CÁTEDRA RIQUERT

Falleció Luis: FLACO, REZO POR VOS

2012-02-08T14:44:00.000-08:00

No tiene nada ver con el derecho penal (¿o sí?... la luego resignificada "Las golondrinas de plaza de mayo", "Resumen porteño" y la hora en que sólo flotan cuerpos, "Maribel" que se "durmiò"... ¿no son de los mejores testimonios que evocan a nuestros desaparecidos?... su compromiso con la tragedia del colegio Ecos en Santa Fe, ¿no es una las campañas más fuertes y persistentes para evitar delitos culposos?). Falleció Luis Alberto Spinetta (23/1/50-8/2/12), un artista enorme, un poeta gigante, un compositor incomparable, un cantante único, un guitarrista maravilloso.

Te preguntabas cómo "Seguir viviendo sin tu amor". Seguiremos viviendo con tu música.

En el recital de las Bandas Eternas, bien dijo Fito.... Luis Alberto, siempre estarás en mì.

Querido "Flaco", recuerdo que "un guerrero no detiene jamás su marcha" y "rezo por vos..."

M.A.R.

A continuación el poema homenaje del ex-Serú Girán, PEDRO AZNAR (quien tocó el bajo en algún concierto incial en la época de Jade y la guitarra como invitado en el recordado concierto del Flaco en el programa de Badía, cuando hicieron "Los libros de la buena memoria"):

Hoy todas las guitarras están de luto
La mía, que tendría que haberse puesto a repasar zambas
sólo puede pensar en la tuya,
tal vez porque el barro
tal vez porque este balcón donde te vi
casi por última vez
mira una nube de la forma y el color
de esas eléctricas con las que soñábamos de chicos
Este balcón que se quedó esperando una charla
unas palabras o un abrazo
más
que yá no llegará
Luto también en las palabras
habituadas como estaban a que les pusieras
cascabeles
guirnaldas asonantes
o ruedas de tren apocalíptico
caleidoscópicos ojos de fertil papel
de tu prolífica pluma
que suma y resta sílabas
del metro patrón de las esferas
apenas solas
a solas penas
Adiós
que sea A-Dios
a sus brazos
a ese rincón de magia
que seguramente Él guardará
para los que se animan a jugar
con los bloques con los que ha construido el mundo
haciendo pequeños nuevos mundos de cuatro minutos
donde el corazón se muestra
y baila desafiando al vacio
Adiós
Mientras me duele el pecho
te imagino en viaje
por inmensidades más vastas que las del Capitán
pero a diferencia de él
sé que tendrás todos los tangos silbados al oído
y nunca faltará un mate
ni perfume a malvones
En todos nosotros se queda un pedacito tuyo
serás inspiración multiplicada por millares
a lo largo de los años
y lo ancho de las geografías
Cambiaste nuestras vidas
abriendole camino a la imaginación
cantándole salvaje o dulcemente
a los misterios que nos habitan
al misterio que somos
Adiós
No me resigno a tener que decirlo
Adiós
mensajero del infinito

REFORMAS AL CP POR LEYES 26733, 26734 Y 26735

2012-02-01T14:50:00.000-08:00

El Boletín Oficial del 28 de diciembre de 2011 publica tres importantes reformas en materia penal.• Por Ley 26733, se modificó el CP introduciendo un nuevo párrafo al final del art. 77 con el concepto de “información privilegiada”, sustituyendo el art. 300, incorporando los nuevos arts. 306 a 312, a la vez que se renumeran los anteriores arts. 306 a 308 como 314 a 316.

• Por Ley 26734, se modificó el CP derogando los arts. 213 ter y 213 quáter, incorporando los arts. 41 quinquies y 306 y renumerando los arts. 306 a 308 anteriores como 307 a 309. A su vez, se relacionó el texto de la Ley 25241 con esta reforma y se modificó el art. 33 del CPPN.

• Por Ley 26735, se modificó el régimen penal tributario y previsional (Ley 24769) y se agregó un nuevo párrafo al art. 76bis del CP, excluyendo de la suspensión del juicio a prueba a los ilícitos de este régimen y los del código aduanero.

Ley 26733

CODIGO PENAL

Modificación.

Sancionada: Diciembre 22 de 2011

Promulgada: Diciembre 27 de 2011

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

ARTICULO 1º — Sustitúyese el artículo 77 del Código Penal de la Nación, por el siguiente:

Artículo 77: Para la inteligencia del texto de este código se tendrán presentes las siguientes reglas:

Los plazos a que este código se refiere serán contados con arreglo a las disposiciones del Código Civil. Sin embargo, la liberación de los condenados a penas privativas de libertad se efectuará al mediodía del día correspondiente.

La expresión “reglamentos” u “ordenanzas”, comprende todas las disposiciones de carácter general dictadas por la autoridad competente en la materia de que traten.

Por los términos “funcionario público” y “empleado público”, usados en este código, se designa a todo el que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente.

Por el término “militar” se designa a toda persona que revista estado militar en el momento del hecho conforme la ley orgánica para el personal militar.

Los funcionarios públicos civiles que integran la cadena de mando se encuentran asimilados al personal militar con relación a los delitos que cometan en su carácter de tales, cuando produzcan actos o impartan órdenes o instrucciones como integrantes de la cadena de mando si las mismas implican comisión de delito o participación en el mismo.

Con la palabra “mercadería”, se designa toda clase de efectos susceptibles de expendio.

El término “capitán” comprende a todo comandante de embarcación o al que le sustituye.

El término “tripulación” comprende a todos los que se hallan abordo como oficiales o marineros.

El término “estupefacientes” comprende los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias susceptibles de producir dependencia física o psíquica, que se incluyan en las listas que se elaboren y actualicen periódicamente por decreto del Poder Ejecutivo nacional.

El término “establecimiento rural” comprende todo inmueble que se destine a la cría, mejora o engorde del ganado, actividades de tambo, granja o cultivo de la tierra, a la avicultura u otras crianzas, fomento o aprovechamiento semejante.

El término “documento” comprende toda representación de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento, archivo o transmisión.

Los términos “firma” y “suscripción” comprenden la firma digital, la creación de una firma digital o firmar digitalmente.

Los términos “instrumento privado” y “certificado” comprenden el documento digital firmado digitalmente.

El término “información privilegiada” comprende toda información no disponible para el público cuya divulgación podría tener significativa influencia en el mercado de valores.

ARTICULO 2º — Sustitúyese el artículo 300 del Código Penal de la Nación, por el siguiente:

Artículo 300: Serán reprimidos con prisión de seis (6) meses a dos (2) años:

1º. El que hiciere alzar o bajar el precio de las mercaderías por medio de noticias falsas, negociaciones fingidas o por reunión o coalición entre los principales tenedores de una mercancía o género, con el fin de no venderla o de no venderla sino a un precio determinado.

2º. El fundador, director, administrador, liquidador o síndico de una sociedad anónima o cooperativa o de otra persona colectiva, que a sabiendas publicare, certificare o autorizare un inventario, un balance, una cuenta de ganancias y pérdidas o los correspondientes informes, actas o memorias, falsos o incompletos o informare a la asamblea o reunión de socios, con falsedad, sobre hechos importantes para apreciar la situación económica de la empresa, cualquiera que hubiere sido el propósito perseguido al verificarlo.

ARTICULO 3º — Incorpórese como artículo 306 del Código Penal de la Nación, el siguiente:

Artículo 306: Será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4) años, multa equivalente al monto de la operación, e inhabilitación especial de hasta cinco (5) años, el director, miembro de órgano de fiscalización, accionista, representante de accionista y todo el que por su trabajo, profesión o función dentro de una sociedad emisora, por sí o por persona interpuesta, suministrare o utilizare información privilegiada a la que hubiera tenido acceso en ocasión de su actividad, para la negociación, cotización, compra, venta o liquidación de valores negociables.

ARTICULO 4º — Incorpórese como artículo 307 del Código Penal de la Nación, el siguiente:

Artículo 307: El mínimo de la pena prevista en el artículo anterior se elevará a dos (2) años de prisión y el máximo a seis (6) años de prisión, cuando:

a) Los autores del delito utilizaren o suministraren información privilegiada de manera habitual;

b) El uso o suministro de información privilegiada diera lugar a la obtención de un beneficio o evitara un perjuicio económico, para sí o para terceros.

El máximo de la pena prevista se elevará a ocho (8) años de prisión cuando:

c) El uso o suministro de información privilegiada causare un grave perjuicio en el mercado de valores;

d) El delito fuere cometido por un director, miembro del órgano de fiscalización, funcionario o empleado de una entidad autorregulada, o de sociedades calificadoras de riesgo, o ejerciera profesión de las que requieren habilitación o matrícula, o un funcionario público. En estos casos, se impondrá además pena de inhabilitación especial de hasta ocho (8) años.

ARTICULO 5º — Incorpórese como artículo 308 del Código Penal de la Nación, el siguiente:

Artículo 308:

1. Será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4) años, multa equivalente al monto de la operación e inhabilitación de hasta cinco (5) años, el que:

a) Realizare transacciones u operaciones que hicieren subir, mantener o bajar el precio de valores negociables u otros instrumentos financieros, valiéndose de noticias falsas, negociaciones fingidas, reunión o coalición entre los principales tenedores de la especie, con el fin de producir la apariencia de mayor liquidez o de negociarla a un determinado precio;

b) Ofreciere valores negociables o instrumentos financieros, disimulando u ocultando hechos o circunstancias verdaderas o afirmando o haciendo entrever hechos o circunstancias falsas.

2. Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años, cuando el representante, administrador o fiscalizador de una sociedad comercial de las que tienen obligación de establecer órganos de fiscalización privada, informare a los socios o accionistas ocultando o falseando hechos importantes para apreciar la situación económica de la empresa o que en los balances, memorias u otros documentos de contabilidad, consignare datos falsos o incompletos.

ARTICULO 6º — Incorpórese como artículo 309 del Código Penal de la Nación, el siguiente:

Artículo 309: Será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4) años, multa de dos (2) a ocho (8) veces el valor de las operaciones realizadas e inhabilitación especial hasta seis (6) años, el que por cuenta propia o ajena, directa o indirectamente, realizare actividades de intermediación financiera, bajo cualquiera de sus modalidades, sin contar con autorización emitida por la autoridad de supervisión competente.

En igual pena incurrirá quien captare ahorros del público en el mercado de valores o prestare servicios de intermediación para la adquisición de valores negociables, cuando no contare con la correspondiente autorización emitida por la autoridad competente.

El monto mínimo de la pena se elevará a dos (2) años cuando se hubieran utilizado publicaciones periodísticas, transmisiones radiales o de televisión, internet, proyecciones cinematográficas, colocación de afiches, letreros o carteles, programas, circulares y comunicaciones impresas o cualquier otro procedimiento de difusión masiva.

ARTICULO 7º — Incorpórese como artículo 310 del Código Penal de la Nación, el siguiente:

Artículo 310: Serán reprimidos con prisión de uno (1) a cuatro (4) años, multa de dos (2) a seis (6) veces el valor de las operaciones e inhabilitación de hasta seis (6) años, los empleados y funcionarios de instituciones financieras y de aquellas que operen en el mercado de valores que insertando datos falsos o mencionando hechos inexistentes, documentaren contablemente una operación crediticia activa o pasiva o de negociación de valores negociables, con la intención de obtener un beneficio o causar un perjuicio, para sí o para terceros.

En la misma pena incurrirá quien omitiere asentar o dejar debida constancia de alguna de las operaciones a las que alude el párrafo anterior.

ARTICULO 8º — Incorpórese como artículo 311 del Código Penal de la Nación, el siguiente:

Artículo 311: Serán reprimidos con prisión de uno (1) a seis (6) años e inhabilitación de hasta seis (6) años, los empleados y funcionarios de instituciones financieras y de aquellas que operen en el mercado de valores que directa o indirectamente, y con independencia de los cargos e intereses fijados por la institución, reciban indebidamente dinero o algún otro beneficio económico, como condición para celebrar operaciones crediticias, financieras o bursátiles.

ARTICULO 9º — Incorpórese como artículo 312 del Código Penal de la Nación, el siguiente:

Artículo 312: Cuando los hechos delictivos previstos en los artículos precedentes hubieren sido realizados en nombre, o con la intervención, o en beneficio de una persona de existencia ideal, se aplicarán las disposiciones previstas en el artículo 304 del Código Penal.

Cuando se trate de personas jurídicas que hagan oferta pública de valores negociables, las sanciones deberán ser aplicadas cuidando de no perjudicar a los accionistas o titulares de los títulos respectivos a quienes no quepa atribuir responsabilidad en el hecho delictivo. A ese fin deberá escucharse al órgano de fiscalización de la sociedad.

Cuando la persona jurídica se encuentre concursada las sanciones no podrán aplicarse en detrimento de los derechos y privilegios de los acreedores por causa o título anterior al hecho delictivo. A ese fin deberá escucharse al síndico del concurso.

ARTICULO 10. — Renumérense los artículos 306, 307 y 308 del Código Penal de la Nación como artículos 314, 315 y 316 respectivamente.

ARTICULO 11. — Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a numerar los artículos precedentes.

ARTICULO 12. — Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE.

— REGISTRADA BAJO EL Nº 26.733 —

— AMADO BOUDOU. — JULIAN A. DOMINGUEZ. — Gervasio Bozzano. — Juan H. Estrada.

Ley 26734

CODIGO PENAL

Modificación.

Sancionada: Diciembre 22 de 2011

Promulgada: Diciembre 27 de 2011

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

ARTICULO 1º — Derógase el artículo 213 ter del Código Penal.

ARTICULO 2º — Derógase el artículo 213 quáter del Código Penal.

ARTICULO 3º — Incorpórese al Libro Primero, Título V, como artículo 41 quinquies del Código Penal, el siguiente texto:

Artículo 41 quinquies: Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo.

Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional.

ARTICULO 4º — Renumérense los artículos 306, 307 y 308 del Código Penal de la Nación como artículos 307, 308 y 309, respectivamente.

ARTICULO 5º — Incorpórase al Título XIII del Código Penal el siguiente artículo:

Artículo 306:

1. Será reprimido con prisión de cinco (5) a quince (15) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el que directa o indirectamente recolectare o proveyere bienes o dinero, con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte:

a) Para financiar la comisión de un delito con la finalidad establecida en el artículo 41 quinquies;

b) Por una organización que cometa o intente cometer delitos con la finalidad establecida en el artículo 41 quinquies;

c) Por un individuo que cometa, intente cometer o participe de cualquier modo en la comisión de delitos con la finalidad establecida en el artículo 41 quinquies.

2. Las penas establecidas se aplicarán independientemente del acaecimiento del delito al que se destinara el financiamiento y, si éste se cometiere, aun si los bienes o el dinero no fueran utilizados para su comisión.

3. Si la escala penal prevista para el delito que se financia o pretende financiar fuera menor que la establecida en este artículo, se aplicará al caso la escala penal del delito que se trate.

4. Las disposiciones de este artículo regirán aun cuando el ilícito penal que se pretende financiar tuviere lugar fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código, o cuando en el caso del inciso b) y c) la organización o el individuo se encontraren fuera del territorio nacional, en tanto el hecho también hubiera estado sancionado con pena en la jurisdicción competente para su juzgamiento.

ARTICULO 6º — Se considerarán comprendidas a los fines del artículo 1º de la Ley 25.241, las acciones delictivas cometidas con la finalidad específica del artículo 41 quinquies del Código Penal.

Las disposiciones de los artículos 6º, 30, 31 y 32 de la Ley 25.246 y 23 séptimo párrafo, 304 y 305 del Código Penal serán también de aplicación respecto de los delitos cometidos con la finalidad específica del artículo 41 quinquies y del artículo 306 del Código Penal.

La Unidad de Información Financiera podrá disponer mediante resolución fundada y con comunicación inmediata al juez competente, el congelamiento administrativo de activos vinculados a las acciones delictivas previstas en el artículo 306 del Código Penal, conforme la reglamentación lo dicte.

ARTICULO 7º — Sustitúyese el inciso e) del apartado 1) del artículo 33 del Código Procesal Penal de la Nación, por el siguiente:

e) Los delitos previstos por los artículos 41 quinquies, 142 bis, 142 ter, 145 bis, 145 ter, 149 ter, 170, 189 bis (1), (3) y (5), 212, 213 bis y 306 del Código Penal.

ARTICULO 8º — Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE.

— REGISTRADO BAJO EL Nº 26.734 —

— AMADO BOUDOU. — JULIAN A. DOMINGUEZ. — Gervasio Bozzano. — Juan H. Estrada

Ley 26735
REGIMEN PENAL TRIBUTARIO

Modifícase la Ley Nº 24.769.

Sancionada: Diciembre 22 de 2011

Promulgada: Diciembre 27 de 2011

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc.

sancionan con fuerza de Ley:

ARTICULO 1º — Sustitúyese el artículo 1º de la Ley 24.769 y sus modificaciones, por el siguiente:

Artículo 1º: Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el obligado que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, evadiere total o parcialmente el pago de tributos al fisco nacional, al fisco provincial o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre que el monto evadido excediere la suma de cuatrocientos mil pesos ($ 400.000) por cada tributo y por cada ejercicio anual, aun cuando se tratare de un tributo instantáneo o de período fiscal inferior a un (1) año.

ARTICULO 2º — Sustitúyese el artículo 2º de la Ley 24.769 y sus modificaciones, por el siguiente:

Artículo 2º: La pena será de tres (3) años y seis (6) meses a nueve (9) años de prisión, cuando en el caso del artículo 1º se verificare cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Si el monto evadido superare la suma de cuatro millones de pesos ($ 4.000.000);

b) Si hubieren intervenido persona o personas interpuestas para ocultar la identidad del verdadero sujeto obligado y el monto evadido superare la suma de ochocientos mil pesos ($ 800.000);

c) Si el obligado utilizare fraudulentamente exenciones, desgravaciones, diferimientos, liberaciones, reducciones o cualquier otro tipo de beneficios fiscales, y el monto evadido por tal concepto superare la suma de ochocientos mil pesos ($ 800.000);

d) Si hubiere mediado la utilización total o parcial de facturas o cualquier otro documento equivalente, ideológica o materialmente falsos.

ARTICULO 3º — Sustitúyese el artículo 3° de la Ley 24.769 y sus modificaciones, por el siguiente:

Artículo 3°: Será reprimido con prisión de tres (3) años y seis (6) meses a nueve (9) años el obligado que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, se aprovechare indebidamente de reintegros, recuperos, devoluciones o cualquier otro subsidio nacional, provincial, o correspondiente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de naturaleza tributaria siempre que el monto de lo percibido supere la suma de cuatrocientos mil pesos ($ 400.000) en un ejercicio anual.

ARTICULO 4º — Sustitúyese el artículo 4° de la Ley 24.769 y sus modificaciones, por el siguiente:

Artículo 4°: Será reprimido con prisión de uno (1) a seis (6) años el que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, obtuviere un reconocimiento, certificación o autorización para gozar de una exención, desgravación, diferimiento, liberación, reducción, reintegro, recupero o devolución tributaria al fisco nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ARTICULO 5º — Sustitúyese el artículo 6° de la Ley 24.769 y sus modificaciones, por el siguiente:

Artículo 6°: Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el agente de retención o de percepción de tributos nacionales, provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no depositare, total o parcialmente, dentro de los diez (10) días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, el tributo retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado superase la suma de cuarenta mil pesos ($ 40.000) por cada mes.

ARTICULO 6º — Sustitúyese el artículo 7º de la Ley 24.769 y sus modificaciones, por el siguiente:

Artículo 7º: Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el obligado, que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, evadiere parcial o totalmente al fisco nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el pago de aportes o contribuciones, o ambos conjuntamente, correspondientes al sistema de la seguridad social, siempre que el monto evadido excediere la suma de ochenta mil pesos ($ 80.000) por cada mes.

ARTICULO 7º — Sustitúyese el artículo 8º de la ley 24.769 y sus modificaciones, por el siguiente:

Artículo 8º: La prisión a aplicar se elevará de tres (3) años y seis (6) meses a nueve (9) años cuando en el caso del artículo 7º se verificare cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Si el monto evadido superare la suma de cuatrocientos mil pesos ($ 400.000), por cada mes;

b) Si hubieren intervenido persona o personas interpuestas para ocultar la identidad del verdadero sujeto obligado y el monto evadido superare la suma de ciento sesenta mil pesos ($ 160.000).

ARTICULO 8º — Sustitúyese el artículo 9º de la Ley 24.769 y sus modificaciones, por el siguiente:

Artículo 9º: Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el empleador que no depositare total o parcialmente dentro de los diez (10) días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, el importe de los aportes retenidos a sus dependientes, siempre que el monto no ingresado superase la suma de veinte mil pesos ($ 20.000) por cada mes.

Idéntica sanción tendrá el agente de retención o percepción de los recursos de la seguridad social que no depositare total o parcialmente, dentro de los diez (10) días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, el importe retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado superase la suma de veinte mil pesos ($ 20.000) por cada mes.

La Administración Federal de Ingresos Públicos o el organismo recaudador provincial o el correspondiente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires habilitará, a través de los medios técnicos e informáticos correspondientes o en los aplicativos pertinentes, la posibilidad del pago por separado y en forma independiente al de las demás contribuciones patronales, de los aportes retenidos por el empleador a sus dependientes y de las retenciones o percepciones de los agentes obligados respecto de los recursos de la seguridad social.

ARTICULO 9º — Sustitúyese el artículo 10 de la Ley 24.769 y sus modificaciones, por el siguiente:

Artículo 10: Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el que habiendo tomado conocimiento de la iniciación de un procedimiento administrativo o judicial tendiente a la determinación o cobro de obligaciones tributarias o de aportes y contribuciones de la seguridad social nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o derivadas de la aplicación de sanciones pecuniarias, provocare o agravare la insolvencia, propia o ajena, frustrando en todo o en parte el cumplimiento de tales obligaciones.

ARTICULO 10. — Sustitúyese el artículo 11 de la Ley 24.769 y sus modificaciones, por el siguiente:

Artículo 11: Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el que mediante registraciones o comprobantes falsos o cualquier otro ardid o engaño, simulare el pago total o parcial de obligaciones tributarias o de recursos de la seguridad social nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o derivadas de la aplicación de sanciones pecuniarias, sean obligaciones propias o de terceros.

ARTICULO 11. — Sustitúyese el artículo 12 de la Ley 24.769 y sus modificaciones, por el siguiente:

Artículo 12: Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el que de cualquier modo sustrajere, suprimiere, ocultare, adulterare, modificare o inutilizare los registros o soportes documentales o informáticos del fisco nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, relativos a las obligaciones tributarias o de los recursos de la seguridad social, con el propósito de disimular la real situación fiscal de un obligado.

ARTICULO 12. — Incorpórase como artículo 12 bis de la Ley 24.769 y sus modificaciones, el siguiente:

Artículo 12 bis: Será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4) años, el que modificare o adulterare los sistemas informáticos o equipos electrónicos, suministrados u homologados por el fisco nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre y cuando dicha conducta fuere susceptible de provocar perjuicio y no resulte un delito más severamente penado.

ARTICULO 13. — Incorpóranse al artículo 14 de la Ley 24.769 y sus modificaciones, los siguientes párrafos:

Cuando los hechos delictivos previstos en esta ley hubieren sido realizados en nombre o con la intervención, o en beneficio de una persona de existencia ideal, se impondrán a la entidad las siguientes sanciones conjunta o alternativamente:

1. Multa de dos (2) a diez (10) veces de la deuda verificada.

2. Suspensión total o parcial de actividades, que en ningún caso podrá exceder los cinco (5) años.

3. Suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios públicos o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado, que en ningún caso podrá exceder los cinco (5) años.

4. Cancelación de la personería, cuando hubiese sido creada al solo efecto de la comisión del delito, o esos actos constituyan la principal actividad de la entidad.

5. Pérdida o suspensión de los beneficios estatales que tuviere.

6. Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona de existencia ideal.

Para graduar estas sanciones, los jueces tendrán en cuenta el incumplimiento de reglas y procedimientos internos, la omisión de vigilancia sobre la actividad de los autores y partícipes, la extensión del daño causado, el monto de dinero involucrado en la comisión del delito, el tamaño, la naturaleza y la capacidad económica de la persona jurídica.

Cuando fuere indispensable mantener la continuidad operativa de la entidad o de una obra o de un servicio en particular, no serán aplicables las sanciones previstas por el inciso 2 y el inciso 4.

ARTICULO 14. — Sustitúyese el artículo 16 de la Ley 24.769 y sus modificaciones, por el siguiente:

Artículo 16: El sujeto obligado que regularice espontáneamente su situación, dando cumplimiento a las obligaciones evadidas, quedará exento de responsabilidad penal siempre que su presentación no se produzca a raíz de una inspección iniciada, observación de parte de la repartición fiscalizadora o denuncia presentada, que se vincule directa o indirectamente con él.

ARTICULO 15. — Sustitúyese el artículo 18 de la Ley 24.769 y sus modificaciones, por el siguiente:

Artículo 18: El organismo recaudador formulará denuncia una vez dictada la determinación de oficio de la deuda tributaria o resuelta en sede administrativa la impugnación de las actas de determinación de la deuda de los recursos de la seguridad social, aun cuando se encontraren recurridos los actos respectivos.

En aquellos casos en que no corresponda la determinación administrativa de la deuda se formulará de inmediato la pertinente denuncia, una vez formada la convicción administrativa de la presunta comisión del hecho ilícito.

Cuando la denuncia penal fuere formulada por un tercero, el juez remitirá los antecedentes al organismo recaudador que corresponda a fin de que inmediatamente dé comienzo al procedimiento de verificación y determinación de la deuda. El organismo recaudador deberá emitir el acto administrativo a que se refiere el primer párrafo en un plazo de ciento veinte (120) días hábiles administrativos, prorrogables a requerimiento fundado de dicho organismo.

ARTICULO 16. — Derógase el artículo 19 de la Ley 24.769 y sus modificaciones.

ARTICULO 17. — Sustitúyese el artículo 20 de la Ley 24.769 y sus modificaciones, por el siguiente:

Artículo 20: La formulación de la denuncia penal no suspende ni impide la sustanciación y resolución de los procedimientos tendientes a la determinación y ejecución de la deuda tributaria o de los recursos de la seguridad social, ni la de los recursos administrativos, contencioso administrativos o judiciales que se interpongan contra las resoluciones recaídas en aquéllos.

La autoridad administrativa se abstendrá de aplicar sanciones hasta que sea dictada la sentencia definitiva en sede penal. En este caso no será de aplicación lo previsto en el artículo 74 de la Ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones o en normas análogas de las jurisdicciones locales.

Una vez firme la sentencia penal, la autoridad administrativa aplicará las sanciones que correspondan, sin alterar las declaraciones de hechos contenidas en la sentencia judicial.

ARTICULO 18. — Sustitúyese el artículo 22 de la Ley 24.769 y sus modificaciones, por el siguiente:

Artículo 22: Respecto de los tributos nacionales para la aplicación de la presente ley en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, será competente la justicia nacional en lo penal tributario, manteniéndose la competencia del fuero en lo penal económico en las causas que se encuentren en trámite ante el mismo. En lo que respecta a las restantes jurisdicciones del país será competente la justicia federal.

Respecto de los tributos locales, serán competentes los respectivos jueces provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ARTICULO 19. — Agréguese como último párrafo del artículo 76 bis del Código Penal de la Nación el siguiente:

Artículo 76 bis:…

Tampoco procederá la suspensión del juicio a prueba respecto de los ilícitos reprimidos por las Leyes 22.415 y 24.769 y sus respectivas modificaciones.

ARTICULO 20. — Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE.

— REGISTRADA BAJO EL Nº 26.735 —

— AMADO BOUDOU. — JULIAN A. DOMINGUEZ. — Gervasio Bozzano. — Juan H. Estrada.

BAIGUN Y ZAFFARONI PROFESORES EXTRAORDINARIOS UNMDP

2011-11-29T09:14:00.000-08:00

DAVID BAIGÚN Y RAÚL ZAFFARONI RECIBEN EL TITULO DE PROFESORES EXTRAORDINARIOS EN GRADO DE PROFESORES HONORARIOS CON LA DISTINCIÓN DE ACADÉMICOS ILUSTRES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA

En un acto celebrado el viernes 25 de noviembre en el colmada Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, los profesores Baigún y Zaffaroni recibieron su título.
Habló el Rector de la UNMDP, Lic. Francisco Morea, hallándose presente el Sr. Decano de la Facultad, Dr. Miguel Angel Acosta.
La "Laudatio" del prof. Baigún estuvo a cargo del Prof. Titular de Derecho Penal, Mg. Marcelo A. Riquert, mientras que la del Prof. Zaffaroni, fue realizada por el Sr. Director del Departamento de Derecho Penal, Prof. Roberto A. Falcone.

LAUDATIO AL PROF. DR. DAVID BAIGÚN

Por el Prof. Mg. Marcelo A. Riquert

Confieso que me costó mucho escribir estas palabras de presentación del Prof. Dr. David Baigún y lejos estuve de poder imaginar cuando le conocí personalmente hace ya más de 23 años que hoy estaría aquí, como docente de esta casa de altos estudios, tratando de resumir en pocos minutos las variadas razones que justifican su reconocimiento por la UNDMP.
Podría estar recitando durante un largo rato fríos datos seleccionados de su profusa historia curricular. Esos ya están en la OCS 1629, por la que se le acuerda la distinción que hoy recibe. Si bien este tipo de datos objetiviza parcialmente la dimensión laboral o académica de nuestro homenajeado, no es por un mero recuento de títulos o cargos que en esta unidad académica pensamos que es merecedor de su designación como Profesor Extraordinario en la categoría de Profesor Honorario con la distinción de Académico Ilustre.
Hace muy pocos meses atrás, el 10 de enero de 2011, el prof. David Baigún recibía el doctorado honoris causa de la UCLM. Su “Laudatio” fue escrita por un querido amigo en común, el prof. Nicolás García Rivas. En esa ocasión, destacó que se da en “Tute” una excelente trinidad: el científico, el maestro y la persona. Esta es la observación que quisiera hoy rescatar, una suerte de enfoque “trialista” o el reconocimiento de todas esas dimensiones que por su envidiable coherencia motivan este otorgamiento que es muy probable hubiéramos tenido que realizar ya hace mucho.
No dejo de advertir que el problema de imposibilidad de ser sintético se habrá multiplicado por tres. Por eso, arbitrariamente, recordaré sólo algunas perlas de las que jalonan su historia vital y creo exponen con suficiencia aquella renovada afirmación.
Baigún comienza sus estudios en la UBA en 1943, egresando en 1948. Él mismo ha descripto el entorno de clases como no muy estimulante en lo político y en lo pedagógico. Lo primero por su activismo en el movimiento reformista en un momento de impulso del pensamiento fascista hacia el interior de la universidad. Lo segundo, por la exclusividad de conferencias magistrales ante una multitud de alumnos que no participaban ni tenían mayor contacto con el docente, por lo que afirmó “diría que desde esa época me ha quedado un claro rechazo a ese tipo de enseñanza impersonal y alejada del alumno”.
Su inicial inclinación hacia el derecho penal se manifestó en la lectura de la obra de Ferri, de Eusebio Gómez y la asistencia a las clases de Alfredo Molinario, aunque definió a la militancia política como su eje de aquella época, por lo que lejos de encerrarse en discusiones acerca de la interpretación de la ley, buscó una base filosófica, política y científica más amplia para el derecho penal. Lo cito nuevamente: “desde entonces me ha quedado una preocupación permanente por la interdisciplina”.
Simple afiliado al Partido Comunista argentino, estudioso del pensamiento marxista y conocedor de las discusiones de la izquierda europea, sus primeros años de ejercicio profesional fueron de intensa actividad como defensor de presos políticos y militantes perseguidos, miembros del movimiento estudiantil de orientación socialista.
En 1958 conoce personalmente a quien fuera su maestro, quien ejerciera sobre él una, en sus propias palabras, “influencia intelectual decisiva”: el exiliado profesor español Luis Jiménez de Asúa, quien es contratado por la UBA y pasa a dirigir su Depto. de Derecho Penal hasta la intervención militar de 1966. Es en ese ámbito donde Baigún pasa los que define como “años de mayor intensidad en la formación”, trabajando con textos no sólo alemanes sino también italianos, tanto los de la biblioteca que habían comenzado a formar en el Depto. como los personales del director.
Precisamente es a “Don Luis” a quien evocara cálidamente en su “Lectio Doctoralis” en la ciudad de Toledo, al que le reconoce una especial vocación en formar gente, resaltando que era algo a lo que dedicaba gran fuerza y entusiasmo, transmitiendo a los jóvenes la vocación por el derecho penal no sólo como conocimiento técnico sino casi como un eje de su vida. Jiménez de Asúa fallece el mismo año en que Tute accede a su título de doctor, 1970. Yo apenas llegaba a los 8 años de edad y no puedo dar fe de cómo funcionaba ese programa de trabajo que tenía con los jóvenes. En cambio, puedo contar que 18 años después y siendo un recién nombrado Secretario Penal del Juzgado Federal Nº 1 de MDP, tuve el privilegio de conocer personalmente al discípulo.
Hasta ese año 1988 muchas cosas habían pasado en su vida: el alejamiento de la UBA en el 66 y el refugio en el Instituto de Estudios Superiores dentro de la Asociación de Abogados, luego el Centro de Investigaciones Internacionales y la conformación del grupo que haría la revista “Nuevo Pensamiento Penal” y, luego, su sucesora “Doctrina Penal” bajo la dirección de Núñez y de la que Baigún fue uno de sus Secretarios de Redacción. Hubo un breve retorno a la universidad entre 1973 hasta la intervención de 1974, con la que nuevamente queda afuera hasta la vuelta de la democracia, momento desde el que se mantiene hasta el presente.
Siguió invariablemente asumiendo la defensa de personas perseguidas políticamente en modo prácticamente ininterrumpido hasta 1983. En particular, a partir de 1976 vinculado a la Liga por los Derechos del Hombre y a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en el trabajo de presentación de hábeas corpus a favor de los desaparecidos y manteniendo líneas de contacto con los organismos del exterior para defensa de presos políticos.
Retomo entonces en el ’88, cuando llegaba Baigún hasta la ciudad como parte de sus tareas de Director del “Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica” del Banco Central de la República, procurando concretar una activa persecución de la delincuencia financiera por vía de presentar al Banco como querellante en este tipo de causas (el Centro sería disuelto con el cambio de gobierno, en 1989, pero significó un cambio de orientación o giro del trabajo intelectual de nuestro homenajeado, que pasó a concentrarse en la delincuencia económica y le valiera el Premio Konex de Platino en el año 2006 en el área de Humanidades en la categoría Derecho Administrativo, Tributario y Penal).
En lo que ahora me interesa recordar, Tute, después de unos minutos de charla en la que indagó un poco sobre la formación (escasa) del joven funcionario, me mandó a estudiar… Sólo que lo hizo de la mejor manera posible, indicando el camino (no es su culpa que yo me hubiera extraviado), sugiriendo un método y lecturas pero, sobre todo, dejando el mensaje de que estaba a disposición para lo que se lo necesitara en lo académico, que transmitiera hacia la Facultad y hacia el Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados que, desde su lugar en la UBA, podíamos contar con él para organizar todo tipo de actividades.
En los años subsiguientes, accedió a venir a cuanta invitación se le hizo (muchas de ellas, como hoy, acompañado de quien no sólo es un par en lo académico dentro del área del derecho civil sino, mucho más importante, su compañera inseparable en la vida: Cecilia Grossman). Participó de cursos, ciclos de conferencias, Congresos, Encuentros de Profesores o Seminarios de Investigación (en los que con más de 80 años le hemos visto en el 7° piso de este edificio dar el ejemplo de ser el primero en llegar, el último en irse y pasarse el día entero escuchando y discutiendo sobre derecho penal durante varias jornadas seguidas, que terminaban invariablemente con sus preguntas ¿y esto cómo sigue ahora? ¿qué vamos a hacer con este trabajo?). Nos ha enseñado en estas aulas tanto sobre falsedades documentales, como los delitos de peligro, los delitos bancarios y societarios, presentado un modelo de abordaje al problema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, debatido formas para la persecución de la corrupción pública o insistido sobre la necesidad de armonizar, de acercar áreas legales de interés común en materia penal en el MERCOSUR, entre tantos otros temas.
En la década pasada se transformaría en el Director de la carrera de “Especialización en Derecho Penal” en esta casa de estudios, convenio mediante con la UBA, posgrado que ya ha cumplido dos ediciones en MDP y una más en la vecina Necochea. Un detalle adicional: donó sus honorarios con cargo a la compra de libros para conformar la biblioteca del departamento de derecho penal.
No albergo la menor duda de que “Don Luis” estaría muy contento si viera cómo su vocación prendió en aquél joven discípulo, si viera cómo sigue ejerciendo la docencia, predicando y practicando un derecho penal conforme a estado de derecho: creando y dirigiendo la carrera de Maestría en Derecho Penal del MERCOSUR en la UBA, las revistas “Nueva Doctrina Penal” y “Pena y Estado” o, junto a nuestro otro homenajeado de esta tarde, el Prof. Zaffaroni, una obra de referencia como es el “Código Penal” anotado con doctrina y jurisprudencia que ya alcanzó el 10° tomo. Por si fuera poco, patrocinando primero y, luego, defendiendo ante los medios de comunicación en la propia España la querella criminal conjunta presentada por la ASOCIACION DE RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA, las ABUELAS DE PLAZA DE MAYO, la LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE, la COMISIÓN PROVINCIAL POR LA MEMORIA, la ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS, el CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES (CELS), la ASOCIACION DE EX DETENIDOS–DESAPARECIDOS, la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES GALLEGAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, el INSTITUTO DE ESTUDIOS COMPARADOS EN CIENCIAS PENALES Y SOCIALES (INECIP) y el COMITE DE ACCION JURIDICA, para el juzgamiento por la comisión de los delitos de genocidio y/o de lesa humanidad del franquismo, cometidos entre 1936 y 1977.
En definitiva, este joven profesor y litigante de 85 años de edad, sigue con pleno ímpetu mostrándonos el camino en lo científico, en lo pedagógico y, sobre todo, en lo personal. Esto, una trayectoria de vida pero también su actualidad, es lo que hoy reconocemos y distinguimos desde la Universidad Nacional de Mar del Plata. Muchas gracias a todos.

