lunes, 22 de agosto de 2016

CRONOGRAMA DE CLASES Y EXAMENES 2° CUATRIMESTRE 2016

CRONOGRAMA SEGUNDO CUATRIMESTRE 2016
COMISION 1: CLASES A LAS 20 HORAS
COMISIÓN 2: CLASES A LAS 15 HORAS
CLASES GENERALES PARA AMBAS COMISIONES JUNTAS: días MARTES 23 de agosto, 13 y 27 de setiembre, 4 y 18 de octubre, 1, 15 y 22 de noviembre, en todos los casos a las 15 horas
Unidad 1: 22, 23, 24, 25, 29 y 30 de agosto
Unidad 2: 31 de agosto y 1 de setiembre
Unidad 3: 5 y 6 de setiembre
Unidad 4: 7 y 8 de setiembre
Unidad 5: 12 y 14 de setiembre
Unidad 6: 13, 15 y 19 de setiembre
Unidad 7: 20, 21 y 22 de setiembre
Unidad 8: 26, 27, 28, 29 de setiembre; 3, 4, 6, 20 y 24 de octubre
Unidad 9: 25 y 26 de octubre
Unidad 10: 27 y 31 de octubre
Unidad 11: 1, 2, 3, 7 y 8 de noviembre
Unidad 12: 9 y 10 de noviembre
Unidad 13: 14, 15 y 16 de noviembre
Unidad 14: 17 y 21 de noviembre
Unidad 15: 22, 23 y 24 de noviembre
Unidad 16: 12, 13 y 17 de octubre
Unidad 17: 11 y 18 de octubre
FECHAS DE PARCIALES: 5 DE OCTUBRE Y 29 DE NOVIEMBRE
FECHAS DE RECUPERATORIOS: 19 DE OCTUBRE Y 13 DE DICIEMBRE


martes, 14 de junio de 2016

HACER CUMPLIR LA PENA Y HACER CUMPLIR LA LEY


Hacer cumplir la pena y hacer cumplir la ley

(a propósito de los delitos cometidos por procesados y condenados en libertad)

 

Por Marcelo A. Riquert

 

1. Cada vez con más frecuencia las noticias policiales nos informan de algún nuevo hecho delictivo violento que habría sido perpetrado por alguien que estaba “suelto”, siendo que debería estar preso, ya que se hallaba cumpliendo pena por un delito anterior (“A” robó con armas de nuevo… estaba gozando de salidas transitorias o de un arresto domiciliario). Diversas circunstancias personales y sociales, la sobrepoblación carcelaria y el estado muchas veces ruinoso de nuestras prisiones son, naturalmente, parte de la posible explicación. Pero es justamente la que no ha despertado ningún interés mediático.

En cambio, el asunto es presentado como un déficit o un error en el cumplimiento de la pena fijada por el hecho anterior y quien lo cometió (permitió la libertad) como el responsable de que se evitara el encierro riguroso. Usualmente será un juez de ejecución. Aunque hay una variante en la que el nuevamente detenido, por el hecho anterior, había sido excarcelado. El mensaje insistirá en que la policía había hecho su trabajo, igual que lo hace ahora, pero un fiscal o un juez habían permitido que el imputado siguiera suelto y, por eso, delinquido otra vez.

La crítica de y por la prensa dedicada a difundir estos hechos se potencia singularmente cuando involucran sangre o afectan la libertad sexual, haciendo eco del lógico dolor de las víctimas, al que se suman vastos sectores del espectro político que, como si fuera un tercero no responsable del cuadro general, amplifican el reclamo. Y es evidente que las leyes son diseñadas por quienes ocupan el poder legislativo, así como la prevención y persecución del delito, la forma en que se organiza y los medios con que cuenta la institución carcelaria y el control/seguimiento de quienes egresan de ella transitoriamente está a cargo de diversas agencias del poder ejecutivo. Por lo que la política está lejos de ser ajena de aquello cuya denuncia se apresura en acompañar.

2. En la base de la cacería de responsables de la “libre circulación de delincuentes” (traducida en rápidos pedidos de juicio de remoción de magistrados) están implícitas dos premisas: las penas deben ser aplicadas de inmediato, a partir de la primera imputación y, además, deben ser desde el comienzo y hasta su finalización cumplidas dentro de una celda (si estuviera prevista su conclusión, si no fuera “perpetua” –aunque sistemáticamente se omite explicar que, más allá de su nombre, la pena a perpetuidad no existe[1]–). El problema es que los jueces no hacen cumplir la ley, no ejecutan las penas en la forma que se debe y permiten solturas durante el proceso o, peor aún, que un condenado salga de prisión aunque más no sea por unas horas antes de agotar su sentencia. Por ese desapego a su obligación de hacer cumplir la ley, de hacer cumplir las penas, se requiere se los separe del cargo que no honran y se los declara públicamente co-responsables del delito que no hubiera acontecido si la ley se hubiera respetado.

Ahora, ¿la ley dice que las penas se aplicarán desde la primera imputación y se ejecutarán en su integridad en encierro riguroso? Porque, si eso es lo que dice, merecería estudiarse con seriedad las razones que impulsan la resistencia a hacerlo de aquellos a los que la sociedad paga por velar por su cumplimiento. La pregunta a responder sería: ¿por qué los jueces sistemáticamente se niegan a cumplir la ley o tratan de evadirla? ¿por qué insisten en dar libertades que la ley no prevé?.

Sin embargo, al menos hasta ahora, no se han promovido estudios científicos sobre la resistencia de los jueces a hacer cumplir en este sentido la ley. Y es lógico que no los haya. La razón es sencilla: la ley NO dice que las penas se aplican desde la primera imputación y NO dice que las penas privativas de libertad se deben cumplir íntegramente dentro de una unidad penitenciaria. Entonces, ¿qué dice la ley?

3. La ley dice que las personas gozan del estado de inocencia (no una presunción) y como correlato, las penas no deben ejecutarse hasta que por sentencia firme se establezca la culpabilidad. O sea que la pena sólo debe recibirla quien ha sido condenado. Por eso existen los institutos de la excarcelación y la eximición de prisión, que determinan con su concesión que se estará en libertad mientras dure el proceso y recién cuando este termine con una condena se aplicará la privación de libertad. No es antes, sino después que se tiene que ir preso. Siendo esto así (y lo es por decisión de la Constitución Nacional, no sólo por voluntad del legislador común en el código procesal), cuando el juez excarcela y permite que el imputado permanezca durante el proceso en libertad, CUMPLE la ley. Y pedirle que haga lo contrario, es requerirle que NO la cumpla.

