INDEPENDENCIA JUDICIAL EN LA EJECUCIÓN DE LA PENA
La Asociación Argentina de la Justicia de Ejecución Penal una vez más apoya que se adopten en forma conjunta y decidida las medidas generales que resulten adecuadas para evitar resultados irreversibles y fatales sobre vidas humanas, especialmente con la urgencia que el caso exige, cuando el principal problema que agrava la situación en relación a la amenaza masiva a la salud, es el hiperencarcelamiento.
No debe olvidarse que estas medidas se han tomado en un momento de crisis mundial, pues la pandemia provocada por la aparición del virus COVID-19, mantiene en vilo a la humanidad. Y que lo han sido con premura y en el entendimiento que situaciones tales como el hacinamiento y las deficiencias de higiene, sumado a la dificultad de acceso a los servicios de salud de las personas privadas de la libertad, provoca indefectiblemente resultados fatales sobre quienes se encuentran bajo responsabilidad del Estado.
A su vez, en razón de las desafortunadas noticias, donde se emitieron juicios de valor sobre una decisión adoptada por la Sala I de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, en la que una persona que integra uno de los grupos de riesgo accedió a la prisión en la modalidad domiciliaria, la Asociación Argentina de la Justicia de Ejecución Penal tiene el deber de señalar que la independencia del Poder Judicial no admite presiones, ni aún emanados de los más altos tribunales, sino que está condicionada por sólo la exigencia de actuar en forma imparcial y de manera idónea.
Lamentamos que tristemente exista una nueva víctima ante un hecho delictivo, cuya vida no podrá recuperarse jamás. Pero éste fue producto de acciones posteriores e intempestivas, por fuera de la potestad de cualquier magistrado o magistrada. Nuestro sistema penal se basa en la responsabilidad por el acto cometido y no por tratarse de una persona determinada.
De allí que las responsabilidades que se atribuyen a jueces y juezas en estas situaciones no son tales.
El caso revela otros aspectos en seria crisis, como la insuficiente acción de las fuerzas de seguridad, que deben actuar diligentemente tanto en la prevención de este tipo de delitos como en la búsqueda de una persona que se encuentra prófuga, especialmente si se trata de cumplir con una orden judicial.
Y por otro, yace el gravísimo problema de desfinanciación y desmembramiento de los patronatos, que institucionalmente deben responder al control y a la asistencia de las personas que se encuentran bajo alguna medida de morigeración. Ambos, fuerzas de seguridad y patronatos, pertenecen y dependen de los poderes ejecutivos provinciales.
Estas funciones descriptas no son resorte del Poder Judicial, por mandato constitucional.
Es decir: una vez más, la opinión dominante en los medios de comunicación atribuye responsabilidad a jueces y juezas, cuando los órganos requeridos para prevenir nuevos hechos delictivos no lo hicieron.
Por último, la degradación institucional se revela también en la falta de ética de algunos/as colegas que, en distintos medios, sostienen e insisten en relatos que desconocen abiertamente los principios constitucionales y convencionales básicos, y se corresponden con discursos punitivistas falsos. Como Asociación especializada en el tema, y conformada por socios y socias reconocidos/as académicamente, tenemos que aclarar que ellos carecen de evidencia empírica, se apartan de las soluciones recomendadas por toda la doctrina de los organismos internacionales y exponen cada vez más a los ciudadanos, en vez de protegerlos. Cuanto peor aún, se apartan de la letra de la ley.
Cualquiera sea la instancia de un juez o jueza atacado/a por el sentido y contenido de sus sentencias, nuestra Asociación se expedirá como exigencia necesaria de convivencia republicana, que debe primar en nuestro país.
Las alusiones al acierto o error de éstos, implica una evidente e indebida injerencia en la actividad jurisdiccional que no debe ocurrir jamás, menos aún en el contexto actual que transita el mundo.
Asociación Argentina de la Justicia de Ejecución Penal
Buenos Aires, 25 de marzo de 2021.
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