Nota publicada en el diario “El Atlántico”, edición del 28 de noviembre de 2011.

“La lucha por el poder del siglo XXI va a ser la lucha por el saber”

El Juez de la Suprema Corte de Justicia, Eugenio Zaffaroni, fue declarado “Profesor Extraordinario” por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata y habló del conocimiento en el siglo que comenzó

Para Eugenio Zaffaroni, la facilidad para acceder al saber es una de las “contradicciones” de la globalización. A su entender, la disputa por el poder será, durante el desarrollo del siglo XXI, la lucha por el conocimiento. Así lo aseguró este fin de semana en su paso por la ciudad, donde fue distinguido como “Profesor Extraordinario” -junto al doctor David Baigún- por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
El Juez de la Suprema Corte de Justicia recibió el máximo galardón que la institución puede otorgar. La iniciativa fue promovida por el rector de la universidad, Francisco Morea. Zaffaroni conoce la importancia de esta distinción, porque también se la han entregado en otras universidades del país, y al respecto expresó: “Cuando a uno lo declaran profesor extraordinario, asume el compromiso de defender los valores de la universidad, que son los valores de la enseñanza”.
Tras un repaso por los principales pasos de su trayectoria, el ministro del máximo tribunal hizo uso de la palabra y, ante más de un centenar de alumnos, docentes y magistrados de la ciudad, centró su discurso en la importancia del saber.
Que Eugenio Zaffaroni haya elegido el saber como eje de su alocución en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de Mar del Plata, no fue casual. Aunque tal vez tampoco haya sido premeditado. El hecho, da cuenta de la trascendencia tiene que el conocimiento, la educación y el aprendizaje para el Juez de la Suprema Corte de Justicia.
Fue el juez marplatense Roberto Falcone quien se encargó de señalar este detalle, durante la presentación del flamante Profesor Extraordinario. Lo definió como una figura que “nos hace caer las estanterías del Derecho” y como la “única personalidad del Derecho que puede juntar en una conferencia a más de dos mil alumnos”. “Cuando Zaffaroni habla, hay que escucharlo porque lo que dice siempre es importante. Y su obra es verdaderamente inabarcable”, completó.
Ya sobre el estrado y con la distinción entre sus manos, el Juez de la Suprema Corte de Justicia se refirió a la existencia de “una revolución comunicacional” en la sociedad y definió al presente como “un momento complicado”. Sin embargo, remarcó que “lo que existe, lo que está, es el saber” y en ese mismo sentido proyectó: “Creo que la lucha por el poder en el siglo XXI, más que nunca, va a ser la lucha por el saber, por el ‘know how’”.
Breve en sus palabras. Sencillo en sus términos y confiado en que la educación “es el camino”. Así se mostró Eugenio Zaffaroni en su paso por la universidad de Mar del Plata, donde dejó varios mensajes para los estudiantes.
“Este mundo de incluidos y excluidos, hace que los excluidos tengan algo que les falta a los incluidos: tiempo. Si logramos ordenar ese tiempo hacia el apoderamiento del ‘know how’, tenemos hecha la revolución”, analizó el experto en criminología.
En esa misma línea, remarcó que “una de las contradicciones de la globalización es que facilita el saber. “Creo que hoy, desde Ciudad Oculta se puede hacer una crítica sobre filosofía presocrática como se la podía hacer antes en Harvard o Hildelberg”, deslizó el integrante del máximo tribunal y por último apuntó: “Tecnológicamente es posible. Humanamente, también. Es tarea nuestra que así lo sea.
Pulti recibió a Zaffaroni
El intendente Gustavo Pulti recibió este fin de semana en su despacho al ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni, con quien dialogó acerca de distintas temáticas. Durante el encuentro, el jefe comunal le entregó al magistrado la distinción de “Visitante Notable” del partido de General Pueyrredon, que le otorgó por unanimidad el Concejo Deliberante, a través de una iniciativa presentada por el edil de Acción Marplatense Leandro Laserna.
David Baigún: “En materia de principios no podemos discutir”
El doctor David Baigún también recibió el título de “Profesor Extraordinario” de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Fue distinguido por su amplia trayectoria como penalista, docente y su tarea al frente de distintos organismos de investigación nacionales e internacionales.
“Siempre he querido llegar a la relación perfecta entre el profesor y el alumno, entre maestro y discípulo”, aseguró el magistrado al momento de recibir el galardón.
Durante su alocución, Baigún recordó sus años de docencia en la facultad de Mar del Plata y por último expresó: “En materia de principios no podemos discutir y si la sociedad genera un compromiso, tenemos que cumplirlo. Ese es el compromiso que la sociedad ha generado conmigo y con muchos otros profesores”.

LEY 26705 - MOD. COD PENAL- PRESCRIPCION

2011-10-07T11:29:00.000-07:00

Ley 26.705 - CODIGO PENAL - Modificación.

Sancionada: Septiembre 7 de 2011

Promulgada: Octubre 4 de 2011

Publicación en B.O.: 05/10/2011

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

ARTICULO 1º — Incorpórase como segundo párrafo del artículo 63 del Código Penal el siguiente: En los delitos previstos en los artículos 119, 120, 124, 125, 125 bis, 128, 129 —in fine—, y 130 —párrafos segundo y tercero— del Código Penal, cuando la víctima fuere menor de edad la prescripción de la acción comenzará a correr desde la medianoche del día en que éste haya alcanzado la mayoría de edad.

Si como consecuencia de cualquiera de los delitos indicados hubiera ocurrido la muerte del menor de edad, la prescripción de la acción comenzará a correr desde la medianoche del día en que aquél hubiera alcanzado la mayoría de edad.

ARTICULO 2º — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, EL DIA SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE.

—REGISTRADO BAJO EL Nº 26.705

— JULIO C. C. COBOS. — EDUARDO A. FELLNER. — Enrique Hidalgo. — Juan H. Estrada.

Decreto 1575/2011

Promúlgase la Ley Nº 26.705.

Bs. As., 4/10/2011

POR TANTO: Téngase por Ley de la Nación Nº 26.705 cúmplase, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

— FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández. — Julio C. Alak.

Ley 26.705 - CODIGO PENAL - Modificación.

Sancionada: Septiembre 7 de 2011

Promulgada: Octubre 4 de 2011

Publicación en B.O.: 05/10/2011

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

ARTICULO 1º — Incorpórase como segundo párrafo del artículo 63 del Código Penal el siguiente: En los delitos previstos en los artículos 119, 120, 124, 125, 125 bis, 128, 129 —in fine—, y 130 —párrafos segundo y tercero— del Código Penal, cuando la víctima fuere menor de edad la prescripción de la acción comenzará a correr desde la medianoche del día en que éste haya alcanzado la mayoría de edad.

Si como consecuencia de cualquiera de los delitos indicados hubiera ocurrido la muerte del menor de edad, la prescripción de la acción comenzará a correr desde la medianoche del día en que aquél hubiera alcanzado la mayoría de edad.

ARTICULO 2º — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, EL DIA SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE.

—REGISTRADO BAJO EL Nº 26.705

— JULIO C. C. COBOS. — EDUARDO A. FELLNER. — Enrique Hidalgo. — Juan H. Estrada.

Decreto 1575/2011

Promúlgase la Ley Nº 26.705.

Bs. As., 4/10/2011

POR TANTO: Téngase por Ley de la Nación Nº 26.705 cúmplase, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

— FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández. — Julio C. Alak.

RECUPERATORIO Y CLASES

2011-09-19T08:02:00.000-07:00

El recuperatorio del primer parcial serà el martes 11 a las 15,00 hs. para todas las comisiones. Será oral y, como siempre, el alumno elige el tema con el comienza y, luego, si ese tema está bien, pasa la mesa a hacer preguntas sobre el resto del temario habilitado para el parcial.
Clases: debido a que hay otras mesas de exàmen en paralelo, se ha optado por suspender el mièrcoles 5 y el jueves 6. El lunes es feriado, el martes el parcial y, por lo tanto, se retomaràn normalmente a partir del mièrcoles 12.

JORGE LUIS BORGES Y LA TEORÌA DEL DELITO

2011-09-01T11:46:00.000-07:00

Si cualquier excusa es buena para dedicarle unos minutos a Borges, el prof. Daniel De Marco sugiere la lectura de "Emma Zunz" para reflexionar sobre la provocación de la situación de necesidad y la de "El encuentro" por un imaginativo supuesto de ausencia de acción.

Que lo disfruten:

EMMA ZUNZ (EL ALEPH, 1949)

El catorce de enero de 1922, Emma Zunz, al volver de la fábrica de tejidos Tarbuch y Loewenthal, halló en el fondo del zaguán una carta, fechada en el Brasil, por la que supo que su padre había muerto. La engañaron, a primera vista, el sello y el sobre; luego, la inquietó la letra desconocida. Nueve o diez líneas borroneadas querían colmar la hoja; Emma leyó que el señor Maier había ingerido por error una fuerte dosis de veronal y había fallecido el tres del corriente en el hospital de Bagé. Un compañero de pensión de su padre firmaba la noticia, un tal Fein o Fain, de Río Grande, que no podía saber que se dirigía a la hija del muerto.

Emma dejó caer el papel. Su primera impresión fue de malestar en el vientre y en las rodillas; luego de ciega culpa, de irrealidad, de frío, de temor; luego, quiso ya estar en el día siguiente. Acto continuo comprendió que esa voluntad era inútil porque la muerte de su padre era lo único que había sucedido en el mundo, y seguiría sucediendo sin fin. Recogió el papel y se fue a su cuarto. Furtivamente lo guardó en un cajón, como si de algún modo ya conociera los hechos ulteriores. Ya había empezado a vislumbrarlos, tal vez; ya era la que sería.

En la creciente oscuridad, Emma lloró hasta el fin de aquel día del suicidio de Manuel Maier, que en los antiguos días felices fue Emanuel Zunz. Recordó veraneos en una chacra, cerca de Gualeguay, recordó (trató de recordar) a su madre, recordó la casita de Lanús que les remataron, recordó los amarillos losanges de una ventana, recordó el auto de prisión, el oprobio, recordó los anónimos con el suelto sobre «el desfalco del cajero», recordó (pero eso jamás lo olvidaba) que su padre, la última noche, le había jurado que el ladrón era Loewenthal. Loewenthal, Aarón Loewenthal, antes gerente de la fábrica y ahora uno de los dueños. Emma, desde 1916, guardaba el secreto. A nadie se lo había revelado, ni siquiera a su mejor amiga, Elsa Urstein. Quizá rehuía la profana incredulidad; quizá creía que el secreto era un vínculo entre ella y el ausente. Loewenthal no sabía que ella sabía; Emma Zunz derivaba de ese hecho ínfimo un sentimiento de poder.

No durmió aquella noche, y cuando la primera luz definió el rectángulo de la ventana, ya estaba perfecto su plan. Procuró que ese día, que le pareció interminable, fuera como los otros. Había en la fábrica rumores de huelga; Emma se declaró, como siempre, contra toda violencia. A las seis, concluido el trabajo, fue con Elsa a un club de mujeres, que tiene gimnasio y pileta. Se inscribieron; tuvo que repetir y deletrear su nombre y su apellido, tuvo que festejar las bromas vulgares que comentan la revisación. Con Elsa y con la menor de las Kronfuss discutió a qué cinematógrafo irían el domingo a la tarde. Luego, se habló de novios y nadie esperó que Emma hablara. En abril cumpliría diecinueve años, pero los hombres le inspiraban, aún, un temor casi patológico... De vuelta, preparó una sopa de tapioca y unas legumbres, comió temprano, se acostó y se obligó a dormir. Así, laborioso y trivial, pasó el viernes quince, la víspera.

El sábado, la impaciencia la despertó. La impaciencia, no la inquietud, y el singular alivio de estar en aquel día, por fin. Ya no tenía que tramar y que imaginar; dentro de algunas horas alcanzaría la simplicidad de los hechos. Leyó en La Prensa que el Nordstjärnan, de Malmö, zarparía esa noche del dique 3; llamó por teléfono a Loewenthal, insinuó que deseaba comunicar, sin que lo supieran las otras, algo sobre la huelga y prometió pasar por el escritorio, al oscurecer. Le temblaba la voz; el temblor convenía a una delatora. Ningún otro hecho memorable ocurrió esa mañana. Emma trabajó hasta las doce y fijó con Elsa y con Perla Kronfuss los pormenores del paseo del domingo. Se acostó después de almorzar y recapituló, cerrados los ojos, el plan que había tramado. Pensó que la etapa final sería menos horrible que la primera y que le depararía, sin duda, el sabor de la victoria y de la justicia. De pronto, alarmada, se levantó y corrió al cajón de la cómoda. Lo abrió; debajo del retrato de Milton Sills, donde la había dejado la antenoche, estaba la carta de Fain. Nadie podía haberla visto; la empezó a leer y la rompió.

Referir con alguna realidad los hechos de esa tarde sería difícil y quizá improcedente. Un atributo de lo infernal es la irrealidad, un atributo que parece mitigar sus terrores y que los agrava tal vez. ¿Cómo hacer verosímil una acción en la que casi no creyó quien la ejecutaba, cómo recuperar ese breve caos que hoy la memoria de Emma Zunz repudia y confunde? Emma vivía por Almagro, en la calle Liniers; nos consta que esa tarde fue al puerto. Acaso en el infame Paseo de Julio se vio multiplicada en espejos, publicada por luces y desnudada por los ojos hambrientos, pero más razonable es conjeturar que al principio erró, inadvertida, por la indiferente recova... Entró en dos o tres bares, vio la rutina o los manejos de otras mujeres. Dio al fin con hombres del Nordstjärnan. De uno, muy joven, temió que le inspirara alguna ternura y optó por otro, quizá más bajo que ella y grosero, para que la pureza del horror no fuera mitigada. El hombre la condujo a una puerta y después a un turbio zaguán y después a una escalera tortuosa y después a un vestíbulo (en el que había una vidriera con losanges idénticos a los de la casa en Lanús) y después a un pasillo y después a una puerta que se cerró. Los hechos graves están fuera del tiempo, ya porque en ellos el pasado inmediato queda como tronchado del porvenir, ya porque no parecen consecutivas las partes que los forman.

¿En aquel tiempo fuera del tiempo, en aquel desorden perplejo de sensaciones inconexas y atroces, pensó Emma Zunz una sola vez en el muerto que motivaba el sacrificio? Yo tengo para mí que pensó una vez y que en ese momento peligró su desesperado propósito. Pensó (no pudo no pensar) que su padre le había hecho a su madre la cosa horrible que a ella ahora le hacían. Lo pensó con débil asombro y se refugió, en seguida, en el vértigo. El hombre, sueco o finlandés, no hablaba español; fue una herramienta para Emma como ésta lo fue para él, pero ella sirvió para el goce y él para la justicia. Cuando se quedó sola, Emma no abrió en seguida los ojos. En la mesa de luz estaba el dinero que había dejado el hombre: Emma se incorporó y lo rompió como antes había roto la carta. Romper dinero es una impiedad, como tirar el pan; Emma se arrepintió, apenas lo hizo. Un acto de soberbia y en aquel día... El temor se perdió en la tristeza de su cuerpo, en el asco. El asco y la tristeza la encadenaban, pero Emma lentamente se levantó y procedió a vestirse. En el cuarto no quedaban colores vivos; el último crepúsculo se agravaba. Emma pudo salir sin que lo advirtieran; en la esquina subió a un Lacroze, que iba al oeste. Eligió, conforme a su plan, el asiento más delantero, para que no le vieran la cara. Quizá le confortó verificar, en el insípido trajín de las calles, que lo acaecido no había contaminado las cosas. Viajó por barrios decrecientes y opacos, viéndolos y olvidándolos en el acto, y se apeó en una de las bocacalles de Warnes. Paradójicamente su fatiga venía a ser una fuerza, pues la obligaba a concentrarse en los pormenores de la aventura y le ocultaba el fondo y el fin.

Aarón Loewenthal era, para todos, un hombre serio; para sus pocos íntimos, un avaro. Vivía en los altos de la fábrica, solo. Establecido en el desmantelado arrabal, temía a los ladrones; en el patio de la fábrica había un gran perro y en el cajón de su escritorio, nadie lo ignoraba, un revólver. Había llorado con decoro, el año anterior, la inesperada muerte de su mujer - ¡una Gauss, que le trajo una buena dote! -, pero el dinero era su verdadera pasión. Con íntimo bochorno se sabía menos apto para ganarlo que para conservarlo. Era muy religioso; creía tener con el Señor un pacto secreto, que lo eximía de obrar bien, a trueque de oraciones y devociones. Calvo, corpulento, enlutado, de quevedos ahumados y barba rubia, esperaba de pie, junto a la ventana, el informe confidencial de la obrera Zunz.

La vio empujar la verja (que él había entornado a propósito) y cruzar el patio sombrío. La vio hacer un pequeño rodeo cuando el perro atado ladró. Los labios de Emma se atareaban como los de quien reza en voz baja; cansados, repetían la sentencia que el señor Loewenthal oiría antes de morir.

Las cosas no ocurrieron como había previsto Emma Zunz. Desde la madrugada anterior, ella se había soñado muchas veces, dirigiendo el firme revólver, forzando al miserable a confesar la miserable culpa y exponiendo la intrépida estratagema que permitiría a la Justicia de Dios triunfar de la justicia humana. (No por temor, sino por ser un instrumento de la Justicia, ella no quería ser castigada.) Luego, un solo balazo en mitad del pecho rubricaría la suerte de Loewenthal. Pero las cosas no ocurrieron así.

Ante Aarón Loeiventhal, más que la urgencia de vengar a su padre, Emma sintió la de castigar el ultraje padecido por ello. No podía no matarlo, después de esa minuciosa deshonra. Tampoco tenía tiempo que perder en teatralerías. Sentada, tímida, pidió excusas a Loewenthal, invocó (a fuer de delatora) las obligaciones de la lealtad, pronunció algunos nombres, dio a entender otros y se cortó como si la venciera el temor. Logró que Loewenthal saliera a buscar una copa de agua. Cuando éste, incrédulo de tales aspavientos, pero indulgente, volvió del comedor, Emma ya había sacado del cajón el pesado revólver. Apretó el gatillo dos veces. El considerable cuerpo se desplomó como si los estampidos y el humo lo hubieran roto, el vaso de agua se rompió, la cara la miró con asombro y cólera, la boca de la cara la injurió en español y en ídisch. Las malas palabras no cejaban; Emma tuvo que hacer fuego otra vez. En el patio, el perro encadenado rompió a ladrar, y una efusión de brusca sangre manó de los labios obscenos y manchó la barba y la ropa. Emma inició la acusación que había preparado («He vengado a mi padre y no me podrán castigar...»), pero no la acabó, porque el señor Loewenthal ya había muerto. No supo nunca si alcanzó a comprender.

Los ladridos tirantes le recordaron que no podía, aún, descansar. Desordenó el diván, desabrochó el saco del cadáver, le quitó los quevedos salpicados y los dejó sobre el fichero. Luego tomó el teléfono y repitió lo que tantas veces repetiría, con esas y con otras palabras: Ha ocurrido una cosa que es increíble... El señor Loewenthal me hizo venir con el pretexto de la huelga... Abusó de mí, lo maté...

La historia era increíble, en efecto, pero se impuso a todos, porque sustancialmente era cierta. Verdadero era el tono de Emma Zunz, verdadero el pudor, verdadero el odio. Verdadero también era el ultraje que había padecido; sólo eran falsas las circunstancias, la hora y uno o dos nombres propios.

El encuentro

J.L.Borges

"El informe de Brodie" fue publicado originalmente en 1970

A Susana Bombal

Quien recorre los diarios cada mañana lo hace para el olvido o para el diálogo casual de esa tarde, y así no es raro que ya nadie recuerde, o recuerde como en un sueño, el caso entonces discutido y famoso de Maneco Uriarte y de Duncan. El hecho aconteció, por lo demás, hacia 1910, el año del cometa y del Centenario, y son tantas las cosas que desde entonces hemos poseído y perdido. Los protagonistas ya han muerto; quienes fueron testigos del episodio juraron un solemne silencio. También yo alcé la mano para jurar y sentí la importancia de aquel rito, con toda la romántica seriedad de mis nueve o diez años. No sé si los demás advirtieron que yo había dado mi palabra; no sé si guardaron la suya. Sea lo que fuere, aquí va la historia, con las inevitables variaciones que traen el tiempo y la buena o la mala literatura.

Mi primo Lafinur me llevó esa tarde a un asado en la quinta de Los Laureles. No puedo precisar su topografía; pensemos en uno de esos pueblos del Norte, sombreados y apacibles, que van declinando hacia el río y que nada tienen que ver con la larga ciudad y con su llanura. El viaje en tren duró lo bastante para que me pareciera tedioso, pero el tiempo de los niños, como se sabe, fluye con lentitud. Había empezado a oscurecer cuando atravesamos el portón de la quinta. Ahí estaban, sentí, las antiguas cosas elementales: el olor de la carne que se dora, los árboles, los perros, las ramas secas, el fuego que reune a los hombres.

Los invitados no pasaban de una docena; todos, gente grande. El mayor, lo supe después, no había cumplido aun los treinta años. Eran, no tardé en comprender, doctos en temas de los que sigo siendo indigno: caballos de carrera, sastrería, vehículos, mujeres notoriamente costosas. Nadie turbó mi timidez, nadie reparó en mí. El cordero, preparado con diestra lentitud por uno de los peones, nos demoró en el largo comedor. Las fechas de los vinos se discutieron. Había una guitarra; mi primo, creo recordar, entonó La tapera y El gaucho de Elías Regules y unas décimas en lunfardo, en el menesteroso lunfardo de aquellos años, sobre un duelo a cuchillo en una casa de la calle Junín. Trajeron el café y los cigarros de hoja. Ni una palabra de volver. Yo sentía (la frase es de Lugones) el miedo de lo demasiado tarde. No quise mirar el reloj. Para disimular mi soledad de chico entre mayores, apuré sin agrado una copa o dos. Uriarte propuso a gritos a Duncan un póker mano a mano. Alguien objetó que esa manera de jugar solía ser muy pobre y sugirió una mesa de cuatro. Duncan lo apoyó, pero Uriarte, con una obstinación que no entendí, ni traté de entender, insistió en lo primero. Fuera del truco, cuyo fin esencial es poblar el tiempo con diabluras y versos y de los modestos laberintos del solitario, nunca me gustaron los naipes. Me escurrí sin que nadie lo notara. Un caserón desconocido y oscuro (sólo en el comedor había luz) significa más para un niño que un país ignorado para un viajero. Paso a paso exploré las habitaciones; recuerdo una sala de billar, una galería de cristales con formas de rectángulos y de rombos, un par de sillones de hamaca y una ventana desde la cual se divisaba una glorieta. En la oscuridad me perdí; el dueño de casa, cuyo nombre, a la vuelta de los años, puede ser Acevedo o Acebal, dio por fin conmigo. Por bondad o para complacer su vanidad de coleccionista, me llevó a una vitrina. Cuando prendió la lámpara, vi que contenía armas blancas. Eran cuchillos que en su manejo se habían hecho famosos. Me dijo que tenía un campito por el lado de Pergamino y que yendo y viniendo por la provincia había ido juntando esas cosas. Abrió la vitrina y sin mirar las indicaciones de las tarjetas, me refirió su historia, siempre más o menos la misma, con diferencias de localidades y fechas. Le pregunté si entre las armas no figuraba la daga de Moreira, en aquel tiempo el arquetipo del gaucho, como después lo fueron Martín Fierro y Don Segundo Sombra. Hubo de confesar que no, pero que podía mostrarme una igual, con el gavilán en forma de U. Lo interrumpieron unas voces airadas. Cerró inmediatamente la vitrina; yo lo seguí.

Uriarte vociferaba que su adversario le había hecho una trampa. Los compañeros los rodeaban, de pie. Duncan, recuerdo, era más alto que los otros, robusto, algo cargado de hombros, inexpresivo, de un rubio casi blanco; Maneco Uriarte era movedizo, moreno, acaso achinado, con un bigote petulante y escaso. Era evidente que todos estaban ebrios; no sé si había en el piso dos o tres botellas tiradas o si el abuso del cinematógrafo me sugiere esa falsa memoria. Las injurias de Uriarte no cejaban, agudas y ya obscenas. Duncan parecía no oírlo; al fin, como cansado, se levantó y le dio un puñetazo. Uriarte, desde el suelo, gritó que no iba a tolerar esa afrenta y lo retó a batirse.

Duncan dijo que no, y agregó a manera de explicación:

— Lo que pasa es que le tengo miedo.

La carcajada fue general.

Uriarte, ya de pie, replicó:

— Voy a batirme con usted y ahora mismo.

Alguien, Dios lo perdone, hizo notar que armas no faltaban.

No sé quién abrió la vitrina. Maneco Uriarte buscó el arma más vistosa y más larga, la del gavilán en forma de U; Duncan, casi al desgaire, un cuchillo de cabo de madera, con la figura de un arbolito en la hoja. Otro dijo que era muy de Maneco elegir una espada. A nadie le asombró que le temblara en aquel momento la mano; a todos, que a Duncan le pasara lo mismo.

La tradición exige que los hombres en trance de pelear no ofendan la casa en que están y salgan afuera. Medio en jarana, medio en serio, salimos a la humeda noche. Yo no estaba ebrio de vino, pero sí de aventura; yo anhelaba que alguien matara, para poder contarlo después y para recordarlo. Quizá en aquel momento los otros no eran más adultos que yo. También sentí que un remolino, que nadie era capaz de sujetar, nos arrastraba y nos perdía. No se prestaba mayor fe a la acusación de Maneco; todos la interpretaban como fruto de una vieja rivalidad, exacerbada por el vino.

Caminamos entre árboles, dejamos atrás la glorieta. Uriarte y Duncan iban a la cabeza; me extrañó que se vigilaran, como temiendo una sorpresa. Bordeamos un cantero de césped. Duncan dijo con suave autoridad:

— Este lugar es aparente.

Los dos quedaron en el centro, indecisos. Una voz les gritó:

— Suelten esa ferretería que los estorba y agárrense de veras.

Pero ya los hombres peleaban. Al principio lo hicieron con torpeza, como si temieran herirse; al principio miraban los aceros, pero después los ojos del contrario. Uriarte había olvidado su ira; Duncan, su indiferencia o desdén. El peligro los había transfigurado; ahora eran dos hombres los que peleaban, no dos muchachos. Yo había previsto la pelea como un caos de acero, pero pude seguirla, o casi seguirla, como si fuera un ajedrez. Los años, claro está, no habrán dejado de exaltar o de oscurecer lo que vi. No sé cuánto duró; hay hechos que no se sujetan a la comun medida del tiempo.

Sin el poncho que hace de guardia, paraban con el antebrazo los golpes. Las mangas, pronto jironadas, se iban oscureciendo de sangre. Pensé que nos habíamos engañado al presuponer que desconocían esa clase de esgrima. No tardé en advertir que se manejaban de manera distinta. Las armas eran desparejas. Duncan, para salvar esa desventaja, quería estar muy cerca del otro; Uriarte retrocedía para tirarse en puñaladas largas y bajas. La misma voz que había indicado la vitrina gritó:

— Se están matando. No los dejen seguir.

Nadie se atrevió a intervenir. Uriarte había perdido terreno; Duncan entonces lo cargó. Ya casi se tocaban los cuerpos. El acero de Uriarte buscaba la cara de Duncan. Bruscamente nos pareció más corto, porque había penetrado en el pecho. Duncan quedó tendido en el césped. Fue entonces cuando dijo con voz muy baja:

— Qué raro. Todo esto es como un sueño.

No cerró los ojos, no se movió y yo había visto a un hombre matar a otro.

Maneco Uriarte se inclinó sobre el muerto y le pidió que lo perdonara. Sollozaba sin disimulo. El hecho que acababa de cometer lo sobrepasaba. Ahora sé que se arrepentía menos de un crimen que de la ejecución de un acto insensato.

No quise mirar más. Lo que yo había anhelado había ocurrido y me dejaba roto. Lafinur me dijo después que tuvieron que forcejear para arrancar el arma. Se formó un conciliábulo. Resolvieron mentir lo menos posible y elevar el duelo a cuchillo a un duelo con espadas. Cuatro se ofrecieron como padrinos, entre ellos Acebal. Todo se arregla en Buenos Aires; alguien es siempre amigo de alguien.

Sobre la mesa de caoba quedó un desorden de barajas inglesas y de billetes que nadie quería mirar o tocar.

En los años siguientes pensé más de una vez en confiar la historia a un amigo, pero siempre sentí que ser poseedor de un secreto me halagaba más que contarlo. Hacia 1929, un diálogo casual me movió de pronto a romper el largo silencio. El comisario retirado don José Olave me había contado historias de cuchilleros del bajo del Retiro; observó que esa gente era capaz de cualquier felonía, con tal de madrugar al contrario, y que antes de los Podestá y de Gutiérrez casi no hubo duelos criollos. Le dije haber sido testigo de uno y le narré lo sucedido hace tantos años.

Me oyó con atención profesional y después me dijo:

— ¿Está seguro de que Uriarte y el otro no habían visteado nunca? A lo mejor, alguna temporada en el campo les había servido de algo.

— No — le contesté. — Todos los de esa noche se conocían y todos estaban atónitos.

Olave prosiguió sin apuro, como si pensara en voz alta:

— Una de las dagas tenía el gavilán en forma de U. Dagas como ésas hubo dos que se hicieron famosas: la de Moreira y la de Juan Almada, por Tapalquén.

Algo se despertó en mi memoria; Olave prosiguió:

— Usted mentó asimismo un cuchillo con cabo de madera, de la marca de Arbolito. Armas como ésas hay de a miles, pero hubo una...

Se detuvo un momento y prosiguió:

— El señor Acevedo tenía su establecimiento de campo cerca de Pergamino. Precisamente por aquellos pagos anduvo, a fines del siglo, otro pendenciero de mentas: Juan Almanza. Desde la primera muerte que hizo, a los catorce años, usaba siempre un cuchillo corto de ésos, porque le trajo suerte. Juan Almanza y Juan Almada se tomaron inquina, porque la gente los confundía. Durante mucho tiempo se buscaron y nunca se encontraron. A Juan Almanza lo mató una bala perdida, en unas elecciones. El otro, creo, murió de muerte natural en el hospital de Las Flores.

Nada más se dijo esa tarde. Nos quedamos pensando.

Nueve o diez hombres, que ya han muerto, vieron lo que vieron mis ojos — la larga estocada en el cuerpo y el cuerpo bajo el cielo — pero el fin de otra historia más antigua fue lo que vieron. Maneco Uriarte no mató a Duncan; las armas, no los hombres, pelearon. Habían dormido, lado a lado, en una vitrina, hasta que las manos las despertaron. Acaso se agitaron al despertar; por eso tembló el puño de Uriarte, por eso tembló el puño de Duncan. Las dos sabían pelear — no sus instrumentos, los hombres — y pelearon bien esa noche. Se habían buscado largamente, por los largos caminos de la provincia, y por fin se encontraron, cuando sus gauchos ya eran polvo. En su hierro dormía y acechaba un rencor humano.

Las cosas duran más que la gente. Quién sabe si la historia concluye aquí, quién sabe si no volverán a encontrarse.

BOLILLA I: FALLO VERBITSKY - COMENTARIO POR EL PROF. ARRIOLA

2011-08-15T14:38:00.000-07:00

“Cárcel y dignidad humana” (el caso “VERBITSKY”)

1.- Presentación

La pena privativa de la libertad en cualquiera de sus variantes o matices no debe significar la pérdida de la dignidad de la persona que la sufre . Esto no comporta una mera expresión de deseos de corte humanista, loable de por sí, sino que constituye un imperativo constitucional derivado de la manda contenida en el art. 18 parte final de la Constitución Nacional (en adelante CN) y de las disposiciones similares de los tratados sobre los derechos humanos mencionados en el art.75 inciso 22 de la CN.

2.- Reseña de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de sus antecedentes

2.1 Antecedentes del caso

El señor Horacio Verbitsky, en su carácter de representante legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (en adelante CELS), presentó ante el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires (en adelante TCPBA) una acción de habeas corpus colectiva y correctiva a favor de todas las personas privadas de su libertad y detenidas en establecimientos policiales superpoblados de la provincia de Buenos Aires y, por tanto, en claras condiciones de hacinamiento y demás circunstancias violatorias de la dignidad humana. Esta acción fue promovida el 15 de noviembre de 2001.

Sobre la base de objeciones de naturaleza meramente formal y sin ninguna consideración de carácter sustancial la Sala IIIra. del TCPBA resolvió rechazar la mencionada acción con apoyo en una inteligencia restrictiva de los arts.406 y 417 del Código de Procedimiento Penal de la provincia de Buenos Aires (en adelante CPPBA). Cabe destacar que previamente y en un dictamen conjunto del Fiscal y del Defensor Oficial ante esa instancia se había solicitado que se declarara admisible la acción promovida por Verbitsky, a lo que ese Tribunal hizo caso omiso.

La sentencia de rechazo determinó que el CELS la impugnara por ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (en adelante SCJBA) a través de los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley, previstos en el artículo 161 inciso 3, apartados a) y b) de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (en adelante CBA) y en los artículos 491 y 494 del CPPBA.

La SCJBA por el voto de la mayoría de sus miembros resolvió declarar la inadmisibilidad de los mencionados recursos extraordinarios. Contra esta sentencia el CELS interpuso un recurso extraordinario federal, que la SCJBA no concedió y ello dio lugar a la presentación directa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante CSJN), que provocó la apertura de esa instancia extraordinaria.

2.2 Diligencias previas y útiles producidas a instancias de la CSJN

Antes de emitir su sentencia el Alto Tribunal convocó a las partes involucradas en el conflicto (CELS y Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, en adelante PEBA) a dos audiencias públicas, que se llevaron a cabo los días 1 de diciembre de 2004 y 14 de abril de 2005. Para así disponer se citó la norma contenida en el art. 34 inciso 5to. apartado a) del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (en adelante CPCCN).

Asimismo, se requirió la presentación de informes relacionados con el caso a diversas entidades consideradas amigas del Tribunal (“amicus curiae”), quienes en sus presentaciones arrimaron argumentos de derecho y jurisprudencia internacional en pro de las pretensiones contenidas en la acción promovida por el CELS.

2.3 El dictamen del señor Procurador General de la Nación

Con fecha 9 de febrero de 2004 el Procurador General emitió su dictamen en sentido favorable a las posturas del CELS y aconsejó que se declarara procedente la queja, se hiciera lugar al recurso extraordinario y se dejara sin efecto la sentencia de la SCJBA.

2.4 El fallo de la CSJN

2.4.a Admisibilidad del recurso federal (Considerando 13)

En este Considerando el Tribunal abordó la cuestión de la procedencia formal y se expidió afirmativamente por considerar que se habían satisfecho las exigencias contenidas al respecto en la ley nacional Nº 48. En este sentido estableció que la SCJBA había sido en el caso el “superior tribunal de la causa” y que la sentencia recurrida poseía el carácter de “definitiva”. En cuanto a esta última circunstancia se destacó que, de todas maneras, lo resuelto por la SCJBA era equiparable a una sentencia definitiva porque el gravamen contenido en la acción de habeas corpus era de imposible e insuficiente reparación ulterior, al par que se denunciaban plurales violaciones a las garantías contenidas en el art.18 CN y en diversos instrumentos internacionales de igual jerarquía normativa (art. 75 inciso 22 CN) que demandan “una tutela judicial efectiva e inmediata”.