Excepcionalmente, como medida cautelar, cuando pueda presumirse “peligro de fuga” o “peligro de entorpecimiento probatorio” (habitualmente se los une bajo el nombre de “peligrosidad procesal”) se puede privar de libertad durante el proceso y, entonces, el imputado estará en “prisión preventiva” que es un eufemismo del cumplimiento anticipado de pena si se tiene en cuenta que se concreta en el mismo lugar y con el mismo régimen de tratamiento que recibe quien es efectivamente condenado. Teniendo en cuenta esto, la ley incluso para aquellos a quienes detiene preventivamente prevé en distintos supuestos la posibilidad de que se opte por alternativas o morigeraciones en su ejecución (por ejemplo, arresto domiciliario con o sin monitoreo electrónico, que en la provincia de Buenos Aires representa el 5% del total de detenciones: 2032 personas[2]).

Si se dispone la prisión preventiva, ¿cuánto tarda en llegarse a la (primer) sentencia (que puede o no quedar firme)? En el sistema bonaerense, si es con un juicio oral pleno el promedio de demora es de 382 días y si es por juicio abreviado 371 días. Si se trata de un caso de flagrancia, la demora es de 190 días con juicio pleno y de 111 días si es por abreviado.

Un par de precisiones adicionales: frente a la usual afirmación en los medios de que “entran por una puerta y salen por otra”, el encierro preventivo no es tan excepcional. Al menos no en la provincia de Buenos Aires donde la población carcelaria sube mucho más rápido que la tasa demográfica: conforme el Registro Único de Personas Detenidas (RUD), al 17 de diciembre de 2014 había un total de 35979 personas presas y un año después, al 17 de diciembre de 2015 la cifra subió a 39927, es decir, un 9,88%, mucho más que la tasa de crecimiento poblacional general (64% corresponde al conurbano y 36% al interior). Vale aclarar que según el Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), el total nacional de presos de 2014 fue de 69060 (de ellos, 10424 a cargo del Servicio Penitenciario Nacional y 31224 a cargo del Servicio Penitenciario bonaerense). De esos poco menos de 70000 detenidos, el 96% son hombres, el 94% argentinos, el 78% solteros, el 70% apenas alcanza la instrucción primaria y el 68 % son menores de 30 años de edad (o el 82% menores de 40 años).

Además, en términos proporcionales[3], mientras que en el resto del país la tasa de prisionización araña los 160 presos por cada 100.000 habitantes, en la provincia alcanza los 240 por cada 100.000 (con picos de 309 en San Nicolás, 296 en Mercedes y 278 en Dolores[4]). No se trata entonces de que haya más presos porque hay más población sino que el dato “duro” es que proporcionalmente tiene un 33% de personas en la cárcel que el resto del país. Y de esos que tiene presos, menos de la mitad tiene sentencia firme[5] (es decir, sin duda alguna deben cumplir la pena). Del resto, un tercio será declarado inocente luego del juicio y sus revisiones, no culpable y, por lo tanto, no debería haber estado preso nunca (pero lo estuvo).

¿Qué es lo que hicieron esos hombres argentinos solteros que apenas terminaron la primaria y tienen menos de 30 años de edad para estar presos? El 52% delitos contra la propiedad, el 21 % delitos contra la personas, el 9% delitos contra la integridad sexual, el 8 % delitos vinculados a los estupefacientes, el 6% otros delitos contra la seguridad pública y el resto de las posibles infracciones punibles cubre el 4% restante[6].

4. Si volvemos a los condenados, la pena de prisión puede ser de cumplimiento efectivo o de ejecución condicional. En este último caso que corresponde a primeras condenas por delitos no graves, bajo una serie de reglas de conducta, la pena queda “en suspenso” (no obstante, el 78 % de la población carcelaria nacional son primarios, es decir, cumplen la que fue su primera condena[7]). Si durante el período fijado las cumple, nunca cumplirá la prisión. Si no lo hace, la pena se ejecutará. Si la pena se ejecuta, el modo en que debe cumplirse en la Nación lo establece la ley 24660 y en la provincia la ley 12256. Son las leyes de ejecución de la pena privativa de libertad y establecen de qué modo se procurará alcanzar el objetivo o finalidad que tiene la pena según la Constitución, que es la resocialización del condenado (no el castigo, que es lo que se pide en el reclamo mediático). Estas leyes, con pequeñas diferencias, como la misión de la pena es reinsertar en el tráfico social al que cumple pena, prevén que esa devolución al medio libre se haga paulatinamente, a través de distintos pasos.

¿Cuáles son estos posibles pasos? Las normas que los fijan dicen que a partir de la mitad (50%) del cumplimiento del monto de pena fijada puede comenzar el preso a tener “salidas transitorias”, para las que hay dos motivos: afianzamiento de vínculos familiares o por razón laboral. Para ver por unas horas a la familia fuera del penal o para ir a trabajar. Esto es aplicable aún en caso de reincidentes (son el 19 % del total de condenados[8]). Sin ingresar en detalle en la regulación, también establecen que cumplidos determinados requisitos durante la vida carcelaria (buena conducta y adaptación a las reglas de convivencia, para resumirlos), podrá acordarse la “libertad condicional” (en general, cuando se alcanzan los dos tercios de la pena) y la “libertad asistida” (seis meses antes de la libertad condicional a los primarios o seis meses antes de agotar la pena a los reincidentes). En ambos casos, significan que el penado cumple su pena fuera de la cárcel durante este período, sujeto a algunas reglas o pautas de conducta (por eso, es una libertad restringida).

Nuevamente, cuando verificados los requisitos de cada caso, un juez otorga salidas transitorias, libertad asistida o libertad condicional, CUMPLE la ley. Y, otra vez, pretender que no acuerde salidas transitorias, libertades asistidas o condicionales, es pedirle que incumpla la ley.

5. Finalizo: en definitiva, no es cierto que los jueces sistemáticamente se niegan a cumplir la ley e insistan en dar libertades no previstas. Cuando acceden a un pedido de excarcelación o de eximición de prisión, cuando dan una salida transitoria o una libertad condicional, están cumpliendo con su imperativo legal. Están haciendo lo que la ley impone, permitiendo el modo que está previsto en que la pena se ejecute.

