><p class="textocentradonovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 5pt; margin-top: 10pt; position: relative; text-align: center;"><span class="negritanovedades" style="box-sizing: border-box; font-weight: bold; position: relative;">De la Ejecución Penal</span></p><p class="sangrianovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify; text-indent: 7px;">Art. 41 - Modifícase el <a href="https://www.erreius.com/login?urlshp=%2fsitios%2fErreius%2fLegislacion%2f1998%2f12%2f22%2f20100922064846277.docxhtml%23Art3" style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; color: #007bff; position: relative; text-decoration-line: none;" target="_blank"><span class="Hipervnculo" style="box-sizing: border-box; color: blue; position: relative; text-decoration-line: underline;">artículo 3° de la Ley N°</span><span class="Hipervnculo" style="box-sizing: border-box; color: blue; position: relative; text-decoration-line: underline;"> </span><span class="Hipervnculo" style="box-sizing: border-box; color: blue; position: relative; text-decoration-line: underline;">12.256</span></a> y sus modificatorias -Ley de Ejecución Penal-, el que quedará redactado de la siguiente manera:</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">“ARTÍCULO 3°.- La ejecución de esta ley estará a cargo del/la Juez/a de Ejecución o Juez/a competente, Servicio Penitenciario Bonaerense y del Patronato de Liberados Bonaerense, dentro de sus respectivas competencias.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">Las decisiones del/la Juez/a de Ejecución o Juez/a competente se adoptarán del modo en que lo establecen los artículos 497 y subsiguientes del Código Procesal Penal según Ley N° 11.922 y sus modificatorias, salvo las relativas a salidas transitorias, libertad asistida, libertad condicional y cese provisorio o definitivo de las medidas de seguridad a las que se refiere el artículo 24 de la presente, en las que se observarán las siguientes reglas:</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">a) Las resoluciones se adoptarán oralmente, previa audiencia pública y contradictoria, con la participación de la persona imputada, su defensa, el Ministerio Público Fiscal, el particular damnificado y la víctima si así lo solicitare.</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">La víctima que así lo solicite expresamente, será notificada de la fijación de cualquiera de las audiencias a las que se refiere el párrafo anterior. En esa oportunidad podrá expresar su opinión y el Juez deberá valorar lo que haya manifestado en el momento de dictar la resolución.</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">Si existieran motivos fundados, en la audiencia en la que participe la víctima, y mientras dure su presencia en el acto, la persona imputada podrá ser excluida de la sala, siendo plenamente representado por su abogado/a defensor/a.</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">b) De lo actuado se labrará acta, debiendo disponerse además su grabación íntegra, a los fines reglados por los artículos 105, 106 y 210 del Código Procesal Penal.</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">c) Los recursos de reposición y apelación se interpondrán oralmente en la misma audiencia.</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">d) El recurso de apelación se mantendrá, mejorará y resolverá en audiencia oral, pública y contradictoria, dentro del plazo del quinto día de radicación ante la Cámara.</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">e) Denegado el beneficio, los pedidos que se formulen dentro del plazo de los ocho (8) meses siguientes podrán tramitarse en forma escrita, con excepción de lo previsto en el artículo 24 de la presente. Del mismo modo podrá procederse cuando no concurra el requisito temporal para la obtención del beneficio de que se trate.”</p><p class="sangrianovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify; text-indent: 7px;">Art. 42 - Modifícase el <a href="https://www.erreius.com/login?urlshp=%2fsitios%2fErreius%2fLegislacion%2f1998%2f12%2f22%2f20100922064846277.docxhtml%23Art19" style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; color: #007bff; position: relative; text-decoration-line: none;" target="_blank"><span class="Hipervnculo" style="box-sizing: border-box; color: blue; position: relative; text-decoration-line: underline;">artículo 19 de la Ley N° 12.256</span></a> y sus modificatorias -Ley de Ejecución Penal-, el que quedará redactado de la siguiente manera:</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">“ARTÍCULO 19.- Podrán solicitar permanecer en detención domiciliaria:</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">a. Los/las internos/as mayores de 70 años.</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">b. El/la interno/a enfermo/a cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia, y no correspondiere su alojamiento en el establecimiento hospitalario.