Por otra parte se consideró que también existía una “cuestión federal suficiente” ya que lo que se cuestionaba está referido a la inteligencia y el alcance otorgado al art. 43 de la CN y a la denuncia de violación del art. 18 parte final de ese texto y de diversas normas de derecho internacional que integran el denominado “bloque constitucional de los derechos humanos” del derecho positivo argentino.

2.4.b Procedencia de la acción de habeas corpus respecto de derechos de incidencia colectiva (Considerandos 14/19)

A través de estos Considerandos la CSJN dejó en claro la procedencia de la acción de habeas corpus para supuestos en los que, como en el presente, se procura la tutela judicial efectiva de derechos de incidencia colectiva aunque ello no estuviera expresamente contemplado en la CN. En esta línea se sostuvo que si la tutela colectiva está reconocida para los derechos mentados en el párrafo segundo del art. 43 de la CN, con mayor o igual razón debe reconocérsela cuando lo que está en juego son los derechos inherentes a la dignidad y personalidad humana, genéricamente mentados en el primer párrafo de ese dispositivo.

Y para reforzar aún más esta tesis, la CSJN sostuvo que en atención a “la condición de los sujetos afectados y a la categoría del derecho infringido” su defensa colectiva resulta atendible más allá del nombre técnico jurídico (“nomen iuris”) de la acción intentada, reivindicando de este modo una interpretación finalista y realista de la norma jurídica que complemente a la literal, tal como lo ha venido sosteniendo en forma reiterada (con cita de varios precedentes).

Ahora bien, en este contexto, el Tribunal señala que tanto el objeto de la denuncia del CELS, como el reconocimiento oficial de la existencia de una superpoblación carcelaria comporta una fuente generadora de “muy serios peligros” para la vida y la integridad física de personas que ni siquiera están alcanzadas por los potenciales conflictos, en una alusión clara al personal empleado en la custodia de quienes se hallan privadas de su libertad y a las que, por una razón u otra (familiar, funcional, etc.), mantienen contacto, regular o esporádico, con la población carcelaria.

2.4.c Hechos considerados relevantes por la Corte a los efectos del recurso (Considerandos 20/24)

Luego de dejar aclarado que las particulares circunstancias que rodean la privación de la libertad de cada uno de los detenidos son cuestiones que corresponde dilucidar a los jueces provinciales que tienen a su cargo los casos concretos, señala que existen hechos no controvertidos por las partes (CELS y Gobierno de Buenos Aires, en adelante GBA), que corresponden a una situación genérica, colectiva y estructural y que, asimismo, no necesitan de acreditación alguna porque fueron admitidos por el GBA.

En este orden se alude a:

1. la superpoblación de personas detenidas tanto en los establecimientos carcelarios, como en las dependencias policiales provinciales;

2. el alojamiento en comisarías de personas adolescentes y de personas enfermas;

3. la existencia de un 75% mínimo de la población privada de su libertad en la provincia que revisten la calidad de procesados sin sentencia de condena firme, a quienes les cabe la presunción de inocencia; y

4. el incremento exponencial de gente privada de su libertad en los últimos años sin proporción alguna con el crecimiento demográfico de la provincia, ni con sus índices delictivos.

2.4.d La delimitación de las políticas públicas no justiciables y la reivindicación de la jurisdicción como función irrenunciable del Poder Judicial (Considerandos 25/33)

La Corte, de la mano de los planteos coincidentes formulados por el CELS, entiende que no incumbe a su competencia valorar y decidir acerca de la oportunidad, mérito o conveniencia de las medidas políticas adoptadas por la administración provincial, ni cuestionar o examinar tanto su política penitenciaria como criminal, sin perjuicio de señalar el esfuerzo por superar la crítica situación que aquéllas conllevan.

En este contexto, la Corte entiende procedente instituir un mecanismo que permita la continuidad en la implementación y ejecución de tales medidas por parte del gobierno provincial con la participación de la sociedad civil. Por ello encomienda a la Provincia que a través del Ministerio de Justicia convoque a una Mesa de Diálogo e invite, entre otros, a los accionantes y a los presentados como “amicus curiae” para el aporte de ideas y soluciones referidas a esta compleja problemática en un ámbito de discusión abierta y eficaz.

Sin perjuicio de dicha encomienda, la Corte señala que las políticas públicas poseen un marco constitucional que no pueden exceder o desconocer: las garantías contenidas en la CN, que amparan a todos lo habitantes de la Nación. El exceso en se incurra debe ser neutralizado por los jueces; este específico deber hace a la esencia y eficacia del control de constitucionalidad al que se encuentran sujetos los actos de gobierno. Se trata de evitar o hacer cesar las consecuencias de unas políticas que clara y precisamente ponen en peligro o lesionan bienes jurídicos fundamentales tutelados por la CN. En el caso en estudio se trata nada menos que del derecho a la vida y a la integridad física de las personas privadas de su libertad.

Ya puesta la Corte en la difícil tarea de resolver el caso, procede a seleccionar como punto de partida para precisar el ámbito y contenido de su decisión los tópicos no controvertidos que fueron tratados en el desarrollo de las dos audiencias públicas (ver párrafo 2.2 del presente). Así se fijan los siguientes temas:

1 La superpoblación de detenidos tanto en las cárceles, como las dependencias policiales, que dado sus altos y no discutidos niveles expresa un incumplimiento de las condiciones mínimas de trato reconocidas a las personas privadas de su libertad.

2 La existencia de menores y enfermos detenidos en comisarías.

3 La insuficiencia de los esfuerzos del gobierno provincial para resolver estos temas dado que no cede la curva ascendente del número de presos en la provincia.

4 Que tal aumento se debe, primordialmente, al tipo de leyes provinciales en materia de excarcelación y penitenciaria.

5 Que según el Poder Ejecutivo Provincial también concurre a ese incremento el uso excesivo de la prisión preventiva por parte de los jueces.

2.4.e El primer tema (Considerandos 34/41)

El Alto Tribunal comienza por señalar que el art. 18 de la Constitución Nacional en su último párrafo reconoce a las personas privadas de su libertad el derecho a un trato digno y humano y que, en paralelo, consagra la tutela judicial efectiva para asegurar su realización, resaltando el carácter operativo de dicha garantía con la cita de Fallos 318:2002 .

Por otro lado se afirma que la privación de libertad, cualquiera sea su nombre o título, contiene una evidente carga aflictiva y de deterioro para la persona que la sufre , que forma parte de su naturaleza y, por tanto, resulta imposible de eliminar. Pero agrega que no obstante dicha circunstancia lo que se impone como deber de los jueces es el evitar su indebido agravamiento.

Desde otra perspectiva, la Corte releva como datos adicionales los efectos nocivos que la superpoblación carcelaria proyecta sobre la integridad y la salud física del personal penitenciario y policial y de terceras personas (vecinos a las cárceles, rehenes, etc.), además de destacar que la policía carece de la preparación necesaria en orden al tratamiento de las personas privadas de su libertad.

En relación con el marco normativo relativo al trato digno y humano de las personas encarceladas, se hace referencia también al derecho internacional, aludiéndose, entre otras, a las Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas que, de la mano del citado art. 18 CN, constituyen para la Corte un obligado estándar internacional aplicable al caso y, por tanto, también transgredido por la crítica situación carcelaria denunciada y admitida por todas las partes involucradas en el conflicto.

La Corte sostiene que no puede resolver todas las cuestiones particulares derivadas de esa situación, pero que ello no impide su decisión de instruir a la Suprema Corte y a los demás tribunales de la provincia de Buenos Aires para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, preserven el cumplimiento de esas Reglas Mínimas, así como del restante arsenal normativo nacional referido a la tutela de la vida humana y la integridad física de los presos y de los terceros implicados en el tema (personal penitenciario, policial, etc.). En la misma dirección la Corte instruye a las citadas instancias jurisdiccionales para que con la urgencia que cada caso lo requiera hagan cesar el agravamiento o la detención misma, según corresponda, a fin de evitar que quede comprometida la responsabilidad internacional del Estado Federal a raíz de posibles imputaciones relacionadas con la existencia de tratos crueles, inhumanos o degradantes de las personas privadas de su libertad .

2.4.f El segundo tema (Considerandos 42/53)

En primer lugar se deja sentado con toda claridad que la acreditada presencia de adolescentes y enfermos en comisarías o dependencias policiales de la provincia constituye una flagrante violación a los principios generales sentados en las ya mencionadas Reglas Mínimas y, muy probablemente, también configuren casos de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Dado este panorama la Corte entiende que, frente al riesgo cierto de quedar comprometida la responsabilidad internacional del Estado Argentino, corresponde ordenar a la Suprema Corte de Justicia bonaerense que en un plazo perentorio y sin dilaciones, por las vías que considere procedente, provea al cese de esas situaciones.

Ello sentado, el Alto Tribunal señala que la presencia de niños y adolescentes detenidos en comisarías torna sospechoso el índice de institucionalizados de la provincia y permite el riesgo cierto de producir una escalada similar al número de presos mayores; ello, en función del conocido efecto reproductor pernicioso que conlleva la institucionalización de menores que, por otra parte, responde a una ideología tutelar contradictoria con la normativa internacional vigente en esta temática.

En los Considerandos siguientes se realiza una reseña de criterios sentados en la jurisprudencia de los organismos internacionales sobre estas cuestiones, con cita de la normativa internacional implicada. En esta dirección se mencionan, entre otros, a:

1) La sentencia del 2/12/2004 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso “Instituto de Reeducación del Menor v. Paraguay”, en la que frente al probado cuadro de hacinamiento y sus múltiples secuelas perversas esa instancia interpretó el alcance de los derechos y garantías previstos en el art.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) de un modo preciso. También se destaca el papel de especial garante que el Estado reviste con relación a las personas privadas de la libertad y sujetas a su custodia; rol éste que implica su irrenunciable deber de garantizar un encierro compatible con el desarrollo de una vida digna. El derecho a la integridad personal de quienes se encuentran privadas de su libertad inviste al Estado de una doble obligación: de respetar dicho “statu quo” (obligación negativa) y de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar su efectividad y permanente vigencia (obligación positiva).

2) La situación de los menores privados de la libertad, al recordarse que la CIDH, en ese pronunciamiento, analizó el asunto tanto a la luz del art.19 de la CADH, como de la Convención sobre los Derechos del Niño y del Protocolo Adicional a la CADH en materia de Derechos Económicos, Sociales y Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. En este orden expresó que tales instrumentos constituyen el “Corpus Iuris” Internacional de protección de los niños.

3) Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores (Reglas de Beijing), en cuanto prescriben las obligaciones de cuidados, protección y asistencia integral vinculadas con los menores confinados, en atención a su edad, sexo, personalidad y en interés a su sano desarrollo.

4) Las “Conclusiones y Recomendaciones” que las Naciones Unidas, a través de su Comité Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, dictó con fecha 10 de diciembre de 2004 para el caso Argentino. Ello en la tarea de interpretar y aplicar la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes . La Corte, al realizar esta mención destaca como recomendación trascendente la que expresa “…(g) Garantice, como fue asegurado por la delegación del Estado Parte para el caso de la Provincia de Buenos Aires, lo siguiente: la prohibición inmediata de retención de menores en dependencias policiales; el traslado a centros especiales de los menores que actualmente se encuentren en dependencias policiales; y la prohibición del personal policial de realizar detenciones de menores por “motivos asistenciales” en todo el territorio nacional…”.

5) Varios precedentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante TEDH), en los que se establece que la ausencia por parte de los estados o administraciones penitenciarias de una intención de humillar a la persona privada de la libertad no excluye la presencia de un trata inhumano y degradante violatorio del art.3 del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos (en adelante CEDH). En otras palabras, aún cuando se acredite que no hay intención de menoscabar la dignidad de las personas privadas de su libertad, subsiste la trasgresión a la mencionada norma si se verifica la existencia de un trato inhumano y degradante de dicho colectivo, en su conjunto o individualmente.

6) Finalmente, se alude a los criterios sustentados por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica en su interpretación de la VIII Enmienda de su Constitución, con especial referencia al tema del hacinamiento, como situación que configura el trato inhumano y degradante.

2.4.g Temas Tercero y cuarto (Considerandos 54/60)

En esta parte del fallo se aborda un análisis de la legislación procesal y penitenciaria de la provincia de Buenos Aires, cuyos aspectos transcendentes son, a mi juicio, los que siguen:

• Si bien se reconoce que las materias vinculadas con el procedimiento penal y con la etapa de ejecución penal resultan competencia de las provincias en función de la cláusula residual , se afirma que el Estado Federal ejerce, en forma acotada, competencia legislativa y de orientación en materia procesal con el objetivo de garantizar “…un estándar de igualdad ante la ley…”. Ello se asevera, bien que en forma conjetural, a partir de la existencia de normas de carácter procesal en el Código Penal y de la facultad del Congreso Nacional de dictar leyes para instrumentar el juicio por jurados en todo el país.

• Una vez más, se señala que la prisión preventiva, cualquiera sea la naturaleza jurídica que se le quiera asignar, importa un “…contenido penoso irreparable …” y se recuerda como consecuencia natural de ello que las controversias sobre este asunto constituyen sentencia definitiva a los efectos del recurso federal ante ese Tribunal.

• La existencia de competencias provinciales para legislar sobre el proceso judicial, incluido el penal, como derivación natural del principio federal no puede echar por tierra al principio de igualdad ante la ley, que también posee jerarquía constitucional. Especialmente en lo que hace a la regulación de la prisión preventiva, que es en donde se aloja el mayor poder represivo que tiene el derecho procesal penal. Desde esta perspectiva, el Alto Tribunal reivindica el necesario sometimiento de todas las provincias a respetar un piso mínimo normativo referido a la prisión preventiva, determinado por los estándares internacionales que reconoce y acoge como derecho interno el Estado Nacional.

• Aún cuando la Corte admite que no le incumbe el examen de constitucionalidad de la legislación procesal bonaerense en materia excarcelatoria, anuncia que, ante la gravedad de la situación verificada, habrá de exhortar a los poderes legislativo y ejecutivo de esa provincia para que adecuen esa legislación sobre prisión preventiva y libertad bajo caución a los estándares internacionales mínimos que han sido recibidos por la legislación procesal nacional.

• En lo atinente a la ejecución de la pena privativa de la libertad, luego de hacer una breve reseña a partir de los fundamentos dados por Rodolfo Moreno (h) al proyecto de Código Penal en 1917, se indica que la ley nacional Nº 24.660 comporta una clara normativa marco sobre este tópico, cuyos estándares mínimos originados en el ámbito internacional no pueden ser desconocidos por las respectivas normativas provinciales. Es decir que las provincias deben como mínimo dotar a sus estados de normas que respeten ese piso regulatorio, sin perjuicio de poder legislar en forma más amplia o generosa al respecto . Aquí también se anuncia una exhortación similar a los mencionados poderes legislativo y ejecutivo de la provincia de Buenos Aires.

2.4.h Tema quinto (Considerandos 61/63)

El dato consistente en que el 75% de los detenidos de la provincia de Buenos Aires sean “… presos sin condena …” implica el uso de la prisión preventiva como una pena corta privativa de la libertad y ello, afirma con precisión la Corte, va en contra de toda la opinión técnica mundial, sostenida desde el siglo XIX hasta el presente. Incluso se recuerda que en el segundo Congreso de Naciones Unidas para la prevención del crimen y tratamiento del delincuente (Londres, 1960) se admitió la no viabilidad de su supresión lisa y llana, pero se recomendó enfáticamente la adopción de medidas cautelares sustitutivas a la prisión preventiva.

El tratamiento de esta cuestión finaliza con una notable cita de la española doña Concepción Arenal que la Corte recomienda tener en cuenta frente al desolador panorama que motivara al amparo colectivo.

2.5 Parte dispositiva de la sentencia

En el Resolutorio la Corte dispone y ordena lo siguiente:

• 1. Declara admisible la queja, procedente el recurso extraordinario y revoca la sentencia recurrida.

• 2. Declara que las Reglas Mínimas para el tratamiento de Reclusos de las Naciones Unidas, receptadas por la ley nacional nº 24.660, son las pautas fundamentales a las que debe ajustarse toda detención.

• 3. Disponer que la SCJBA, a través de los jueces competentes, haga cesar en el término de sesenta días la detención en comisarías de la provincia de menores y enfermos.

• 4. Instruye a la totalidad de las instancias jurisdiccionales penales de la provincia de Buenos Aires para que, con la urgencia del caso, en el marco de sus respectivas competencias y por disposición del Alto Tribunal hagan cesar toda situación de agravamiento de la detención que conlleve un trato cruel, inhumano o degradante o cualquier otro “…susceptible de acarrear responsabilidad internacional al Estado Federal …”.

• 5. Ordena al Poder Ejecutivo bonaerense que en el plazo de treinta días informe a los jueces respectivos en forma pormenorizada las condiciones de detención de las personas que se hallan a su disposición, para que éstos puedan evaluar si mantiene el encierro u ordenan medidas alternativas de cautela o de ejecución de la pena. También se establece la obligación accesoria de informar, dentro de los cinco días, toda “…modificación relevante de la situación oportunamente comunicada …”.

• 6. Atribuye al Poder Ejecutivo bonaerense la obligación de informar al Alto Tribunal cada sesenta días las medidas que se adopten para mejorar la situación de los detenidos.

• 7. Exhorta a la Provincia a que adecue su legislación procesal y de ejecución penal a los estándares constitucionales e internacionales.

• 8. Encomienda al Poder Ejecutivo bonaerense la convocatoria a una mesa de diálogo, que incluya a la parte actora del amparo, a las organizaciones que se presentaron como amicus curiae y a otros sectores de la sociedad, con obligación de informar cada sesenta días a la Corte los avances procurados.

3.- Las disidencias parciales

3.1 Disidencia del señor Juez Carlos S. Fayt

3.1.a Este Ministro discrepa con la mayoría del Tribunal en cuanto a cuál es el alcance de la jurisdicción apelada que le compete a la Corte en este concreto caso, teniendo en cuenta el contenido de la resolución que llega recurrida a su jurisdicción.

En efecto, si bien el disidente indica que en atención a que se encuentran comprobadas las circunstancias que dieran origen a la acción promovida resulta pertinente que la Corte ejerza la facultad prevista en el art. 16 segunda parte de la ley nacional 48 , señala que tal atribución significa “… tan sólo sustituir al tribunal apelado … en el examen y decisión de la totalidad de las cuestiones comprendidas en la causa como lo habría hecho en un recurso ordinario de apelación …”. Pero, agrega que como en este caso la sentencia recurrida se limitó al rechazo liminar de la pretensión, la manera de sustituir al tribunal apelado debe ceñirse a ordenar que se de curso al habeas corpus en la instancia inferior, sin entrar al fondo de las cuestiones traídas y resolver en consecuencia.

La base de este razonamiento consiste en afirmar que por la vía concedida a la Corte conforme la segunda parte del art. 16 de la ley nacional 48 no es viable asumir el conocimiento originario del asunto cuando la causa aún no fue sustanciada y que resolver de un modo contrario importaría transgredir la manda del art. 117 CN .

3.1.b Luego de exponer fundamentos orientados a corroborar su posición, incluyendo la cita de precedentes del Alto Tribunal, el juez Fayt coincide en considerar que los hechos y circunstancias alegadas traducen una muy grave situación en perjuicio de las personas detenidas en la provincia de Buenos Aires. Y desde este acreditado panorama es que entiende un deber de la Corte el de instruir a las instancias judiciales competentes acerca del cumplimiento de la obligación de preservar por la vida, salud y dignidad del colectivo afectado. Lo expresa con claridad en los términos siguientes: “…es su deber instruirlos para que -dentro de sus respectivas competencias- comprometan sus esfuerzos para lograr el cabal cumplimiento de las normas nacionales e internacionales que imponen el tratamiento digno de toda persona privada de libertad y, particularmente, en lo que hace a la tutela de su vida humana e integridad física … De ahí, que se exhorte a las instancias de grado a fin de que soliciten a los poderes políticos que agoten el aprovechamiento de los recursos materiales -particularmente de los ociosos- en orden a dar satisfacción a los derechos de los amparados en autos …”.

3.1.c Finalmente, en la parte dispositiva de su voto declara procedente la queja y el recurso extraordinario, revoca la sentencia impugnada y decide admitir formalmente el habeas corpus, ordenando que las instancias de grado sustancien el mismo con la urgencia que reclama el caso.

3.2 Disidencia de la señora Jueza Dra. Carmen M. Argibay

3.2.a En primer lugar expresa su coincidencia con el contenido de los Considerandos 1 a 54 del voto mayoritario. Luego señala que no se discute el dato de que un 75% de los detenidos en la provincia de Buenos Aires no poseen condena firme y, tras cartón, hace referencia a las posibles causas de este fenómeno.

Sus discrepancias tienen que ver con la improcedencia de utilizar como marco normativo obligatorio para la provincia al Código Procesal Penal de la Nación, entendiendo que ello conlleva un serio menoscabo al principio federal adoptado por el art. 1º de la Constitución Nacional, ya que “… fuera del respeto a la Constitución y leyes federales, las provincias no pueden ser obligadas a seguir los criterios legislativos del Congreso Nacional en un tema que no ha sido delegado por las provincias, como lo es, la regulación de la excarcelación y la prisión preventiva …”. Por otra parte entiende que ese uso de la normativa federal significa un desvío del principio democrático, pues le atribuye a la voluntad legislativa del Congreso Nacional un alcance y efecto ausentes en el proceso deliberativo que precedió a la sanción de ese código.

Ello sentado, la señora Jueza reconoce que el examen de constitucionalidad de la legislación procesal bonaerense sobre prisión preventiva y excarcelación no debe prescindir del dato insoslayable de la realidad. En sus palabras expresa que: “… su impacto sobre el servicio de custodia penitenciaria, en particular, la superpoblación y sus deletéreas consecuencias en términos de derechos humanos de los reclusos. Lo contrario implica admitir el funcionamiento de un sistema ciego a sus efectos, que sigue alimentando cárceles atestadas sin posibilidad de corregirse a partir de la percepción de este dato de la realidad …”.

3.2.b En consonancia con estos fundamentos, en la parte dispositiva de su voto la Dra. Argibay hace suyas las mandas de la mayoría, expresadas bajo los numerales 1/6 y 8 de su parte dispositiva. O sea que no adhiere a la exhortación que se hace a los poderes ejecutivo y legislativo bonaerense para la adecuación de la normativa implicada a los baremos constitucionales e internacionales .

4. Disidencia total del señor Juez Antonio Boggiano

Sobre la base fundamentalmente de consideraciones relativas al alcance del habeas corpus, a la improcedencia de que los jueces hagan declaraciones de carácter general o abstracto y al respeto por las incumbencias de los otros poderes del Estado en el diseño de políticas públicas y de su reglamentación, este Juez se inclina por la desestimación de la queja, agregando una exhortación a que esos poderes provinciales, en el ámbito de sus respectivas competencias constitucionales, adopten las medidas necesarias para asegurar que las detenciones y las condenas de las personas no conlleven lesión adicional a sus derechos humanos.

5. Cuestiones trascendentes tratadas en el fallo “VERBITSKY”

Me parece útil destacar en este último apartado cuáles son, en mi opinión, los puntos importantes tratados y decididos por la CSJN en el precedente reseñado; ello, a modo de síntesis final.

Estos son:

5.1 Declarar que el habeas corpus constituye una acción idónea para pretender la tutela judicial de derechos de incidencia colectiva , aunque esa modalidad no esté literalmente prevista en las disposiciones pertinentes de la CN .

5.2 Asignar a determinados hechos la calidad de una situación genérica, colectiva y estructural, que no requiere de acreditación alguna ya que fue reconocida por el GBA. Esos hechos constitutivos de tal situación son los anotados en el párrafo 2.4.c del presente, bajo los numerales 1 a 4 y que pueden sintetizarse así:

a) Superpoblación de detenidos en la provincia de Buenos Aires.

b) Adolescentes y enfermos detenidos en comisarías.

c) 75% de los detenidos carecen de sentencia firme de condena a pena privativa de la libertad de efectivo cumplimiento.

d) Crecimiento exponencial de la población de detenidos en la provincia de Buenos Aires sin que ello guarde proporción alguna ni con el incremento demográfico de sus habitantes, ni con los índices delictivos.

5.3 Encomendar a la provincia de Buenos Aires que a través del Ministerio de Justicia convoque a una “Mesa de Diálogo” amplia para la discusión abierta y eficaz de esta compleja problemática.

5.4 Dejar sentado que las políticas públicas de un gobierno no son por sí mismas materia justiciable, salvo que excedan o desconozcan las garantías previstas en la CN que amparan a todos los habitantes por igual. En este sentido, los jueces están obligados a evitar o bien hacer cesar toda situación que ponga en peligro o lesione bienes jurídicos fundamentales, cuya tutela se deriva directamente de la CN. En el caso, los bienes afectados son el derecho a la vida y a la integridad física de las personas privadas de su libertad en el territorio bonaerense, en las condiciones denunciadas por la entidad accionante (el CELS).

5.5 Declarar que el último párrafo del art.18 CN reconoce a los detenidos el derecho a un trato digno y humano y que, en paralelo, consagra a su favor la tutela judicial efectiva para asegurar su realización, destacando el carácter operativo de esta garantía.

5.6 Señalar que comporta un deber de los jueces evitar el indebido agravamiento de la privación de la libertad, de por sí aflictiva para la persona que la sufre.

5.7 Declarar que las “Reglas Mínimas para el tratamiento de reclusos de las Naciones Unidas” son un obligado estándar internacional aplicable al caso e instruir a la SCJBA y a los demás tribunales provinciales para que preserven su cumplimiento en el marco de sus respectivas competencias.

5.8 Declarar que la demostrada presencia de adolescentes y enfermos detenidos en comisarías resulta una flagrante violación a los principios contenidos en esas Reglas Mínimas y, eventualmente, puede dar lugar a supuestos de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Visto además que este panorama puede conllevar un compromiso a la responsabilidad internacional del Estado Argentino, dispone ordenar a la SCJBA para que, en un plazo perentorio y por las vías que estime idóneas, provea al cese de esas situaciones.

5.9 Reconocer que las provincias poseen competencia propia para legislar sobre el procedimiento penal y la etapa de ejecución de la pena, pero destacar que ello no obsta a que el Estado Nacional ejerza sobre tales temas una competencia concurrente, de carácter acotado y orientador, a fin de garantizar a todos los habitantes un piso de igualdad ante la ley.

En este sentido la Corte declara que el principio federal debe compaginarse con el principio de igualdad ante la ley, ambos de jerarquía constitucional, especialmente en lo atinente a la regulación de la prisión preventiva, principal exponente formal de la capacidad represiva del Estado. Consecuentemente, prescribe que los estados provinciales deben respetar un piso mínimo normativo referido al encierro cautelar, que es el suministrado por el derecho internacional y que nuestro país acoge como derecho interno. Concordantemente, exhorta a los poderes ejecutivo y legislativo de Buenos Aires a revisar su legislación en esta materia desde la perspectiva de tales parámetros.

5.10 Declarar que la probada existencia de un 75% de los detenidos bonaerenses son “presos sin condena” traduce un uso pervertido de la prisión preventiva, que se transforma así en una anticipada e ilegítima pena corta privativa de la libertad.

MAR DEL PLATA, julio de 2011

Julio Isaac Arriola

ACTO DE APOYO AL DR. ZAFFARONI - AULA MAGNA, UBA - DISCURSO DEL PROF. ZAFFARONI

2011-08-14T15:53:00.000-07:00

Acto de apoyo al Prof. Zaffaroni, UBA, Aula Magna, jueves 11 de agosto de 2011.

DISCURSO DEL PROF. ZAFFARONI

I. Palabras previas. Creo que es este el único acto al que pienso

asistir, porque no deseo hacer de esto una epopeya ni asumir

permanentemente el papel de víctima. Hay otros actos, autoconvocatorias y

eventos que agradezco profundamente, pidiendo disculpas por mi ausencia.

Si bien sé muy bien que trabajar de víctima es el mejor negocio político que

puede hacerse en el país y en el mundo, no tengo interés en eso. Cualquier

rol que asuma en el futuro, quiero que sea por méritos y no como víctima.

Tampoco insistiré más en el tema, a menos que me lo soliciten quienes

jurídicamente tengan la competencia para hacerlo. A tal efecto y ante

versiones de que algún legislador lo estaba instando en la Comisión de Juicio

Político de la H. Cámara de Diputados, en el día de hoy he remitido al Sr.

Presidente de la H. Cámara un informe sobre la realidad de los hechos,

adjuntando copia de la documentación correspondiente.

Han llegado a mi conocimiento interpretaciones del hecho que me

afecta vinculándolo con conflictos a los que soy por completo ajeno. En

principio, a mi juicio no tiene esto nada que ver con cruces que puedan tener

otros poderes del estado con diferentes grupos empresariales o de medios

ni con otros intereses. Las interpretaciones en ese sentido las respeto,

pero corren por cuenta de quien las hace y no son la mía. Tampoco tienen

nada que ver con este hecho personas a las que se pretendió vincular, como

candidatos, dirigentes políticos y altas personalidades de la Iglesia. Todos

ellos me merecen el mayor de los respetos que, por otra parte, es el mismo

que he puesto de manifiesto en toda ocasión. Nos hallamos en una etapa

electoral que, codazo más o menos, quienes recordamos tiempos oscuros, la

vivenciamos como una fiesta de la democracia. En modo alguno debe

permitirse que se mezcle con esto.

Aunque no sea sencillo, debemos calmarnos y observar con alguna

distancia los hechos. Las difamaciones pasan, unos pocos las creen, otros

pocos simulan que las creen, los más las repudian; las elecciones también

pasan, unos las ganan y están felices, otros las pierden y quedan tristes,

pero debemos todos juntos mantener las condiciones para que siempre

vengan nuevas elecciones.

Para no confundir los hechos con el marco, he prefiero elegir como

tema para esta clase inaugural un análisis detallado del hecho en el marco

de lo que en varias publicaciones vengo denominando criminología mediática.

II. Observador participante. Las circunstancias han

querido que me halle en la curiosa situación de un observador

participante cuyo rol es el de objeto de una tentativa fallida

de construcción mediática de la realidad (en el sentido de

Berger y Luckmann). Esta será, pues, una clase en base a un caso

práctico. Le agradezco a nuestra querida y distinguida Decana la

oportunidad que me brinda de ensayar este método en nuestra

Casa de Estudios.

No es posible asumir la función de observador participante

sin estar involucrado en el hecho investigado, pero el éxito del

método depende de la distancia que logre poner el observador a

la hora de extraer las consecuencias.

Procederé por etapas: 1) caracterización del hecho; 2)

motivaciones; 3) perfil del agredido; 4) instrumento; 5) mecánica

de la agresión; 6) objetivos de la agresión; 7) razones por las que

no se logró plenamente el objetivo; 8) consecuencias sociales del

hecho.

III. Caracterización del hecho. Estimo que el hecho

puede caracterizarse como lapidación mediática. Sé que no

faltan quienes prefieren lynchamiento mediático, pero existe

una diferencia sustancial, señalada por René Girard: en el

lynchamiento se toca materialmente a la víctima; en la lapidación

se la persigue arrojando piedras hasta que ésta sucumbe o se

precipita al vacío; los ejecutores son anónimos, nadie se atribuye

el resultado y nadie se contamina físicamente con la víctima.

En lo mediático, evitar la contaminación física es una coartada

importante (¡Se mató solo! ¡Nadie lo tocó! ).

La lapidación responde al llamado de un empresario moral

en el sentido de Brosnislaw Malinowski, es decir, de alguien que

llama la atención sobre un hecho e invita a arrojar piedras. Pero

las motivaciones del empresario moral no necesariamente son las

mismas de quienes se van sumando a la tarea lapidaria.

IV. Motivaciones. En este caso los lapidadores actúan con

muy diferentes motivaciones. Veamos:

1) Una ONG en busca de promoción para desplazar a

posibles competidoras.

2) Sectores minoritarios de seguridad afectados ávidos de

venganza (y de advertir a otros) porque el lapidado promovió el

secuestro de 4.000.000 de dosis de paco y el procesamiento de

más de 100 personas.

3) Sectores de burócratas internacionales o de sus

subordinados o lacayos locales, preocupados por lo que el

lapidado discurre acerca del crimen organizado y en especial

respecto del lavado de dinero. Estos tienen alcance internacional

y se han ocupado de difundir el hecho en la prensa extranjera.

4) Sectores vinculados a intereses locales a los que resulta

molesta la actual composición del máximo tribunal y su prestigio

nacional e internacional.

5) Sectores de los medios que difunden el discurso

vindicativo y empujan hacia el estado gendarme, molestos

porque se les analizan y ponen de manifiesto sus técnicas y sus

artimañas generadoras de pánico moral.

6) Personas con escaso éxito político –algunas sólo viven

de la política y de la denuncia gratuita- a las que el hecho puede

brindar un escenario que sus dotes no le ofrecen (Somos los

únicos limpios, todos los demás son sucios).

7) Profesionales que ven afectados sus intereses por las

sentencias del tribunal, sobre el cual no pueden ejercer poder.

8) Profesionales que ambicionan ocupar un día el lugar del

lapidado y envidian abiertamente su prestigio y conocimiento

(¿Por qué él, si yo soy más?).

9) Empleados de empresas amarillistas que procuran

obtener la noticia del año y ser premiados con algún emolumento

complementario.

10) Personas vinculadas a la dictadura militar o a sus

simpatizantes.

11) Quienes suponen que a través del lapidado pueden

erosionar a otras instituciones o personas.

12) Personas ideológicamente enfrentadas (aunque este

subgrupo por lo general es reducido, porque siempre quien

tiene una ideología tiene también una cosmovisión y esto impone

algunos límites éticos).

La lista de lapidadores puede extenderse, pues el

enunciado anterior no es exhaustivo, aunque es suficientemente

demostrativo de la pluralidad motivaciones.

Lo importante es destacar que sin un empresario moral no

hay lapidación, pero que tampoco la hay si no existe una cantidad

de personas dispuestas a escuchar su llamado y a lapidar, aunque

sus motivaciones sean por completo diferentes.

V. Perfil del agredido. El segundo elemento a tener en

cuenta es el perfil del agredido. Ante todo debe elegirse a

alguien al que se considera capaz de quebrarse o incapaz de

resistir las pedradas. Cabe presumir que el perfil de quien por lo

general tiende a resolver o minimizar conflictos lo hace porque

es vulnerable.

El lapidados piensa que la víctima tiene puntos débiles en su

vida por los que puede entrar su ponzoña y, como no los conoce,

proyecta sobre la víctima su propia inmoralidad como deducción.

El apedreador arroja las piedras sin estar seguro de dar en el

blanco y, con la esperanza de hallar alguna falla en la víctima,

presume que ésta –al igual que él- sufre la misma carencia de

escrúpulos y valores, por lo que puede equivocarse fácilmente.

Cuanto más inmoral es el apedreador, mayor es la

inmoralidad que proyecta sobre la víctima, al imaginarla parecida

a él. El lapidador imagina una combinación de morbosidad y

ambición desmedida de poder y dinero.

Aunque el lapidador no dé en el blanco sigue insistiendo

sobre la víctima con la esperanza de golpear mejor, pero tampoco

sabe muy bien si lo conseguirá, en especial cuando a la víctima no

se le encuentran fallas reales escandalosas.

El perfil respetable, conservador y solemne del agredido

favorece los golpes del lapidador, pues puede más fácilmente

tildar a la víctima de hipócrita, pero es mucho más difícil golpear

a una víctima cuando ésta tiene perfil transgresor, como en este

caso.

VI. Instrumento. El principal instrumento de lapidación

es la prensa amarilla, que es una patología de la comunicación

que por regla general tiene un público cautivo cercano al de la

clientela de la pornografía.

Esta empresa no conoce ningún límite ético. Si bien

en la ética periodística existen muchas zonas grises, la

empresa amarilla no reconoce ni siquiera los principios más

elementalísimos de la ética, los viola todos. Si no hiciese

esto carecería de capacidad de lesión al proyectar su propia

inmoralidad sobre el lapidado.

Es interesante observar que la prensa amarilla se vale de

un proletariado de jóvenes que cumplen las tareas menores y

más desagradables, necesitados de su salario –que debe ser

miserable- y que mientras arrojan piedras sobre el lapidado

le piden disculpas porque están trabajando y hasta le envían

mensajes más o menos anónimos de adhesión disculpándose por

no aparecer públicamente en su defensa. Algo análogo suele

suceder con algunos de quienes practican personalmente la

tortura.

La inmoralidad de la prensa amarilla causa a esto jóvenes

serios problemas de conciencia. Las consecuencias últimas

de esta degradación del proletariado del amarillismo en la

personalidad de los explotados no son menores, considerando

que se trata de personas muy jóvenes y que conservan restos de

dignidad y valores.