Y no puede atribuírseles responsabilidad por lo que los demás hacen con su libertad. No solo no poseen facultades premonitorias, no pueden adivinar cómo se comportará alguien en el futuro, sino que tampoco es de su ámbito propio de competencia el controlar el modo en que las reglas impuestas se cumplen o el ir a buscar al que las quebró luego de ordenar su captura.

 

 

 



[1] En efecto, sin ingresar en discusiones, del literal del art. 13 del CP desprende que, en la peor de las hipótesis posibles, el condenado a prisión perpetua podrá obtener al libertad condicional luego de 35 años de encierro.
[2] Fuente: RUD, Informe Estadístico 2015.
[3] Fue al mes de diciembre de 2014 de 161,4 por cada 100.000 habitantes (cf. el SNEEP, informe correspondiente a dicho año).
[4] Fuente: RUD, Informe Estadístico 2015.
[5] Según el SNEEP, el promedio nacional es del 48% de condenados y 51% de presos preventivos. Conforme el RUD 2015, en la provincia de Buenos Aires, el porcentaje de condenados es un poco más bajo (43,73% y 13,35% con sentencia no firme, en consecuencia son simples detenidos con prisión preventiva el 42,92%).
[6] Fuente: RUD 2015.
[7] Cf. el SNEEP de 2014.
[8] Cf. el SNEEP de 2014, además, son reiterantes el 8 % de la población carcelaria y multirreincidente el 1%.

miércoles, 11 de mayo de 2016

Revisión y recuperatorio Segindo parcial

Estimados cursantes, se les informa que la Revision del SEGUNDO parcial será el día 5 DE JULio a las 14:15 hs. 
El RECUPERATORIO será el martes 12 a las 15 hs. Para ambas comisiones y con modalidad oral.

martes, 26 de abril de 2016

¿NECESITAMOS MÁS DELATORES PREMIADOS (ARREPENTIDOS)?


¿Necesitamos más delatores premiados (“arrepentidos”)?

 

por Marcelo A. Riquert*

 

1. En los días que corren el tema de los “arrepentidos”, también llamados “cooperadores eficaces” en la terminología de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), ha cobrado inusual presencia en los medios periodísticos y en la discusión pública, tanto por el anuncio de la iniciativa de ley impulsada desde el Ministerio de Justicia para ampliar su uso a delitos no previstos, como por lo que sería su primera aplicación con relación al de lavado de activos de origen delictivo (con publicitada excarcelación lograda ante otro órgano jurisdicción por distinto proceso, a partir del –tardío– “arrepentimiento”).

Con relación a tal delito, la posibilidad de usar “imputados colaboradores” (otro de los posibles eufemismos a lo que no es más que negociar la delación de un partícipe, que entrega a otros a cambio de un premio), es de una novedad relativa ya que, en realidad, se debe a la Ley 26683 (de junio de 2011), que no fue otra cosa que el producto de la necesidad de ofrecer un gesto hacia afuera ante las presiones y reclamos del entonces GAFISUD por la evidente inoperatividad en la persecución de este delito bajo el marco legal de la Ley 25246 (sólo se alcanzaron a registrar tres condenas en once años de vigencia). Introdujo sustanciales cambios en la regulación del delito de blanqueo de capitales, incluyéndolo  como art. 303 del CP en el nuevo Título XIII “Delitos contra el orden económico y financiero”, y en el funcionamiento de la “Unidad de Información Financiera” (UIF), junto a otras novedades concernientes al decomiso y la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

La posibilidad de “arrepentirse” negociando información y la protección de testigos e imputados colaboradores (que son sólo una parte de las técnicas de persecución que se propician desde el ámbito internacional), se dispuso en los arts. 22 y 23 de la ley 26683, que incorporó a la N° 25246 los que quedaron como sus nuevos arts. 31 y 32. Así, en las investigaciones por presunto lavado de activos de origen ilícito, son aplicables las reglas de la conocida como “Ley del Arrepentido”, N° 25241 (de marzo de 2000). Además, podrá disponerse la reserva de identidad de un testigo o de un imputado colaborador, cuando fuere necesario para preservar su seguridad y se refuerza la protección de esta reserva mediante la tipificación autónoma de su revelación indebida (art. 33 de la Ley 25246, cf. reforma por Ley 26683).

            La “delación premiada”, denominación que entiendo más precisa y ajustada a la realidad que hablar de “arrepentido” respecto de alguien que no lo está y se limita a sacar el mejor provecho posible para sí brindando información que permita procesar a los que cometieron el delito con él, tiene antecedentes en la legislación nacional desde principios del siglo pasado pero, en general, suele citarse como un hito su incorporación al régimen penal de estupefacientes (Ley 23737/89) por vía de la Ley 24424/95. Refiriéndose a esta, decía en 1997 Julio J.B. Maier que llegaba “la audaz moda de fijarle precio a la supuesta verdad y pagar por ella”.

Para percibir mejor la extensión que alcanza la moda, vale en este punto aclarar dos cosas: primero, que no debe confundirse este instituto con lo que usualmente se conoce como “confidentes” o “informantes”, que proporcionan datos sobre hechos o la ubicación de personas a las fuerzas de seguridad, en general, para beneficiarse con alguna contraprestación como la omisión de perseguir alguna otra actividad que lo involucre o alguna pequeña retribución. Segundo, que excepcionalmente, existe una “formalización” de la actividad de tales informantes, como en el caso de los delitos de privación ilegal de la libertad calificada, secuestro extorsivo y encubrimiento de ambos, para los que por Ley 25765 (2003) se oficializó la posibilidad de abonar una compensación monetaria a personas que, sin haber intervenido en el delito, brinden datos útiles para lograr la libertad de la víctima o la aprehensión de quienes hubieren tomado parte en la ejecución de los ilícitos mencionados. Se creó un “Fondo Permanente de Recompensas” en el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación (hay similares en algunas provincias). Por Ley 26375 y 2658 (ambas, de 2009) se extendió a casos de delitos de lesa humanidad, los homicidios simple y agravados, la violación simple y calificada por muerte de la víctima, la sustracción de menores, el robo  a entidades bancarias, encubrimientos y el narcotráfico.