</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">c. El/la interno/a que padezca una enfermedad incurable en período terminal.</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">d. El/la interno/a discapacitado/a cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario sea inadecuada por su condición implicando un trato indigno, inhumano o cruel.</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">e. Personas en situación de embarazo.</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">f. La madre de un/a niño/a menor de cinco (5) años o de una persona con discapacidad a su cargo.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">El pedido lo podrá formular también un familiar, persona o institución responsable que asuma su cuidado, previo dictámenes que lo fundamenten y justifiquen. La decisión será adoptada por el/la juez/jueza competente con la intervención del Ministerio Público y deberá ser comunicada a la víctima cuando haya manifestado su voluntad de ser informada.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">La resolución podrá ser recurrida mediante recurso de apelación.”</p><p class="sangrianovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify; text-indent: 7px;">Art. 43 - Modifícase el <a href="https://www.erreius.com/login?urlshp=%2fsitios%2fErreius%2fLegislacion%2f1998%2f12%2f22%2f20100922064846277.docxhtml%23Art100" style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; color: #007bff; position: relative; text-decoration-line: none;" target="_blank"><span class="Hipervnculo" style="box-sizing: border-box; color: blue; position: relative; text-decoration-line: underline;">artículo 100 de la Ley N° 12.256</span></a> y sus modificatorias -Ley de Ejecución Penal-, el que quedará redactado de la siguiente manera:</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">“ARTÍCULO 100.- El/la Juez/a de Ejecución o Juez/a competente autorizará el ingreso al régimen abierto y las salidas transitorias de las personas condenadas previo el asesoramiento de la Junta de Selección, en base a la evaluación criminológica.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">El/la Juez/a competente podrá, por resolución fundada, tomar una decisión que se aparte del resultado de la Junta de Selección y/o suplir o complementar el informe criminológico con el que produzcan otros equipos interdisciplinarios.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">La petición de salidas transitorias será sustanciada y resuelta conforme las disposiciones del artículo 3º de la presente Ley.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">En todos los casos la víctima, aun cuando no se hubiese constituido en particular damnificado, deberá ser comunicada de la iniciación del trámite cuando haya manifestado su voluntad de ser informada y deberá ser oída en audiencia convocada al efecto, si así lo solicitare.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo que antecede, no podrán otorgarse salidas transitorias a aquellos condenados por los siguientes delitos:</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">1) Homicidio simple (artículo 79 del Código Penal).</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">2) Homicidios agravados previstos en el artículo 80 del Código Penal.</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">3) Delitos contra la integridad sexual previstos en el Libro Segundo, Título III del Código Penal.</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">4) Privación ilegal de la libertad coactiva seguida de muerte (artículo 142 BIS último párrafo, del</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">Código Penal).</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">5) Tortura seguida de muerte (artículo 144 tercero, inciso 2) del Código Penal).</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">6) Homicidio en ocasión de robo (artículo 165 del Código Penal).</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">7) Secuestro extorsivo, si se causare intencionalmente la muerte de la persona ofendida, previsto en el artículo 170, anteúltimo párrafo, del Código Penal.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">Del mismo modo los condenados por alguno de los delitos reseñados precedentemente, no podrán obtener los beneficios de la libertad asistida, prisión discontinua o semidetención, trabajos para la comunidad, semilibertad y salidas a prueba detallados en los artículos 104, 123, 123 bis, 146, 147 bis y 160, respectivamente, de la presente ley.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">El único beneficio que podrán obtener los condenados por los delitos reseñados en los incisos 1) a 7) del presente artículo y en los últimos seis (6) meses de su condena previos al otorgamiento de la libertad condicional si correspondiere, es el de salidas transitorias a razón de un (1) día por cada año de prisión o reclusión cumplida en los cuales haya efectivamente trabajado o estudiado, siempre que se cumplimenten las condiciones establecidas en el primer párrafo del presente artículo.