VII. Mecánica de la agresión. La mecánica de la

lapidación mediática asumió en el caso una forma bastante

compleja.

1) Se abrió con la difusión de mails hacheados, adulterados

e inventados, publicados en un sitio cuya dirección electrónica

fue difundida por la prensa no amarilla. Primera tentativa de

lesión a la autoestima de la víctima.

2) Previamente la víctima fue sometida a un estudio

completo a efectos de obtener información que pudiera ser

material de extorsión. El resultado de esta investigación fue

alertar al banco extranjero del que la víctima era cliente desde

hacía veinticinco años y éste decidió cerrarle su cuenta en razón

de ser una persona políticamente expuesta. (Cabe observar que

si la víctima hubiese operado con un testaferro la cuenta no

hubiese sido cerrada, lo que indica que algo anda mal en el mundo

y no sólo en lo local).

El banco adoptó una actitud francamente discriminatoria

con un cliente antiguo y con una cuenta cuyo movimiento era

ínfimo y transparente. Se comunicó con el cliente y le informó

poco menos que no quería problemas con un sudaca con un

depósito despreciable. Segunda lesión a la autoestima de la

víctima.

3) Sucesivos recados telefónicos eran dejados todos los

días avisando lo que se publicaría en la prensa amarilla al día

siguiente. Los llamados eran insistentes, reiterados varias veces

al día, dejados en el contestador, remitidos a la cuenta de mail.

El objetivo era mantener al hostigado en permanente

estado de zozobra y alteración del sueño induciendo una

fijación persecutoria. Esto hubiese sido muy grave en caso

de personalidad paranoide. También se buscaba que éste se

preguntase permanentemente si había hecho algo errado. Frente

a una personalidad culpógena esto podría acarrear una grave

depresión e inducir errores de conducta. No fue el caso de la

víctima de este hecho, que no tiene personalidad paranoide ni

mucho menos culpógena, como máximo quizá un poco esquizoide.

4) Esos estados se potencian a través de los mismos

métodos aplicados a todo el equipo de colaboradores, hostigados

a distintas horas del día y de la noche. El objetivo fue

desestabilizar a éstos, cada uno de los cuales tiene sus propias

características conforme a las cuales reacciona y, en su afán por

contener el avance del hostigamiento, desconciertan al

hostigado, que se ve obligada a contenerlos. A ese efecto la

prensa amarilla se agenció los teléfonos celulares de todo el

equipo mediante procedimientos que no se conocen, pero no cabe

descartar su carácter corrupto.

5) Paralelamente se procedió a instalar una guardia de

fotógrafos en la puerta del domicilio particular del hostigado y a

fotografiarlo cuando entraba y salía de la casa y a seguirlo

cuando caminaba por la calle, como también a todas las personas

que entraban y salían, a interrogarlas, a mostrar las fotos a los

vecinos para que identificasen a cada uno, a fotografiarlo en el

acto electoral, a interrogar al personal de servicio. Esto buscaba

producir en la vida hogareña del hostigado el mismo efecto

reproductor que con sus colaboradores, en forma tal de

impedirle eludir la tensión y la zozobra en ningún momento del

día ni de la noche.

6) Entre los hechos extraños que tuvieron lugar en forma

contemporánea al hostigamiento se produjo la visita de una

mujer, que intentaba entrar al domicilio del hostigado, con el

pretexto de ejercer la prostitución y ofrecerse para armar una

coartada. Si bien puede ser una coincidencia provocada por una

persona desequilibrada, no cabe descartar otras hipótesis.

7) Con todo esto se busca que el hostigado esté fijado en

el hecho en forma permanente, lograr que no piense en otra cosa,

impedirle la distancia del hecho y la consiguiente reflexión y

hasta el descanso. Si esto no doblega psicológicamente al

hostigado, éste debe cargar con la pesada tarea de alertar

constantemente a los colaboradores, convivientes, personal de

servicio, vecinos, etc.

8) Uno de los objetivos del hostigamiento era individualizar

al apoderado de la víctima, proyectando sobre ésta la propia

inmoralidad en la idea de que esa persona era un testaferro

encargado de sus negocios sucios.

En realidad la desilusión debe haber sido absoluta. No dudo

que hayan acudido al Registro de la Propiedad y verificado que

éste es un monotributista que sólo posee una casa prefabricada

de fin de semana en una provincia y un automóvil. Otra pedrada

sin eficacia.

9) Alertada la víctima por el llamado del banco extranjero

y en pleno trámite de transferir el dinero de la cuenta al país en

forma perfectamente legal, se mantenía atenta acerca de la

posibilidad de manipulación deformadora de esta información, lo

que llegó el día viernes, con el adelanto por recado de la noticia

de que el sábado explotaría sobre ese hecho un segundo

escándalo.

Con seguridad que el banco no suministró información

y la prensa amarilla volvió a proyectar su propia inmoralidad

y presumió que había una cuenta oculta o una suma enorme e

inexplicable de dinero. Por tal motivo el hostigado le abortó

la maniobra con una conferencia de prensa en Santa Fe y

expuso públicamente lo referente a la cuenta y a la actitud

discriminatoria del banco. La prensa amarilla de inmediato

desmontó el operativo del segundo escándalo.

10) Un periodista publicó la falsa noticia de que la víctima

había mantenido en la Casa de Gobierno una reunión de alto nivel

con ministros del poder ejecutivo. Esto tenía toda la intención de

provocar una justificada indignación de la dirigencia política

opositora contra el hostigado. Afortunadamente éste la pudo

desmentir públicamente de inmediato y en general la actitud de

los políticos fue sumamente mesurada y prudente.

11) Como parte del hostigamiento, un sujeto usó el nombre

del hostigado en twitter y después de enviar varios mensajes

divulgó la noticia de que había renunciado, lo que desconcertó

incluso a algún dirigente político y provocó una catarata de

llamadas al tribunal y al interesado, creando mayor zozobra y

tensión entre las personas que lo rodeaban en su trabajo y en su

domicilio.

12) Provocada una reacción masiva de repudio contra la

prensa amarilla, un diario publicó la noticia de que las muestras

de apoyo y solidaridad del exterior son obtenidos por medio de

una gestión oficial. El supuesto gestor oficial es absolutamente

desconocido en todos los medios académicos y universitarios del

exterior.

13) Un comunicador excedió el marco del poder mediático

emplazando al hostigado a que comparezca ante alguno de los

medios para los que trabaja a dar explicaciones, porque de lo

contrario debería darlas en el Congreso de la Nación, exigencia

curiosa y extraña por cierto, considerando que quien la formula

carece de toda función pública o de representación popular.

14) La prensa amarilla, frente al desprestigio que le

provocó una solicitada de numerosos periodistas de diferentes

medios y colores, trató de descalificarla afirmando que una de

las firmas correspondía a un periodista que no había autorizado

su inclusión en la solicitada. Resultó ser la de un periodista

homónimo.

15) Ante el fracaso de la lapidación frente a la reacción

masiva de repudio, la prensa amarilla trató de poner distancia del

hecho, afirmando que sólo se limitó a tomar una noticia de otro

medio; lo cierto es que el otro medio es un diario que alcanza el

punto máximo de impudicia e hictericia y que pertenece a la

misma empresa. Esto puede obedecer a la tentativa de evitar una

demanda civil, aunque no parece que le preocupe demasiado; cabe

pensar que su preocupación finca en el repudio general y

profesional y, en definitiva, en el ridículo, del que –como alguien

dijo- no se vuelve.

16) Como ya no quedaba nada que aclarar ni agregar, un

diario difunde supuestos enfrentamientos o malestares en el

seno del tribunal, información que parece proceder de un

personaje de triste figura y facies inexpresiva, que por lo

general comunica trascendidos insólitos (usualmente llamados

chismes) y que deambula escondiéndose detrás de las columnas

del Palacio de Justicia.

VIII. Objetivos de la agresión. Como las motivaciones

que mueven a los lapidadotes no son las mismas, tampoco los

objetivos coinciden: unos buscan destruir psíquicamente al

hostigado, desequilibrarlo para que reaccione de modo erróneo,

sorprenderlo en esa reacción y mostrarla como confirmación de

su inadecuación a los reclamos del rol. Pero otros pueden buscar

objetivos menos personales y más concretos: 1) obtener su

alejamiento de la función y el desprestigio institucional; 2)

inferirle el mayor daño posible; 3) generar una confusión política

en medio de una campaña electoral; 4) provocar un

enfrentamiento con los colegas del tribunal y desarmar la

armonía y respecto que debe primar entre ellos; 5) desarmar el

prestigio internacional de la víctima y anular su palabra en los

foros extranjeros; 6) o simplemente causar confusión y afectar

la vida democrática del país hasta donde le fuese posible.

IX. Razones por las que no fueron alcanzados los

objetivos. Las razones por las que la lapidación no obtuvo el

efecto deseado son varias, poniendo de manifiesto que la

construcción mediática tiene límites.

En efecto: 1) Si bien existió un problema de consorcio, la

vinculación del hostigado con este problema nunca pasó de la

firma de las escrituras traslativas de dominio de los inmuebles

en que se practicaba, dado que no los administraba y tampoco

firmaba los contratos de locación, todos a precios de plaza,

nunca conoció a los inquilinos y en muchos casos ni siquiera los

inmuebles. Como todo esto está perfectamente documentado, el

hostigado no fue golpeado en su estabilidad emocional.

2) Por otra parte, las denuncias de trata de personas y

de lenocinio no parecen tener fundamento en los hechos, pues

hasta el momento lo que parecería haberse producido es la

desnaturalización de los contratos de locación por violación de

la prohibición de subalquilar y por la violación del reglamento de

copropiedad en caso de eventuales molestias producidas por los

subinquilinos.

3) Las afirmaciones de una diputada no han resultado

fundadas y, además, ha admitido que conocía los hechos desde

hace dos años, sin que lo notificara al hostigado, lo que indica su

clara intención de reservarse la información y provocar el

escándalo por la prensa amarilla durante la campaña electoral.

4) La versión lapidaria no resulta convincente porque no

puede mostrar cuál es la supuesta ventaja que alguien puede

obtener de alquilar inmuebles al precio de plaza para que se

ejerza la prostitución, cuando los puede alquilar al mismo precio

para otro objetivo que no le acarrease problemas.

5) Menos aún lo hay para creer que un profesional que

puede retirarse a la actividad privada y ejercer la profesión con

buenos honorarios, incluso pagados por algunos de los que lo

imputan (que lo quisieran a veces como abogado), emprenda una

actividad absurda con su nombre y apellido y sin que le aporte

ninguna renta mayor de la corriente.

6) Pero si bien construcción de la realidad intentada

excedía los límites de las posibilidades de ésta por

inverosimilitud, en cuanto al hostigamiento lo que impidió que se

alcanzase alguno de los posibles objetivos en el caso que el

hostigado no carecía de experiencia política y mediática. Si el

hecho se hubiese concretado contra una persona sin esa mínima

experiencia, hubiese sido imposible evitar alguno de los objetivos

dañinos propuestos.

En síntesis: Por un lado se verifica que la construcción de

realidad tiene el límite de la alucinación: una ilusión puede llegar

a tener éxito, pero una alucinación nunca puede tenerlo. Por otro

lado, se prueba que el hostigamiento tiene el límite que le pone la

personalidad y la experiencia de la víctima.

X. Consecuencias sociales del hecho. Evaluando el hecho

en cuanto a sus consecuencias sociales negativas, podemos

señalar tres diferentes niveles de efectos: 1) el comunicacional;

2) el político; y 3) el antropológico.

1) En el plano comunicacional la generalización de esta

metodología de hostigamiento crearía el grave riesgo de

estimular a los que en toda sociedad tienen vocación de

inquisidores para que un buen día impulsen una ley mordaza.

Esto debe evitarse a cualquier precio; la única ley de

prensa tiene ciento cincuenta y ocho años y es muy buena: es la

Constitución Nacional. No sólo no se necesita sino que es

menester rechazar terminantemente cualquier intento de otra

ley de prensa acerca de contenidos. El amarillismo no se combate

con censura, sino con definiciones. Se lo combate evitando que

los medios serios se mezclen con el amarillismo, aunque eso

pueda arrojar algún rédito pasajero e inmediato. Esa mezcla

venenosa debilita la credibilidad de los medios y fortalece a los

partidarios de la censura.

No importa la orientación ideológica ni política de los

medios, pues todo medio la tiene y eso no le hace perder

seriedad; lo que le hace perder seriedad es su mezcla con el

amarillismo. Un medio puede ser azul o rojo, no importa, pero

si éstos se mezclan con el amarillismo se desdibujan: el azul se

vuelve verde y el rojo naranja. Allí las personas dejan de creerle.

Los censuristas están al acecho y se apoyan en las

reacciones vindicativas de las víctimas del hostigamiento

amarillo.

Una vez aislado de los medios serios, el amarillismo no

molesta, pues al igual que la pornografía, tiene un público cautivo

y hace su negocio, sucio pero tolerable, porque su público sabe lo

que lee (este es el otro aspecto que lo asemeja a la pornografía).

2) En lo político, la generalización de estos hechos puede

llevar a la opinión la impresión de que en la política y en la función

pública nadie está limpio, que todos los candidatos son sucios, que

todos se mueven por intereses bastardos, que no hay ideales ni

vocación de servicio. Eso es la antipolítica y ésta es el campo de

cualquier aventurero extra-sistema y siempre fue el preludio de

todas las dictaduras, con costos invariablemente muy altos para

los pueblos.

3) En lo antropológico no puedo dejar de observar que

para intentar destruir psíquicamente a una persona se requiere

una pulsión de odio tan brutal que en otras condiciones se

materializaría en forma directamente destructiva en el plano

físico.

Me pregunto qué mueve semejante pulsión destructiva.

¿Qué genera o motiva semejando grado de odio? Y llego a la

conclusión que en el fondo es el afán crematístico y de poder.

Poder y dinero es la clave.

¡Son locos! ¡Están alienados! Han alcanzado un grado tal de

alienación que olvidan el viejo adagio popular: no hay mortaja con

bolsillo.

Si es que ya no lo tienen, reunirán el dinero que les alcance

para vivir muchas vidas, pero no los vivirán, porque hay una sola

y única vida, con límite infranqueable. Quizá esta afirmación sea

demasiado existencialista y, por ende, resulte un poco pasada de

moda, pero no puedo dejar de llamar a la reflexión desde esta

perspectiva frente a semejante grado de alienación.

Un día todos podemos estar en la cama de un hospital

mirando al techo sin saber si mañana o dentro de un rato lo

podremos ver ¿Qué consolará a estas personas en ese momento?

Se han olvidado que todo ser humano que nace es ya

suficientemente viejo como para morir y mañana mismo podemos

no estar. El afán crematístico les borra la conciencia hasta

ese límite; Tanatos los domina por completo. Por suerte son

los menos, porque de lo contrario la especie humana no tendría

futuro y yo creo que lo tiene. La humanidad no está representada

por ellos: prueba es la presencia de todos ustedes.

oooooooooooooooo

XI. Palabras de cierre. Les confieso algo que ni siquiera mis

más cercanos colaboradores sabían. El 31 de octubre se cumplen ocho años

de mi permanencia en la Corte. En lo personal creo que los cargos vitalicios

son monárquicos y que en una República es bueno que quien desempeña una

función después de un tiempo, cuando considera que su tarea está cumplida,

pueda retirarse. Por otra parte, estoy un poco cansado de que se me defina

por la función. No soy el juez, el ministro, soy Raúl, no soy juez, trabajo de

juez, que es otra cosa. No nací en la Corte Suprema y no pienso morirme en

ella. Por todo eso, había decidido dejar la Corte en unos pocos meses.

Siento mucho que hoy todo indique se me haya frustrado este

proyecto. Ahora estoy preso, no puedo irme al menos hasta que el curso

del tiempo permita dejar claro que mi alejamiento no tiene nada que ver

con esta infamia. Si me fuese daría la peor lección de republicanismo a los

chicos y chicas de la Facultad que nos hospeda y en la que he ejercido la

docencia muchos años. Sería mi última y peor clase. No obstante, siento

mucho esta frustración.

Seguiré haciendo lo que hago, pensando y diciendo lo que pienso y lo

que mi ciencia me indica. No me dobla el hostigamiento amarillo. Tampoco me

doblegan los locos que se olvidan de la vida por escapar de la muerte.

Yo sé quién soy, ellos todavía no, quizá un día lo sepan, espero que

no demasiado tarde, cuando ya no les quede mas que mirar el techo de un

hospital. El odio no es paliativo para la angustia.

Ley 26683: responsabilidad penal de personas jurídicas en el lavado de dinero

2011-06-25T12:15:00.000-07:00

La responsabilidad penal de las personas jurídicas:

¿sólo interesa en el lavado de dinero?

El 21 de junio pasado se publicó en el Boletín Oficial la Ley 26683, modificatoria del Código Penal y de la Ley 25246 de “Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo”. Entre las numerosas novedades que trae la reforma, al renumerar las “Disposiciones complementarias” (ahora, arts. 306, 307 y 308) e incorporar un nuevo Título al código, el 13, con la denominación “Delitos contra el orden económico y financiero”, el interés de la noticia se ha centrado en que se derogó el tipo de lavado que regía desde el año 2000 (art. 278) y se “diseñó” uno nuevo (art. 303) que se ajustaría mejor a las exigencias del GAFI (Grupo de Acción Financiera), organismo internacional para la prevención y combate del lavado de dinero de origen ilícito, compuesto por 34 miembros plenos (Argentina lo es, junto a sólo otras dos naciones latinoamericanas, Brasil y México) y que tiene versión regional en el “GAFISUD”. Desde allí se habían realizado varios señalamientos y observado las carencias de nuestra legislación y política para afrontar el fenómeno. Es más, se ha presentado a esta nueva ley como una urgente, imperiosa necesidad, para demostrar al exterior los avances en la materia y evitar que el país “caiga” a la “lista gris”, que identifica a las naciones que tienen serias deficiencias técnicas y provoca, entre otras posibles consecuencias, una suerte de “alerta de riesgo” hacia el sistema financiero internacional que podría incrementar costos de transacciones y dificultar actividades de comercio con el exterior.

Sin embargo, siendo comprensible que se focalizara la comunicación de ese modo, ha logrado que pasara desapercibida otra novedad que es sobre la que quisiera llamar la atención. El nuevo art. 304 del C.P., a contramano de la tradicional posición que niega la posibilidad de responsabilizar penalmente a las personas jurídicas (societas delinquere non potest), la ha incorporado aunque en forma exclusiva para el delito de lavado. Cuando este fuera realizado en nombre, o con la intervención, o en beneficio de una persona de existencia ideal, establece que se impondrán a la entidad en forma conjunta o alternativa las siguientes sanciones: 1) multa de 2 a 10 veces el valor de los bienes objeto del delito; 2) suspensión total o parcial de actividades por hasta 10 años; 3) suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios públicos o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado, por hasta 10 años; 4) cancelación de la personería cuando hubiese sido creada al solo efecto de la comisión del delito, o esos actos constituyan la principal actividad de la entidad; 5) pérdida o suspensión de los beneficios estatales que tuviere; 6) publicación a su costa de un extracto de la sentencia condenatoria.

Se establecen, además, una serie de criterios para que los jueces gradúen estas sanciones: tendrán en cuenta el incumplimiento de reglas y procedimientos internos, la omisión de vigilancia sobre la actividad de los autores y partícipes, la extensión del daño causado, el monto de dinero involucrado en la comisión del delito, el tamaño, la naturaleza y la capacidad económica de la persona jurídica. También que llegado el caso de que fuere indispensable mantener la continuidad operativa de la entidad, o de una obra, o de un servicio en particular, no serán aplicables las sanciones de suspensión de actividades y cancelación de personería.

Llama la atención que, tratándose de una decisión político criminal trascendente y con recientes antecedentes de intento de tratamiento parlamentario de corte general (respecto de cualquier delito), se haya concretado en el modo acotado y casi oculto en que se lo hizo. El Anteproyecto de Ley de Reforma y Actualización Integral del Código Penal del año 2006, que no llegó a tener discusión en el Congreso, ya preveía un régimen de sanciones a las personas jurídicas en sus arts. 67 y 68. Fue tomado como base para dos proyectos de ley presentados el año pasado, el de la senadora Sonia Escudero (S-3079/08 del 2 de marzo) y el del propio Poder Ejecutivo Nacional (Mensaje N° 638, del 10 de mayo). El último señalaba que, con ello, se cumplía con diversos compromisos internacionales signados por el país que demandan o recomiendan la adopción de un sistema de responsabilidad penal para las personas jurídicas que, siguiendo el modelo francés, fija como posibles sujetos a las de derecho privado (asociaciones civiles, comerciales, fundaciones, sociedades, cooperativas, mutuales, etc.) y a las empresas públicas creadas por ley. En todos los casos, la diferencia fundamental con el dispositivo de la ley 26683 es que en lugar de referirse a un delito en particular, la responsabilidad puede ser considerada respecto de cualquiera.

Siendo que es fácilmente perceptible la incidencia que las corporaciones pueden asumir en otras actividades ilícitas distintas del blanqueo de capitales, como las que tienen por objeto al medio ambiente (delitos ecológicos), el financiamiento del terrorismo, la corrupción pública y privada, el tráfico de influencias, la salud pública, los delitos contra la fe pública y la administración pública, por citar solo algunos, una vez tomada la decisión de avanzar sobre un tema históricamente rodeado de arduas discusiones, la pregunta evidente es ¿por qué se adoptó un sistema de sanciones a las personas ideales sólo respecto del delito de lavado?. En otras palabras: si, por ejemplo, una empresa comercializara productos ocultando efectos colaterales de gravedad que provocaran masivas lesiones en todos o gran parte de quienes los usaren o consumieran, decisión corporativa consciente alentada por simple razón de lucro, ¿es una conducta menos disvaliosa que la intervención de una entidad bancaria en un acto de blanqueo?

Finalizo este simple llamado de atención sobre un aspecto de la reforma que hasta ahora pasó desapercibido, haciendo notar que otra excepción importante se introdujo por vía del nuevo art. 305 y la modificación del art. 23 del C.P., en materia de decomiso. Siguiendo criterios de las llamadas “políticas de recuperación” como herramienta de potencial disuasorio y reparador en materia de criminalidad económica, ello en cuanto encierran un doble valor simbólico (que el delito no rinde frutos y que favorece la reparación del daño de la víctima), se alteró el principio básico de que el decomiso sólo procede en caso de condena. Ahora, en los casos de lavado, de asociación ilícita terrorista y de financiamiento del terrorismo, se habilita al juez para que adopte desde el inicio de las actuaciones las medidas cautelares suficientes para asegurar la custodia, administración, conservación, ejecución y disposición del o de los bienes que sean instrumentos, producto, provecho o efectos relacionados con tales delitos. Además, que serán decomisados de modo definitivo, sin necesidad de condena penal, cuando se hubiere podido comprobar la ilicitud de su origen, o del hecho material al que estuvieren vinculados, y el imputado no pudiere ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga, prescripción o cualquier otro motivo de suspensión o extinción de la acción penal, o cuando el imputado hubiere reconocido la procedencia o uso ilícito de los bienes.

Se prevé que todo reclamo o litigio sobre el origen, naturaleza o propiedad de los bienes se realizará a través de una acción administrativa o civil de restitución y que cuando el bien hubiere sido subastado, sólo se podrá reclamar su valor monetario.

En el caso del “lavado”, los activos que fueren decomisados serán destinados a reparar el daño causado a la sociedad, a las víctimas en particular o al Estado, permitiéndose que sólo para cumplir con esas finalidades podrá darse a los bienes un destino específico.

Marcelo Alfredo Riquert

Prof. Titular de Derecho Penal

Universidad Nacional de Mar del Plata

Ley 26683 Delitos contra el orden econòmico y financiero - Decreto 825/2011

2011-06-23T13:19:00.000-07:00

Ley 26683 Delitos contra el orden econòmico y financiero - Decreto 825/2011

CODIGO PENAL

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

ARTICULO 1º —

Sustitúyese la denominación del capítulo XIII, título XI del Código Penal, el que pasará a denominarse de la siguiente manera: "Capítulo XIII. Encubrimiento".

ARTICULO 2º —

Derógase el artículo 278 del Código Penal.

ARTICULO 3º —

Artículo 279:...

1) Si la escala penal prevista para el delito precedente fuera menor que la establecida en las disposiciones de este capítulo, será aplicable al caso la escala penal del delito precedente.

2) Si el delito precedente no estuviera amenazado con pena privativa de libertad, se aplicará a su encubrimiento multa de un mil (1.000) pesos a veinte mil (20.000) pesos o la escala penal del delito precedente, si ésta fuera menor.

3) Cuando el autor de los hechos descriptos en los incisos 1 o 3 del artículo 277 fuera un funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones, sufrirá además pena de inhabilitación especial de tres (3) a diez (10) años. La misma pena sufrirá el que hubiere actuado en ejercicio de una profesión u oficio que requieran habilitación especial.

4) Las disposiciones de este capítulo regirán aun cuando el delito precedente hubiera sido cometido fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código, en tanto el hecho que lo tipificara también hubiera estado sancionado con pena en el lugar de su comisión.

Sustitúyese el artículo 279 del Código Penal por el siguiente texto:

ARTICULO 4º —

Incorpórase el título XIII al Código Penal, el que pasará a denominarse "Delitos contra el orden económico y financiero".

ARTICULO 5º —

Artículo 303:...

1) Será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí.

2) La pena prevista en el inciso 1 será aumentada en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo, en los siguientes casos:

a) Cuando el autor realizare el hecho con habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza;

b) Cuando el autor fuera funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones. En este caso, sufrirá además pena de inhabilitación especial de tres (3) a diez (10) años. La misma pena sufrirá el que hubiere actuado en ejercicio de una profesión u oficio que requirieran habilitación especial.

3) El que recibiere dinero u otros bienes provenientes de un ilícito penal, con el fin de hacerlos aplicar en una operación de las previstas en el inciso 1, que les dé la apariencia posible de un origen lícito, será reprimido con la pena de prisión de seis (6) meses a tres (3) años.

4) Si el valor de los bienes no superare la suma indicada en el inciso 1, el autor será reprimido con la pena de prisión de seis (6) meses a tres (3) años.

5) Las disposiciones de este artículo regirán aún cuando el ilícito penal precedente hubiera sido cometido fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código, en tanto el hecho que lo tipificara también hubiera estado sancionado con pena en el lugar de su comisión.

Artículo 304: Cuando los hechos delictivos previstos en el artículo precedente hubieren sido realizados en nombre, o con la intervención, o en beneficio de una persona de existencia ideal, se impondrán a la entidad las siguientes sanciones conjunta o alternativamente:

1. Multa de dos (2) a diez (10) veces el valor de los bienes objeto del delito.

2. Suspensión total o parcial de actividades, que en ningún caso podrá exceder de diez (10) años.

4. Cancelación de la personería cuando hubiese sido creada al solo efecto de la comisión del delito, o esos actos constituyan la principal actividad de la entidad.

5. Pérdida o suspensión de los beneficios estatales que tuviere.

6. Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona jurídica.

Cuando fuere indispensable mantener la continuidad operativa de la entidad, o de una obra, o de un servicio en particular, no serán aplicables las sanciones previstas por el inciso 2 y el inciso 4.

Artículo 305: El juez podrá adoptar desde el inicio de las actuaciones judiciales las medidas cautelares suficientes para asegurar la custodia, administración, conservación,

ejecución y disposición del o de los bienes que sean instrumentos, producto, provecho o efectos relacionados con los delitos previstos en los artículos precedentes.

En operaciones de lavado de activos, serán decomisados de modo definitivo, sin necesidad de condena penal, cuando se hubiere podido comprobar la ilicitud de su origen, o del hecho material al que estuvieren vinculados, y el imputado no pudiere ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga, prescripción o cualquier otro motivo de suspensión o extinción de la acción penal, o cuando el imputado hubiere reconocido la procedencia o uso ilícito de los bienes.

Los activos que fueren decomisados serán destinados a reparar el daño causado a la sociedad, a las víctimas en particular o al Estado. Sólo para cumplir con esas finalidades podrá darse a los bienes un destino específico.

Todo reclamo o litigio sobre el origen, naturaleza o propiedad de los bienes se realizará a través de una acción administrativa o civil de restitución. Cuando el bien hubiere sido subastado sólo se podrá reclamar su valor monetario.

Renumérense los artículos 303, 304 y 305 del Código Penal, como artículos 306, 307 y 308 respectivamente e incorpórese al Título XIII del Código Penal, los siguientes artículos:

ARTICULO 6º —

En caso de los delitos previstos en el artículo 213 ter y quáter y en el Título XIII del libro Segundo de éste Código, serán decomisados de modo definitivo, sin necesidad de condena penal, cuando se hubiere podido comprobar la ilicitud de su origen, o del hecho material al que estuvieren vinculados, y el imputado no pudiere ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga, prescripción o cualquier otro motivo de suspensión o extinción de la acción penal, o cuando el imputado hubiere reconocido la procedencia o uso ilícito de los bienes.

Incorpórese, a continuación del párrafo sexto del artículo 23 del Código Penal, los siguientes:

ARTICULO 7º —

Artículo 5º: Créase la Unidad de Información Financiera (UIF) que funcionará con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la cual se regirá por las disposiciones de la presente ley.

Sustitúyese el artículo 5º de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:

ARTICULO 8º —

Artículo 6º: La Unidad de Información Financiera (UIF) será la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir:

1. El delito de lavado de activos (artículo 303 del Código Penal), preferentemente proveniente de la comisión de:

Sustitúyese el artículo 6º de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:

Delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes (ley 23.737);

Delitos de contrabando de armas y contrabando de estupefacientes (ley 22.415);

Delitos relacionados con las actividades de una asociación ilícita calificada en los términos del artículo 210 bis del Código Penal o de una asociación ilícita terrorista en los términos del artículo 213 ter del Código Penal;

Delitos cometidos por asociaciones ilícitas (artículo 210 del Código Penal) organizadas para cometer delitos por fines políticos o raciales;

Delitos de fraude contra la administración pública (artículo 174, inciso 5, del Código Penal);

Delitos contra la Administración Pública previstos en los capítulos VI, VII, IX y IX bis del título XI del Libro Segundo del Código Penal;

Delitos de prostitución de menores y pornografía infantil, previstos en los artículos 125, 125 bis, 127 bis y 128 del Código Penal;

Delitos de financiación del terrorismo (artículo 213 quáter del Código Penal);

Extorsión (artículo 168 del Código Penal);

Delitos previstos en la ley 24.769;

2. El delito de financiación del terrorismo (artículo 213 quáter del Código Penal).

Trata de personas.

ARTICULO 9º —

Artículo 9º: El Presidente y el Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) serán designados por el Poder Ejecutivo nacional, a propuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El procedimiento de selección se establece de la siguiente manera:

a) Se realizará en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, un procedimiento público, abierto y transparente que garantice la idoneidad de los candidatos;

b) Se publicará el nombre, apellido y los antecedentes curriculares de las personas seleccionadas en el Boletín Oficial y en dos (2) diarios de circulación nacional, durante tres (3) días;

c) Los candidatos deberán presentar una declaración jurada con la nómina de todos los bienes propios, los del cónyuge y/o los del conviviente, los que integren el patrimonio de la sociedad conyugal y los de sus hijos menores, de acuerdo con el artículo 6º de la Ley de Etica de la Función Pública 25.188 y concordantes.

Además, deberán adjuntar otra declaración en la que incluirán la nómina de las asociaciones civiles y sociedades comerciales que integren o hayan integrado en los últimos ocho (8) años, la nómina de clientes o contratistas de por lo menos los últimos ocho (8) años, en el marco de lo permitido por las normas de ética profesional vigente, los estudios de abogados, contables o de asesoramiento a los que pertenecieron o pertenecen, según corresponda, y en general, cualquier tipo de compromiso que pueda afectar la imparcialidad de su criterio por actividades propias, de su cónyuge, de sus ascendientes y de sus descendientes en primer grado, ello, con la finalidad de permitir la evaluación objetiva de la existencia de incompatibilidades o conflictos de intereses;

d) Se requerirá a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones impositivas de los seleccionados;

e) Se celebrará una audiencia pública a los efectos de evaluar las observaciones previstas de acuerdo a lo que establezca la reglamentación;

f) Los ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales y las entidades académicas podrán, en el plazo de quince (15) días contados desde la última publicación en el Boletín Oficial del inciso b) del presente artículo, presentar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por escrito y de modo fundado y documentado, observaciones respecto de los candidatos. Sin perjuicio de las presentaciones que se realicen, en el mismo lapso podrá requerirse opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito profesional, judicial y académico a los fines de su valoración;

g) En no más de quince (15) días, contados desde el vencimiento del plazo establecido se deberá celebrar la audiencia pública para la evaluación de las observaciones presentadas. Con posterioridad y en un plazo de siete (7) días, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos elevará la propuesta a consideración del Poder Ejecutivo.

Sustitúyese el artículo 9º de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente texto:

ARTICULO 10. —

Artículo 9º bis: El Poder Ejecutivo podrá remover al Presidente y Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) de su cargo cuando incurrieren en mal desempeño de sus funciones o en grave negligencia, cuando resultaren condenados por la comisión de delitos dolosos o por inhabilidad física o moral posterior a su designación.

Incorpórese como artículo 9º bis de la ley 25.246 y sus modificatorias, el siguiente texto:

ARTICULO 11. —

Artículo 11: Para ser integrante de la Unidad de Información Financiera (UIF) se requerirá:

1) Poseer título universitario de grado, preferentemente en Derecho, o en disciplinas relacionadas con las Ciencias Económicas o con las Ciencias Informáticas.

2) Poseer antecedentes técnicos y profesionales en la materia.

3) No ejercer en forma simultánea, ni haber ejercido durante el año precedente a su designación las actividades que la reglamentación precise en cada caso, ni tampoco tener interés en ellas.

Para ser integrante del Consejo Asesor se requerirán tres (3) años de antigüedad en el organismo que se represente.

Sustitúyese el artículo 11 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente texto:

ARTICULO 12. —

Artículo 12: La Unidad de Información Financiera (UIF) contará con el apoyo de oficiales de enlace designados por los titulares del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación, del Banco Central de la República Argentina, de la Administración Federal de Ingresos Públicos, de los Registros Públicos de Comercio o similares de las provincias, de la Comisión Nacional de Valores y de la Superintendencia de Seguros de la Nación, de la Inspección General de Justicia, del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, de los Registros de la Propiedad Inmueble, de la Dirección Nacional del

Registro Nacional de la Propiedad Automotor o similares en las provincias, del Ministerio de Seguridad de la Nación y de las fuerzas de seguridad nacionales.

Los oficiales de enlace tendrán como función la consulta y coordinación institucional entre la Unidad de Información Financiera (UIF) y los organismos a los que pertenecen. Deberán ser funcionarios jerarquizados o directores de los organismos que representan.

El Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) puede solicitar a los titulares de otros organismos públicos o privados la designación de oficiales de enlace cuando lo crea de utilidad para el ejercicio de sus funciones.

Sustitúyese el artículo 12 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente texto:

ARTICULO 13. —

1. Recibir, solicitar y archivar las informaciones a que se refiere el artículo 21 de la presente ley, dichos datos sólo podrán ser utilizados en el marco de una investigación en curso.

Sustitúyese el inciso 1 del artículo 13 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:

ARTICULO 14. —

Artículo 14: La Unidad de Información Financiera (UIF) estará facultada para:

1. Solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo público, nacional, provincial o municipal, y a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, todos los cuales estarán obligados a proporcionarlos dentro del término que se les fije, bajo apercibimiento de ley.

En el marco del análisis de un reporte de operación sospechosa los sujetos contemplados en el artículo 20 no podrán oponer a la Unidad de Información Financiera (UIF) el secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad.

2. Recibir declaraciones voluntarias, que en ningún caso podrán ser anónimas.

3. Requerir la colaboración de todos los servicios de información del Estado, los que están obligados a prestarla en los términos de la normativa procesal vigente.

4. Actuar en cualquier lugar de la República en cumplimiento de las funciones establecidas por esta ley.

5. Solicitar al Ministerio Público para que éste requiera al juez competente se resuelva la suspensión, por el plazo que éste determine, de la ejecución de cualquier operación o acto informado previamente conforme al inciso b) del artículo 21 o cualquier otro acto vinculado a éstos, antes de su realización, cuando se investiguen actividades sospechosas y existan indicios serios y graves de que se trata de lavado de activos provenientes de alguno de los delitos previstos en el artículo 6º de la presente ley o de financiación del terrorismo. La apelación de esta medida sólo podrá ser concedida con efecto devolutivo.