Vuelvo al caso del delito de “lavado de activos”, en el que la remisión se hizo a la Ley 25241, que fuera sancionada en el año 2000 al calor de los reclamos por el (no) esclarecimiento de los atentados contra la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994. Se consagró entonces una escala penal reducida para el “imputado que colabore eficazmente con la investigación”, a la vez que se introdujo un nuevo tipo penal por el que se impuso pena de prisión de uno a tres años para quienes, habiéndose acogido al beneficio anterior, “formulen señalamientos falsos o proporcionen datos inexactos sobre terceras personas” y se previó un régimen de protección para el colaborador cuya integridad personal o de su familia estuviere en riesgo por tal actividad (incluyendo la provisión de los recursos indispensables para cambiar de actividad laboral y la sustitución de su identidad).

Lo que no debe perderse de vista es que lo ahora postulado desde esferas oficiales, con eco amplificador en los medios y constante remisión a la utilidad que habría brindado en Brasil la herramienta del “arrepentido” para develar casos de corrupción, no es más que la reiteración argumental de un guión antiguo que ya se escuchó cuando la discusión de la que, luego, fue Ley 24424, sólo que a mediados de los noventa la referencia comparada era a la actuación de los fiscales y jueces italianos en persecución de las organizaciones mafiosas (o sea, “Mani pulite” en lugar de  “Petrolão”).

2. ¿Cómo funciona la receta expansiva?

Simplificando posibles matices, esto se reduce a la instalación de la idea básica de que existe un área de criminalidad grave y compleja en plena expansión que no puede enfrentarse ni contenerse con los métodos tradicionales de investigación que padecen de un defecto congénito: respetan las garantías constitucionales y son ineficaces.

En este punto, alguno aparecerá recordando que uno de los principios limitadores de la criminalización que emergen directamente del Estado de Derecho es el de  “superioridad ética del estado”, que implica que la renuncia estatal a los límites éticos da lugar a su ilegitimidad y consiguiente carencia de títulos para requerir comportamientos adecuados al derecho por parte de sus habitantes. A lo que se repondría que no se trata de que el Estado hubiere perdido sus límites éticos sino que, a todo evento, no los tiene el “buchón” que no duda en entregar a sus compañeros para beneficiarse.

Todo, en definitiva, deriva en que ante la imperativa necesidad de superar el vallado y lograr la ansiada eficacia en la persecución penal, se concluye que delitos excepcionales sólo pueden ser combatidos con técnicas especiales de investigación o medios extraordinarios de prueba.

Estas técnicas, si se las utiliza mal directamente arrasan con la Constitución (aquí la razón de eficacia pierde todo sentido porque se provocan nulidades que terminan generando impunidad) y, si se las usa con prudencia y procurando compatibilizarlas con aquélla, al menos, degradan o “esmerilan” el tradicional alcance de las garantías (y provocan largas discusiones en el proceso, de las que podría resultar su validación que, siempre, luce un tanto forzada).

No obstante, se plantea, no hay otro modo de alcanzar el éxito y, además, se resalta ante los objetores, tampoco debe perderse de vista que no se cambiará la configuración general de la calidad ciudadana porque, al fin y al cabo, es sólo para este delito tan grave y complejo que se aplicará la excepción, mientras lo demás (el resto del universo delictivo) seguirá igual (idealmente, siendo “derecho penal del ciudadano” y no derecho penal del “enemigo”).

Pero, poco después, dentro de “lo demás” se individualiza y reconoce otro campo delictivo que tiene las mismas notas de excepcionalidad y, por eso, también habría que utilizar los medios extraordinarios en este caso, lo que deriva en que se lo incluya. Y así, sucesivamente. En nuestro caso, hemos visto cómo se pasó de la lucha contra las drogas a la lucha contra el terrorismo y su financiamiento, de los secuestros extorsivos al lavado de activos y nadie podría seriamente pensar que, de progresar el nuevo proyecto expansivo, sería el último caso de avance de lo “extraordinario” que, a cada nuevo paso, cuesta más verlo como “no ordinario”. En fin, que la excepción se transforma en generalidad e inevitablemente proyecta sobre toda la ciudadanía porque, al fin y al cabo, al enemigo de turno se lo busca hurgando en el conjunto y afectando los derechos de todos (basta pensar en la articulación de sistemas de escucha y seguimiento de comunicaciones masivos).

Un pequeño detalle que sería bueno no soslayar es que, ya que de eficacia se trata (esa, insisto, es la razón de impulso), no hay quien se atreva a decir que en términos reales alguno de esos campos de “lucha” esté mejor luego que antes del arsenal de medios excepcionales. Ni el tráfico de estupefacientes (o de armas o personas), ni el terrorismo o su financiación, ni el lavado de activos de origen delictivo (o los paraísos fiscales) han sido contenidos ni, menos aún, reducidos en cualquier forma. Y a nadie debiera en realidad sorprender porque nunca podría pasar de una ilusión creer que esos problemas sociales se solucionarán con algunos (o muchos) procesos penales y algunos (o muchos) detenidos o presos por retiro de cobertura del poder, aquí y/o en otros lugares.

No estoy diciendo que esta descripción crítica y pesimista de la cuestión conlleve que, por detrás de estas iniciativas, hubiere (únicamente) un conjunto de aviesas intenciones de sectores que procuran amplificar su poder bajo excusa de delitos o nada parecido. La favorable repercusión que logran las propuestas de mayor “eficacia” muchas veces son sólo la confluencia de una buena intención de quien propone y de quien recepta, que creen en la utilidad, por ejemplo, de que un fiscal o un juez se sienten a “negociar” penas y excarcelaciones con imputados para que otros más importantes “caigan”. Frente a este orden de cosas estoy convencido que, como telón de fondo, siempre ha de tenerse presente advertencias como la que -hablando de la legislación antiterrorista en su país- formuló Ignacio Berdugo Gómez de la Torre: “en la práctica, la defensa del Estado puede llevar al modelo de Estado opuesto al que se dice defender”. No sea que en el camino de buscar la consolidación de los valores democráticos se termine haciéndolo con la metodología propia del autoritarismo.

3. Contestando el interrogante del título, creo sinceramente que no necesitamos comprar más delaciones para estar mejor en materia de investigación de cualquier delito. Se puede combatir la corrupción con la legislación e instituciones vigentes. Sólo debe mediar voluntad de hacerlo, de tornarlas operativas sin esperar a que en el aire todos perciban el aroma del retiro de cobertura del poder de turno.