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">Para obtener este beneficio mediante el estudio, en sus diferentes modalidades el condenado deberá aprobar las evaluaciones a las que será sometido y demás condiciones imperantes en los artículos 31 a 33 de esta Ley. A los fines enunciados anteriormente, se considerará trabajo realizado a la labor efectivamente prestada por el condenado bajo la dirección y control del Servicio Penitenciario de acuerdo a lo establecido en los artículos 34 a 39 de la presente.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">Este beneficio no es acumulable, cuando el trabajo y el estudio se realicen simultáneamente.”</p><p class="sangrianovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify; text-indent: 7px;">Art. 44 - Modifícase el <a href="https://www.erreius.com/login?urlshp=%2fsitios%2fErreius%2fLegislacion%2f1998%2f12%2f22%2f20100922064846277.docxhtml%23Art105" style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; color: #007bff; position: relative; text-decoration-line: none;" target="_blank"><span class="Hipervnculo" style="box-sizing: border-box; color: blue; position: relative; text-decoration-line: underline;">artículo 105 de la Ley N° 12.256</span></a> y sus modificatorias -Ley de Ejecución Penal-, el que quedará redactado de la siguiente manera:</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">“ARTÍCULO 105.- El/la Juez/a de Ejecución o Juez/a competente a pedido de la persona condenada, con el asesoramiento de la Junta de Selección fundado en el informe de los grupos de admisión y seguimiento podrá disponer su incorporación al régimen de libertad asistida. En caso de denegatoria, la resolución que recaiga deberá ser fundada.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">Se citará a la víctima para ser oída antes de resolver el beneficio, aun cuando no se hubiese constituido como particular damnificado. Se le explicará en lenguaje claro cuáles son los alcances de lo actuado por el Juzgado o Tribunal y se le informará sobre sus derechos, garantías y herramientas procesales en esa instancia.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">El/la Juez/a de Ejecución o Juez/a competente podrá, por resolución fundada, tomar una decisión que se aparte del resultado de la Junta de Selección. Asimismo, podrá suplir y/o complementar el informe criminológico por medio de informes producidos por otros equipos interdisciplinarios.”</p><p class="textocentradonovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 5pt; margin-top: 10pt; position: relative; text-align: center;"><span class="negritanovedades" style="box-sizing: border-box; font-weight: bold; position: relative;">Capítulo VII</span></p><p class="textocentradonovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 5pt; margin-top: 10pt; position: relative; text-align: center;"><span class="negritanovedades" style="box-sizing: border-box; font-weight: bold; position: relative;">De los Derechos de la Víctima en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.</span></p><p class="sangrianovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify; text-indent: 7px;">Art. 45 - Incorpórase como artículo 6º BIS a la <a href="https://www.erreius.com/login?urlshp=%2fsitios%2fErreius%2fLegislacion%2f2006%2f12%2f28%2f20100922064939479.docxhtmlhtml" style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; color: #007bff; position: relative; text-decoration-line: none;" target="_blank"><span class="Hipervnculo" style="box-sizing: border-box; color: blue; position: relative; text-decoration-line: underline;">Ley N° 13.634</span></a> el siguiente texto:</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">“ARTÍCULO 6° BIS: La víctima tendrá derecho a ser oída y a participar de las audiencias que determinen lo siguiente:</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">a. La prisión preventiva.</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">b. La libertad o morigeración de la coerción personal del/la menor punible.</p><p class="errepar_2dofrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 36px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">c. Las salidas alternativas al proceso como juicio abreviado, directísimo o suspensión de juicio a prueba.”</p><p class="sangrianovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify; text-indent: 7px;">Art. 46 - Incorpórese como artículo 58 BIS a la <a href="https://www.erreius.com/login?urlshp=%2fsitios%2fErreius%2fLegislacion%2f2006%2f12%2f28%2f20100922064939479.docxhtmlhtml" style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; color: #007bff; position: relative; text-decoration-line: none;" target="_blank"><span class="Hipervnculo" style="box-sizing: border-box; color: blue; position: relative; text-decoration-line: underline;">Ley N° 13.634</span></a><a name="_GoBack" style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; color: inherit; position: relative;"></a> el siguiente texto:</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">“ARTÍCULO 58 BIS: El/la Juez/a deberá escuchar a la víctima en la misma audiencia del juicio, previo al dictado de la sentencia o antes del dictado de la misma si no hubiese debate oral.”