6. Solicitar al Ministerio Público para que éste requiera al juez competente el allanamiento de lugares públicos o privados, la requisa personal y el secuestro de documentación o elementos útiles para la investigación. Solicitar al Ministerio Público que arbitre todos los medios legales necesarios para la obtención de información de cualquier fuente u origen.

7. Disponer la implementación de sistemas de contralor interno para las personas a que se refiere el artículo 20. A efectos de implementar el sistema de contralor interno la Unidad de Información Financiera (UIF) establecerá los procedimientos de supervisión, fiscalización e inspección in situ para el control del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 21 de la ley y de las directivas e instrucciones dictadas conforme las facultades del artículo 14 inciso 10.

El sistema de contralor interno dependerá directamente del Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), quien dispondrá la sustanciación del procedimiento, el que deberá ser en forma actuada.

En el caso de sujetos obligados que cuenten con órganos de contralor específicos, éstos últimos deberán proporcionar a la Unidad de Información Financiera (UIF) la colaboración en el marco de su competencia.

8. Aplicar las sanciones previstas en el capítulo IV de la presente ley, debiendo garantizarse el debido proceso.

9. Organizar y administrar archivos y antecedentes relativos a la actividad de la propia Unidad de Información Financiera (UIF) o datos obtenidos en el ejercicio de sus funciones para recuperación de información relativa a su misión, pudiendo celebrar acuerdos y contratos con organismos nacionales, internacionales y extranjeros para integrarse en redes informativas de tal carácter, a condición de necesaria y efectiva reciprocidad.

10. Emitir directivas e instrucciones que deberán cumplir e implementar los sujetos obligados por esta ley, previa consulta con los organismos específicos de control. Los sujetos obligados en los incisos 6 y 15 del artículo 20 podrán dictar normas de procedimiento complementarias a las directivas e instrucciones emitidas por la Unidad de Información Financiera (UIF), no pudiendo ampliar ni modificar los alcances definidos por dichas directivas e instrucciones.

Sustitúyese el artículo 14 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:

ARTICULO 15. —

Artículo 20: Están obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF), en los términos del artículo 21 de la presente ley:

1. Las entidades financieras sujetas al régimen de la ley 21.526 y modificatorias.

2. Las entidades sujetas al régimen de la ley 18.924 y modificatorias y las personas físicas o jurídicas autorizadas por el Banco Central de la República Argentina para operar en la compraventa de divisas bajo forma de dinero o de cheques extendidos en divisas o mediante el uso de tarjetas de crédito o pago, o en la transmisión de fondos dentro y fuera del territorio nacional.

3. Las personas físicas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar.

4. Los agentes y sociedades de bolsa, sociedades gerente de fondos comunes de inversión, agentes de mercado abierto electrónico, y todos aquellos intermediarios en la compra, alquiler o préstamo de títulos valores que operen bajo la órbita de bolsas de comercio con o sin mercados adheridos.

5. Los agentes intermediarios inscriptos en los mercados de futuros y opciones cualquiera sea su objeto.

6. Los registros públicos de comercio, los organismos representativos de fiscalización y control de personas jurídicas, los registros de la propiedad inmueble, los registros de la propiedad automotor, los registros prendarios, los registros de embarcaciones de todo tipo y los registros de aeronaves.

7. Las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, antigüedades u otros bienes suntuarios, inversión filatélica o numismática, o a la exportación, importación, elaboración o industralización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas.

8. Las empresas aseguradoras.

9. Las empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de compra.

10. Las empresas dedicadas al transporte de caudales.

11. Las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billete.

12. Los escribanos públicos.

13. Las entidades comprendidas en el artículo 9º de la ley 22.315.

14. Los despachantes de aduana definidos en el artículo 36 y concordantes del Código Aduanero (ley 22.415 y modificatorias).

15. Los organismos de la Administración Pública y entidades descentralizadas y/o autárquicas que ejercen funciones regulatorias, de control, supervisión y/o superintendencia sobre actividades económicas y/o negocios jurídicos y/o sobre sujetos de derecho, individuales o colectivos: el Banco Central de la República Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la Comisión Nacional de Valores, la Inspección General de Justicia, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia;

16. Los productores, asesores de seguros, agentes, intermediarios, peritos y liquidadores de seguros cuyas actividades estén regidas por las leyes 20.091 y 22.400, sus modificatorias, concordantes y complementarias;

17. Los profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los consejos profesionales de ciencias económicas;

18. Igualmente están obligados al deber de informar todas las personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros;

19. Los agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades de cualquier tipo que tengan por objeto el corretaje inmobiliario, integradas y/o administradas exclusivamente por agentes o corredores inmobiliarios matriculados;

20. Las asociaciones mutuales y cooperativas reguladas por las leyes 20.321 y 20.337 respectivamente;

21. Las personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de automóviles, camiones, motos, ómnibus y microómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial, naves, yates y similares, aeronaves y aerodinos.

22. Las personas físicas o jurídicas que actúen como fiduciarios, en cualquier tipo de fideicomiso y las personas físicas o jurídicas titulares de o vinculadas, directa o indirectamente, con cuentas de fideicomisos, fiduciantes y fiduciarios en virtud de contratos de fideicomiso.

23. Las personas jurídicas que cumplen funciones de organización y regulación de los deportes profesionales.

Sustitúyese el artículo 20 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:

ARTICULO 16. —

Artículo 20 bis: El deber de informar es la obligación legal que tienen los sujetos enumerados en el artículo 20, en su ámbito de actuación, de poner a disposición de la Unidad de Información Financiera (UIF) la documentación recabada de sus clientes en cumplimiento de lo establecido en el artículo 21 inciso a) y de llevar a conocimiento de la Unidad de Información Financiera (UIF), las conductas o actividades de las personas físicas o jurídicas, a través de las cuales pudiere inferirse la existencia de una situación atípica que fuera susceptible de configurar un hecho u operación sospechosa, de lavado de activos o financiación de terrorismo.

El conocimiento de cualquier hecho u operación sospechosa, impondrá a tales sujetos la obligatoriedad del ejercicio de la actividad descripta precedentemente.

La Unidad de Información Financiera (UIF) determinará el procedimiento y la oportunidad a partir de la cual los obligados cumplirán ante ella el deber de informar que establece el artículo 20.

En el supuesto de que el sujeto obligado se trate de una persona jurídica regularmente constituida, deberá designarse un oficial de cumplimiento por el órgano de administración, en los supuestos que lo establezca la reglamentación. Su función será formalizar las presentaciones que deban efectuarse en el marco de las obligaciones establecidas por la ley y las directivas e instrucciones emitidas en consecuencia. No obstante ello, la responsabilidad del deber de informar conforme el artículo 21 es solidaria e ilimitada para la totalidad de los integrantes del órgano de administración.

En el supuesto de que el sujeto obligado se trate de una sociedad irregular, la obligación de informar recaerá en cualquiera de los socios de la misma.

Para el caso de que el sujeto obligado se trate de un organismo público de los enumerados en los incisos 6 y 15 del artículo 20, deberá designarse un oficial de cumplimiento a los efectos de formalizar las presentaciones que deban efectuarse en el marco de las obligaciones establecidas por la ley y las directivas e instrucciones emitidas en consecuencia. No obstante ello la responsabilidad del deber de informar conforme el artículo 21 corresponde exclusivamente al titular del organismo.

Incorpórese como artículo 20 bis de la ley 25.246 y sus modificatorias, el siguiente:

ARTICULO 17. —

Artículo 21 bis: A los fines del inciso a) del artículo 21, se toma como definición de cliente la adoptada y sugerida por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (CICAD-OEA). En consecuencia, se definen como clientes todas aquellas personas físicas o jurídicas con las que se establece, de manera ocasional o permanente, una relación contractual de carácter

financiero, económico o comercial. En ese sentido es cliente el que desarrolla una vez, ocasionalmente o de manera habitual, operaciones con los sujetos obligados.

La información mínima a requerir a los clientes abarcará:

Incorpórese como artículo 21 bis de la ley 25.246 y sus modificatorias, el siguiente:

Personas Físicas: nombres y apellidos completos; fecha y lugar de nacimiento; nacionalidad; sexo; estado civil; número y tipo de documento de identidad que deberá exhibir en original (documento nacional de identidad, libreta de enrolamiento, libreta cívica, cédula de identidad, pasaporte); CUIT/CUIL/CDI; domicilio (calle, número, localidad, provincia y código postal); número de teléfono y profesión, oficio, industria, comercio, etc. que constituya su actividad principal. Igual tratamiento se dará, en caso de existir, al apoderado, tutor, curador, representante o garante. Además se requerirá una declaración jurada sobre origen y licitud de los fondos, o la documentación de respaldo correspondiente, conforme lo fijen las directivas emitidas por la Unidad de Información Financiera (UIF);

Personas Jurídicas: denominación social; fecha y número de inscripción registral; número de inscripción tributaria; fecha del contrato o escritura de constitución; copia del estatuto social actualizado, sin perjuicio de la exhibición del original; domicilio (calle, número, localidad, provincia y código postal); número de teléfono de la sede social y actividad principal realizada. Asimismo se solicitarán los datos identificatorios de las autoridades, del representante legal, apoderados y/o autorizados con uso de firma, que operen con el sujeto obligado en nombre y representación de la persona jurídica. Los mismos recaudos antes indicados serán acreditados en los casos de asociaciones, fundaciones y otras organizaciones con o sin personería jurídica. Además se requerirá una declaración jurada sobre origen y licitud de los fondos, o la documentación de respaldo correspondiente, conforme lo fijen las directivas emitidas por la Unidad de Información Financiera (UIF);

Cuando existan dudas sobre si los clientes actúan por cuenta propia o cuando exista la certeza de que no actúan por cuenta propia, los sujetos obligados adoptarán medidas adicionales razonables, a fin de obtener información sobre la verdadera identidad de la persona por cuenta de la cual actúan los clientes. Los sujetos obligados deberán prestar especial atención para evitar que las personas físicas utilicen a las personas jurídicas como empresas pantalla para realizar sus operaciones. Los sujetos obligados deberán contar con procedimientos que permitan conocer la estructura de la sociedad, determinar el origen de sus fondos e identificar a los propietarios, beneficiarios y aquellos que ejercen el control real de la persona jurídica. Los sujetos obligados deberán adoptar medidas específicas y adecuadas para disminuir el riesgo del lavado de activos y la financiación del terrorismo, cuando se contrate el servicio o productos con clientes que no han estado físicamente presentes para su identificación. En el caso de tratarse de personas políticamente expuestas, se deberá prestar especial atención a las transacciones realizadas por las mismas, que no guarden relación con la actividad declarada y su perfil como cliente;

La información recabada deberá conservarse como mínimo durante cinco (5) años, debiendo registrarse de manera suficiente para que se pueda reconstruir.

El plazo máximo para reportar

Los sujetos obligados podrán establecer manuales de procedimiento de prevención de lavado de activos y la financiación de terrorismo, y designar oficiales de cumplimiento, en los casos y con los alcances que determinen las directivas emitidas por la Unidad de Información Financiera (UIF). "hechos" u "operaciones sospechosas" de lavado de activos será de ciento cincuenta (150) días corridos, a partir de la operación realizada o tentada. "hechos" u "operaciones sospechosas" de financiación de terrorismo será de cuarenta y ocho (48) horas, a partir de la operación realizada o tentada, habilitándose días y horas inhábiles al efecto.

ARTICULO 18. —

Artículo 23:...

1. Será sancionado con multa de cinco (5) a veinte (20) veces del valor de los bienes objeto del delito, la persona jurídica cuyo órgano ejecutor hubiera recolectado o provisto bienes o dinero, cualquiera sea su valor, con conocimiento de que serán utilizados por algún miembro de una asociación ilícita terrorista, en el sentido del artículo 213 quáter del Código Penal.

Cuando el hecho hubiera sido cometido por temeridad o imprudencia grave del órgano o ejecutor de una persona jurídica o por varios órganos o ejecutores suyos, la multa a la persona jurídica será del veinte por ciento (20%) al sesenta por ciento (60%) del valor de los bienes objeto del delito.

2. Cuando el órgano o ejecutor de una persona jurídica hubiera cometido en ese carácter el delito a que se refiere el artículo 22 de esta ley, la persona jurídica será pasible de multa de cincuenta mil pesos ($ 50.000) a quinientos mil pesos ($ 500.000).

Sustitúyese el artículo 23 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:

ARTICULO 19. —

Artículo 24:...

1. La persona que actuando como órgano o ejecutor de una persona jurídica o la persona de existencia visible que incumpla alguna de las obligaciones ante la Unidad de Información Financiera (UIF) creada por esta ley, será sancionada con pena de multa de una (1) a diez (10) veces del valor total de los bienes u operación a los que se refiera la infracción, siempre y cuando el hecho no constituya un delito más grave.

2. La misma sanción será aplicable a la persona jurídica en cuyo organismo se desempeñare el sujeto infractor.

3. Cuando no se pueda establecer el valor real de los bienes, la multa será de diez mil pesos ($ 10.000) a cien mil pesos ($ 100.000).

4. La acción para aplicar la sanción establecida en este artículo prescribirá a los cinco (5) años, del incumplimiento. Igual plazo regirá para la ejecución de la multa, computados a partir de que quede firme el acto que así la disponga.

5. El cómputo de la prescripción de la acción para aplicar la sanción prevista en este artículo se interrumpirá: por la notificación del acto que disponga la apertura de la instrucción sumarial o por la notificación del acto administrativo que disponga su aplicación.

Sustitúyese el artículo 24 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:

ARTICULO 20. —

Artículo 27: El desarrollo de las actividades de la Unidad de Información Financiera (UIF) debe financiarse con los siguientes recursos:

a) Aportes determinados en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional que no podrán ser inferiores al cero coma seis por ciento (0,6%) de los asignados al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación;

b) Los recursos que bajo cualquier título reciba de organismos públicos, privados, nacionales e internacionales.

En todos los casos, el producido de la venta o administración de los bienes o instrumentos provenientes de los delitos previstos en esta ley y de los decomisos ordenados en su consecuencia, así como también las ganancias obtenidas ilícitamente y el producido de las multas que en su consecuencia se impongan, serán destinados a una cuenta especial del Tesoro Nacional. Dichos fondos serán afectados a financiar el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF), los programas previstos en el artículo 39 de la ley 23.737 y su modificatoria ley 24.424, los de salud y capacitación laboral, conforme lo establezca la reglamentación pertinente.

El dinero y los otros bienes o recursos secuestrados judicialmente por la comisión de los delitos previstos en esta ley, serán entregados por el tribunal interviniente a un fondo especial que instituirá el Poder Ejecutivo nacional.

Dicho fondo podrá administrar los bienes y disponer del dinero conforme a lo establecido precedentemente, siendo responsable de su devolución a quien corresponda cuando así lo dispusiere una resolución judicial firme.

Sustitúyese el artículo 27 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:

ARTICULO 21. —

Artículo 30: El magistrado interviniente en un proceso penal por los delitos previstos en los artículos 303, 213 ter y 213 quáter del Código Penal podrá:

Sustitúyese el artículo 30 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:

Suspender la orden de detención de una o más personas;

Diferir dentro del territorio argentino la interceptación de remesas de dinero o bienes de procedencia antijurídica;

Suspender el secuestro de instrumentos o efectos del delito investigado;

El magistrado interviniente podrá, además, suspender la interceptación en territorio argentino de remesas de dinero o bienes o cualquier otro efecto vinculado con los delitos mencionados y permitir su salida del país, siempre y cuando tuviere la seguridad de que la vigilancia de aquéllos será supervisada por las autoridades judiciales del país de destino.

La resolución que disponga las medidas precedentemente mencionadas deberá estar fundada y dictarse sólo en el caso que la ejecución inmediata de las mismas pudiere comprometer el éxito de la investigación. En tanto resulte posible se deberá hacer constar un detalle de los bienes sobre los que recae la medida.

Diferir la ejecución de otras medidas de carácter coercitivo o probatorio.

ARTICULO 22. —

Artículo 31: Las previsiones establecidas en los artículos 2º, 3°, 4º, 5º, 6º y 7º de la ley 25.241 serán aplicables a los delitos previstos en los artículos 213 ter, 213 quáter y 303

del Código Penal. La reducción de pena prevista no procederá respecto de los funcionarios públicos.

En el caso del artículo 6º de la ley 25.241 la pena será de dos (2) a diez (10) años cuando los señalamientos falsos o los datos inexactos sean en perjuicio de un imputado.

Incorpórese como artículo 31 de la ley 25.246 y sus modificatorias:

ARTICULO 23. —

Artículo 32: El magistrado interviniente en un proceso penal por los delitos previstos en los artículos 213 ter, 213 quáter y 303 del Código Penal podrá disponer la reserva de la identidad de un testigo o imputado que hubiere colaborado con la investigación, siempre y cuando resultare necesario preservar la seguridad de los nombrados. El auto deberá ser fundado y consignar las medidas especiales de protección que se consideren necesarias.

Incorpórese como artículo 32 de la ley 25.246 y sus modificatorias:

ARTICULO 24. —

Artículo 33: El que revelare indebidamente la identidad de un testigo o de un imputado de identidad reservada, conforme las previsiones de la presente ley, será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de pesos cincuenta mil ($ 50.000), siempre y cuando no configurare un delito más severamente penado.

Las sanciones establecidas en el artículo 31 sexies de la ley 23.737 serán de aplicación para el funcionario o empleado público en los casos de testigo o de imputado de identidad reservada previstos en la presente ley, en tanto no resulte un delito más severamente penado.

Incorpórese como artículo 33 de la ley 25.246 y sus modificatorias:

ARTICULO 25. —

La Unidad de Información Financiera (UIF) no podrá constituirse como parte querellante en procesos penales.

(

Nota Infoleg: por art. 1º del Decreto Nº 825/2011 B.O. 21/06/2011 se observa el presente artículo)

ARTICULO 26. —

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A UN DIA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL ONCE.

— REGISTRADA BAJO EL Nº 26.683 —

CODIGO PENAL

Bs. As., 17/6/2011

VISTO el Proyecto de Ley Nº 26.683 sancionado por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION con fecha 1º de junio de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que el aludido Proyecto de Ley introduce modificaciones al Código Penal de la Nación y a la Ley Nº 25.246 sobre encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo.

Que el artículo 25 del Proyecto de Ley dispone que la Unidad de Información Financiera (UIF) no podrá constituirse como parte querellante en procesos penales.

Que la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo es una preocupación prioritaria del Estado Nacional, toda vez que dichas conductas delictivas constituyen un serio riesgo, no sólo para la estabilidad de los sistemas democráticos y el desarrollo de sus economías, sino fundamentalmente para la libertad de los ciudadanos. Dicha lucha consiste en buena parte en la adopción de medidas regulatorias que tornen eficaces, en el orden interno, la prevención y represión de estos delitos.

Que la (UIF) es el organismo encargado del análisis, tratamiento y transmisión de información, a efectos de prevenir e impedir el delito de lavado de activos proveniente tanto de la comisión de diversos tipos delictuales como del delito de financiación del terrorismo.

Que, asimismo, es competencia de la (UIF) colaborar con los órganos judiciales y del Ministerio Público, en la persecución penal de los referidos delitos.

Que, en consecuencia, se estima necesario que la (UIF) se encuentre facultada para intervenir como parte querellante en los procesos en los que se investiguen delitos tipificados por la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias.

Que, oportunamente, por Decreto Nº 2226 del 23 de diciembre de 2008 el PODER EJECUTIVO NACIONAL autorizó al titular de la (UIF) a intervenir como parte querellante en los procesos en los que se investigue la comisión de los delitos tipificados por la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias, en los casos que así lo ameriten.

Que dicha decisión se adoptó en atención a que el Estado Nacional tiene un significativo interés institucional en satisfacer los deberes emergentes de los compromisos internacionales asumidos en la materia, tales como la "Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas" —Viena, 19 de diciembre de 1988— aprobada por nuestro país mediante la Ley Nº 24.072, el "Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo" —Nueva York, 9 de diciembre de 1999— aprobado mediante la Ley Nº 26.024 y la "Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional", aprobada mediante Ley Nº 25.632, entre otros; por lo que se requiere que, con el máximo respeto a la división constitucional de poderes, el PODER EJECUTIVO NACIONAL tome intervención en las actuaciones judiciales en las que se investigan hechos de tal gravedad.

Que en la esfera judicial, el Estado Nacional, a través de la (UIF), asumió el rol de querellante con el propósito de dar impulso a investigaciones en curso no sólo para

perseguir a los responsables de delitos sino también para promover el decomiso de activos ilegalmente obtenidos.

Que, pese a que la recuperación de bienes es un objetivo central de la acción penal, en un alto número de procesos no se investiga el aspecto financiero del delito ni existen pedidos de decomiso. Por eso, se creó en la (UIF) un área de querellas, destinada específicamente a explotar las potestades otorgadas por el Decreto Nº 2226/08 para impulsar las investigaciones ya judicializadas. Y tanto los tribunales de primera instancia como los de alzada han designado querellante a la UIF en distintas causas. Hasta el año 2010, la (UIF) sólo era querellante en una causa que tramita ante la Justicia Federal. A la fecha, el organismo cumple ese rol en CINCO (5) procesos por lavado de activos y, por requerimiento de los jueces, colabora en más de SETENTA (70) procesos penales. En algunos casos, la judicatura ha solicitado la participación de la (UIF) en allanamientos y otras diligencias procesales.

Que, entre los casos en los que la (UIF) ejerce el rol de la querella, cabe mencionar:

-Causa Nº 17147/08, "Pallavicino, Jorge Roberto y otros s/ Encubrimiento". Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 12, Secretaría Nº 23. La Cámara Federal porteña admitió a la UIF como parte querellante el 24 de setiembre de 2009. En el expediente principal se investiga un fraude al Estado presuntamente cometido mediante el pago indebido de casi PESOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES ($ 54.000.000), efectuado por el MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS al grupo de aseguradoras extranjeras ACCOLADE POOL. Existen procesamientos firmes, por los delitos subyacentes;

-Causa 1322/10, caratulada "N.N. s/encubrimiento (art. 278 del C.P.) ", en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 5, Sec. 9. La (UIF) fue admitida como parte querellante el 30 de abril de 2010 y por su requerimiento se decretó el procesamiento y embargo de bienes de un empresario, con fecha 3 de diciembre de 2010. Hay procesamientos firmes dictados en el expediente principal, que investiga las actividades de una asociación ilícita que habría vendido medicamentos ilegalmente a distintas obras sociales, a través de la DROGUERIA SAN JAVIER y, entre otras, las empresas MULTIPHARMA y CONGRESO SALUD. La organización, que también habría intentado defraudar al Estado mediante la obtención de subsidios tramitados ante la Administración de Prestaciones Especiales del MINISTERIO DE SALUD, utilizaba un sistema financiero ilegal, lo que motiva el interés de la (UIF) en el caso.

-Causa 1324/10, "N.N. s/encubrimiento (art. 278 del C.P.) ", en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 5, Sec. 9, donde, a pedido de la (UIF) como querellante, se decretó el procesamiento y embargo de bienes de una imputada, con fecha 17 de diciembre de 2010. Los delitos subyacentes se investigan en el sumario detallado en el punto anterior, referido a la Causa 1322/2010.

-Causa Nº 1335/10, Averiguación infracción art. 278 del C.P., Juzgado Federal de Campana. Existen procesamientos firmes en el expediente principal, por los delitos subyacentes. Se investiga el accionar de una organización dedicada a la producción clandestina y tráfico de precursores químicos. La (UIF) fue admitida como querellante el 8 de julio de 2010, con base en la detección de un "sistema financiero reñido con la legalidad", utilizado para el lavado del dinero generado con la comercialización de sustancias prohibidas.

-Causa Nº 1028 "Giacomelli, Adrián Alberto y otros, s/inf. Ley 25.246", en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de Campana, secretaría 2. La (UIF) fue admitida como parte querellante el 3/12/2010.

Que, por otra parte, la Unidad de Información Financiera resolvió intervenir como querellante en las causas por trata de personas, a partir del interés en perseguir la ruta del dinero que produce el tráfico humano cometido con fines de explotación sexual o con otras motivaciones. Con ese propósito, las autoridades de la Unidad se reunieron con el titular de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE), y con el titular de la Fiscalía Federal de Orán, en la provincia de Salta.

Que, asimismo, el Titular de la Unidad de Información Financiera se reunió con el fiscal titular de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado, para analizar posibles acciones atinentes a las fuentes de financiamiento de personas que se encuentran en condición de prófugas, acusadas por delitos de lesa humanidad.

Que respecto de la evolución de los juicios, durante 2010 quedó firme una condena dictada el 15 de diciembre de 2009 en base a la ley 25.246 y el reformado artículo 278 del Código Penal, que castiga el Lavado de Activos. El fallo fue dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Córdoba, que condenó a dos hombres y una mujer por considerarlos responsables del delito de lavado de activos de origen delictivo, imponiéndoles a cada uno la pena de dos años de prisión en suspenso y una multa por 100 mil pesos. El Tribunal ordenó el decomiso de bienes provenientes de la actividad delictiva.

Que con la misma normativa, ya existía una pena alternativa en otro proceso y en 2010 se elevaron a juicio oral y público otras causas que serán ventiladas por tribunales orales con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Corrientes. En la provincia de Salta y en otras jurisdicciones, en tanto, la Fiscalía prepara o ya ha presentado requerimientos para la elevación a juicio de otros sumarios por el delito de lavado de activos.

Que, actualmente la (UIF), como organismo coordinador del Sistema Anti Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT), se encuentra efectuando un relevamiento sobre las investigaciones penales de delitos de su competencia, existentes en todo el país.

Que, en atención a lo manifestado en los considerandos precedentes, resulta conveniente observar el artículo 25 del Proyecto de Ley sancionado.

Que la medida que se propone no altera el espíritu ni la unidad del Proyecto de Ley sancionado por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.

Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL se encuentra facultado para dictar el presente en virtud de lo dispuesto por el artículo 80 de la CONSTITUCION NACIONAL y de acuerdo con lo previsto en los artículos 2º, 14, 19 y 20 de la Ley Nº 26.122.

Por ello,

LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

DECRETA:

Artículo 1º —

Obsérvase el artículo 25 del Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 26.683.

Art. 2º —

Art. 3º —

Dése cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del HONORABLE CONGRESO DE LA NACION. Con la salvedad señalada en el artículo precedente, cúmplase, promúlgase y téngase por Ley de la Nación el Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 26.683.

Art. 4º —

Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández. — Aníbal F. Randazzo. — Nilda C. Garré. — Amado Boudou. — Débora A. Giorgi. — Julián A. Domínguez. — Julio M. De Vido. — Julio C. Alak. — Carlos A. Tomada. — Alicia M. Kirchner. — Juan L. Manzur. — Alberto E. Sileoni. — José L. S. Barañao. — Héctor M. Timerman. — Carlos E. Meyer.

Decreto 825/2011

Obsérvase y Promúlgase la Ley Nº 26.683.

Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

NUEVO LIBRO DEL PROF. ZAFFARONI

2011-05-06T18:50:00.000-07:00

El lunes 2 de mayo, en la Feria del Libro, el profesor Zaffaroni presentó su nueva obra "La palabra de los muertos. Conferencias de Criminología cautelar". En el siguiente link podrá ver la disertación brindada en dicha ocasión.

http://www.cij.gov.ar/nota-6703-Presentaron-el-nuevo-libro-del-juez-Eugenio-Raul-Zaffaroni.html

CURSO 1º CUATRIMESTRE 2011

2011-03-15T14:36:00.000-07:00

El día miércoles 16 de marzo comenzarán las clases correspondientes al 1º cuatrimestre de 2011.

Damos la bienvenida a los cursantes y les hacemos saber que, en los próximos días, será actualizado el cronograma de clases.

En cuanto al blog, se recomienda acceden al archivo correspondiente al Programa de Estudios. En este se indica cuáles son los materiales subidos con relación a cada unidad.

Asimismo, en su primer ingreso, procedan a contestar las encuestas abiertas disponibles en la columna derecha.

Consulte el cronograma de clases. Las fechas indicadas para parciales y recuperatorios son tentativas, estando sujetas a las modificaciones necesarias cuando se establezcan las definitivas por el Consejo Académico.
Además del material propio del blog, los links hacia otros sitios de interés jurídico le permitirán con mayor facilidad cubrir las necesidades de consulta para todo el temario del programa.
Bienvenidos y muchas gracias.

Doctorado Honoris Causa de la UCLM para el Dr. DAVID BAIGÚN

2011-01-10T15:17:00.000-08:00

El día 10 de enero de 2011, la Universidad de Castilla-La Mancha (España), en sede de la Facultad de Derecho de Toledo, ha investido como Doctor Honoris Causa al Prof. Dr. David Baigún. Celebramos este merecido reconocimiento y, a continuación, se transcribe la "Laudatio" que fuera confeccionada por el Prof. Dr. Nicolás García Rivas y fuera leída en la ceremonia por el Prof. Dr. Diego Gómez Iniesta.

Imágenes: Arriba: el profesor Baigún, junto al prof. Muñoz Conde, en la ceremonia de investidura. Abajo: ambas son del Seminario 2009 en la Facultad de Derecho de Albacete (UCLM) del Grupo de Investigación Hispano-Argentino. 1) de izquierda a derecha, Ricardo S. Favorotto, Nicolás García Rivas, Carlos J. Lascano y David Baigún; 2) el Dr. Baigún durante su ponencia sobre "delitos bancarios".

En los siguientes links puede verse los videos de la disertación brindada por el Dr. Baigún al momento de recibir su Doctorado Honoris Causa y de la lectura de la Laudatio de Nicolás García Rivas a cargo de Diego Gómez Iniesta (Decano de la Facultad de Derecho de Albacete, UCLM).

Video con la intervención de Baigún en el HHCC. Toledo 10.1.2011

http://v2.uclm.es/video.aspx?id_video=dec105bd-3a46-4d4b-a647-fbf26aafa2e6

Video con la lectura de la Laudatio de Nicolás García Rivas por Diego Gómez Iniesta

http://v2.uclm.es/video.aspx?id_video=bc263d5f-7763-48ab-ae1b-f487e0c24bec

LAUDATIO DEL PROF. DR. DAVID BAIGÚN
Pocos actos académicos pueden reportarme mayor satisfacción que la investidura de David Baigún como Dr. Honoris causa por mi Universidad. Agradezco por ello muy sinceramente al Consejo de Gobierno su apoyo a la propuesta del Departamento que dirijo. Satisfacción porque Tute (su apelativo universal) reúne un conjunto de virtudes académicas y personales que le convierten en un ser absolutamente excepcional. No sólo por sus aportaciones relevantes a la ciencia penal sino también por su compromiso sin fisuras con la defensa de los derechos humanos y su capacidad para dirigir la formación especializada en Derecho penal durante muchos años en varias universidades argentinas. El científico, el maestro y la persona: una excelente trinidad.
Para comprender el ambiente en el que Tute Baigún nace como jurista, en 1948, nada mejor que tomar como contrapunto de este acto que hoy nos congrega el que protagonizó el Presidente Perón, en noviembre de 1947, cuando las universidades argentinas, reas del régimen, “decidieron” otorgarle este mismo honor, a los pocos meses de la promulgación de una Ley de Reforma Universitaria en virtud de la cual los Rectores eran nombrados por el poder político y tras la oportuna depuración de más de 1000 profesores contrarios al régimen. En aquel bochornoso acto, Perón pronunció un discurso repleto de apelaciones a lo más rancio de la tradición hispana, a “la Cruz y la Espada que España legó” –decía- y que, en ese preciso momento, brillaban en nuestro país con toda su crueldad post bélica. El fascismo español encontraba su émulo criollo en aquel fascismo argentino (re)vestido de peronismo. Quién le iba a decir a aquel Tute jovencísimo que 60 años después encabezaría la querella para perseguir los crímenes del franquismo durante la larga postguerra, que no fueron juzgados tras la promulgación de nuestra vigente Constitución.
En un ambiente político tan extremo, el recién egresado Baigún se convierte en abogado defensor de los perseguidos políticos e imparte así su primera lección de coherencia, apartándose por completo de una universidad sometida al régimen autoritario. Lección que impartiría en varias ocasiones a lo largo de los treinta años siguientes, teñidos de golpes militares, y que le costaría la prisión en 1952, 1954, 1955 y 1969.
Así se explica que su vida académica comenzara en 1956, tras la restauración de la democracia en Argentina. La vuelta de los profesores perseguidos permite que Luis Jiménez de Asúa, exiliado en aquel país desde 1939, sea contratado por la Universidad de Buenos Aires. Se produce entonces el encuentro académico crucial en la biografía de Tute Baigún, al convertirse en discípulo del penalista español, futuro Presidente de la República en el exilio. Desde 1958 a 1966, el maestro y el ayudante trabajan en el Instituto de Derecho penal de la Universidad de Buenos Aires. Dos lecciones aprende Tute del maestro para siempre: que la Ciencia del Derecho penal está obligada a ponerse al servicio de los intereses sociales, de manera que cuando esa ciencia se arrebuja en torno a la pura filosofía mientras el poder lesiona sistemáticamente los derechos humanos, los sedicentes científicos del Derecho penal se convierten en cómplices de la ignominia. Eso ocurría en Argentina, pero también en España. La segunda lección se refiere a la misión del profesor universitario: la formación de las nuevas generaciones; que el progreso científico sólo se logra alimentando el instinto investigador de los jóvenes discípulos.
Tras el golpe militar de 1966, ambos abandonan la Universidad, pero crean una escuela paralela en el Instituto de Estudios Jurídicos Superiores de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Allí se especializan en Derecho penal cientos de estudiantes al margen de la Universidad oficial, y allí nace el órgano de expresión de esa escuela de penalistas discípulos de Jiménez de Asúa, la Revista de Derecho penal y Criminología, sucedida después por otras tan prestigiosas como Nuevo Pensamiento Penal y Doctrina Penal.
En 1970 Baigún se convierte en Doctor y pierde a su maestro, que muere en Buenos Aires: una coincidencia casi sucesoria. Poco antes había publicado una de sus obras más apreciadas: “Los delitos de peligro y la prueba del dolo”, en la que anticipaba la preocupación de la ciencia penal hacia esta modalidad delictiva -entonces poco estudiada-, que iba a definir la estructura de gran parte de los tipos penales construidos para luchar contra la “nueva delincuencia” (delitos económicos, delitos contra el medio ambiente, etc.).
Entre 1974 y 1976, Argentina va sentando las bases de la dictadura militar posterior. Nuevo paréntesis académico. No era el momento, ni la situación. Baigún dimite como profesor Titular interino de la UBA en 1974. Vuelta a la defensa de los derechos desde el estrado. Vuelta a la semiclandestinidad del Instituto de Estudios Superiores. A partir de 1976, mientras el monstruo erupta cadáveres, él y otros abogados se juegan algo más que el prestigio profesional tutelando los derechos de aquellos candidatos a la tortura y a la muerte.
Tras el retorno de la democracia, en 1983, comienza una trayectoria académica sin paréntesis y en plenitud, desde su puesto de catedrático de la Universidad de Buenos Aires y director de postgrado, puesto que ocupa todavía hoy. A lo largo de estos años ha tenido tiempo, ganas y capacidad para dirigir también las escuelas de postgrado en Derecho penal de las Universidades de La Patagonia, San Juan Bosco, Comahue, Centro y Nacional de Mar del Plata. Los alumnos que han pasado por ellas conocen bien el carácter metódico, afable e incisivo del maestro Baigún, y también su llaneza, tan escasa en el escalafón. Pero hay más: desde 1989 preside el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales y Penales (I.N.E.C.I.P.), que da cobijo a las inquietudes de multitud de jóvenes preocupados por la investigación en problemas tan relevantes para el Derecho penal como la reforma de la Justicia, la política penitenciaria o la política criminal . Al cumplirse 15 años desde su creación, Tute Baigún publicó una carta abierta con la siguiente reflexión: “Creo firmemente que, en este período, hemos hallado el rumbo preciso y hemos logrado aunar, en una propuesta creativa, la herencia intelectual que nos legó Jiménez de Asúa, el compromiso de muchos juristas que lucharon por una sociedad distinta, y la eficiencia, la seriedad y el dinamismo que reclaman las sociedades modernas.”
La actividad científica y profesional del maestro Baigún se ha orientado durante estos últimos treinta años en dos frentes muy claros: la lucha contra la delincuencia económica y el constante apoyo a los colectivos sociales defensores de los derechos humanos, sometidos tras la dictadura militar a un auténtico campo minado de normas limitadoras de su capacidad para perseguir los crímenes cometidos por aquélla.
Por lo que se refiere al primero de los frentes, tras su paso por el Banco Central de la República Argentina como Director de Asuntos y Estudios Penales, promueve la creación del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, que no sólo sirve para crear un gabinete de investigadores especializados en la materia sino también para ejercitar acciones judiciales en defensa de las víctimas cuando el asunto concita un grave daño social. En ese marco científico-práctico surge una aportación muy relevante de Baigún a la fundamentación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, recién estrenada ahora en España y negada durante siglos en virtud de dogmas pertenecientes al Derecho antiguo. Sostiene Baigún que los viejos moldes de nuestra disciplina deben adaptarse a los nuevos tiempos, marcados por la globalización económica y el protagonismo (incluso político) de las grandes multinacionales. Para asimilar esa nueva realidad, dice, no basta un sistema de imputación basado en el reproche a la persona física, ideado para quien ha cometido un homicidio o una violación. El sistema de imputación penal debe tener una doble configuración que, manteniendo la clásica para la persona física, reconfigure el concepto jurídico penal de acción adjetivándola de “institucional”, para permitir la imputación de las personas jurídicas. Dicha “acción institucional” no es la que realiza el miembro del consejo de administración de la empresa cuando vota a favor o en contra de un acuerdo determinado. La “acción institucional” es la decisión adoptada por la empresa como ente jurídico y el dolo requerido sólo puede concebirse como “voluntad social dolosa”. Nuevos esquemas jurídicos para nuevos retos sociales. Por lo que se refiere a la corrupción, más allá de la valoración moral del comportamiento, para Baigún no constituye una patología del sistema sino algo consustancial a él, pues cuando hablamos de corrupción nos referimos al trueque trabado entre un sujeto que pretende que otro, sea funcionario o no, adopte una decisión en su beneficio a cambio de una contraprestación, de la naturaleza que sea. Esa es justamente la lógica de las transacciones comerciales y define mejor que ningún otro comportamiento las reglas del comercio libre, que caracteriza la economía globalizada.
El segundo de los frentes al que me refería ha consistido en trabajar con la tenacidad y habilidad que le caracterizan para desmontar las trabas impuestas por las vergonzosas leyes de “punto final” y de “obediencia debida”, adoptadas en plena democracia para procurar la impunidad de los crímenes de la dictadura, más que su imposible olvido. En 1986, Tute Baigún había publicado un artículo en Doctrina Penal en el que rebatía con solidez el carácter eximente de la obediencia debida cuando las órdenes recibidas por el subordinado son manifiestamente inconstitucionales, mucho más si conculcan derechos humanos básicos. Diez años después, en 1996, protagoniza, junto a las Abuelas de Plaza de Mayo, la querella contra quienes planificaron y ejecutaron durante la dictadura un plan sistemático de secuestro de hijos de mujeres desaparecidas. Inopinadamente, la Ley de obediencia debida había dejado fuera de su ámbito este tipo de delitos, lo que permitía su persecución. Ahorro las vicisitudes judiciales de ese proceso, pero quiero subrayar que hace pocos días, el 14 de diciembre de 2010, el Tribunal Oral de La Plata ha reconocido por primera vez que existió un plan para el secuestro y cambio de identidad de aquellos niños. Muchos años de lucha finalmente ganados a la justicia y a la memoria. ¿Será ese también el destino de la querella contra los crímenes del franquismo, presentada en 2010 por varios colectivos defensores de los derechos humanos y encabezada por Tute Baigún?.......
Baigún es hijo de Argentina pero España es una referencia constante en su biografía. La negra España aireada por Perón, la misma que llevó al exilio a Jiménez de Asúa, su maestro, queda hoy pendiente de juicio gracias a la iniciativa de este enorme jurista. A España le trae también desde hace años la mitad de su descendencia: su hijo Álvaro, barcelonés de adopción. Y siempre, en ese frecuente cruce aéreo, está a su lado Cecilia Grossman, una excelente civilista que no es su sombra sino su luz, con la que comparte un tango interminable.
Muchas gracias.