 También estoy convencido que seguiremos conviviendo con este derecho penal premial o negocial por mucho tiempo. Las cláusulas vigentes no desaparecerán. Quizá, la aspiración de máxima sería reglarlas de tal modo que algunos de sus defectos se reduzcan en sus consecuencias y se logre una práctica lo más cerca posible de las reglas constitucionales para un debido proceso. Hay muchas cosas que se pueden mejorar.

No hay dudas en torno a que la delación introduce una mecánica en que se rompe la relación “natural” entre el Estado y el ciudadano imputado de delito, que es la de contraposición o contradicción y no la de cooperación o colaboración (a cambio de premio). En adición, incluyendo los premios minoraciones cuando no exclusiones de pena, se producen evidentes turbulencias en sede de determinación punitiva, donde aparece inevitable que se infrinjan los principios de igualdad y de proporcionalidad entre delito y pena.

Desde esta perspectiva, sería conveniente impulsar respecto a la variada normativa sobre “arrepentidos” actualmente vigente su unificación para dotarla de mayor coherencia, equilibrio y condiciones de igualdad. Así, debiera tenderse a unificar el “sistema de premios” y que, entre estos, se prescinda de la eximición absoluta de pena y que la reducción sea con marcos análogos entre los distintos segmentos de delincuencia particular en que se admite

4. Antes de cerrar esta breve reflexión, parece oportuno incluir las posibles respuestas de algunas de las preguntas que, cuando abrimos el diario y leemos las noticias del caso mediático en resonancia de turno, seguramente cualquier lector no informado se hace:

¿Cuánto puede reducirse la pena al delator?

Puede reducirse a un tercio del mínimo o la mitad del máximo de las previstas en el art. 303 (escala de la tentativa conforme la interpretación de mayor consenso) o directamente a la mitad.

Además, cuando la información brindada hubiere permitido acreditar la existencia de la asociación ilícita, desbaratar sus actividades o acreditar la intervención de alguno de sus miembros en el hecho delictivo, llevando así al procesamiento de quienes antes no hubieran sido imputados, podrá aplicarse el mínimo de la escala de pena prevista.

Ha sido unánime la crítica en torno a la escasa claridad para deslindar los supuestos que habilitan una u otra modalidad de reducción punitiva. Por caso, cómo diferenciar en la práctica la colaboración que evita la continuación del delito de la que desbarata sus actividades o esto último respecto de la que permite evitar la consumación. Todavía más difícil, fijar un criterio rector que facilite separar supuestos concernientes a los copartícipes.

¿Cuándo debe producirse la colaboración eficaz?

Antes del dictado de sentencia firme. Es decir que puede haber sido condenado y estar la sentencia en proceso de revisión por vía de algún recurso y, en ese momento, “arrepentirse” y brindar su colaboración.

La valoración de los dichos del “arrepentido” siempre es compleja porque podría decirse que participa del problema de carencia de consistencia como prueba plena propio de la declaración del co-imputado, lo que lleva a que además de su coherencia interna requiera corroboración externa. Esta es la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en una serie de casos respecto de los “pentiti” italianos: “Contrada” (1998), “Labita” (2000) y “Perna” (2001). Adviértase que frente a quien tardíamente delata bajo la suerte de “espada de Damocles” (sabe que ha sido condenado y a qué pena por sentencia no firme) y decide pactar reducción de pena a cambio de información, se genera un indicio más que suficiente para sospechar de la confiabilidad de lo que aporta, por lo que aquello que trae al proceso debiera ponderarse con una prudencia extrema.

¿Cuándo se considera que la colaboración es “eficaz” para la investigación?

Se prevé un fórmula amplia e imprecisa conforme a la que se debe tratar del brindar información esencial para evitar la continuación del delito o la comisión de otro o que ayude a esclarecer el que se investiga u otros conexos o que suministre datos de manifiesta utilidad para acreditar la intervención de otras personas.

El reconocido profesor cordobés José Cafferata Nores, siendo diputado nacional señaló la necesidad de establecer condiciones que eviten abusos, entre las que incluyó que la colaboración premiada debe ser “decisiva”, es decir, de tal entidad que si no hubiera existido no se podría haber llegado al resultado de la condena de copartícipe. No se trataría entonces de cualquier progreso sino de uno significativo, apreciable por un resultado de importancia práctica en el proceso.

¿Existe algún límite personal para “colaborar”?

Si, aunque también impreciso, debiera tratarse de alguien involucrado en un delito más leve vinculado al que se investiga o, si fuera interviniente en el propio lavado de activos, con una participación menor que la de a quien delata. Se sigue así la lógica de que el pez chico entregue al pez gordo, lo que tiene el problema de que, en realidad, cuanto más chico es más difícil que pueda aportar información esencial de la suele disponer sólo el más gordo. Además, está la dificultad para quien negocio en determinar cuándo realmente se está frente a alguien que resulte involucrado en un ilícito más leve que el del delatado o entregado. Puede darse el caso de que quien aparece ex-ante como un partícipe en un hecho menor tiene tal imputación simplemente por desconocimiento del investigador de la compleja trama interna de la asociación que, supuestamente, el colaborador ayuda a develar (lo que fue maravillosamente expuesto en la película “Los sospechosos de siempre”, protagonizada en 1995 por el ahora muy popular, a partir de la serie “House of Cards”, Kevin Spacey).

¿Cuándo se recibe el premio por delatar?

Aunque la reducción de pena recién se dispondrá en la sentencia definitiva, la “colaboración” puede comenzar a tener efectos prácticos muy rápidos en el proceso para el delator porque cuando aquella aparezca como probable “podrá ser considerada a los fines de la excarcelación de acuerdo a las normas procesales comunes”.

5. Finalizo con algunas otras sugerencias para el caso de que se avance en la discusión de la anunciada extensión de la delación premiada a otros nuevos delitos:

a) Debiera aclararse que la posibilidad de delatar es para todo “partícipe” en sentido amplio, con la limitación de que siempre debe ser la delación en sentido vertical ascendente (“hacia arriba”) en el orden jerárquico dentro de la organización criminal que se integraba.

b) En tanto se mantengan las reglas procesales vigentes, el círculo de sujetos “delatables” encuentra limitación siguiendo el criterio tradicional de las denuncias prohibidas, por lo que no puede “negociarse” la delación del cónyuge, ascendiente, descendiente o hermano (arg. cf. art. 178 CPPN). Se trata de prohibiciones que tradicionalmente se han fundado en la necesidad de preservar la unidad y cohesión familiar. Su consecuencia habrá de ser la nulidad de la actuación y de aquellas que fueran su consecuencia (salvo, en este caso, que mediare cauce autónomo de investigación).