</p><p class="textocentradonovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 5pt; margin-top: 10pt; position: relative; text-align: center;"><span class="negritanovedades" style="box-sizing: border-box; font-weight: bold; position: relative;">Capítulo VIII</span></p><p class="textocentradonovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 5pt; margin-top: 10pt; position: relative; text-align: center;"><span class="negritanovedades" style="box-sizing: border-box; font-weight: bold; position: relative;">Consejo de Personas Víctimas de Delitos</span></p><p class="sangrianovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify; text-indent: 7px;">Art. 47 - Créase el Consejo de Personas Víctimas de Delitos dentro del ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, el cual tendrá como funciones:</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">a) Atender, acompañar, orientar y contener a las personas víctimas de delitos de la provincia de Buenos Aires.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">b) Incorporar la perspectiva de la víctima en la gestión de las distintas áreas de la cartera ejecutiva en la cual se encuentra su ámbito de competencia.</p><p class="errepar_1erfrancesnovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-left: 18px; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify;">c) Sus integrantes tendrán carácter honorario en el desempeño de sus funciones y serán designados por el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, pudiendo delegar tal función en los titulares de las áreas correspondientes.</p><p class="textocentradonovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 5pt; margin-top: 10pt; position: relative; text-align: center;"><span class="negritanovedades" style="box-sizing: border-box; font-weight: bold; position: relative;">CAPÍTULO IX</span></p><p class="textocentradonovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 5pt; margin-top: 10pt; position: relative; text-align: center;"><span class="negritanovedades" style="box-sizing: border-box; font-weight: bold; position: relative;">Observatorio de Víctimas de Delitos</span></p><p class="sangrianovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify; text-indent: 7px;">Art. 48 - Créase dentro del ámbito de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, el “Observatorio de Víctimas de Delitos” para el desarrollo de las mejores prácticas tendientes a la protección de los beneficiarios de la presente Ley.</p><p class="sangrianovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify; text-indent: 7px;">El Observatorio es un organismo de monitoreo, seguimiento y análisis de las cuestiones relacionadas con las víctimas del delito, sus familias y entornos, con la finalidad de producir recursos útiles para la toma de decisiones en materia de políticas públicas de víctimas del delito.</p><p class="sangrianovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify; text-indent: 7px;">El Observatorio estará integrado ad honorem por víctimas de delitos, asociaciones civiles o fundaciones, registradas conforme a la ley, cuyo objeto estatutario se vincule directamente con la defensa de los derechos que se consideren lesionados, familiares víctimas de delitos, y por representantes de la Suprema Corte de Justicia, la Procuración General, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad, El Senado y Cámara de Diputados, en estos dos últimos casos se conformará con tres legisladores por cada Cámara, respetando la mayoría y la minoría.</p><p class="sangrianovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify; text-indent: 7px;">A los fines de su conformación, se tendrá especial consideración a los integrantes de Asociaciones Civiles de Víctimas legalmente constituidas.</p><p class="textocentradonovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 5pt; margin-top: 10pt; position: relative; text-align: center;"><span class="negritanovedades" style="box-sizing: border-box; font-weight: bold; position: relative;">Capítulo X</span></p><p class="textocentradonovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 5pt; margin-top: 10pt; position: relative; text-align: center;"><span class="negritanovedades" style="box-sizing: border-box; font-weight: bold; position: relative;">Disposiciones Finales</span></p><p class="sangrianovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify; text-indent: 7px;">Art. 49 - La Autoridad de Aplicación dispondrá las partidas presupuestarias que impliquen la operatividad de la presente ley. Especialmente arbitrará los medios para atender los gastos que demanden aquellas víctimas económicamente imposibilitadas para cubrir gastos de traslado, hospedaje y sostén alimenticio de urgencia.