Delitos imprudentes y conducción alcoholizado

2010-12-09T12:12:00.000-08:00

Delitos imprudentes:
Un video de 5 minutos para reflexionar sobre la conveniencia de no manejar alcoholizado. Teniendo en cuenta que, en nuestro país, muere el doble de gente en accidentes de tránsito que por homicidios dolosos, no está de más...

http://www.youtube.com/watch_popup?v=Z2mf8DtWWd8

BOLILLA XIII. LA PROBLEMÁTICA DE LOS "ARREPENTIDOS"

2010-07-08T16:10:00.000-07:00

“El delator: una “técnica especial de investigación” en expansión
(a propósito de la probable inclusión del “arrepentido” en la Ley 24769)”

por Marcelo A. Riquert*

“Qualquiera que puede sospechar
ver en el otro un delator,
vé en él un enemigo” (Beccaria)

Sumario: 1. Introducción. 2. Las normas sobre delación vigentes. 3. La delación en el art. 29 ter de la Ley 23737: a) El texto; b) Los antecedentes; c) Justificación y crítica; d) Problemas de “letra chica”. 4. Recapitulando la negativa a la expansión

1. Introducción
Hace poco, una noticia vinculada al tratamiento de un nuevo proyecto de reforma del régimen penal tributario y previsional vigente (L. 24769 y mods.) y del Código Penal, sometido a consideración parlamentaria mediante mensaje 379 del PEN, fechado el 17 de marzo de 2010, ponía en conocimiento que, según anuncio del presidente de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación, diputado Juan Carlos Vega (Coalición Cívica), se habría consensuado con el bloque oficialista (Frente para la Victoria), dos modificaciones a la iniciativa del PEN consistentes en: 1) incorporar como sujeto de la LPT a las personas jurídicas; 2) incorporar la figura del “arrepentido”, beneficiando con una reducción de la escala penal a la del grado de tentativa cuando se brinde información esencial para evitar que se produzca o continúe el delito u otros conexos .
Expresamos nuestra preocupación en torno a ambas y nos parece oportuno volver ahora −en forma ampliada− sobre esta última que, de progresar, importaría un nuevo ejemplo del efecto “derrame” que portan las técnicas no convencionales de investigación que fueran introducidas en nuestro derecho en 1995 por vía de la Ley 24424, modificatoria del régimen penal de estupefacientes (Ley 23737). No se trata de un fenómeno aislado, sino que la “ordinarización” de instituciones del “derecho penal excepcional” trasluce su vocación ampliatoria al punto que se ha generado una “verdadera cultura de la emergencia” tratándose, como afirma Gabriel A. Bombini, de una racionalidad que ofrece características de permanencia y perennidad . Tampoco puede decirse que las aludidas técnicas, en sí mismas, sean “modernas”, sino que, bien apunta Marta Gómez de Liaño Fonseca-Herrero, “lo novedoso lo constituye la circunstancia de que el Estado se plantee recurrir a ellas para la investigación procesal penal” .
Podría agregarse que, además, aquellas se mantienen, aunque con mejor redacción, en el nuevo proyecto de régimen penal de estupefacientes que viene elaborándose en el marco del “Comité Científico Asesor en materia en control del tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y criminalidad compleja” . En lo específico, la reducción o directa exención de escala punitiva para los “imputados colaboradores” se prevé en los arts. 30 y 31 . En lo genérico, se sigue previendo la actuación en ajena jurisdicción territorial (arts. 28 y 29), la interconsulta y procesamiento automatizado de datos en banco especializado (art. 28), el sistema de protección de testigos (art. 32), la entrega vigilada (art. 33) y el agente encubierto (art. 34).
En aquella ocasión, habíamos señalado que tal incorporación había sido “…bajo premisa explícita de su necesidad impostergable para afrontar el gravísimo fenómeno del narcotráfico. Justamente, esta gravedad hacía que no se pudiera “combatir” sin medidas extraordinarias de difícil compatibilización constitucional (agentes encubiertos, denuncias anónimas, entregas vigiladas, testigos protegidos, forman parte del “arsenal” que se adoptó –con resultado conocido–). La implícita era que la excepcional respuesta sólo era admisible por la excepcional significación de la actividad disvaliosa para la que exclusivamente se habilitaba. A partir de aquel momento, cual aceite sobre el agua, lentamente, al calor del reclamo público impulsado por algún hecho conmocionante, la excepción se ido extendiendo hacia otros ámbitos de criminalidad particularmente grave (conspiración para la traición, terrorismo, secuestros extorsivos)”. En función de ello, con la brevedad del caso, concluimos: “Estamos convencidos, sin negar la importancia de los bienes jurídicos en juego, de que en el caso concreto está ausente la premisa básica que llevó a admitir el discutiblemente “moral” mecanismo de la “delación” bajo promesa de mejor tratamiento penal por el legislador de 1995. Sin ingresar en la justificación de una suerte de “justicia premial” o “justicia negocial”, no hay dudas que la persecución de un caso de evasión tributaria o una omisión de depósito de aportes previsionales está muy lejos de tratarse de un asunto de extrema gravedad que amerite poner sobre la mesa un recurso extremo para su esclarecimiento” .
No se trata de revisar una conclusión tan reciente, sino de formular un análisis de los antecedentes a que allí se aludía para evidenciar el orden de problemas que se propicia evitar cuando se sugiere abortar la iniciativa producto del referido trámite en el Congreso.

2. Las normas sobre delación vigentes
Ingresando en mayor detalle sobre la afirmada “vocación expansiva” de estos institutos, sin ir más lejos, al poco tiempo del mencionado ingreso y al calor de los reclamos por el esclarecimiento de los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA, en el año 2000 la ley 25241 , que vino a definir los hechos de terrorismo para nuestro derecho –con remisión al art. 213 ter del C.P. (asociación ilícita terrorista), a partir de la Ley 26268 –, consagró una escala penal reducida para el “imputado que colabore eficazmente con la investigación”, a la vez que introdujo un nuevo tipo penal por el que se impone pena de prisión de uno a tres años para quienes, habiéndose acogido al beneficio anterior, “formulen señalamientos falsos o proporcionen datos inexactos sobre terceras personas” y se previó un régimen de protección para el colaborador cuya integridad personal o de su familia estuviere en riesgo por tal actividad . Se anticipaba así, a nivel local, lo que en términos de derecho comparado explotó en la década en curso, con la proliferación de legislación antiterrorista motivada en los atentados sufridos en Nueva York, Washington, Londres y Madrid, con clarísima orientación eficientista y marcado sacrificio de garantías.
En concreto, el art. 2 dice:
“En los supuestos establecidos en el artículo anterior, podrá excepcionalmente reducirse la escala penal aplicando la de la tentativa o limitándola a la mitad, al imputado que, antes del dictado de sentencia definitiva, colabore eficazmente con la investigación. Para obtener el beneficio se deberá brindar información esencial para evitar la consumación o continuación del delito o la perpetración de otro, o que ayude a esclarecer el hecho objeto de investigación u otros conexos, o suministre datos de manifiesta utilidad para acreditar la intervención de otras personas, siempre que el delito en que se encuentre involucrado el beneficiario sea más leve que aquél respecto del cual hubiere brindado o aportado su colaboración”.
A su vez, el art. 3 indica que:
En los mismos supuestos podrá aplicarse el mínimo legal de la especie de pena, cuando la información brindada hubiere permitido acreditar la existencia de la asociación ilícita, desbaratar sus actividades o acreditar la intervención de alguno de sus miembros en el hecho delictivo, determinando así el respectivo sometimiento a proceso de quienes no hubieran sido imputados hasta entonces”.
Sin ingresar en el análisis directo de la norma, lo que interesa de inicio dejar sentado con relación a ella −y las demás que serán objeto de estudio−, es que nada tiene que ver este “eficaz colaborador imputado” a cambio de reducción de la escala penal, con el tradicional autor de tentativa que desiste voluntariamente del delito, receptado en el art. 43 del Código Penal, para el que prevé no estará sujeto a pena. Pueden compartir la modificación parcial o total de la respuesta punitiva o, en otras palabras, el tendido del llamado “puente de plata” por razones político-criminales variadas (por ej.: estimar que la finalidad preventivo especial de la pena ya está alcanzada como lo objetivizaría el propio desistimiento), pero no la nota básica del último, cual es su voluntariedad para la no realización completa del tipo cuando, objetivamente, no existe ninguna imposibilidad para su consumación. Como dice Gonzalo Fernández: “La voluntariedad del desistimiento significa que éste no ha sido impuesto por la voluntad de un tercero… ni por la fuerza de las cosas, una vez comprobada ex post la ineficacia objetiva del plan del autor” .
Retomando la consideración de nuestro tema, como apunta Manuel Cancio Meliá, se puede hablar de un verdadero efecto de “contaminación” de este tipo de normas hacia otros ámbitos de incriminación, lo que permite pensar a la luz de la experiencia histórica en este sentido que “es ilusoria la imagen de dos sectores del Derecho penal (el Derecho penal de los ciudadanos y el Derecho penal de los enemigos) que puedan compartir espacio vital en un mismo ordenamiento jurídico”, por lo que recuerda el acierto de las palabras de Bustos Ramírez cuando, por ejemplo, denunciaba que lo más grave de la legislación antiterrorista es que da la imagen distorsionada de que se a aplicar sólo y exclusivamente a los terroristas . Es que mientras que el discurso predominante en Estados Unidos reconoce abiertamente que enfrenta la situación en términos de “guerra” en la que no importa la apariencia jurídica, en el marco europeo se presenta la legislación de excepción antiterrorista bajo el estandarte de una pretendida y total “normalidad constitucional” .
Poco después, en 2003, a resultas de un lamentable hecho de gran trascendencia pública, un secuestro extorsivo seguido de muerte que generó entre ese año y 2006 la friolera de veintisiete modificaciones al Código Penal en un fenómeno que Julio B.J. Maier denominara “Blumbergstrafrecht”, por ley 25742 se incorporó el art. 142 bis y se modificó el art. 170 del digesto sustantivo estableciendo numerosas circunstancias agravantes, elevando la escala penal y, también, por otro lado, favoreciendo el “arrepentimiento” −en ambos casos− con un último párrafo en los siguientes términos: “La pena del partícipe que, desvinculándose de los otros, se esforzare de modo que la víctima recupere la libertad, sin que tal resultado fuese la consecuencia del pago del precio de la libertad, se reducirá de un tercio a la mitad”. Vemos así que la escala de la reducción no guarda estricta correspondencia con la regulación antes mencionada lo que, a su vez, se repetirá cuando se tenga en consideración la norma que veremos en detalle en el punto siguiente.
Finalizamos el recordatorio de expansiones con una suerte de “nota de color” posterior de nuestro derecho interno, en el marco de lo contravencional tributario, lo que resulta demostrativo que la vocación por contaminar el sector tampoco es nueva. Por Ley 26044 (BO del 6/7/05), se modificó la vieja Ley de Procedimiento Tributario Nº 11683. Así, en su art. 35, inc. g), se incorporó una modalidad de inspección que fue presentada popularmente como de un “agente encubierto”, en este caso, “fiscal”.
En realidad se trata de un “agente provocador”, porque es la posibilidad de realizar una inspección por un funcionario de la AFIP que, autorizado por el juez administrativo (por orden fundada en los antecedentes fiscales en poder de la misma dependencia recaudadora nacional), sin develar su calidad, compra bienes y servicios y constata el cumplimiento de la obligación de emitir facturas por el contribuyente (que puede ser que emita y no entregue, que directamente no emita, o que lo haga pero sin cumplir los recaudos formales vigentes).

3. La delación en el art. 29 ter de la Ley 23737
A. El texto. Una vez mencionadas las normas que dieron sustento al fenómeno expansivo, volvemos a la originaria del régimen de estupefacientes vigente que, ya sea por su mayor vigencia temporal, ya por su mayor frecuencia de uso, es aquella en torno a la que más se ha expedido tanto la jurisprudencia como la doctrina. La redacción del art. 29 ter dice:
“A la persona incursa en cualquiera de los delitos previstos en la presente ley y en el artículo 866 del Código Aduanero, el tribunal podrá reducirle las penas hasta la mitad del mínimo y del máximo o eximirlo de ellas, cuando durante la sustanciación del proceso o con anterioridad a su iniciación:
a) Revelare la identidad de coautores, partícipes o encubridores de los hechos investigados o de otros conexos, proporcionando datos suficientes que permitan el procesamiento de los sindicados o un significativo progreso de la investigación.
b) Aportare información que permita secuestrar sustancias, materias primas, precursores químicos, medios de transporte, valores, bienes, dinero o cualquier otro activo de importancia, provenientes de los delitos previstos en esta ley.
A los fines de la exención de pena se valorará especialmente la información que permita desbaratar una organización dedicada a la producción, comercialización o tráfico de estupefacientes.
La reducción o eximición de pena no procederá respecto de la pena de inhabilitación”
B. Los antecedentes. En cuanto a este llamado, al decir de Maier eufemísticamente, “arrepentido” , indica Hendler como antecedentes nacionales el proyecto Tejedor de 1865, que enumeraba como causa genérica de atenuación de la pena “Si (el culpable) revela la existencia de nuevos culpables desconocidos a la justicia, o da de motu proprio los medios y la ocasión de prenderlos”, previsión que no fue receptada en el código vigente, en el que puede observarse por su parte la disposición que exime de castigo en el delito de conspiración para la traición a quien “revelare la conspiración a la autoridad, antes de haberse comenzado el procedimiento” (art. 217 ). La razón de política criminal que la inspira, como indican Estrella y Godoy Lemos, es el interés del Estado en dar oportunidad a que la traición no se produzca . Se trata de una previsión que fuera raramente aplicada y a la que Jiménez de Asúa calificó como “premio a la delación”, incluyéndola en la categoría de las “excusas absolutorias posteriores”, que corresponde a la que los autores alemanes designan como “causas personales de cancelación o levantamiento de pena” . Justamente, Bustos Ramírez y Hormazábal Malarée definen a las excusas legales absolutorias como “circunstancias personales que por estrictas razones de utilidad en relación a la protección del bien jurídico excluyen la imposición de una pena” .
En el caso concreto del art. 217 del C.P., como se apuntó, tal utilidad manifiesta en el requerimiento de que se revelen los hechos de conspiración . La decisión de dejar impune al delator fue en su momento calificada por Soler como un criterio “menos inmoral” en comparación con la metodología de pruebas privilegiadas y procedimientos irregulares seguidos por gobiernos absolutistas, donde se llegaba a la imposición de la obligación de denunciar las conspiraciones a todo el que supiera de ellas, incluso bajo secreto de confesión .
Entre los antecedentes históricos, siguiendo a Mommsen, recuerda Bunge Campos que ya en el derecho penal romano había la posibilidad de eximir de pena al “delator” por vía de amnistía dispuesta por el Senado . Falcone y Capparelli resaltan que en el propio proceso inquisitorial se reconocía por los tribunales del Santo Oficio la relevancia del arrepentimiento, pero aunque el inquisidor podía aceptar la delación, se tasaba su valor probatorio y, por ejemplo, por el sólo testimonio de un arrepentido ningún inquisidor podía someter a tortura a ningún ciudadano bajo crimen de herejía . Arce y Marum citan como uno de los antecedentes (que guardaría correlación histórica con nuestro Código Tejedor, agregamos), el art. 39 del viejo Código Penal portugués de 1886, que incluía como circunstancia atenuante de responsabilidad criminal el descubrimiento de otros agentes, de los instrumentos del crimen o del cuerpo del delito, siendo la revelación verdadera y provechosa para la acción de la justicia .
En cuanto a su historia moderna, resaltan Frondizi y Daudet que en Italia ingresa a principios de los años ’80 “en ocasión del maxi-proceso de Palermo y de la conclusión del primer ciclo de proceso a los carteles mafiosos de la Compania reunidos bajo las siglas N.C.O. (Nuova Criminalitá Organizzata), y Nuova Famiglia, cuando aparecieron los así llamados “arrepentidos históricos” cuyas declaraciones fueron el fundamento sustancial de la acusación y de las condenas” . Además del uso de la técnica de los “pentiti” en Italia, Arce y Marum, recuerdan que también en Alemania y en España desde la misma época se han sucedido varias legislaciones referentes al fenómeno del terrorismo en la que se recogió este instituto .
C. Justificación y crítica. La discusión acerca de lo que ahora se llama “técnica especial de investigación” (tal la rúbrica VIII del proyecto del “Comité Científico Asesor…” antes mencionado), también mencionada como una “técnica de estímulo”, no es novedosa .
Para confirmarlo basta la remisión a la opinión de Francesco Carrara, quien al referirse a las “Causas políticas o extrínsecas para la modificación de las penas” , dentro de su idea del bien social como fin último del castigo, apuntaba la posible existencia de circunstancias especiales que demuestren que la aplicación del rigor ordinario de la pena en un caso dado, aunque sea conforme a la justicia, le produciría a la sociedad un daño mayor que el que resultaría de dejar impune o de castigar al reo, oportunidad en que “se origina un conflicto entre las exigencias de justicia rigurosa y las exigencias del orden externo” . Admitida la posibilidad de causas políticas o extrínsecas para disminuir la pena (nunca para aumentarla, ya que la justicia penal es un criterio limitativo del derecho penal), aquellas pueden ser indeterminables a priori por la ley, que son las que inevitablemente caen bajo el “derecho de gracia”, o bien determinables por la ley y que, por lo tanto, no pueden quedar al arbitrio de príncipes o jueces, sino que “todo está preordenado por la ley, que se ha determinado a acoger estas atenuantes, no por motivos de justicia, sino por razones de utilidad pública” . Al pasar a individualizar estas últimas, indica que tales serían, por ejemplo, “el retiro voluntario del agraviado en los delitos de acción privada; o, según la doctrina de los prácticos, la confesión del reo, oportuna y útil a la justicia, o la prescripción de la pena” .
En una suerte de intermedio, en la medida que se trataba de una causa determinada a priori pero cuya naturaleza no era jurídica sino política, menciona el caso de muchos antiguos estatutos italianos que preveían como un supuesto de disminución de la pena la “entrega espontánea de los contumaces”, decretos a los asignaba la calificación de “confesión implícita de la impotencia de la autoridad para obtener el arresto de los enemigos sociales” que daba lugar a “sangrientas y continuas luchas entre los esbirros y los bandidos”, señalando luego que “en tiempos normales y en un Estado tranquilo, no es buena esta promesa de excusa, que en sustancia es una transacción con los delincuentes”, llegándose al caso en que gobiernos débiles aseguraron “estipendio a los bandidos para acabar con ellos. Tales hechos son deplorables”, de allí que postule que, de máxima, el juez, dentro de los límites para individualizar la pena, considere a una entrega espontánea como una señal de arrepentimiento que pueda llevarle, pero no por vía de regla, a una disminución de los “agravios del proceso” para el reo, por ejemplo, en la encarcelación preventiva: “Contra el que espontáneamente se entrega a la justicia, no puede alegarse el temor de que huya” .
Al referirse luego, en concreto, a la confesión espontánea del reo en prejuicio propio y de sus cómplices que sea útil para la justicia como motivo de minoración de la pena, el ilustre profesor de la “Regia Universitá di Pisa” también la condenaba con duros términos: “Ante todo, repugna que la ley determine con anticipación que cuando un acusado confiese en perjuicio propio o de sus cómplices, tendrá atenuante de pena, porque esta norma parece una transacción con el delito, ofende el sentido moral de algunos, y hace que la teman como un incentivo para la delincuencia” .
Ya en la actualidad, en opinión de José Ramón Serrano Piedecasas, siendo que la lucha contra el terrorismo y el tráfico de drogas ofrece como mayor dificultad el acceso al último escalón de la pirámide organizativa, amparada por la clandestinidad de su accionar y sus sólidas vinculaciones internacionales, ha sido necesario introducir un “sistema atenuatorio (premial) para lo integrantes de aquellas organizaciones que abandonen sus actividades delictuales o colaboren con la justicia”. Así, categoriza al tratamiento de estos “arrepentidos” como “figuras dogmáticas intermedias entre el desistimiento y el arrepentimiento, cuyo fundamento y razón de ser es eminentemente práctico, utilitario, al que se adicionan motivaciones basadas en una “menor necesidad de la pena”, tanto desde la óptica de la prevención general como especial” .
En nuestro caso, palabras más o menos, la idea que operó como fuerza impulsora de la decisión reformista en este punto fue que “La legislación actual no brinda ningún incentivo a las personas imputadas o procesadas por delitos vinculados al narcotráfico para brindar información relevante que pueda ser utilizada para avanzar en la investigación sobre otros miembros de la organización, o sobre otros delitos de los que la persona en cuestión pueda tener conocimiento… Los enormes esfuerzos que nos plantea la lucha contra el tráfico de estupefacientes debe llevarnos a la búsqueda de soluciones imaginativas que, respetando los principios y garantías constitucionales, faciliten la tarea de la justicia… (como) la posibilidad de que los jueces reduzcan la pena de los incursos en delitos vinculados al tráfico de estupefacientes cuando colaboren de manera significativa en la investigación judicial tendiente a desbaratar una organización vinculada al narcotráfico” .
La disposición de la Ley de Estupefacientes establece atenuaciones de penalidad (hasta la mitad del mínimo y el máximo o eximirla de ella) para quien revele la identidad de otros autores, partícipes o encubridores de los hechos investigados o conexos, o aporte información que permita los secuestros ya mencionados. Así como el “agente encubierto” significa una forma de investigación desde afuera hacia adentro de la organización de narcotráfico, a través del “arrepentido” –también llamado “colaborador” o “informante” o “testigo de la corona” –, se consagra otra de sentido inverso .
Maier encuadra este instituto dentro de la audaz moda “de fijarle precio a la supuesta verdad y pagar por ella” . Como patentiza el título del trabajo, coincidimos con Hendler cuando dice que, en rigor, no se trata verdaderamente del arrepentimiento sino de la delación. La condición establecida en la norma es la utilidad de la revelación o el informe, no la voluntad de desistir ni el arrepentimiento. Así, evoca: “La reminiscencia que sugiere nos retrotrae indudablemente a la práctica medioeval anglosajona del approver . Pero ahora, claro está, sin el riesgo para el delator de tener que batirse a duelo con los acusados, como podía ocurrir en aquél entonces y sin que tampoco se le imponga la exigencia de aquella época de que abandone el territorio del reino” . Coincidente Terragni señala que la denominación de “arrepentido” importa un “torcido uso del lenguaje (que) procura disimular la inmoralidad intrínseca de la figura” .
Desde el plano ético, destaca Maier que, lo más curioso es que para esta compra de impunidad por una persona que no está arrepentida de nada, sino que negocia desde una situación de inferioridad, obtiene más ventajas cuando es más inmoral. Cuando más comprometido está con el delito, más injusta es su conducta, más tiene que ofrecer, en consecuencia, más perspectivas de obtener la impunidad . Por su parte, Sancinetti señaló que se encubre una perfidia, ya que no se estaba frente a un sujeto que se condolía de su pasado y que por eso colaboraba con la investigación, sino ante el autor de un delito que obtenía un beneficio a cambio de traicionar la confianza de los copartícipes .
Al contrario, Cornejo apunta que observaciones como las anteriores confunden el concepto procesal con el propósito de enmienda propio del ámbito confesional, cosa que el legislador no tuvo en cuenta, no le interesó si el reo se muestra pesaroso con su proceder, sino la significación de su confesión en relación con el hecho en forma global y su contribución a su esclarecimiento, agregando que “Pretender más sería vulnerar, cuando menos, el principio del cogitationis poenam nemo patitur, según el cual los pensamientos no son punibles. O hacer resurgir métodos inquisitoriales en pos de la búsqueda de la verdad real” , a la vez que reconoce que se trata de “una figura que, por su propia esencia, no resulta simpática ni fácil de aceptar” .
En la perspectiva comparada, Hendler recuerda que en el derecho norteamericano, la cuestión con las confesiones de un inculpado que sirven de prueba contra otro está planteada como un conflicto entre las atribuciones del fiscal de obligar a alguien a prestar declaración como testigo de cargo y el privilegio de no ser obligado a declarar contra sí mismo. El principio generalmente aceptado es que el otorgamiento de inmunidad hace desaparecer el privilegio y permite obligar a declarar, aunque lo que se discute es el alcance de la inmunidad: si tiene que abarcar el hecho sobre el que se declara (“inmunidad de transacción”) o alcanza con asegurar que lo declarado no será utilizado (“inmunidad de uso”). En el ámbito federal, la Corte en el caso “Kastigar v. United States” (1972) fijó una posición intermedia: aunque no es necesario una inmunidad de transacción, se requiere la seguridad de que lo declarado no pueda utilizarse y de que tampoco pueda utilizarse ninguna prueba derivada de la misma declaración (“inmunidad de uso derivativo”), lo que implica que la persona favorecida por el otorgamiento de la inmunidad sólo puede ser acusada por el hecho al que se refiere su declaración cuando la acusación demuestre que la prueba de cargo ha sido obtenida de una fuente totalmente independiente .
Agrega Bunge Campos para diferenciar a nuestro delator del testigo con inmunidad estadounidense, que éste declarará bajo juramento y será contra-interrogado por el defensor del imputado sobre su arreglo con la Fiscalía, que verá así la “luz pública”, para que el jurado popular pueda ponderar adecuadamente la credibilidad de este testigo . Entre nosotros, el proceso de otorgamiento de beneficios destaca, como dice Montoya, por el secreto en el trámite de obtención de la verdad histórico-procesal: “no hay visibilidad, transparencia ni publicidad” . Se volverá luego sobre la perspectiva del valor probatorio de sus dichos.
Ensayan la justificación del instituto, entre otros, el nombrado Cornejo y Spolansky. El primero, tras reconocer la plausibilidad de las opiniones en contrario antes mencionadas, apunta que “no es menos cierto que el legislador tuvo que enfrentarse ante lo incontrastable de la realidad, debiendo asumir que para combatir la criminalidad organizada hacían falta figuras hasta no hace mucho profanas en el Derecho Penal vernáculo… no es que el Derecho conciba cualquier engendro, sino que ciertas coyunturas extremas compelen al legislador a privilegiar ciertos bienes sobre otros en aras de la preservación institucional” . En cuanto al profesor Spolansky, partiendo del reconocimiento de que se funda en un criterio utilitario, afirma que la objeción de estimular la “delación” no advierte que nadie tiene el derecho a no ser investigado y que los pactos de silencio de un grupo delictivo no están protegidos por ninguna regla constitucional. Destaca que el arrepentido no es obligado normativa ni físicamente a transmitir información útil, sino que es él y su abogado quienes deberán calcular cuáles son las consecuencias más ventajosas para el interesado. Aporta un criterio para tratar de superar la objeción relativa al “arrepentido” autor principal que entrega a los cómplices primarios y secundarios (lo que, puede acotarse, fuera magistralmente mostrado en el cine por la película “Los sospechosos de siempre” ). Señala que “sólo podrá ser arrepentido quien aporte datos útiles para individualizar a personas que no estén en un nivel de responsabilidad penal por lo menos igual o inferior a la del arrepentido” .
Esta última restricción no surge del texto de la ley, aunque se trata de una sugerencia que sí incluye como inciso “c” el art. 30 del proyecto “Comité Científico Asesor” que ya fuera transcripto. Podría esto generar la impresión de que entonces, de transformarse esta iniciativa en ley, la claúsula solucionaría la crítica. Estimamos que no sería así y lo pone de manifiesto con evidencia la circunstancia de que no es difícil pensar en casos como el del ejemplo cinematográfico dándose en la realidad.

D. Problemas de “letra chica”. En cuanto a lo particular, es decir, el detalle de la regulación del instituto, los problemas que surgen de una redacción en que lo incompleto se mezcla con lo confuso, son varios.
i. Una primera discusión podría girar en torno a su naturaleza que, si bien ofrece como respuesta de mayor consenso la anticipada al momento de presentar los antecedentes, es decir, se trata de una excusa absolutoria , se han introducido matices. Por la negación del encuadre se ha pronunciado Franceschetti quien, siguiendo la opinión de Zaffaroni en cuanto niega que existan las “excusas absolutorias” como tales, opina que la “colaboración” podría inscribirse dentro de las causas que cancelan la pena, ya que opera impidiendo la aplicación de una pena con motivo de circunstancias posteriores a la comisión del hecho delictivo (en cambio, las causas que excluyen la pena, son casos en que las circunstancias preexisten y deben encontrarse presentes al momento del hecho) .
En una suerte de punto intermedio, Bunge Campos, al referirse a las consecuencias del “arrepentimiento”, entiende que cuando se exime totalmente de la pena se trataría de excusas absolutorias o causas personales de anulación de la pena, mientras que en los supuestos de disminución de la pena, se fijan pautas “que desquician todo el sistema de determinación de la pena” . Por su parte, entendemos que con razón, niegan Arce y Marum tal problema, apuntando que no es esencial a la estructura de la excusas absolutorias que eliminen totalmente la punibilidad, mencionando expresamente el caso del art. 232 en nuestro C.P. o las llamadas “semi excusas absolutorias” del derecho español, que son beneficios establecidos para personas pertenecientes a bandas armadas o elementos terroristas o rebeldes . Aclaran los nombrados que, si bien en todas las excusas absolutorias la no imposición de pena atiende a razones de política criminal que así lo aconsejan, en este caso, a diferencia de las restantes “excusas absolutorias sobrevivientes”, que adquieren tal carácter desde una consideración de los fines de la pena (ya sea por menor grado de culpabilidad o de menor necesidad de prevención especial o desde alguna perspectiva de prevención general –para la que pudiera ser contraria en cuanto mermaría sus efectos disuasorios–), no se trata de un supuesto de innecesariedad de ella, “sino de una valoración que hace el legislador basada en cuestiones de utilidad, conveniencia y pragmatismo con la única finalidad de facilitar y fomentar la persecución penal (policial y judicial)” .
ii. En cambio, volviendo sobre la crítica de Bunge, sí se advierten claras turbulencias en el sistema de determinación de la pena si se atiende al modo asimétrico con que se ha regulado el instituto en los diversos regímenes en que se incorporó. Cornejo ha puntualizado la falta de coherencia del legislador en la “expansión” por ley 25241, ya que al comparar ambos dispositivos legales, observa que mientras en la ley 23737 se prevé una posible eximición de pena, en la otra sólo es factible la reducción, lo que denuncia como no equitativo . A ello se agrega como quiebre de igualdad, pero en sentido contrario, que mientras en el régimen de estupefacientes el tribunal competente para resolver en el caso concreto si se reunieron los recaudos para viabilizar la consideración de “arrepentido” es el Tribunal Oral Criminal ya en la etapa de debate o juicio propiamente dicho, en la legislación antiterrorista es posible que esto lo analice en juez instructor para acordar la excarcelación del arrepentido .
A su vez, ya anticipamos que la asimetría se profundiza si entra en el juego comparativo el citado art. 170 del C.P., con su modificación de mediados de 2003. De todos modos, no puede perderse de vista que en una decisión de estricto corte político criminal y teniendo en consideración el régimen o grupo de delitos en que el legislador habilita el tratamiento preferencial para el delator, es perfectamente posible admitir que diferencie consecuencias ante la presencia de, por ejemplo, desiguales valoraciones sobre la gravedad de los ilícitos a que se refiera.
iii. Con relación a cuál sería el ámbito personal de aplicación del instituto, puede “arrepentirse” cualquier persona “incursa” en los delitos que individualiza la norma (los del propio sistema que integra y el art. 866 del Código Aduanero o en otros conexos ), que brinda la información que especifican los incs. “a)” y/o “b)”, ya que no media conjunción que aclare la relación entre ambos –de lo que deriva que bastaría con que cumpla con una de las dos situaciones –, ya sea durante la sustanciación del proceso o incluso antes de su iniciación. Sólo a esta persona, no se comunica a otros partícipes ya que se vincula a su aporte personal al progreso de la investigación y no al hecho investigado. Además, no hay límites en cuanto a las veces en que puede “delatarse” bajo el amparo de este instituto, por lo que bien podría darse la reiteración del pedido por quien se arrepintió en anterior ocasión, aspecto que ha sido objeto de dura crítica .
Por lo tanto, puede tratarse de autor, coautor, partícipe primario o secundario e, incluso, instigador, ya que la amplitud de la redacción permite incluir todos estos supuestos de participación. Tampoco vemos inconveniente en que pueda beneficiarse un encubridor ya que si bien, en sentido literal, no sería alguien que está “incurso”, carecería de razonabilidad que pueda acceder a esta posibilidad quien realiza la conducta y quede fuera quien simplemente la oculta, pudiéndose además agregar que al argumento de igualdad para el que realiza algo menor, se postula una interpretación coherente con la finalidad de la previsión legal, es decir, el argumento utilitario que se enarbola para justificar el instituto. Coinciden Arce y Marum invocando, a todo evento, una analogía “in bonam partem” .
iv. Los últimos autores nombrados introducen una interesante cuestión −cuya solución nos parece acertada−, con relación a los límites respecto de a quienes se puede delatar. Así, si el partícipe al que se pretende delatar se encuentra comprendido dentro de los parientes respecto de los que media prohibición de denuncia (vía art. 178 del CPPN), esta colisión habrá de resolverse por la prevalencia de la última, que tiene anclaje constitucional en el art. 14 bis de nuestra Carta Magna, que garantiza la protección integral de la familia. Agregan que, en el análisis infraconstitucional, también es claro que “si el Estado sin distinción alguna de delitos, se autoexcluyó genéricamente de tomar conocimiento por medio de estos parientes, al no consagrar lo contrario el art. 29 ter, no cabe tener por derogada la prohibición” .
v. Otro de los aspectos que permite adjetivar como “confusa” a la regulación del instituto en particular es la fórmula alternativa que cierra el inc. a) del art. 29 ter, es decir, que la revelación debe permitir el procesamiento de los sindicados “o un significativo progreso de la investigación”, que es de una vaguedad preocupante (“pasmosa”, califica Bunge Campos ), dejando librado por su indeterminación al arbitrio judicial para los casos concretos lo que resulta condición para la operatividad del instituto.
Reconociendo la imprecisión de la redacción, Falcone y Capparelli indican como supuestos de avance en la pesquisa la identificación de coautores, cómplices e instigadores, la detección del modus operando, la obtención de números telefónicos, domicilios a través de los que o en donde se concreten o acuerden transacciones ilícitas. También cuando mediante la información se logre procesar a los sindicados, que en su consideración, aún tratándose de una medida que no causa estado, es suficiente para que proceda la excusa absolutoria, sin que pueda ser enervada por la revocación por tribunal de alzada . En el proyecto de ley “supra” citado se incluía como ejemplo de “colaboración significativa” el aporte de información que permita la incautación no sólo de estupefacientes, materias primas o precursores químicos para la fabricación de los primeros, sino también de dinero vinculado a los hechos investigados, lo que finalmente plasmó en el inciso “b” antes trascripto .
A contrario, Arce y Marum postulan que si no ha se ha dictado el procesamiento del sindicado, ni se ha logrado un significativo progreso de la investigación y tampoco se produjo el secuestro de la sustancia, no cabe aplicar la figura, aún cuando el imputado resulte ajeno a la falta de obtención de aquellos resultados (“no bastan las buenas intenciones del informador” ). El límite estaría dado por la circunstancia de que lo que frustrara el resultado hubiera sido una conducta dolosa o culposa de la autoridad de prevención o instrucción , ya que “la negligencia de quien tiene a su cargo la investigación no puede revertir en perjuicio del imputado” .
vi. Un problema adicional, en términos ya de valoración de la prueba, ofrece el instituto en la medida que, naturalmente, se relaciona con la vieja cuestión acerca del “peso” como prueba de cargo de la declaración incriminatoria que presta el coimputado. Tradicionalmente, como expone Manuel Jaén Vallejo, el TCE ha señalado que “carece de consistencia plena como prueba de cargo”, en particular si es única y no encuentra mínima corroboración por otras concordantes en contra del indicado. De allí que, coincidiendo, entiende el citado que su “consistencia probatoria” es “reducida”, mencionando en este sentido distintas sentencias del TSE en las que la declaración del coacusado ha sido caracterizada como no propiamente un medio ordinario de prueba, ya que se efectúa sin la obligación de veracidad exigible al testigo, reconociéndole al menos valor constitutivo de una “mínima actividad probatoria de cargo” para la que las motivaciones de quienes inculpan a otro procesado deben ser analizadas con especial cuidado. Así, según la doctrina del TSE, podría adjudicarse tal significación menor cuando no hayan sido prestadas por alguien guiado por móviles de odio personal, por obediencia a una determinada persona, ni que la declaración inculpatoria se preste con ánimo de autoexculpación.
Justamente, conectando esto último con el instituto en análisis, dice el nombrado: “Todas estas circunstancias, precisamente, hacen altamente perturbadora la figura del llamado “arrepentido”, prevista en el art. 376 del Código Penal español, en relación con los delitos contra la salud pública (tráfico ilegal de drogas), que prevé una reducción de pena de hasta dos grados “siempre que el sujeto haya abandonado voluntariamente sus actividades delictivas, y se haya presentado a las autoridades confesando los hechos en que hubiera participado y haya colaborado activamente con estas, bien para impedir la producción del delito, bien para obtener pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado” .
Montoya, por su lado, tras evocar la confianza que el célebre magistrado italiano asesinado Giovanni Falcone tenía en los arrepentidos a partir de su uso en numerosos procesos contra la organización mafiosa conocida como la “Cosa Nostra”, señala en cuanto a la valoración procesal de las declaraciones de los pentiti que “sus dichos constituyen sólo uno de los instrumentos útiles para el descubrimiento de la verdad, por cuanto se requiere que sean seriamente investigados a fin de ser corroborados por otras evidencias, ello de acuerdo a la jurisprudencia y doctrina comparada” . En el caso italiano, destaca además la correspondencia con la previsión del art. 192 de su CPP, que dice: “Las declaraciones prestadas por el coimputado del mismo delito o por persona imputada en un procedimiento vinculado, se evaluarán juntamente con los demás elementos de prueba que confirmen su admisibilidad”. En función de ello, indica el autor citado que “surge la necesidad de incorporar al proceso sólo las revelaciones de los colaboradores que encuentren un respaldo preciso y real en el resultado de las investigaciones desarrolladas por los investigadores, y la necesidad de un gran profesionalismo por parte de quien recibe las declaraciones de los colaboradores, dado que en todo momento debe tenerse bien presente el peligro de convertirse en instrumentos de quien persigue finalidades no institucionales que pueden significar una trágica desviación y esto debe ser eficazmente combatido” .
vii. En cuanto a la oportunidad hasta la que puede “arrepentirse”, la fórmula “durante la sustanciación del proceso” es de una amplitud que permite las más variadas interpretaciones. Así, literalmente, permitiría que se pudiera hacerlo mientras no hubiere sentencia firme.
No obstante, en una lectura sistemática de la norma, parece más razonable aquella que lo limita hasta el momento inmediato anterior a la clausura del debate, es decir, a aquel en que se brinda al imputado la última oportunidad dentro de aquel de manifestar cuanto quiera antes de concluirlo .