Una solución alternativa proporciona la legislación cordobesa, que prevé sólo una “facultad de abstención” para testimoniar por parte del pariente cercano. Favorable a esta cláusula se ha pronunciado Maier, quien destaca que la prohibición proviene del sistema de la prueba legal, es anacrónica “y ni siquiera resulta eficiente para aquello que pretende proteger”. De “lege ferenda”, decantaría sin mayor duda a favor de esta opción.

c) La negociación con el delator debe estar exclusivamente en cabeza del Ministerio Público Fiscal, reservándose al juzgador el rol natural de “control de legalidad” del instituto de derecho penal premial.

d) Siendo que el delator es un partícipe imputado que traiciona a otro/s para obtener algún beneficio a cambio, las formalidades que deben rodear su declaración son las mismas que se impone a la declaración del imputado. Para que sea válida, debe generalizarse la fórmula del art. 5 de la Ley 25241, es decir, debe realizarse de modo que esté asegurado el control por las partes en el proceso.

e) La ley procesal carece de previsión especial referente a cómo ha de valorarse los dichos del delator. Se ha interpretado esta ausencia como remisión a las reglas generales de la sana crítica. Es un tema delicado, porque se trata de una ponderación compleja que participa del problema de carencia de consistencia como prueba plena propio de la declaración del co-imputado (cf. resalta Jaén Vallejo) que, además, optimiza la mejora de su propia situación en la medida en que agravaría la de los otros partícipes del mismo delito. En ese contexto, debe tenerse particularmente encuenta no sólo la coherencia interna de su relato, sino que requiere corroboración externa.

Además, no debiera ser introducida por simple lectura en el debate si va a ser utilizada como elemento de cargo coadyuvante para fundar la condena del delatado. En cuanto al adecuado control por parte de la defensa, debe entenderse por tal el asegurar la posibilidad de que en tiempo oportuno esta pueda producir prueba que refute o reste credibilidad al aporte del delator.

 



* Profesor de Derecho Penal, UNMDP. Autor del libro “La delación premiada en el derecho penal. El ‘arrepentido’: una ‘técnica especial de investigación’ en expansión”, Hammurabi, Bs.As., 2011.

miércoles, 11 de noviembre de 2015

LEY 27206. REFORMA REGIMEN DE PRESCRIPCION DEL CODIGO PENAL

CÓDIGO PENAL
Ley 27.206
Modificación.
Sancionada: Octubre 28 de 2015
Promulgada: Noviembre 09 de 2015
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso,
etc. sancionan con fuerza de
Ley:
ARTÍCULO 1° — Incorpórese como último párrafo del artículo 20 bis de la ley
11.179, Código Penal, el siguiente:
En caso de los delitos previstos en los artículos 119, 120, 124, 125, 125 bis, 128,
129 —in fine—, 130 —párrafos segundo y tercero—, 145 bis y 145 ter del Código
Penal, la inhabilitación especial será perpetua cuando el autor se hubiere valido de
su empleo, cargo, profesión o derecho para la comisión.
ARTÍCULO 2° — Modifíquese el artículo 67 de la ley 11.179, Código Penal, por el
siguiente:
Artículo 67: La prescripción se suspende en los casos de los delitos para cuyo
juzgamiento sea necesaria la resolución de cuestiones previas o prejudiciales, que
deban ser resueltas en otro juicio. Terminada la causa de la suspensión, la
prescripción sigue su curso.
La prescripción también se suspende en los casos de delitos cometidos en el
ejercicio de la función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras
cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público.
El curso de la prescripción de la acción penal correspondiente a los delitos
previstos en los artículos 226 y 227 bis, se suspenderá hasta el restablecimiento
del orden constitucional.
En los delitos previstos en los artículos 119, 120, 125, 125 bis, 128, 129 —in fine—,
130 —párrafos segundo y tercero—, 145 bis y 145 ter del Código Penal, se
suspende la prescripción mientras la víctima sea menor de edad y hasta que
habiendo cumplido la mayoría de edad formule por sí la denuncia o ratifique la
formulada por sus representantes legales durante su minoría de edad.
Si como consecuencia de cualquiera de los delitos indicados hubiera ocurrido la
muerte del menor de edad, comenzará a correr desde la medianoche del día en
que aquél hubiera alcanzado la mayoría de edad.
La prescripción se interrumpe solamente por:
a) La comisión de otro delito;
b) El primer llamado efectuado a una persona, en el marco de un proceso judicial,
con el objeto de recibirle declaración indagatoria por el delito investigado;
c) El requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio, efectuado en la
forma que lo establezca la legislación procesal correspondiente;
d) El auto de citación a juicio o acto procesal equivalente; y
e) El dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme.
La prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada
delito y para cada uno de sus partícipes, con la excepción prevista en el segundo
párrafo de este artículo.
ARTÍCULO 3° — Derógase el segundo y tercer párrafo del artículo 63 de la ley
11.179, Código Penal.
ARTÍCULO 4° — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS
AIRES, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL
QUINCE.
— REGISTRADA BAJO EL Nº 27.206 —
AMADO BOUDOU. — JULIÁN A. DOMÍNGUEZ. — Juan H. Estrada. — Lucas
Chedrese.

viernes, 2 de octubre de 2015

FALLECIÓ EL PROF. DR. DAVID "TUTE" BAIGÚN


FALLECIÓ EL PROF. DR. (mult. h.c.) DAVID BAIGUN

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Hoy, 2 de octubre de 2015, ha fallecido el Prof. Dr. David “Tute” Baigún. Pampeano de Macachín, nacido el 19 de marzo de 1926, se trata sin dudas de uno de los más grandes maestros del Derecho Penal que ha conocido nuestro país y su pérdida física sume en una enorme pena a todos los que tuvimos el privilegio y placer de conocerlo y recibir sus enseñanzas, que excedían lo científico para ser un verdadero ejemplo de vida, de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, de prédica con el testimonio del propio actuar, de un compromiso inalterable con la ideas y una vocación insaciable por hacer todo lo necesario para que no quedaran sólo en eso, sino que operaran sobre la realidad contribuyendo a la construcción de espacios institucionales que reprodujeran y transformaran el medio circundante, la sociedad, en una dirección invariable de calidad republicana, democrática y coherente con el ideal que proyecta el sistema internacional de derechos humanos.