</p><p class="sangrianovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify; text-indent: 7px;">Art. 50 - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de los ciento veinte (120) días posteriores a su promulgación.</p><p class="sangrianovedades" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Verdana; font-size: 8pt; margin-bottom: 1rem; margin-top: 4pt; position: relative; text-align: justify; text-indent: 7px;">Art. 51 - De forma.</p><p style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Calibri; font-size: 16px; margin-bottom: 1rem; margin-top: 0px; position: relative;"> </p>marcelo riquerthttp://www.blogger.com/profile/01710761252058632337noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8847762969779010562.post-48169215157191771022021-02-02T05:02:00.001-08:002021-02-02T05:02:30.185-08:00LEY 27610 DE ACCESO A LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO - MOD. CP<p> </p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">LEY 27610 – ACCESO A LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO (BO del
15/1/21)<o:p></o:p></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">MODIFICACIONES AL CODIGO PENAL<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Art. 14.- Modificación del Código
Penal. Sustitúyese el artículo 85 del Código Penal de la Nación, por el
siguiente:<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Artículo 85</b>: El o la que causare un aborto será reprimido:<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">1. Con prisión de tres (3) a diez
(10) años, si obrare sin consentimiento de la persona gestante. Esta pena podrá
elevarse hasta quince (15) años si el hecho fuere seguido de la muerte de la
persona gestante.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">2. Con prisión de tres (3) meses
a un (1) año, si obrare con consentimiento de la persona gestante, luego de la
semana catorce (14) de gestación y siempre que no mediaren los supuestos
previstos en el artículo 86.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Art. 15.- Incorporación del
artículo 85 bis al Código Penal. Incorpórase como artículo 85 bis del Código
Penal de la Nación, el siguiente:<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Artículo 85 bis</b>: Será reprimido o reprimida con prisión de tres (3)
meses a un (1) año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la
condena, el funcionario público o la funcionaria pública o la autoridad del
establecimiento de salud, profesional, efector o personal de salud que dilatare
injustificadamente, obstaculizare o se negare, en contravención de la normativa
vigente, a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Art. 16.- Sustitución del
artículo 86 del Código Penal. Sustitúyese el artículo 86 del Código Penal de la
Nación, por el siguiente:<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Artículo 86</b>: No es delito el aborto realizado con consentimiento de
la persona gestante hasta la semana catorce (14) inclusive del proceso
gestacional.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Fuera del plazo establecido en el
párrafo anterior, no será punible el aborto practicado con el consentimiento de
la persona gestante:<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">1. Si el embarazo fuere producto
de una violación. En este caso, se debe garantizar la práctica con el
requerimiento y la declaración jurada de la persona gestante ante el o la
profesional o personal de salud interviniente.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">En los casos de niñas menores de
trece (13) años de edad, la declaración jurada no será requerida.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">2. Si estuviera en riesgo la vida
o la salud integral de la persona gestante.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Art. 17.- Sustitución del
artículo 87 del Código Penal. Sustitúyese el artículo 87 del Código Penal de la
Nación, por el siguiente:<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Artículo 87</b>: Será reprimido o reprimida con prisión de seis (6)
meses a tres (3) años, el o la que con violencia causare un aborto sin haber
tenido el propósito de causarlo, si el estado del embarazo de la persona
gestante fuere notorio o le constare.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Art. 18.- Sustitución del
artículo 88 del Código Penal. Sustitúyese el artículo 88 del Código Penal de la
Nación, por el siguiente:<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Artículo 88:</b> Será reprimida con prisión de tres (3) meses a un (1)
año, la persona gestante que, luego de la semana catorce (14) de gestación y
siempre que no mediaren los supuestos previstos en el artículo 86, causare su
propio aborto o consintiera que otro se lo causare. Podrá eximirse la pena
cuando las circunstancias hicieren excusable la conducta.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">La tentativa de la persona
gestante no es punible.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><o:p> </o:p></p>marcelo riquerthttp://www.blogger.com/profile/01710761252058632337noreply@blogger.com0