4. Recapitulando la negativa a la expansión
Nada es sencillo cuando se transita un momento que sintetizan Bustos y Hormazábal diciendo: “Términos como “inseguridad ciudadana”, “crimen organizado”, “fundamentalismo religioso” y “terrorismo”, que los ciudadanos han incorporado a su lenguaje cotidiano haciéndose eco de la insistencia con que son repetidos por los medios de comunicación con el apoyo de intelectuales orgánicos del autoritarismo penal, han terminado por construir una situación en la que se va extendiendo la opinión de que el sistema penal y sus garantías no sirven para luchar contra estas formas de delincuencia”. Ante esto, identifican dos caminos. Uno es la alternativa irracional, real, de una profusión de leyes especiales cuyo objetivo no es la determinación de conductas sino la diferenciación de personas en la sociedad, constituyendo un nuevo planteamiento del derecho penal autoritario, el derecho penal para el enemigo. Otra es una respuesta democrática, que parte del reconocimiento de que para hacer política criminal hay límites que vienen dados porque para un Estado social y democrático de derecho no cualquier alternativa es válida, sino que aquellos vienen impuestos por la ética (el fin no justifica los medios), los derechos fundamentales (la visión histórica nacional de los derechos humanos) y los principios que dieron nacimiento al Estado moderno (libertad, igualdad, solidaridad). Por eso, en definitiva, postulan “un reforzamiento de las instituciones de control y también del sistema de derecho penal, pero manteniendo los principios garantistas” .
Como señala Gómez de Liaño Fonseca-Herrero, hoy día, los “medios extraordinarios de investigación” (grupo al que pertenece la delación institucionalizada) encuentran su fundamento último y legitimidad de uso por el Estado en lo pernicioso que para la sociedad entera es el crimen organizado, así como las dificultades inherentes a su lucha, llegando a representar un “modelo diferenciado de represión del delito” que, entiende, “permite hablar de un Derecho Procesal de dos velocidades según estemos ante la tradicional delincuencia individual o antes los fenómenos delictivos organizados”. No obstante, aclara de inmediato que “la idoneidad de los referidos medios de investigación no debe ir en detrimento de la plena vigencia de los derechos y principios constitucionales”, de allí la necesidad de sujetarlos al cumplimiento de estrictos requisitos legales como modo de mitigar los riesgos que suponen para las garantías vigentes en un Estado de Derecho, mencionando en particular que deberán responder a los principios de legalidad, subsidiariedad, proporcionalidad y de exclusividad jurisdiccional .
Estamos ante un fenómeno expansivo interno, como ha quedado acreditado en lo que antecede, que forma parte de uno mayor, a escala globalizada e impulsado desde Naciones Unidas a través de diversos instrumentos, como la Convención contra el Tráfico de Estupefacientes de 20 de noviembre de 1988, por citar uno. Hemos visto, con grado de mayor detalle, precisamente en el régimen penal de estupefacientes nacional, los problemas que conlleva la admisión de la delación como “medio extraordinario de investigación” que, además, no habrán de salvarse por la más pulcra redacción del proyectado art. 30 de la iniciativa del “Comité Científico Asesor en materia de control del tráfico de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y criminalidad compleja”.
Cuando se conecta este panorama con la noticia motivadora del trabajo, vale decir, una posible nueva normativización del “delator” en un régimen especial, aparece inevitable el recordatorio a las palabras de Soler: “Las leyes se suelen guiar en este punto por un criterio estrictamente político. Es tan grave el delito final que incluso se transa con la inmoralidad evidente de la delación” . No creemos estar en presencia de un ámbito de criminalidad (el tributario y previsional) que ofrezca las notas de gravedad propias del llamado “crimen organizado” que justifiquen habilitar la “transacción”, en verdad, resignación de principios, que importa esta y otras “técnicas especiales de investigación”.

VIDEO DEL CELS sobre prisión en Comisarías bonaerenses 2009

2010-04-18T17:22:00.000-07:00

FILMACIÓN sobre la prisión en Comisaría en la provincia. De visión OBLIGATORIA para acompañar la lectura del caso "Verbitsky".

El juez de Necochea y presidente de Pensamiento Penal, Mario Juliano, mostró en nuestra facultad el día viernes 16 de abril un video elaborado por el CELS, que fuera presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en marzo pasado. Se muestra las condiciones en que se encuentran los detenidos alojados en varias comisarías del Gran Buenos Aires.

Basta dedicar los 10 minutos que dura para entender por qué el estado bonaerense ha sido denunciado por incumplimiento de lo resuelto por la CSJN en el caso "Verbitsty".

Este es el link:

http://www.vimeo.com/11015270

INSEGURIDAD Y REFORMAS PROYECTADAS. Columna de opinión. Riquert

2009-12-06T17:14:00.000-08:00

Sobre el tema de la sensación de inseguridad incluimos seguidamente una nota de opiniòn del prof. Riquert y, a continuación, un reportaje periodístico a Gabriel Kessler

La inseguridad y el síndrome de Balatón (a esta película ya la vi…)

por Marcelo A. Riquert*

Hace más de una década, Jaime Malamud Goti denunciaba. refiriéndose a la política de “guerra contra las drogas” en Bolivia de aquel momento, que la insistencia en una serie de medidas probadamente ineficaces importaba la puesta en vigencia del principio “más de lo mismo” o el “síndrome de Balatón”[1]. Explicaba que en los años 50 los políticos húngaros tomaron la decisión de sembrar cítricos a las orillas del lago Balatón y que la posibilidad de rectificar el rumbo fue aniquilada cuando, asignándole la fuerza de desafío bélico, los gestores del proyecto decidieron ignorar la predicción de un experto para quien las plantaciones no tolerarían el frío de la región. Cuando el desastre se produjo, los funcionarios acusaron al experto de traicionar el proyecto, su interés en el traspié de la empresa explicaba el desastroso resultado y se hizo evidente al anunciarlo. Así, el fracaso es sencillamente observado más que como la ocasión de rectificar el rumbo, como la confirmación del acierto cuyo éxito no se verificó sólo porque los recursos fueron insuficientes o faltó entusiasmo. Concluía entonces Malamud que, lamentablemente, “el síndrome Balatón no es patrimonio exclusivo de los húngaros”.
Los anuncios públicos recientes de las autoridades de la provincia de Buenos Aires sobre las medidas que se propician para solucionar el problema de la inseguridad, planteadas en el marco de lo que se presenta políticamente como una lucha personal sin cuartel contra el crimen, dejan a las claras que los húngaros, al menos, compartirían el síndrome con los bolivianos (según el autor citado) y los bonaerenses, en nuestra modesta opinión que, sin dudas, nos expone a ocupar el sitio del experto que advirtió que la zona no era apta para el cultivo de limones, naranjas o pomelos.
Nada cambiará sustancialmente en términos de seguridad con la baja de la imputabilidad de los menores (que cometen el 4 % del total de delitos registrados en el año conforme las estadísticas de la Procuración General ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires), sólo se los judicializará penalmente antes a través del sistema de responsabilidad penal juvenil recientemente implementado con notorias carencias estructurales y personales, suplidas las más de las veces por los enormes esfuerzos individuales de operadores comprometidos con su función de servicio social. La implementación de un código contravencional con previsiones que someten a todos los habitantes permanentes o en tránsito a ser víctimas del tratamiento ideado para “feos, sucios y malos” está más cercano de hacernos sentir inseguros sobre nuestra propia condición de ciudadanos que cualquier otra cosa y, finalmente, que una nueva modificación del régimen de excarcelación nos expone a incumplir el estándar mínimo que le fuera fijado a los tres poderes locales por la Corte Suprema de Justicia en el famoso caso “Verbitsky” en 2005, atendiendo las reglas constitucionales o internacionales de igual jerarquía con las que se encuentra comprometido nuestro país.
La media porcentual de detenidos por habitante en la provincia, lejos de la idea instalada públicamente de que “entran por una puerta y salen por otra”, es la tercera más alta de toda América, sólo superada por Estados Unidos (que es el “campeón mundial”, superando los 600 detenidos por cada 100.000 habitantes) y Cuba, en puesto que compartimos con Chile. Con más de 220 detenidos por cada 100.000 es, además, el lugar que tiene la tasa más alta del país (la media nacional es de aproximadamente 150).
A comienzos de la década, había en Buenos Aires alrededor de 15000 personas presas. Una modificación al código procesal, la Ley 12405 pergeñada por el gobernador Ruckauf, cambió las reglas de la excarcelación y llevó a que en cinco años la población carcelaria sobrepasara las 32.000 personas (más de 6000 de ellas en instalaciones policiales), en las peores condiciones que comenzaron a revertirse a partir del reclamo judicial del CELS antes mencionado. No puede olvidarse, además, cuando se predica que hay incrementar la cantidad de detenidos, que las restricciones presupuestarias existentes se expresan, en materia carcelaria, en que la provincia gasta por interno más de 4000 pesos por mes mientras que la Nación destina al mismo fin más de 6000 pesos (y tiene en su servicio penitenciario un tercio de la población que aloja el local).
Lo muy sintéticamente recordado demuestra que los bonaerenses esta película ya la vimos y, por lo tanto, el final lo conocemos. Nadie puede decir que en el lustro en que más que duplicamos nuestros presos (de los que sólo poco más del 20 % tiene condena), la situación de seguridad mejoró. La “sensación” registrada en los medios fue la contraria. Sigue siendo la contraria. Conforme el síndrome de Balatón, este fracaso solo sería demostrativo del acierto del camino de tener más gente presa sin condena, lo que pasa es que la actual aún no es suficiente. Simplemente, se trataría de la falta de entusiasmo de los jueces en dejar imputados en prisión preventiva sin que importe que luego, muchos, serán declarados inocentes y absueltos tras la realización del juicio.
Aún prescindiendo de las consideraciones relativas a los derechos humanos que, en el mundo globalizado, parecen no importar demasiado, desde una pura visión economicista, teniendo en cuenta lo que cuesta mantener una persona presa en malas condiciones y las limitaciones presupuestarias que vivimos, no sería mala idea sentarse a pensar algún modo más inteligente de enfrentar los serios problemas estructurales multiplicadores de violencia social y no seguir gastando en ampliar la hotelería carcelaria. Es muy probable que nos demos cuenta de que podría ser más barato generar trabajo que encierro, dar educación que sacar niños del tráfico social, ayudar a sus familias para que puedan contenerlos que institucionalizarlos. En definitiva, que es muy difícil “resocializar” a quien nunca fue “socializado”.

* Profesor Titular Regular de Derecho Penal, Universidad Nacional de Mar del Plata.
[1] En su trabajo “El poder desarticulante y los discursos de emergencia: el caso de la guerra contra las drogas”, pub. en la “Pena y Estado. Revista Latinoamericana de Política Criminal”, N° 3 “Policía y sociedad democrática”, INECIP/Editores del Puerto, Bs.As., 1998, págs. 131/132.

A continuación reproducimos un interesante reportaje realizado a Gabriel Kessler sobre el tema "sensación de inseguridad y delito", publicado en el diario Página 12 del día 12 de setiembre de 2010.

“La relación entre percepción de inseguridad y delito efectivo es el doble”
Gabriel Kessler lleva años estudiando la llamada “inseguridad”. Que es mucho más que delito, asegura. Y se atreve a decir que la inseguridad no es sinónimo de ruptura de la ley. Aquí, analiza cómo se relaciona la sociedad con ese fenómeno, cómo cambia esa relación en el tiempo y qué papel juegan los medios.
Por Natalia Aruguete y Walter Isaía
–¿Cómo define el concepto de inseguridad?
–Tal cual está tematizado en la Argentina, tanto en el campo político, mediático como en la población, la inseguridad no es sinónimo de delito, ni siquiera de todos los delitos violentos. La inseguridad es la sensación de una amenaza aleatoria que puede abatirse sobre cualquiera en cualquier lugar. La idea central es la de aleatoriedad, le puede pasar a cualquiera. Muchas veces causa sensación de inseguridad, por ejemplo, el que haya jóvenes reunidos en la calle que no están violentando ninguna ley. Por eso digo que la inseguridad no es sinónimo de ruptura de la ley.
–Hay un debate de larga data en la Argentina sobre si la inseguridad es objetiva o subjetiva, ¿usted qué opina?
–Que las dos dimensiones son inseparables, porque la inseguridad tiene siempre una dimensión de demanda insatisfecha dirigida al Estado sobre lo que se considera un umbral de riesgos aceptables, y eso necesariamente es subjetivo aunque no lo hace menos real.
–¿Por qué en los últimos años la inseguridad se ubicó como la principal preocupación en Argentina?
–Hoy la preocupación por el delito está instalada como primer problema en toda América latina, en los países que tienen las tasas más altas de delito y también en aquellos que, en términos relativos y absolutos, tienen menores tasas de delito, como Uruguay, Costa Rica o Chile, como se vio en las últimas elecciones presidenciales de estos países.
–¿Por qué?
–Hay muchos factores a tener en cuenta. En Argentina, por ejemplo, los delitos contra la propiedad aumentaron más de un 200 por ciento en 20 años. La relación de la sociedad con el delito urbano cambió desde la reinstalación democrática, con fuerte énfasis en los ’90 y con un pico luego de la crisis del 2001, para luego tener un amesetamiento después del 2003, aunque desde el 2007 no tenemos datos de las encuestas de victimización. A pesar de esta estabilización en las tasas, cuando la situación económica se fue estabilizando, el delito fue ocupando el primer lugar de preocupación. Si tuviera que elegir entre las tantas variables que explican la centralidad del delito, diría que las tasas de victimización (el porcentaje de personas que son víctimas de algún delito), de casi todas las urbes de América latina y también de la Argentina –donde hay estudios–, es de un 30 o 40 por ciento. Es bastante. Las tasas de homicidio son bajas en comparación con otros países de la región, entre 6 o 7 sobre 100.000. Esa articulación entre tasas de victimización altas –en su mayoría delitos menores– y tasas de homicidio comparativamente bajas pero con mucha presencia mediática, y a menudo en ocasión de esos delitos menores, hace que la experiencia personal de victimización se viva, no según el cálculo de probabilidades de su baja posibilidad de desenlace fatal, sino en términos de incertidumbre.
–En esta relativa independencia del sentimiento de inseguridad respecto de la tasa de victimización, ¿qué influencia generan los medios de comunicación?
–Una primera cuestión es que para que los medios tengan impacto en la preocupación debe haber una consonancia intersubjetiva entre lo que los medios transmiten y lo que las personas perciben o creen que pasa alrededor de ellas. Un segundo rasgo es que hay una omnipresencia del tema. Desde mediados de los ’90, asistimos a la instalación de la inseguridad como una rúbrica mediática, un tema que pasa de los diarios populares a los de tirada nacional, de la sección “Policial” a las secciones “Información general” o “Política”. Hay, a la vez, una presencia central en los noticieros nacionales, que muestran el “saldo de la inseguridad de la jornada”. Hay constantemente un telón de fondo con la idea de que es un problema de alcance nacional.
–En su libro El sentimiento de inseguridad investigó este aspecto en una pequeña ciudad, ¿cuáles fueron los hallazgos de ese trabajo?
–Investigamos una ciudad muy pequeña, donde no pasa absolutamente nada y la gente dice que no pasa absolutamente nada, pero la transmisión de noticieros nacionales y ver que en ciudades cercanas –intermedias o grandes– ha pasado algo, instala la idea de que “esto nos puede pasar a nosotros en el futuro”. El efecto es avizorar un futuro de mucha inquietud. Hay un telón de fondo que se compone de noticias de casos episódicos (hurtos, robos) con una actualización constante, con la cámara presente en el lugar del hecho y la centralidad de las víctimas en los delitos. Es decir, cambió la presentación mediática de los delitos, no sólo en Argentina sino en América latina y en todo el mundo. Esto hace que el delito pase de haber sido algo excepcional a ser una experiencia, algo que uno escucha, oye y palpa durante todo el día.
–Según su análisis, en América latina, la relación entre la percepción de inseguridad y el delito efectivo es aproximadamente el doble, ¿qué ocurre en Argentina?
–En Argentina también es más o menos el doble. En general, lo que uno ve es que la percepción de probabilidades en el futuro de ser víctima de un delito guarda una relación del doble o más que la tasa de victimización del lugar en que se vive. En las grandes ciudades europeas hay alrededor de un 15 por ciento de tasa de victimización y un 25 por ciento de personas que consideran que pueden ser víctimas de un delito. En las ciudades latinoamericanas es de un 30/35 por ciento a un 60/70 por ciento, respectivamente, eso se llama presión ecológica: cada punto de delito en un territorio tiene un efecto de multiplicación en cuanto a la inquietud que genera en sus habitantes. Lo que suele suceder –Argentina sigue un poco esa lógica– es que la preocupación por el tema aumenta un poco después que aumenta el delito. Y aun cuando el delito baja, esta preocupación se mantiene estable; esto se está viendo en Europa, aunque en América latina vemos situaciones distintas.
–¿Como cuáles?
–Santiago de Chile tiene todavía tasas de homicidio enormemente más bajas que Bogotá, pero en Bogotá se tiene la percepción de que la situación mejoró y el temor descendió. En Santiago de Chile, al igual que en Buenos Aires y Montevideo, hay una idea mítica de que en el pasado no había delito y eso explica en parte que con tasas más bajas que otras ciudades, la preocupación sea muy alta.
–¿Pero por qué se da esa diferencia?
–Hay dos conceptos que entran en juego: la comparabilidad y la aceptabilidad. El temor, en gran medida, es una comparación con lo que se supone que fue el pasado, y uno tiende a construir imágenes bastante idealizadas del pasado. Se ve muchas veces un discurso dicotómico: “acá no pasaba nada”. “Todo estaba bien hasta el momento en que empezó todo”. Sin embargo, cuando se ven las tasas de victimización y la evolución de la preocupación, se observa que ambas aumentaron paulatinamente.
–¿Hay diferencias entre esta dicotomía y la experiencia subjetiva de las personas?
–Cuando las personas dejan de dar un juicio general y hablan de su propia experiencia, sobre todo de los cambios en sus formas de experimentar la ciudad, se ven cambios de prácticas –dejan de hacer ciertas cosas o las modifican– que también fueron cambios paulatinos. En la preocupación por el delito hay varias temporalidades superpuestas.
–Usted mencionó la “aceptabilidad” como un factor que incide en la percepción pública del delito.
–La indignación del delito suele estar mediada por las diferencias de aceptabilidad. ¿Cuánto delito se considera aceptable en una sociedad? Eso es dinámico: cambia en función del tiempo, de los grupos sociales y de la talla de la ciudad en la que uno viva. Lo que en un pueblo es un escándalo, en una ciudad grande es considerado parte normal de la vida. En las encuestas, desde comienzos de los ’90 hasta hoy, la idea es que esto va a empeorar. Creo que una de las cuestiones que genera mayor efervescencia política con respecto al delito en la Argentina es que, a pesar del aumento de los hechos, el nivel de aceptabilidad no cambió y esto causa –y a la vez retroalimenta– una suerte de pesimismo sobre el futuro conjugado con la sensación de que nadie sabe qué hacer.
–¿Cuáles son las consecuencias de esta retroalimentación?
–Son preocupantes. Por casos de otros países, sabemos que cuando parte de una población espera algún tipo de solución y no ve respuestas, puede estar más predispuesta a aceptar respuestas más punitivas. A la gente que entrevistamos en el libro, que en sus comienzos apoyaba a Blumberg, le preguntábamos: “¿Usted sabe lo que está proponiendo?”. Y la respuesta era: “La verdad que no, pero él sabe qué hacer”. La demagogia punitiva, falsas soluciones rápidas, crecen cuando se siente que no podemos dar una respuesta desde un polo realmente democrático. Por eso creo que es interesante ver –y que los medios vean– que no todo va para peor. Porque hay muchas experiencias interesantes de prevención en muchos lugares del país, con participación de entidades intermedias y de la comunidad, con propuestas no punitivas y sin saturación policial, con políticas urbanas y sociales, que han tenido éxito en revertir situaciones de delito.
–¿Cuál es el rol de los sondeos de opinión en tanto generadores de opinión, y qué aspectos serían criticables de la forma de medir la inseguridad?
–Muchas veces las encuestas de opinión y las preguntas sobre temor trabajan en un circuito de retroalimentación del temor porque devuelven la imagen de una sociedad atemorizada. No todas, depende también de cómo sea preguntado, pero en general contribuyen a la imagen de una sociedad atemorizada. Me parece muy importante la pregunta metodológica porque hay una gran discusión sobre cómo preguntar sobre el temor.
–¿En qué consiste esa discusión?
–Está demostrado que si uno pregunta por miedo a determinadas cosas, encuentra miedo. En las encuestas sobre victimización británicas, por ejemplo, ya no se pregunta más por el temor. Presuponer que la única emoción que genera el delito es temor es un error, porque también genera otras emociones. Hay una diferencia importante entre, por un lado, la preocupación política por el tema (que es lo que preguntan las encuestas) y, por otro lado, la percepción de probabilidad de ser víctima de un delito, que es lo que se está empezando a usar en el mundo y, por último, la emoción, que puede ser el temor. Cuando se preguntaba por el temor, la pregunta original era “¿Usted tiene miedo de volver a su casa de noche?” Casa, de noche y solo. Por supuesto, cualquier persona tiene temor. También eso se está cuestionando, se empieza a preguntar por cuestiones más situadas espacio-temporalmente y sobre delitos determinados: “¿Usted tiene miedo de que le pase tal delito en determinado momento?”. En estos casos se ve que las tasas de temor disminuyen.
–¿Por qué en las mediciones se da una tendencia al cálculo cuantitativo del riesgo?
–Lo cuantitativo tiene muchas ventajas, pero la forma en cómo es usado legitima ciertos juicios previos que, sobre todo con respecto al sentimiento de inseguridad, se alejan de una realidad que es más compleja y tiene más matices de los que a veces aparecen en los números, como una suerte de sociedad temerosa a tiempo completo, cuando lo real es que, como todo sentimiento, la inseguridad tiene oscilaciones e intensidades diversas.
–¿A qué llama pánico moral?
–Es un concepto de Stanley Cohen. Se refiere a la representación mediática y el efecto que causa en la población, desmesurado en relación con lo que podría ser la objetividad de ese hecho y respecto de otros problemas mayores que aparecen en la sociedad. Este autor analiza qué noticias generan pánico moral y cuáles no. Cohen dice que el pánico se genera cuando la víctima es presentada como alguien de nosotros, que no se trata sólo de ese hecho, sino que es la punta del iceberg o parte de “una ola”, algo que va a seguir sucediendo, y este dispositivo legitima una demanda hacia el Estado y la voz de los expertos. Lo que yo digo es que el delito o la sensación de seguridad están jalonados por momentos de pánico moral, pero también por la cotidianidad y la repetición. Estos no son “casos” con nombre propio, se olvidan, no tienen nombre, pero van sedimentando en una representación de una sociedad más insegura. A veces, el pánico moral tiene como efecto generar reacciones rápidas, cuya eficacia y contenido son poco estudiados. Si las políticas de un Estado con respecto al delito van a estar fundamentalmente basadas en situaciones de pánico moral, hay un problema.
–¿Hay algún cambio en relación con el pánico moral, a partir de la crisis de 2001/2002?
–Uno ve que en los años ’80, hasta la hiperinflación, la palabra inseguridad no existía. Los delitos eran casos excepcionales, estaban sobre todo en los diarios populares o había alguna tematización fuerte de la droga, del “libertinaje” ligado a la reinstauración democrática, etc. El eje de las preocupaciones estaba sobre todo en la llamada “mano de obra desocupada” ligada a la dictadura militar. En la hiperinflación de 1989 se da un primer cambio, hay imágenes de vecinos contra vecinos. En los años ’90 se da el momento de instalación de la inseguridad, la noción se acuña, aparece la idea de crisis social, aumenta el desempleo y se va cristalizando la idea de que el centro del problema del delito concierne a parte de los jóvenes de sectores más desfavorecidos. Ya en trabajos de hace 15 años aparecen varios colegas denunciando esta asociación entre delito y jóvenes pobres. El 2001 marca un interregno, con el aumento de la crisis se da una disminución de la preocupación por el delito. Hay un pico de delito en 2001/2002, pero el punto clave es en 2003, cuando por primera vez la preocupación por el delito supera a la preocupación por el desempleo.
–¿Con qué se relaciona que desde ese momento el delito aparezca como el problema más importante?
–Cuando en una encuesta se pedía: “elija las tres preocupaciones más importantes”, se elegía el delito porque el resto de los temas estaban más tranquilos. Pero en algunos medios apareció como “Ahora el delito está en primer lugar”. Eso aumenta luego, con un pico durante el caso Blumberg.
–¿Cuál fue el efecto del caso Blumberg?
–Me parece que fue un caso de pánico moral muy fuerte. No es que no haya sido importante, fue un caso terrible. Pero generó algo que no había pasado hasta ese momento: una movilización colectiva frente a un tema, un primer polo de oposición hacia el gobierno de Kirchner que hasta ese momento gozaba de un consenso muy alto. Apareció disputándole al oficialismo la presencia en el espacio público. Además, se promulgaron leyes que estaban en el registro legislativo, pero a las que casi nadie quiso oponerse para no pagar el costo político. En relación con el delito común, fue sin duda un hecho único desde la post-dictadura, aunque historiadores como Lila Caimari muestran casos comparables en otros momentos del siglo XX en el país.
–¿Qué consecuencias tiene el pánico moral al momento de legislar, crear políticas públicas, tomar decisiones jurídicas?
–Hay un ítem que está tematizado en casi todo el mundo occidental, que es la centralidad de las víctimas. Algunos teóricos ingleses lo muestran como un aspecto muy negativo, porque frente a la centralidad de las víctimas el debate adquiere una visceralidad por la cual es imposible discutir a partir de algún tipo de racionalidad, de manera que quien quiera oponerse a determinadas leyes o se preocupe por los derechos de los victimarios estaría ofendiendo su memoria y defendiendo a los delincuentes. Eso contribuyó a que se vuelva casi ilegítimo discutir temas como los derechos humanos de las personas que están privadas de libertad, por ejemplo. En el caso argentino es más complejo, porque la centralidad de la víctima no tiene sólo un costado regresivo. Nosotros tenemos la centralidad de las víctimas ligadas al terrorismo de Estado, y en este caso la voz de las víctimas no tuvo el efecto que marcan los teóricos ingleses. Hay diferentes formas de presencia de las víctimas en el espacio público, pero tal como se dio esa presencia en algunos casos, sin negar lo terrible de ese dolor, sin duda no facilitó un debate más desapasionado sobre el tema.
–¿No cree que haya un escenario predispuesto para que se dé este mecanismo?
–Está demostrada la ineficacia de las leyes más duras, su verdadero fin es mostrarle a la sociedad que se estaba haciendo algo. Uno puede decir que hay una respuesta a la cuestión social, pero también se puede ver que hay algunas experiencias interesantes en Canadá o en algunos países escandinavos que se alejan de esa cuestión punitiva y que son eficaces. Desde América latina podríamos tomar parte de estas experiencias. Hay una orfandad de pensamiento, de una reflexión de política de seguridad que sea acorde a un problema grave pero que también sea respetuosa de los derechos humanos y de la función de reintegración que tiene el Estado. Este déficit de políticas innovadoras es un problema en casi toda América latina.
–¿Cómo analiza el reclamo que ha hecho la sociedad de políticas de tipo punitivas?
–El sentimiento de inseguridad se procesa de acuerdo a las medidas políticas previas, pero no las deja indemnes. Veo como un campo dividido en tres. Un polo punitivo, reaccionario, que difícilmente cambie y con el que uno tiene que pugnar el espacio público. Un polo democrático, comprometido con las políticas progresistas, que ve que no hay una solución actual al problema pero que está comprometido con algunas respuestas progresistas. Pero creo que hay un tercer grupo que está en esa posición intermedia, que no apoyaría políticas punitivas máximas pero que, frente a la falta de respuestas, podrían ser tentados con algún tipo de propuestas, lo que llamo un “deslizamiento punitivo”. Ahí sí el rol del Estado es importante, en mostrar que hay prioridades y que algunas cuestiones se están trabajando.
–En su libro usted plantea una relación entre un reclamo de Estado mínimo y la explosión del mercado privado de la seguridad.
–Dentro de la mirada más punitiva hay dos tendencias. Hay partidarios de un Estado mínimo, que sólo se ocupe de cuestiones punitivas, y un mercado privado como solución más eficaz. Pero también hay una idea de un Estado grande, que pueda atender la cuestión penal-judicial, más otras.
–¿Cuál es la relación entre el proceso de deslocalización y desidentificación en la percepción de inseguridad con los estereotipos que se crean respecto de la figura del delito?
–La imagen de la deslocalización es que ya no hay una frontera tajante entre zonas seguras e inseguras en la propia ciudad. En el caso argentino, esa imagen de un delito anónimo, producto de la implosión del tejido social, que no está ligado a grupos que tienen un control sobre el territorio, como aparece en otros países de América latina. Eso refuerza algunos estereotipos. En una encuesta en la ciudad de Buenos Aires, de la que participé, el segundo delito más temido era ser atacado en la calle sin motivo aparente. Lo cual es muy impresionante, porque no es un delito que prevalezca en la ciudad de Buenos Aires. No hay en general crímenes de odio, los ataques son por robo. Con respecto a lo que yo llamo desindentificación relativa, al ver los medios de comunicación o hablar con algunas personas pareciera que el temor está centrado en los sospechosos de siempre: pobres, sectores populares, jóvenes pobres. En parte es así, pero se fue pluralizando el sujeto de temor, el temor a la policía, al poder a alguien “que se parece a uno”. Hay una imagen de otro amenazante que está ahí. ¿Esto genera una “democratización del temor”? No.
–¿Por qué no?
–Porque retroalimenta la idea de que “nadie es confiable”. Hay una construcción del estigma más fuerte –los jóvenes pobres son menos confiables que otros–, pero no es que aparezcan sólo como el único grupo desconfiable. Esa desidentificación relativa lleva a la presunción generalizada de peligrosidad, la idea de que ante cualquier intercambio con un extraño, hay que tener algún dispositivo para decodificar si es peligroso o no.

LEY 26551 mod. CP DELITOS CONTRA EL HONOR

2009-11-30T01:51:00.000-08:00

CODIGO PENAL

Ley 26.551

Modificación Delitos contra el Honor.

Sancionada: Noviembre 18 de 2009

Promulgada: Noviembre 26 de 2009

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

ARTICULO 1º - Sustitúyese el artículo 109 del Código Penal de la Nación, por el siguiente:

Artículo 109: La calumnia o falsa imputación a una persona física determinada de la comisión de un delito concreto y circunstanciado que dé lugar a la acción pública, será reprimida con multa de pesos tres mil ($ 3.000.-) a pesos treinta mil ($ 30.000.-). En ningún caso configurarán delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas.

ARTICULO 2º - Sustitúyese el artículo 110 del Código Penal de la Nación, por el siguiente:

Artículo 110: El que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona física determinada será reprimido con multa de pesos mil quinientos ($ 1.500.-) a pesos veinte mil ($ 20.000.-). En ningún caso configurarán delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas. Tampoco configurarán delito de injurias los calificativos lesivos del honor cuando guardasen relación con un asunto de interés público.

