“Homicidios dolosos 2011 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, ed. Instituto de Investigaciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Presentación” por el Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni, Bs. As., 2012, 192 páginas.
El Instituto de Investigaciones y de Referencia Extranjera y la Dirección General de Biblioteca e Investigación del más Alto Tribunal nacional han dado a conocer los resultados de su trabajo de campo sobre homicidios dolosos consumados correspondiente al año 2011. Ampliando el objeto de investigación del año anterior, no se han ceñido a la C.A.B.A., sino que se ha incorporado dos de los principales departamentos judiciales bonaerenses: La Plata y San Martín. En este último caso, la información se provee en un CD que acompaña a la edición en papel.
El Convenio Marco firmado por la CSJN y los Ministerios de Seguridad y Justicia y Derechos Humanos de la Nación (Acordada 16/2012), en lo que más me interesa, sigue generando adhesiones y el 11 de enero de 2013, con la presencia del Dr. Zaffaroni, ha sido suscripto también por la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Municipalidad del Partido de Gral. Pueyrredón, por lo que el departamento judicial Mar del Plata formará próximamente parte del análisis.
La trascendencia, sin ignorar lo limitado y básico de la investigación en sí misma (un solo delito y en área geográfica acotada), deviene de tratarse de un esfuerzo serio y con metodología científica para comenzar a cubrir una necesidad básica impostergable si se quiere avanzar en una tarea de prevención y la elaboración de una política criminal con base cierta en materia de criminalidad violenta: realizar estudios de criminología de campo. Como resalta el presentador, Dr. Zaffaroni, no se puede prevenir lo que se desconoce y no alcanzan los meros trabajos estadísticos que proveen las fuerzas de prevención o el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal. Basta cotejarlos para advertir las diferencias cuantitativas y prácticamente nada proporcionan desde la perspectiva cualitativa.
En definitiva, que nada se descubre si se afirma que en este como otros temas de extrema seriedad en materia de ejercicio del poder punitivo, las decisiones ejecutivas y legislativas se abastecen de las “sensaciones” que provocan los datos que se proporcionan desde los medios de comunicación en lugar de basarse en el análisis científico que debieran proporcionar nuestras casas de altos estudios y quienes tienen disponibles aquellos “datos cualitativos”, es decir, los poderes judiciales y ministerios públicos.
Desde este punto de vista, insisto, no puede menos que compartirse la iniciativa y procurar se extienda en una doble dimensión: abarque en el futuro un número mayor de delitos y lo haga respecto de otras zonas geográficas que aparecen como de alta conflictividad.
El acierto inicial de la investigación que se publicita consiste en que se ciñe a la que probablemente resulte la cifra o dato más “duro” que puede obtenerse ya que la cifra negra en homicidios dolosos es francamente despreciable. En general, se trata de uno de los delitos de los que siempre se da noticia al sistema penal. Puede ser que no se denuncie el robo o hurto de una billetera, pero es muy raro que quede oculta una muerte.
De inicio se aclara que se detectaron cuatro grandes núcleos problemáticos, cuales son la alta concentración de hechos en un 20% de la población geográficamente delimitada, un alto índice de falta de esclarecimiento, dificultades en la identificación de móviles y circunstancias de los homicidios para su análisis estadístico y, finalmente, en la determinación del período del año de más alto índice de homicidios.
Naturalmente, resulta innecesario incurrir en el recordatorio detallado de los datos que proporciona el informe. Cada uno puede hacer su propia lectura de aquellos, que constituyen fértil fuente para la reflexión al incluir la consideración desde el género, la nacionalidad y edad tanto de víctimas como imputados, así como conocimiento, relación o conflictividad previas y la concentración geográfica distinguiendo zonas urbanizadas de barrios de emergencia o precarios.
Sin embargo, me detendré con mucha brevedad en resaltar que en las conclusiones, ante la verificación de que el 64% de los homicidios se produjo en el primer semestre mientas que en el segundo sólo se concentró el 36%, se señala que esta diferencia se explicaría en la adopción de políticas públicas concretas de seguridad en este último lapso en el llamado “cinturón sur”.
Es que si se tiene en cuenta que la tasa de homicidios 2011 en la C.A.B.A. arrojó una media de 6.57 por cada 100.000 habitantes (incrementándose respecto del año 2010 en que fue de 5,81), el análisis de distribución por comuna demostraba que mientras que las comunas del norte/centro tenían tasas que en algunos casos no llegaban siquiera al 1 por cada 100.000, las zonas de barrios de emergencia del sur y Retiro tenían picos de hasta 40,34 por cada 100.000. Además, que los fines de semana extendidos (viernes a lunes) reúnen el 71 % de los casos, mientras que de martes a jueves sólo se concretaron el 28% o que la coincidencia entre barrio de origen y del hecho de la víctima era del 65%, quedaría entonces en claro que el conocimiento real y no meramente intuitivo de los lugares y momentos en que se concentra un determinado problema permite adoptar medidas de prevención que resulten eficaces.
Finalizo con el recordatorio de algunos datos que creo desmienten varios lugares comunes en la construcción mediática de “enemigos” creadores de la inseguridad/impunidad que socialmente sentimos:
• Los menores sólo son el 5% de los imputados de homicidios dolosos (4% imputables y 1% inimputables -2 de 129 casos-), mientras que el 89% se concentra en la franja que va de los 18 a los 35 años de edad.
• Los extranjeros son mucho más víctimas (34%) que imputados (15%).
• El 86% de las víctimas fueron hombres y el 14% mujeres.
• El 51 % de los hechos fue en zonas urbanas y el 36% en barrios de emergencia.
• El 50% fue cometido con armas de fuego y el 25% con armas blancas.
• El 56% de los hechos fue entre la noche y la madrugada, mientras que la mañana sólo concentra el 13%.
• El 62% fue en la vía pública, el 24% en domicilios particulares y el 8% en comercios.
• En cuanto al móvil, en un 39% fue por riñas, ajustes de cuenta o venganzas, mientras que el 15% fue con motivo de robo y el 11% casos de violencia intrafamiliar. El 8% fueron supuestos de legítima defensa.
• No se obtuvo datos sobre relación o conocimiento previo entre víctimas y victimarios en el 38% de los casos, pero sí la había en el 34%. A su vez, cuando media tal conocimiento no hay datos sobre conflictividad previa en el 50% de los casos, pero sí se verificó en un 23% de ellos.
Esperemos que en el futuro cercano podamos comparar los datos de la C.A.B.A. con otras ciudades y regiones sobre la base de la misma metodología para que el cotejo sea realmente fértil.
Marcelo A. Riquert
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