La fría recopilación de datos curriculares relevará que fue Doctor en Derecho y Ciencias Sociales (UBA, 1970), con calificación sobresaliente, Profesor Consulto Titular de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UBA, Presidente del INECIP, Vicepresidente del CIPCE, Presidente de la Sección Argentina de la AIDP, Director de la Maestría en Derecho Penal del Mercosur de la UBA , Director de la carrera de Especialización en Derecho Penal de las universidades de Buenos Aires, del Comahue, del Centro, de la Patagonia San Juan Bosco y también de Mar del Plata, en la que hace pocos meses comenzó su tercera cohorte.

Su importantísima producción individual en libros, artículos, notas, comentarios, traducciones y prólogos, tanto en nuestro país como el extranjero, fue acompañada de una no menos intensa tarea de difusión de la producción científica de terceros, reflejando el estado de situación de la discusión más actualizada de todas las ramas del campo penal a partir de la dirección de medios como las revistas “Nueva Doctrina Penal” (había sido, antes, secretario de redacción de “Doctrina Penal”) y “Pena y Estado”.

Participó en numerosas comisiones de reforma del Código Penal, dirigió el Centro de Asuntos y Estudios Penales del Banco Central de la República Argentina en los albores del retorno a la vida democrática, recibió el premio Konex de Platino en su área de experticia en 2006, doctorados honoris causa en nuestro país y el exterior y la Universidad Nacional de Mar del Plata lo designó por OCS N° 1629, a fines de 2011, “Profesor Extraordinario en la categoría de Profesor Honorario con la distinción de Académico Ilustre”.

Siguiendo una larga tradición de intervención en defensa de perseguidos políticos, una de sus últimas intervenciones de relevancia fue patrocinar la querella criminal conjunta presentada por varios organismos de derechos humanos para el juzgamiento en Argentina de los delitos de genocidio y/o de lesa humanidad del franquismo, cometidos entre 1936 y 1977, aún sin perseguir en España, que se encuentra en trámite ante la justicia federal de Buenos Aires.

Al momento de su ausencia física, creo es claro para toda la comunidad académica que su presencia espiritual e intelectual se mantendrá en su obra y el testimonio de todos los que tuvimos la suerte y privilegio de haberlo conocido y compartido algo de su tiempo en distintas aulas diseminadas por el país y el extranjero, lo que se agradece en la persona de su querida esposa, Cecilia, y sus hijos y nietos.

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A continuación se incluye el texto de la Laudatio al Prof. Baigún en ocasión de investirlo como Profesor Extraordinario de la UNMDP, en noviembre de 2011.

 

LAUDATIO AL PROF. DR. DAVID BAIGÚN

 

Por el Prof. Mg. Marcelo A. Riquert

 

Confieso que me costó mucho escribir estas palabras de presentación del Prof. Dr. David Baigún y lejos estuve de poder imaginar cuando le conocí personalmente hace ya más de 23 años que hoy estaría aquí, como docente de esta casa de altos estudios, tratando de resumir en pocos minutos las variadas razones que justifican su reconocimiento por la UNDMP.

Podría estar recitando durante un largo rato fríos datos seleccionados de su profusa historia curricular. Esos ya están en la OCS 1629, por la que se le acuerda la distinción que hoy recibe. Si bien este tipo de datos objetiviza parcialmente la dimensión laboral o académica de nuestro homenajeado, no es por un mero recuento de títulos o cargos que en esta unidad académica pensamos que es merecedor de su designación como Profesor Extraordinario en la categoría de Profesor Honorario con la distinción de Académico Ilustre.

Hace muy pocos meses atrás, el 10 de enero de 2011, el prof. David Baigún recibía el doctorado honoris causa de la UCLM. Su “Laudatio” fue escrita por un querido amigo en común, el prof. Nicolás García Rivas. En esa ocasión, destacó que se da en “Tute” una excelente trinidad: el científico, el maestro y la persona. Esta es la observación que quisiera hoy rescatar, una suerte de enfoque “trialista” o el reconocimiento de todas esas dimensiones que por su envidiable coherencia motivan este otorgamiento que es muy probable hubiéramos tenido que realizar ya hace mucho.

No dejo de advertir que el problema de imposibilidad de ser sintético se habrá multiplicado por tres. Por eso, arbitrariamente, recordaré sólo algunas perlas de las que jalonan su historia vital y creo exponen con suficiencia aquella renovada afirmación.

Baigún comienza sus estudios en la UBA en 1943, egresando en 1948. Él mismo ha descripto el entorno de clases como no muy estimulante en lo político y en lo pedagógico. Lo primero por su activismo en el movimiento reformista en un momento de impulso del pensamiento fascista hacia el interior de la universidad. Lo segundo, por la exclusividad de conferencias magistrales ante una multitud de alumnos que no participaban ni tenían mayor contacto con el docente, por lo que afirmó “diría que desde esa época me ha quedado un claro rechazo a ese tipo de enseñanza impersonal y alejada del alumno”.

Su inicial inclinación hacia el derecho penal se manifestó en la lectura de la obra de Ferri, de Eusebio Gómez y la asistencia a las clases de Alfredo Molinario, aunque definió a la militancia política como su eje de aquella época, por lo que lejos de encerrarse en discusiones acerca de la interpretación de la ley, buscó una base filosófica, política y científica más amplia para el derecho penal. Lo cito nuevamente: “desde entonces me ha quedado una preocupación permanente por la interdisciplina”.

Simple afiliado al Partido Comunista argentino, estudioso del pensamiento marxista y conocedor de las discusiones de la izquierda europea, sus primeros años de ejercicio profesional fueron de intensa actividad como defensor de presos políticos y militantes perseguidos, miembros del movimiento estudiantil de orientación socialista.

En 1958 conoce personalmente a quien fuera su maestro, quien ejerciera sobre él una, en sus propias palabras, “influencia intelectual decisiva”: el exiliado profesor español Luis Jiménez de Asúa, quien es contratado por la UBA y pasa a dirigir su Depto. de Derecho Penal hasta la intervención militar de 1966. Es en ese ámbito donde Baigún pasa los que define como “años de mayor intensidad en la formación”, trabajando con textos no sólo alemanes sino también italianos, tanto los de la biblioteca que habían comenzado a formar en el Depto. como los personales del director.