ARTICULO 3º - Sustitúyese el artículo 111 del Código Penal de la Nación, por el siguiente:

Artículo 111: El acusado de injuria, en los casos en los que las expresiones de ningún modo estén vinculadas con asuntos de interés público, no podrá probar la verdad de la imputación salvo en los casos siguientes:1) Si el hecho atribuido a la persona ofendida, hubiere dado lugar a un proceso penal.2) Si el querellante pidiera la prueba de la imputación dirigida contra él.En estos casos, si se probare la verdad de las imputaciones, el acusado quedará exento de pena.

ARTICULO 4º - Derógase el artículo 112 del Código Penal de la Nación.

ARTICULO 5º - Sustitúyese el artículo 113 del Código Penal de la Nación, por el siguiente:

Artículo 113: El que publicare o reprodujere, por cualquier medio, injurias o calumnias inferidas por otro, será reprimido como autor de las injurias o calumnias de que se trate, siempre que su contenido no fuera atribuido en forma sustancialmente fiel a la fuente pertinente. En ningún caso configurarán delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas.

ARTICULO 6º - Sustitúyese el artículo 117 del Código Penal de la Nación, por el siguiente:

Artículo 117: El acusado de injuria o calumnia quedará exento de pena si se retractare públicamente, antes de contestar la querella o en el acto de hacerlo. La retractación no importará para el acusado la aceptación de su culpabilidad.

ARTICULO 7º - Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE.REGISTRADA BAJO EL Nº 26.551 - JOSE J. B. PAMPURO. - EDUARDO A. FELLNER. - Enrique Hidalgo. - Juan H. Estrada.

Modif. Código Penal. Ley 26524. Delitos contra la Salud Pública

2009-11-18T13:46:00.000-08:00

MODIFICACIÓN AL CÓDIGO PENAL

Ley 26.524

Sanción: 14/10/2009.

Promulgación: 04/11/2009.

Publicación B.O.: 05/11/2009.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
ARTÍCULO 1º.- Sustitúyese el artículo 200 del Código Penal por el siguiente:

Art. 200.- Será reprimido con reclusión o prisión de TRES (3) a DIEZ (10) años y multa de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) a PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000), el que envenenare, adulterare o falsificare de un modo peligroso para la salud, aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas.

ARTÍCULO 2º.- Sustitúyese el artículo 201 del Código Penal por el siguiente:

Art. 201.- Las penas del artículo precedente se aplicarán al que vendiere, pusiere en venta, suministrare, distribuyere o almacenare con fines de comercialización aguas potables, sustancias alimenticias o medicinales o mercaderías peligrosas para la salud, disimulando su carácter nocivo.

ARTÍCULO 3º.- Incorpórase como artículo 201 bis del Código Penal el siguiente:

Art. 201 bis.- Si como consecuencia del envenenamiento, adulteración o falsificación de aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales, resultare la muerte de alguna persona, la pena será de DIEZ (10) a VEINTICINCO (25) años de reclusión o prisión; si resultaren lesiones gravísimas, la pena será de TRES (3) a QUINCE (15) años de reclusión o prisión; si resultaren lesiones graves, la pena será de TRES (3) a DIEZ (10) años de reclusión o prisión.En todos los casos se aplicará además multa de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) a PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000).

ARTÍCULO 4º.- Sustitúyese el artículo 203 del Código Penal por el siguiente:

Art. 203.- Cuando alguno de los hechos previstos en los artículos anteriores fuere cometido por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los deberes a su cargo, se impondrá multa de PESOS CINCO MIL ($ 5.000) a PESOS CIEN MIL ($ 100.000); si tuviere como resultado enfermedad o muerte se aplicará prisión de SEIS (6) meses a CINCO (5) años.

ARTÍCULO 5º.- Sustitúyese el artículo 204 del Código Penal por el siguiente:

Art. 204.- Será reprimido con prisión de SEIS (6) meses a TRES (3) años el que estando autorizado para la venta de sustancias medicinales, las suministrare en especie, calidad o cantidad no correspondiente a la receta médica, o diversa de la declarada o convenida, o excediendo las reglamentaciones para el reemplazo de sustancias medicinales, o sin la presentación y archivo de la receta de aquellos productos que, según las reglamentaciones vigentes, no pueden ser comercializados sin ese requisito.

ARTÍCULO 6º.- Sustitúyese el artículo 204 bis del Código Penal por el siguiente:

Art. 204 bis.- Cuando el delito previsto en el artículo anterior se cometiere por negligencia, la pena será de multa de PESOS CINCO MIL ($ 5.000) a PESOS CIEN MIL ($ 100.000).

ARTÍCULO 7º.- Sustitúyese como artículo 204 ter del Código Penal el siguiente:

Art. 204 ter.- Será reprimido con prisión de UNO (1) a CUATRO (4) años y multa de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) a PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000), el que produjere o fabricare sustancias medicinales en establecimientos no autorizados.

ARTÍCULO 8º.- Sustitúyese el artículo 204 quáter del Código Penal por el siguiente:

Art. 204 quáter.- Será reprimido con multa de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) a PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000), el que teniendo a su cargo la dirección, administración, control o vigilancia de un establecimiento destinado al expendio, almacenamiento, distribución, producción o fabricación de sustancias medicinales, a sabiendas, incumpliere con los deberes a su cargo posibilitando la comisión de alguno de los hechos previstos en el artículo 204.

ARTÍCULO 9º.- Incorpórase como artículo 204 quinquies del Código Penal el siguiente:

Art. 204 quinquies.- Será reprimido con prisión de SEIS (6) meses a TRES (3) años el que sin autorización vendiere sustancias medicinales que requieran receta médica para su comercialización.

ARTÍCULO 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.Julio C. C. COBOS. Eduardo A. FELLNER. Enrique HIDALGO. Juan H. ESTRADA

JURISP. CSJN. ARRIOLA. INCONST. TENENCIA ESTUPEFACIENTES PARA CONSUMO PERSONAL

2009-08-27T16:30:00.000-07:00

SINTESIS DEL FALLO ARRIOLA, CSJN (pub. en el sitio web http://www.eldial.com.ar/)

* Al final de la página presentación del blog hemos abierto una encuesta para que brinde su opinión favorable o desfavorable a lo resuelto.

Además, a sugerencia del profesor Julio Arriola (de quien no nos consta tenga nada que ver con el Arriola del fallo!!!), a continuación de la síntesis del fallo, hemos incluido un artículo de Sergio Sinay publicado en el diario "La Nación", edición del 2 de setiembre de 2009. Su título es "Una misión para Sócrates". Esto no implica toma de posición alguna por la cátedra con relación al tema, sino que se trata de un material que presenta una aproximación ciertamente sugestiva a muchos de los problemas de interpretación que está generando el fallo.

A. 891. XLIV - "Arriola, Sebastián y otros s/ causa nº 9080" - CSJN - 25/08/2009
TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES PARA CONSUMO PERSONAL. Art. 14, segundo párrafo, de la ley 23.737: INCONSTITUCIONALIDAD, en cuanto incrimina la tenencia para uso personal que se realice en condiciones tales que no traigan aparejado un peligro concreto o un daño a derechos o bienes de terceros. Aplicación del criterio desarrollado en el precedente "Bazterrica". Autonomía de la voluntad. Derecho a la libertad personal y a la intimidad. Principio "pro homine". Derecho a la salud. Exhorto a las Instituciones del Estado para que implementen medidas efectivas para el combate preventivo de la drogadicción

"Esta Corte admitió que ciertas normas susceptibles de ser consideradas legítimas en su origen, pudieron haberse tornado indefendibles desde el punto de vista constitucional con el transcurso del tiempo y el cambio de circunstancias objetivas relacionadas con ellas (Fallos: 328: 566)." (Del voto unánime de los Ministros de la CSJN)

"Han pasado diecinueve años de la sanción de la ley 23.737 y dieciocho de la doctrina "Montalvo" que legitimó su constitucionalidad. (...) La extensión de ese período ha permitido demostrar que las razones pragmáticas o utilitaristas en que se sustentaba "Montalvo" han fracasado. En efecto, allí se había sostenido que la incriminación del tenedor de estupefacientes permitiría combatir más fácilmente a las actividades vinculadas con el comercio de estupefacientes y arribar a resultados promisorios que no se han cumplido (ver considerando 26 de Fallos: 313:1333), pues tal actividad criminal lejos de haber disminuido se ha acrecentado notablemente, y ello a costa de una interpretación restrictiva de los derechos individuales." (Del voto unánime de los Ministros de la CSJN)

"Así la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) indica en el informe correspondiente al 2007 que Argentina ha cobrado importancia como país de tránsito, y que también hay indicios de producción local de cocaína. Allí se agrega que nuestro país lidera el ranking latinoamericano en "estudiantes secundarios" que consumen pasta base de cocaína conocida como "paco". También el consumo de paco ubica a Argentina, Chile y Bolivia como los países con más injerencia en la región y en el mundo (2007 World Drug Report. Naciones Unidas. Oficina de Drogas y Delito)." (Del voto unánime de los Ministros de la CSJN)

"Esta tendencia que informa las Naciones Unidas también es confirmada por estadísticas nacionales oficiales. Así en la Segunda Encuesta Nacional a Estudiantes de Enseñanza Media 2005, se ha realizado un análisis comparativo 2001- 2005, cuyas conclusiones señalan que el consumo de psicofármacos sin prescripción médica y de solventes e inhalantes se ha incrementado." (Del voto unánime de los Ministros de la CSJN)

"Otra razón no menos importante que justifica un nuevo cambio jurisprudencial en la cuestión aquí traída, es que el debate jurídico plasmado en "Bazterrica" y "Montalvo", se ha llevado a cabo con anterioridad a la reforma constitucional de 1994. En efecto, "Bazterrica" es un pronunciamiento del año 1986, y "Montalvo" de 1990. Cabe tener presente que una de las pautas básicas sobre la que se construyó todo el andamiaje institucional que impulsó a la Convención Constituyente de 1994 fue el de incorporar a los tratados internacionales sobre derechos humanos como un orden equiparado a la Constitución Nacional misma (artículo 75, inc. 22). Así la reforma constitucional de 1994 reconoció la importancia del sistema internacional de protección de los derechos humanos y no se atuvo al principio de soberanía ilimitada de las naciones (considerandos 18 y 19 in re "Mazzeo", Fallos: 330:3248)." (Del voto unánime de los Ministros de la CSJN)

"Este último acontecimiento histórico ha modificado profundamente el panorama constitucional en muchos aspectos, entre ellos, los vinculados a la política criminal del Estado, que le impide sobrepasar determinados límites y además lo obliga a acciones positivas para adecuarse a ese estándar internacional." (Del voto unánime de los Ministros de la CSJN)"Así, los tratados internacionales, en sus textos, reconocen varios derechos y garantías previstos en la Constitución Nacional de 1853, entre ellos -y en lo que aquí interesa- el derecho a la privacidad que impide que las personas sean objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada (artículo 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículo 5??de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y artículo 17.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)." (Del voto unánime de los Ministros de la CSJN)

"Con relación a tal derecho y su vinculación con el principio de "autonomía personal", a nivel interamericano se ha señalado que "el desenvolvimiento del ser humano no queda sujeto a las iniciativas y cuidados del poder público. Bajo una perspectiva general, aquél posee, retiene y desarrolla, en términos más o menos amplios, la capacidad de conducir su vida, resolver sobre la mejor forma de hacerlo, valerse de medios e instrumentos para este fin, seleccionados y utilizados con autonomía -que es prenda de madurez y condición de libertad- e incluso resistir o rechazar en forma legítima la injerencia indebida y las agresiones que se le dirigen. Esto exalta la idea de autonomía y desecha tentaciones opresoras, que pudieran ocultarse bajo un supuesto afán de beneficiar al sujeto, establecer su conveniencia y anticipar o iluminar sus decisiones" (CIDH en el caso Ximenes Lopes vs. Brasil, del 4 de julio de 2006, parágrafo 10 del voto del Juez Sergio García Ramírez). Estos principios se encuentran en consonancia con lo establecido en "Bazterrica"." (Del voto unánime de los Ministros de la CSJN)

"No hay dudas que en muchos casos los consumidores de drogas, en especial cuando se transforman en adictos, son las víctimas más visibles, junto a sus familias, del flagelo de las bandas criminales del narcotráfico. No parece irrazonable sostener que una respuesta punitiva del Estado al consumidor se traduzca en una revictimización." (Del voto unánime de los Ministros de la CSJN)

"Aquellas consideraciones que fundan la criminalización del consumidor en base a la posibilidad de que estos se transformen en autores o partícipes de una gama innominada de delitos, parecen contradecir el estándar internacional que impide justificar el poder punitivo del Estado sólo en base a la peligrosidad." (Del voto unánime de los Ministros de la CSJN)

"No hay que olvidar que los tratados internacionales sobre derechos humanos establecen una protección mínima por debajo de la cual se genera responsabilidad internacional, y que nuestra Constitución Nacional, en relación a los parámetros antes transcriptos, es más amplia (Colautti, Carlos, "Los tratados internacionales y la Constitución Nacional", Ed. La Ley 1999, Bs. As., pág. 76)." (Del voto unánime de los Ministros de la CSJN)

"Sobre la interpretación de los bienes colectivos la Corte Interamericana en su Opinión Consultiva 5/86 señaló que debe subrayarse que de ninguna manera podrían invocarse el 'orden público' o el 'bien común' como medios para suprimir un derecho garantizado por la Convención o para desnaturalizarlo o privarlo de contenido real (ver el art. 29.a) de la Convención). Esos conceptos, en cuanto se invoquen como fundamento de limitaciones a los derechos humanos, deben ser objeto de una interpretación estrictamente ceñida a las 'justas exigencias' de 'una sociedad democrática' que tenga en cuenta el equilibrio entre los distintos intereses en juego y la necesidad de preservar el objeto y fin de la Convención" (parágrafos 66 y 67)." (Del voto unánime de los Ministros de la CSJN)

"A nivel internacional también se ha consagrado el principio "pro homine". De acuerdo con el artículo 5??del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos y el 29 de la Convención Americana, siempre habrá de preferirse la interpretación que resulte menos restrictiva de los derechos establecidos en ellos." (Del voto unánime de los Ministros de la CSJN)

"Sin perjuicio de todo lo expuesto hasta aquí, no se puede pasar por alto la creciente preocupación mundial sobre el flagelo de las drogas y específicamente sobre el tráfico de estupefacientes. Esta preocupación, que tampoco es nueva, se ha plasmado en varias convenciones internacionales. No obstante ello, ninguna de las mencionadas convenciones suscriptas por la Argentina la compromete a criminalizar la tenencia para consumo personal." (Del voto unánime de los Ministros de la CSJN)

"En efecto, las convenciones no descartan tal opción, pero expresamente al referirse a los deberes de los Estados, se señala que tal cuestión queda "a reserva de sus principios constitucionales y de los conceptos fundamentales de su ordenamiento jurídico." (Del voto unánime de los Ministros de la CSJN)

"Si bien el legislador al sancionar la ley 23.737, que reemplazó a la 20.771, intentó dar una respuesta más amplia, permitiendo al juez penal optar por someter al inculpado a tratamiento o aplicarle una pena, la mencionada ley no ha logrado superar el estándar constitucional ni internacional. El primero, por cuanto sigue incriminando conductas que quedan reservadas por la protección del artículo 19 de la Carta Magna; y el segundo, porque los medios implementados para el tratamiento de los adictos, han sido insuficientes hasta el día de la fecha." (Del voto unánime de los Ministros de la CSJN)

"La decisión que hoy toma este Tribunal, en modo alguno implica "legalizar la droga". No está demás aclarar ello expresamente, pues este pronunciamiento, tendrá seguramente repercusión social, por ello debe informar a través de un lenguaje democrático, que pueda ser entendido por todos los habitantes y en el caso por los jóvenes, que son en muchos casos protagonistas de los problemas vinculados con las drogas." (Del voto unánime de los Ministros de la CSJN)

"Frente a la decisión que hoy toma este Tribunal se debe subrayar el compromiso ineludible que deben asumir todas las instituciones para combatir al narcotráfico. A nivel penal, los compromisos internacionales obligan a la Argentina a limitar exclusivamente la producción, fabricación, exportación, importación, distribución, y comercio de los estupefacientes, a fines médicos y científicos. Asimismo a asegurar, en el plano nacional, una coordinación de la acción preventiva y represiva contra el tráfico ilícito, adoptando las medidas necesarias, para que el cultivo, la producción, fabricación, extracción, preparación, oferta de venta, distribución, despacho, expedición de tránsito, transporte, importación y exportación de estupefacientes, sean consideradas como delitos que se cometen intencionalmente, y que los delitos graves sean castigados en forma adecuada, especialmente con penas de prisión y otras penas privativas de la libertad (artículo 36 de la Convención).." (Del voto unánime de los Ministros de la CSJN)

"La circunstancia de que los precursores químicos necesarios para la fabricación de drogas son productos en los que, de alguna manera, nuestro país participa en su cadena de producción, hace necesario que ello sea tenido en cuenta en la implementación de políticas criminales para la lucha contra este flagelo internacional." (Del voto unánime de los Ministros de la CSJN)

"Sin perjuicio de todas las evaluaciones que debe hacer el Estado para mejorar las técnicas complejas de investigación para este tipo de delitos, tendientes a desbaratar las bandas criminales narcotraficantes que azotan a todos los países; respecto de la tenencia para consumo personal, nuestro país, en base a la interpretación que aquí hace de su derecho constitucional, hace uso de la reserva convencional internacional respecto de tal cuestión, descartando la criminalización del consumidor." (Del voto unánime de los Ministros de la CSJN)

"Después de la reforma constitucional han ingresado principios internacionales, que han impactado fuertemente en nuestro derecho constitucional. Ello se ha visto reflejado en diversos pronunciamientos de la Corte, que han generado una constelación o cosmovisión jurídica en la que el precedente "Bazterrica" encaja cómodamente. Por ello, las razones allí expuestas y los resultados deletéreos que hasta el día de la fecha demostró la aplicación del artículo 14, segundo párrafo, de la ley 23.737, conducen a este Tribunal a declarar su incompatibilidad con el diseño constitucional, siempre con el alcance que se le asignara en el mencionado precedente "Bazterrica" -voto del juez Petracchi-." (Del voto unánime de los Ministros de la CSJN)

"Si bien como principio lo referente al mejor ?modo de perseguir el delito y cuáles son los bienes jurídicos que requieren mayor protección, constituyen cuestiones de política criminal propias de las otras esferas del Estado, lo cierto es que aquí se trata de la impugnación de un sistema normativo que criminaliza conductas que -realizadas bajo determinadas circunstancias- no afectan a un tercero y, por lo tanto, están a resguardo del artículo 19 de la Constitución Nacional. Consecuentemente, cabe afirmar que el Congreso ha sobrepasado las facultades que le otorga la Carta Magna." (Del voto unánime de los Ministros de la CSJN)

"En efecto, el Estado tiene el deber de tratar a todos sus habitantes con igual consideración y respeto, y la preferencia general de la gente por una política no puede reemplazar preferencias personales de un individuo (Dworkin Ronald, Los Derechos en Serio, págs. 392 y ss, Ed. Ariel, 1999, Barcelona España). Y éste es el sentido que cabe otorgarle al original artículo 19, que ha sido el producto elaborado de la pluma de los hombres de espíritu liberal que construyeron el sistema de libertades fundamentales en nuestra Constitución Nacional, recordándonos que se garantiza un ámbito de libertad personal en el cual todos podemos elegir y sostener un proyecto de vida propio." (Del voto unánime de los Ministros de la CSJN)

"No cabe penalizar conductas realizadas en privado que no ocasionan peligro o daño para terceros. Los argumentos basados en la mera peligrosidad abstracta, la conveniencia o la moralidad pública no superan el test de constitucionalidad." (Dr. Lorenzetti, según su voto)

"Esta libertad que se reserva cada individuo fue definida (artículos 4º y 5º de la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, Francia, 26 de agosto de 1789) como el poder de hacer todo lo que no dañe a terceros. Su ejercicio no tiene otros límites que los que aseguran a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos, de modo que la ley no puede prohibir más que las acciones perjudiciales a la sociedad." (Dr. Lorenzetti, según su voto)

"Las principales consecuencias de este principio pueden sintetizarse en que: (a) el Estado no puede establecer una moral; (b) en lugar de ello debe garantizar un ámbito de libertad moral y (c) las penas no pueden recaer sobre acciones que son ejercicio de esa libertad. Como consecuencia de lo anterior, las penas no pueden caer sobre conductas que son, justamente, el ejercicio de la autonomía ética que el Estado debe garantizar, sino sobre las que afectan el ejercicio de ésta." (Dr. Lorenzetti, según su voto)

"Por ello es posible señalar que: a) no es posible que el legislador presuma que se da un cierto daño o peligro para terceros como ocurre en los delitos llamados "de peligro abstracto"; b) no es posible imputar un daño a una acción cuando ella es consecuencia directa de otra acción voluntaria más cercana en la cadena causal, y por ello no es necesario penar el consumo en casos donde la punición deviene como consecuencia de un delito cometido en función de la drogadicción; c) no es posible imputar un mismo daño dos veces a los efectos de la punibilidad -esto excluye la punición por el consumo que conduce a delitos que son independientemente penados-; d) no es posible computar daños que son demasiado nimios e indirectos, en comparación con la centralidad que puede tener la actividad que los provoca para un plan de vida libremente elegido -lo que excluye como daños los provocados por el tratamiento médico- de los adictos (cfr. Nino, Carlos Santiago, Fundamentos de Derecho Constitucional, Buenos Aires, 1992, p. 307)." (Dr. Lorenzetti, según su voto)

"Las razones de conveniencia en que se sustentó la doctrina del precedente "Montalvo" (Fallos: 313: 1333), tampoco constituyen un fundamento constitucionalmente admisible. En primer lugar porque parten de la base de sacrificar derechos para satisfacer finalidades que pueden ser obtenidas por otros medios sin necesidad de semejante lesión. En los países de la región se combate el flagelo de la drogadicción respetando el consumo personal que no daña a terceros y concentrándose en la distribución y el consumo cuando tiene aptitud concreta de peligro o daño. De manera que está demostrado que la lesión de la libertad personal no es necesaria a los fines de obtener el objetivo perseguido. En segundo lugar, está claro que, aun cuando se admita el sacrificio, no se logra el resultado. En efecto, en el precedente mencionado se había sostenido que la incriminación del tenedor de estupefacientes permitiría combatir más fácilmente a las actividades vinculadas con el comercio de estupefacientes y arribar a resultados promisorios (ver considerando 26 de Fallos: 313:1333). Ello no se ha producido, pues tal actividad criminal lejos de haber disminuido se ha acrecentado notablemente, y ello a costa de una interpretación restrictiva de los derechos individuales." (Dr. Lorenzetti, según su voto)

"Una persona que posee estupefacientes para consumo personal es hoy en día criminalizada con pena de prisión que sólo puede ser reemplazada a criterio del juez -y por una única vez- por una medida de seguridad. Por lo demás, si el tratamiento fracasa la respuesta exigida vuelve a ser el castigo carcelario. Se impone por lo tanto el examen de validez de la norma cuestionada a la luz de la experiencia recogida durante los casi veinte años de su vigencia, pues aunque el acierto o conveniencia de las soluciones legislativas no son puntos sobre los que quepa pronunciarse al Poder Judicial, las leyes son susceptibles de reproche con base constitucional cuando resultan irrazonables, o sea, cuando los medios que arbitran no se adecuan a los fines cuya realización procuran (Fallos: 328:566 y sus citas)."" (Dr. Fayt, según su voto)

"En efecto, si bien la limitación del derecho individual no lucía irrazonable en su génesis y primer desarrollo, de los nuevos datos y otros no tan evidentes en los años '80 y '90, resulta la necesidad de reconsiderar, como se dijo, la doctrina sentada en el precedente. Cabe recordar que en la disidencia mencionada se afirmó como holding que la presunción de peligro en la que se asentaba la figura descripta por la norma no aparecía como irrazonable respecto de los bienes que pretendía proteger (considerando 13). Mas hoy, la respuesta criminalizadora se advierte a todas luces ineficaz e inhumana." (Dr. Fayt, según su voto)

"(...) Lo reseñado hasta aquí revela la contundencia con la que se ha demostrado la ineficacia de la estrategia que se vino desarrollando en la materia; en especial el hecho de considerar que perseguir penalmente la tenencia para consumo combatiría exitosamente el narcotráfico. De tal modo, ha quedado demostrada cuán perimida resulta la antigua concepción de interpretar que toda legislación penal debe dirigirse indefectiblemente al binomio traficante-consumidor." (Dr. Fayt, según su voto)

"Más allá de la opinión que merezca el plan de vida de cada individuo, no puede afirmarse sin más que una norma como la que aquí se impugna que compele al sujeto involucrado a transitar el estigmatizante camino del proceso penal, no aumentaría el daño que seguramente ya padece así como la afectación a su dignidad. Ello por cuanto -como en cualquier otra causa en la que se investiga un delito- el acusado debe atravesar un iter necesariamente restrictivo de sus derechos que implica, entre otras cosas: ser detenido, verse enfrentado a jueces y fiscales, ser llamado a declaración indagatoria y, sobre todo, convivir durante el tiempo que dure el proceso con la incertidumbre propia que genera el encontrarse sometido a la justicia criminal, amén de la mácula que, en su caso, lo signará a futuro." (Dr. Fayt, según su voto)

"Por lo demás, se violentan sus sentimientos, en tanto a quien se encuentra ante esta problemática (medida curativa), o bien, como en el caso, el tribunal de mérito califica como simple principiante o experimentador (medida educativa), se lo somete a la invasión de su persona y su intimidad." (Dr. Fayt, según su voto)"Desde esta perspectiva se asume claramente que la "adicción es un problema de salud y no debe encarcelarse a los afectados" (cfr. UNODC, Informe del año 2009 ya citado; énfasis agregado). Antes bien, es primariamente en el ámbito sanitario -y mediante nuevos modelos de abordaje integral- que el consumo personal de drogas debería encontrar la respuesta que se persigue. Se conjuga así la adecuada protección de la dignidad humana sin desatender el verdadero y más amplio enfoque que requiere esta problemática, sobre todo en el aspecto relacionado con la dependencia a estas sustancias." (Dr. Fayt, según su voto)

"En consecuencia, si lo que siempre ha prevalecido -y debe prevalecer- es el respeto por la dignidad humana, no puede menos que interpretarse ello en consonancia con el cambio acaecido a partir de la aludida reforma constitucional, que explícitamente incorpora a la salud como una garantía a cumplir por parte del Estado y que, en lo que a las prestaciones médico-asistenciales obligatorias se refiere, incluyen a la drogadicción y los riesgos derivados de ella, con acciones integrales de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación." (Dr. Fayt, según su voto)

"De manera que no puede sino interpretarse a la criminalización como un modo inadecuado -cuando no incoherente y contradictorio- de abordar la problemática de aquéllos a quienes los afecta. Antes bien, la respuesta penal deja de lado las directivas constitucionales que rigen la materia y se desentiende del verdadero conflicto, entorpeciendo, cuanto menos, la cabal puesta en marcha de la red de tutela diferencial propiciada." (Dr. Fayt, según su voto)

"El hecho de que la respuesta estatal no pueda darse en clave punitiva no implica reconocimiento alguno de la legitimidad del uso de estupefacientes, sino que al igual que otras sustancias, cuyo consumo no se incrimina penalmente, debe procurarse desde el Estado una atención preventiva y asistencial no interferida por el sistema penal. Declarar la inconstitucionalidad del castigo penal a un consumidor de drogas sólo importa admitir que la estigmatización e incertidumbre que supone verse inmerso en un proceso criminal constituye, también en este aspecto, una ilegítima intromisión a su señorío.""Frente a la decisión que hoy toma este Tribunal debe subrayarse el compromiso ineludible que deben asumir todas las instituciones para combatir el narcotráfico, redireccionando los recursos que durante más de dos décadas estuvieron prácticamente destinados a perseguir al consumidor de escasas cantidades." (Dr. Fayt, según su voto)

"El procesamiento de usuarios -por otra parte- se convierte en un obstáculo para la recuperación de los pocos que son dependientes, pues no hace más que estigmatizarlos y reforzar su identificación mediante el uso del tóxico, con claro perjuicio del avance de cualquier terapia de desintoxicación y modificación de conducta que, precisamente, se propone el objetivo inverso, esto es, la remoción de esa identificación en procura de su autoestima sobre la base de otros valores." (Dr. Zaffaroni, según su voto)

"Asimismo, el procesamiento de usuarios obstaculiza la persecución penal del tráfico o, al menos, del expendio minorista, pues el usuario imputado goza de los beneficios que la naturaleza de acto de defensa otorga a la declaración indagatoria y, en consecuencia, puede legalmente negarse a declarar revelando la fuente de provisión del tóxico, cosa que no podría hacer en el supuesto en que se le interrogara en condición de testigo, so pena de incurrir en la sanción del testigo remiso o falso." (Dr. Zaffaroni, según su voto)

"Todas estas consideraciones político criminales refuerzan la esencia de la decisión de esta Corte, en el sentido de reafirmar como valor central de nuestra Constitución la norma del artículo 19 que, por cierto, trasciende con mucho el alcance de la cuestión sometida a la decisión del Tribunal en el presente caso. El desconocimiento o debilitamiento de su vigencia hace tambalear las propias bases del sistema constitucional." (Dr. Zaffaroni, según su voto)
Citar: elDial - AA55E8

Una misión para Sócrates
Por Sergio Sinay Especial para lanacion.com
Miércoles 2 de setiembre de 2009 01:55 (actualizado a las 01:55)

Aunque poco se sabe de su vida personal (objeto de conjeturas, sátiras, envidias o admiración), en la espléndida Atenas del siglo V antes de Cristo, Sócrates se convirtió en uno de los pilares de la filosofía de Occidente. Lo hizo sin haber escrito nada y, en buena medida, a través de los extraordinarios textos de su discípulo Platón. Sócrates se rebeló contra el relativismo de los sofistas, capaces de hacer parecer verdadera a cualquier declaración, y se propuso encontrar conceptos universales que definieran y dieran existencia práctica, real, vivencial a temas como la virtud y la moral. El único modo de conocer el bien es practicándolo, sostenía.
Hijo de un escultor y una comadrona, recorría los mercados y las calles de Atenas, poniendo en práctica su sistema de enseñanza, que él comparaba con la tarea de su madre. Ella ayudaba a parir niños y él se proponía hacerlo con la verdad. Ese método, la mayeútica, consistía en esparcir preguntas que cuestionaran las creencias y afirmaciones del interlocutor.
Sócrates insistía una y otra vez en el interrogante. Antes que refutar, prefería instalar una nueva pregunta que debatiera la respuesta anterior y, por ese camino, llevaba a sus oyentes a definir conceptos hasta entonces ausentes u ocultos. Así desnudaba las diferencias entre opinión y conocimiento, entre habladuría y verdad.
Hacer preguntas es siempre un apasionante modo de ampliar los horizontes de la razón y de la conciencia. Impide adormecerse en la fácil aceptación de una declaración que puede parecer convincente, pero tiene fundamentos endebles, que se emite con aparente autoridad, pero que ofrece numerosos y legítimos flancos a la duda.
La pregunta como herramienta de reflexión y de conocimiento, puede ser incómoda, irritante, inquietante, pero es siempre apasionante, movilizadora, reveladora. Nos obliga a permanecer despiertos, se niega a la pereza del pensamiento, abre horizontes en donde la aceptación ciega, la indolencia, el miedo, la ignorancia y la obsecuencia los cierran. La pregunta, decía Sócrates, convierte al filósofo en un tábano. Y esa es su función, tanto como la del intelectual.
El fallo emitido el 25 de agosto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación invita, e incita, a la formulación de numerosas preguntas. ¿Qué quiere decir "estupefacientes", por ejemplo? Para algunos lo es la marihuana, para otros el alcohol, para algunos el opio, o la heroína, o el sexo, o el juego, o los psicofármacos, o acaso hierbas como la melisa, el tilo o la valenciana. Hay sustancias que actúan como estupefacientes en todos los organismos y hay otras que lo hacen en algunos sí y en otros no. ¿Por qué habría que adivinar lo que la ley no dice, o sea que los jueces quisieron decir "marihuana"? ¿Si los jueces hablan por sus fallos, no es lógico esperar que hablen con claridad? ¿Por qué dejar que sólo los telépatas tengan acceso a lo que de veras dice la ley?
¿Qué significa no afectar a terceros? ¿Cuál es el umbral de la privacidad, cruzado el cual los actos ya no son privados? ¿Padres que bajo el efecto de "estupefacientes" abandonan sus funciones, arriesgan sus trabajos y el pasar de sus familias, afectan o no a estos terceros? Los miembros de una familia afligida emocional, afectiva, psíquica o económicamente por la adicción de uno sus miembros, ¿son terceros afectados? ¿Una persona asesinada por alguien que consumió estupefacientes en un espacio privado y luego salió a robar con un arma, es un tercero afectado o aquel acto privado deja al asesino a salvo?
¿Cuál es la cantidad mínima no punible para consumo personal? ¿Se podría, de la misma manera, decidir cuál es la cantidad de alimento que sacia el hambre o el apetito de cada persona, o la cantidad de agua que cada quien requiere para su sed? ¿Cuál será el novedoso implemento que le permitirá a un policía primero y a un fiscal o a un juez después decir que una determinada cantidad excede o no el "consumo personal"? ¿No tiene un sesgo autoritario el decidir sobre el organismo ajeno? ¿Y si hay quien, voraz, acostumbra a consumir "personalmente" un kilo de "estupefacientes" y otro, austero, se satisface con dos gramos? ¿Basta de veras con que la tenencia "no sea ostensible" para que no resulte punible? ¿Y qué ocurre si no es ostensible la tenencia o el consumo pero sí sus consecuencias? ¿Si alguien, por ejemplo, no exhibió los "estupefacientes" que consumió en privado, pero bajo su efecto conduce un auto y provoca un accidente fatal, se tratará de un simple evento de tránsito en que la droga nada tuvo que ver?
Imaginemos que Sócrates camina por las calles de Buenos Aires y continúa haciendo preguntas. ¿Si es legal poseer una pequeña cantidad para consumo personal, por qué no sería legal también la compra y la venta de esa pequeña cantidad? ¿Un dealer que personaliza sus ventas, es decir que atiende de a un cliente por vez y sólo le vende la cantidad que éste consumirá en privado, está entonces dentro de la ley? ¿Por qué, si el consumo personal privado y la posesión no ostensible de "estupefacientes" es legal, al comercio de los mismos se le sigue llamando narcotráfico y no, simplemente, venta? ¿Con este criterio no habría que despenalizar a quienes portan y usan armas sin autorización, pero, en cambio penalizar a quienes las fabrican o venden? ¿Y si esto suena entre absurdo y contradictorio, no será porque lo es?
Entremos en un capítulo de preguntas espinosas. ¿Se llega a la drogadicción por desgracia, por una fatalidad, por accidente, o participan en ese proceso la elección, el libre albedrío? ¿El adicto no está ante el efecto de sus acciones? ¿No consiste la responsabilidad en asumir las consecuencias de los propios actos? ¿Cuándo se despenaliza, en este contexto, no se desresponsabiliza? ¿No vivimos ya en una sociedad que sufre de maneras diferentes, dramáticas y trágicas por la notoria falencia de responsabilidad?
Una sociedad en la que se vende alcohol a la vera de las rutas y en donde se transita por esas carreteras entre anuncios de bebidas (que casi irónicamente incluyen una pequeña línea donde se lee "beber con moderación"), una sociedad cuyos funcionarios dicen preocuparse por los trágicos efectos que el alcohol produce entre los jóvenes pero que no se atreven a afectar los intereses de quienes proveen ese alcohol a los chicos, una sociedad que tiene altos gastos de salud pública en el rubro destinado a atender afecciones pulmonares producidas por el tabaco, cuya industria siempre encuentra prestos y eficaces lobistas en el Congreso, ¿necesitaba de veras este fallo pasible de habilitar un nuevo capítulo en esta saga fatal?
Por último, cuando se le reclama al Estado combatir al narcotráfico, ¿de veras se espera que lo haga, al calor de este fallo, con empeño, decisión política y eficacia cuando no fue esa su actitud en el tiempo anterior? ¿Y cuando se lo convoca a implementar políticas de contención y salud para los adictos, de veras se cree que lo hará un Estado que es apenas la herramienta de los intereses de un Gobierno más dispuesto a dilapidar 600 millones de pesos en el fútbol para ganar una batalla personal, que a resonar empáticamente con las verdaderas necesidades e inquietudes de la sociedad? ¡Cuántas preguntas podría seguir haciendo el gran Sócrates aquí y ahora!