Precisamente es a “Don Luis” a quien evocara cálidamente en su “Lectio Doctoralis” en la ciudad de Toledo, al que le reconoce una especial vocación en formar gente, resaltando que era algo a lo que dedicaba gran fuerza y entusiasmo, transmitiendo a los jóvenes la vocación por el derecho penal no sólo como conocimiento técnico sino casi como un eje de su vida. Jiménez de Asúa fallece el mismo año en que Tute accede a su título de doctor, 1970. Yo apenas llegaba a los 8 años de edad y no puedo dar fe de cómo funcionaba ese programa de trabajo que tenía con los jóvenes. En cambio, puedo contar que 18 años después y siendo un recién nombrado Secretario Penal del Juzgado Federal Nº 1 de MDP, tuve el privilegio de conocer personalmente al discípulo.

Hasta ese año 1988 muchas cosas habían pasado en su vida: el alejamiento de la UBA en el 66 y el refugio en el Instituto de Estudios Superiores dentro de la Asociación de Abogados, luego el Centro de Investigaciones Internacionales y la conformación del grupo que haría la revista “Nuevo Pensamiento Penal” y, luego, su sucesora “Doctrina Penal” bajo la dirección de Núñez y de la que Baigún fue uno de sus Secretarios de Redacción. Hubo un breve retorno a la universidad entre 1973 hasta la intervención de 1974, con la que nuevamente queda afuera hasta la vuelta de la democracia, momento desde el que se mantiene hasta el presente.

Siguió invariablemente asumiendo la defensa de personas perseguidas políticamente en modo prácticamente ininterrumpido hasta 1983. En particular, a partir de 1976 vinculado a la Liga por los Derechos del Hombre y a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en el trabajo de presentación de hábeas corpus a favor de los desaparecidos y manteniendo líneas de contacto con los organismos del exterior para defensa de presos políticos.  

Retomo entonces en el ’88, cuando llegaba Baigún hasta la ciudad como parte de sus tareas de Director del “Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica” del Banco Central de la República, procurando concretar una activa persecución de la delincuencia financiera por vía de presentar al Banco como querellante en este tipo de causas (el Centro sería disuelto con el cambio de gobierno, en 1989, pero significó un cambio de orientación o giro del trabajo intelectual de nuestro homenajeado, que pasó a concentrarse en la delincuencia económica y le valiera el Premio Konex de Platino en el año 2006 en el área de Humanidades en la categoría Derecho Administrativo, Tributario y Penal).

En lo que ahora me interesa recordar, Tute, después de unos minutos de charla en la que indagó un poco sobre la formación (escasa) del joven funcionario, me mandó a estudiar… Sólo que lo hizo de la mejor manera posible, indicando el camino (no es su culpa que yo me hubiera extraviado), sugiriendo un método y lecturas pero, sobre todo, dejando el mensaje de que estaba a disposición para lo que se lo necesitara en lo académico, que transmitiera hacia la Facultad y hacia el Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados que, desde su lugar en la UBA, podíamos contar con él para organizar todo tipo de actividades.

En los años subsiguientes, accedió a venir a cuanta invitación se le hizo (muchas de ellas, como hoy, acompañado de quien no sólo es un par en lo académico dentro del área del derecho civil sino, mucho más importante, su compañera inseparable en la vida: Cecilia Grossman). Participó de cursos, ciclos de conferencias, Congresos, Encuentros de Profesores o Seminarios de Investigación (en los que con más de 80 años le hemos visto en el 7° piso de este edificio dar el ejemplo de ser el primero en llegar, el último en irse y pasarse el día entero escuchando y discutiendo sobre derecho penal durante varias jornadas seguidas, que terminaban invariablemente con sus preguntas ¿y esto cómo sigue ahora? ¿qué vamos a hacer con este trabajo?). Nos ha enseñado en estas aulas tanto sobre falsedades documentales, como los delitos de peligro, los delitos bancarios y societarios, presentado un modelo de abordaje al problema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, debatido formas para la persecución de la corrupción pública o insistido sobre la necesidad de  armonizar, de acercar áreas legales de interés común en materia penal en el MERCOSUR, entre tantos otros temas.

En la década pasada se transformaría en el Director de la carrera de “Especialización en Derecho Penal” en esta casa de estudios, convenio mediante con la UBA, posgrado que ya ha cumplido dos ediciones en MDP y una más en la vecina Necochea. Un detalle adicional: donó sus honorarios con cargo a la compra de libros para conformar la biblioteca del departamento de derecho penal.

No albergo la menor duda de que “Don Luis” estaría muy contento si viera cómo su vocación prendió en aquél joven discípulo, si viera cómo sigue ejerciendo la docencia, predicando y practicando un derecho penal conforme a estado de derecho: creando y dirigiendo la carrera de Maestría en Derecho Penal del MERCOSUR en la UBA, las revistas “Nueva Doctrina Penal” y “Pena y Estado” o, junto a nuestro otro homenajeado de esta tarde, el Prof. Zaffaroni, una obra de referencia como es el “Código Penal” anotado con doctrina y jurisprudencia que ya alcanzó el 10° tomo. Por si fuera poco, patrocinando primero y, luego, defendiendo ante los medios de comunicación en la propia España la querella criminal conjunta presentada por la ASOCIACION DE RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA, las ABUELAS DE PLAZA DE MAYO, la LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE, la COMISIÓN PROVINCIAL POR LA MEMORIA, la ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS, el CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES (CELS), la ASOCIACION DE EX DETENIDOS–DESAPARECIDOS, la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES GALLEGAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, el INSTITUTO DE ESTUDIOS COMPARADOS EN CIENCIAS PENALES Y SOCIALES (INECIP) y el COMITE DE ACCION JURIDICA, para el juzgamiento por la comisión de los delitos de genocidio y/o de lesa humanidad del franquismo, cometidos entre 1936 y 1977.

En definitiva, este joven profesor y litigante de 85 años de edad, sigue con pleno ímpetu mostrándonos el camino en lo científico, en lo pedagógico y, sobre todo, en lo personal. Esto, una trayectoria de vida pero también su actualidad, es lo que hoy reconocemos y distinguimos desde la Universidad Nacional de Mar del Plata. Muchas gracias a todos.

 
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